Una vivienda pública a precios asequibles es la esperanza para muchas personas que ven cómo el alquiler empieza a quedar fuera de sus posibilidades. El Banco de España recomienda destinar un máximo del 30% de los ingresos al alquiler para evitar el sobresfuerzo financiero. Por ejemplo, si tomamos el salario mínimo interprofesional (SMI) de 2025, de 1.381 euros al mes en doce pagas, el alquiler ideal sería de unos 414 euros al mes. Una quimera en la mayor parte del territorio español. Si hacemos la cuenta para un salario de 1.500 euros, la renta que nos podríamos permitir de forma desahogada es de 450 euros. Otra quimera en el mercado libre. José Alcaide (35 años) es funcionario y buscaba piso junto a su pareja en Madrid. Con unos sueldos de unos 1.400 y 1.200 euros, respectivamente, pensaron que serían buenos candidatos para una vivienda protegida del Plan Vive de Madrid. Vieron en uno de los anuncios “pisos hasta 980 euros” y decidieron solicitar uno, ya que con esa cantidad no estarían muy por encima del 35% del salario de ambos. Aquí empezaron las sorpresas. “Pedimos en San Sebastián de los Reyes y quiero hacer hincapié en que la oferta ponía ‘hasta 980’. Me asignan el piso a las dos semanas, enviamos los documentos, los validan en la plataforma y antes de firmar me sale un precio de 1.200 euros”, explica. Pensando que era un error, deciden llamar y le confirman que, efectivamente, el precio final del piso es ese, con plaza de garaje, comunidad e IBI. “Era un piso sin equipar, así que a los 1.200 euros del alquiler teníamos que sumar los muebles y algunos electrodomésticos. También nos obligaban a tener dos plazas de garaje que no necesitamos y menos en una zona donde se puede aparcar en la calle”, sentencia en una conversación con infoLibre . Al final renunciaron al piso porque “no es una vivienda protegida”, concluye. El Plan Vive de la Comunidad de Madrid nació en 2019 con la intención de colocar en el mercado 25.000 viviendas con precios entre 300 y 600 euros, pero la realidad parece estar siendo otra. Al cierre del año pasado, la comunidad había entregado 5.175 y la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM) ha recogido un rosario de quejas y malestares . Muchas de ellas tienen que ver con los precios y fallan al tratar de solucionar el principal problema que deberían corregir: el precio . “El descontento más extendido se centra en que los costes finales convierten a estas viviendas en inasequibles para muchos perfiles”, señalan desde el colectivo vecinal. Así lo atestigua también María López (32 años). Cuenta que trabaja en el ámbito de la sanidad desde hace seis años y que tampoco ha conseguido entrar en el mercado protegido madrileño: “Es imposible pagar 900 euros por una vivienda cuando gano 1.100 euros. Esto no es vivienda asequible”, reclama. El programa se describe en la propia web institucional de la región como “una de las apuestas del Gobierno de la Comunidad de Madrid para aumentar la oferta de viviendas en la región, poniendo suelo público propiedad de la Administración a disposición del mercado ”. Lo hacen en colaboración público-privada con empresas como Avalon (perteneciente al fondo norteamericano Ares Management), Aedas Homes o Sogeviso (de la firma OCM Redes Holdco, con sede en Luxemburgo). Pero cada vez más voces reclaman que se están quedando fuera, pese a tener un trabajo y un salario que es estable, aunque insuficiente, ante el incremento sostenido de precios. “Actualmente pago un alquiler que es igual al que me ofrecía el Plan Vive, y lo hago sin problema. Vivo con mi esposa y mis tres hijos, y no estoy buscando independizarme ni acceder a una vivienda por capricho: en octubre de 2026 tengo que dejar mi casa actual y estoy buscando una alternativa estable y razonable para mi familia”, explica Vicente Raposo, a quien le denegaron el piso, gestionado por Avalon, porque su renta no era suficiente. Explica a infoLibre que su esposa es propietaria de un negocio y él cuenta con un salario. “¿Qué clase de plan de vivienda es este que deja fuera a familias trabajadoras que ya están pagando alquileres equivalentes a los que ellos ofertan? ¿Para quién están pensados estos pisos? ¿Para quienes ya tienen una situación económica cómoda?”, lamenta. “Esto no es vivienda asequible, es negocio con sello institucional ”, concluye. Tras reclamar y presentar documentos que avalaban sus ingresos tampoco recibieron ofertas alternativas y siguen buscando. La propia presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, señaló en alguna ocasión que estas casas estaban destinadas a jóvenes y no eran “vivienda social”, pero los estándares de ingresos están dejando fuera también a sus supuestos destinatarios. De hecho, unos datos obtenidos este año por la Cadena Ser a través del portal de transparencia de la Comunidad de Madrid señalan que 242 viviendas del Plan Vive estaban vacías, de un total de 5.175 terminadas a 9 de enero de 2025. Algunas, incluso, llegaron a estar anunciadas en portales inmobiliarios como Idealista. En los datos de conjunto que ofrece la FRAVM (hasta abril de 2025), se certifican 157.641 solicitudes, con un 28,2% de rechazos y desistimientos . Además, señalan que un 67,8% de los solicitantes permanecían en lista de espera. Desde la agrupación vecinal piden un portal que unifique todas las solicitudes, en vez de que cada empresa concesionaria gestione sus inmuebles, de forma que exista un mayor control administrativo durante el tiempo que la gestionan. En Madrid, las parcelas del Plan Vive tienen una concesión demanial por periodos temporales que van desde los 60 a los 75 años , de forma que durante ese tiempo las empresas concesionarias edifican el inmueble y lo explotan en régimen de alquiler asequible. Ni José Alcaide, ni María López, ni Vicente Raposo, consiguieron al final un hueco en el Plan Vive madrileño. Tampoco Nazaret Suárez, que junto a su marido, que sufre una minusvalía, buscaba un bajo adaptado que nunca llegó. En su caso, el mal estado del inmueble les llevó a renunciar y nunca recibieron alternativas. "Nos quedamos sin piso en un momento muy delicado", lamenta. "De cara al exterior parece que se está haciendo una labor social que luego no es real", remata Alcaide. A los suyos se suman otros testimonios depositados en el buzón de quejas de la FRAVM y que, unos con nombres y otros de manera anónima, profundizan en el mismo problema. "Me tocó un piso en Tres Cantos a 1.000 euros y sin ningún electrodoméstico. Una vergüenza, no pude aceptar, pues era más caro que el piso donde estoy", narra un mensaje. "Es el plan sobrevive", recoge otro. "No tiene ningún sentido asignar dos plazas de garaje a una única persona con la clara finalidad de engrosar su alquiler", apunta un tercero. En el último capítulo de esta historia, la Comunidad de Madrid, lejos de aligerar los requisitos de acceso, ha anunciado que pedirá estar empadronado en la Comunidad de Madrid durante un periodo mínimo de 10 años para poder ser adjudicatario de un piso protegido, según recoge la propuesta del Reglamento de Vivienda, que está actualmente en fase de tramitación y se espera para julio.

• infoLibre
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La presidenta del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial criticó el pasado 3 de febrero el histórico incremento de 500 plazas judiciales que se dispone a aprobar el Gobierno pese a que ese aumento es una reclamación histórica de la judicatura que, además, había reiterado el Consejo que ella dirige el año pasado. Pero hubo una segunda razón por la que su discurso durante la entrega de despachos a los jueces recién salidos de la Escuela Judicial causó una enorme sorpresa en el sector progresista del órgano de gobierno de los jueces. Perelló compró con sus palabras la teoría conspirativa que agita la derecha política y judicial contra el Gobierno de Pedro Sánchez: que el Ejecutivo pretende rebajar el nivel de exigencia de las pruebas para entrar en las carreras judicial y fiscal . En su alocución a los nuevos miembros de la carrera, la presidenta aprovechó cada minuto para alabar el sistema actual , una oposición puramente memorística y de recitación de origen decimonónico, que aparta de la sociedad durante casi un lustro a los candidatos , no da nada a los que no la superan tras el esfuerzo y afecta en muchos casos a su salud mental. "Habéis llegado a la condición de juez únicamente por vuestro esfuerzo y disciplina, al superar unas pruebas objetivas que garantizan el pleno conocimiento y el dominio del ordenamiento jurídico , y por ello, no debéis nada a nadie" , afirmó Perelló obviando que ni la capacidad deductiva, ni la de relacionar conceptos, ni los idiomas, ni las habilidades de redacción ni la aptitud psicológica se evalúan en el proceso de selección. Después, en lo que pareció una referencia al proyecto de ley orgánica que tramita el Congreso para la reforma del acceso a las carreras judicial y fiscal, que introduce pequeños cambios en las pruebas de ingreso actuales, se ató al mantra que las asociaciones de jueces y fiscales conservadoras (todas menos Juezas y Jueces para la Democracia y la Unión Progresista de Fiscales) sostuvieron para declarar una huelga ilegal el pasado julio . " Tampoco cabe reducir el nivel de exigencia ni la formación requerida, pues ello puede comprometer la calidad del sistema y, en definitiva, la efectividad de la tutela de los derechos de los ciudadanos que las leyes proclaman", dijo Perelló, que compartía mesa presidencial con el Rey y el ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños. Solo le faltó añadir lo que sostiene sin ningún fundamento la derecha judicial y fiscal: que ese menor nivel para acceder a la carrera busca abrir la puerta a jueces afines al Ejecutivo . La realidad es que la norma deja la organización de las pruebas al mismo organismo que las gestiona actualmente –la comisión de selección– que propone el temario, el contenido de los ejercicios de las pruebas de acceso y las normas complementarias, además de nombrar a entre dos y tres de los miembros de los tribunales que evalúan a los aspirantes. En esa comisión es el Consejo el que tiene la mayoría al designar a cuatro de sus ocho miembros (un vocal, un magistrado, un técnico de la institución y el director de la Escuela Judicial). De los cuatro restantes, dos los elige la Fiscalía y otros dos proceden del ministerio (el director del Centro de Estudios Jurídicos y un subdirector general). En esas condiciones, si bajara el nivel de exigencia de la oposición o de los concursos para la elección de juristas de reconocida competencia, sería en gran parte achacable al propio Consejo . Lo mismo ocurre con los tribunales que hacen las pruebas , que tampoco cambian con el proyecto del Gobierno. El presidente se elige por acuerdo del CGPJ y la Fiscalía . El órgano de Gobierno de los jueces designa, además, a dos magistrados e, indirectamente, a través de la comisión de selección, elige a un catedrático y a un abogado de entre las ternas que le envían el Consejo de Universidades y el Consejo General de la Abogacía Española (CGAE). El Ministerio Público aporta dos fiscales, mientras que el ejecutivo elige solo a dos: un abogado del Estado y un letrado de la Administración de Justicia (el cuerpo que anteriormente se conocía como secretarios judiciales). ¿Qué sentido tiene rebajar la exigencia de la oposición si los que la organizan y los tribunales que tienen la última palabra sobre los que aprueban o no son en su mayoría jueces y fiscales entre otros cargos del Consejo? Que las sospechas lanzadas por Perelló –que el Gobierno pretende reducir el nivel de exigencia para convertirse en juez– carecen de fundamento se deduce también del informe elaborado por el propio Consejo que preside sobre el anteproyecto. El órgano de gobierno de los jueces, avaló por unanimidad (es decir, también con el voto de la presidenta), la reforma con la inclusión de algunas objeciones y propuestas de mejora. Pero ni los progresistas, ni los conservadores, ni la propia Perelló afirmaron en ese informe preceptivo para la reforma que se estuviera facilitando el acceso a la judicatura (y la Fiscalía). El sistema de oposición vigente supone, básicamente, recitar más de 300 temas como un papagayo ante un juez preparador que, a menudo, cobra en sobres. Pasar una media de cinco años encerrado diez horas al día memorizando leyes y sentencias que están al alcance de todos en bases de datos desde hace lustros sin ningún contacto con la realidad en lo mejor de la vida. Con el riesgo de que sea un esfuerzo que vaya a la basura, en caso de no sacar la oposición. No valorar los idiomas, ni las habilidades prácticas, ni la capacidad de redacción o motivación . Tampoco los conocimientos sociales, políticos o económicos. Sin un examen psicológico previo . El proyecto de ley orgánica, actualmente en tramitación parlamentaria, pero estancado por la falta de apoyos del Ejecutivo, generaliza las becas para opositores que hasta ahora aprobaba el Gobierno y las incrementa hasta el Salario Mínimo Interprofesional . También establece el Centro de Estudios Jurídicos (CEJ), el equivalente a la Escuela Judicial para los fiscales y otros cuerpos jurídicos estatales, como centro público y oficial de preparación "que complementa la oferta privada aportando a la labor de preparación altos estándares de profesionalidad, medios humanos y tecnológicos, accesibilidad y transparencia", según la exposición de motivos. Es decir, que el que quiera seguir con el modelo tradicional de pagar a un juez para ese proceso, podrá hacerlo como hasta ahora. Eso sí, esos jueces tendrán que pedir permiso al CGPJ para desarrollar esa segunda actividad, lo que acabaría con la opacidad. En cuanto a los ejercicios concretos, el anteproyecto reduce a una las pruebas orales, que "en ningún caso podrá consistir en una mera exposición memorística" . En ella, los candidatos deberán mostrar sus "competencias técnicas y analíticas" así como "una preparación técnico-jurídica suficiente concretada en el conocimiento de la norma jurídica", pero también "analizando con corrección los problemas que plantean y obteniendo conclusiones generales". A ella se suma "una prueba escrita eliminatoria" consistente en la resolución de uno o varios casos prácticos . En este segundo examen se valorará la "capacidad de redacción escrita y argumentación, lógica deductiva, razonamiento y motivación en relación con el supuesto o supuestos que se sometan a su valoración". El proyecto obliga, además, a convocar al mismo tiempo las oposiciones a juez y los concursos para la selección de magistrados procedentes de profesiones jurídicas con más de 10 años de experiencia. La ley establece desde 1985 que una de cada cuatro plazas debe cubrirse con estos expertos juristas, pero el Consejo, que es el órgano que puede abrir el proceso, se resiste a convocarlo (no lo ha hecho desde 2023), lo que ha provocado que, en lugar de suponer el 25% de la plantilla, no lleguen al 10%. Esta resistencia ha vuelto a provocar un conflicto entre el Consejo y el Ejecutivo, que reclama al órgano de gobierno de los jueces que inicie de una vez ese proceso para cubrir parte de las 500 nuevas plazas que se crearán en los próximos meses. La derecha judicial siempre ha preferido a jueces de carrera procedentes de la oposición que, tradicionalmente, han supuesto el vivero de las asociaciones más conservadoras.

• infoLibre
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Amar es libertad reúne tres poemarios de tres décadas, desde mayo del 68 a finales de los 90, en el que el autor se muestra fiel a sus orígenes, donde el amor se muestra en su estado puro. Su capacidad de amar es tan generosa que no diferencia el amor a la tierra querida, a la... Leer más La entrada 5 poemas de Amar es libertad, de Olivier Herrera Marín aparece primero en Zenda .

• Zenda
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Cuando empezó 2026 decidí acercarme a los libros de Kallifatides. Mi idea era leer en orden cronológico de escritura los tres libros que había comprado, pero —no sé cómo lo miré— lo cierto es que los he acabado leyendo justo en el orden inverso de escritura. De este modo, esta primera reseña va a ser... Leer más La entrada Madres e hijos, de Theodor Kallifatides aparece primero en Zenda .

• Zenda
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El desayuno informativo organizado juntamente con el consistorio local cacereño dejó el salón Guadalupe del NH Oquendo sin una silla vacía. Rafael Mateos, alcalde de Cáceres, acudió preparado para las preguntas de la directora del diario, Marisol López del Estal. La entrevista no tuvo nada de hagiográfica y tampoco las cuestiones que pudieron realizar los asistentes.

• El Periódico Extremadura
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Cáceres Business Market

• El Periódico Extremadura
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La Internacional Comunista fue el primer intento organizado de promover una revolución mundial y dejó una huella imborrable en la historia del siglo XX. Este libro ofrece un relato de esta organización transnacional, contado a través de los ojos de los activistas que formaron parte de ella.  En Zenda reproducimos parte de la Introducción de... Leer más La entrada Viajeros de la revolución mundial, de Brigitte Studer aparece primero en Zenda .

• Zenda
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El Cáceres Business Market, celebrado los días 5 y 6 de febrero, cerró su segunda edición con una gran acogida y la sensación compartida de que la provincia se está consolidando como punto de encuentro para el emprendimiento, la inversión y la innovación. Durante las dos jornadas, el foro combinó visión y reflexión con contenidos muy pegados a la realidad de las startups: desde la ponencia sobre enfoque, visión y equilibrio entre el desarrollo profesional y la salud emocional del emprendedor, hasta debates sobre internacionalización, softlanding y captación de inversión, con perfiles del ecosistema nacional e internacional que aportaron experiencias prácticas y "hoja de ruta" para crecer desde el territorio. El evento, organizado por entidades del ecosistema y con el respaldo de agentes locales, volvió a situar a Cáceres en el mapa como un espacio donde se conectan ideas, talento y oportunidades, reforzando la importancia de construir comunidades emprendedoras sólidas más allá de los grandes hubs.

• El Periódico Extremadura
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La caza y la actividad cinegética en general constituyen un destacado motor económico, cultural y social para la provincia de Córdoba y, dentro de este ámbito, existen personas que han contribuido a este realce y que son un referente, como es el caso del gestor de fincas cinegéticas Fermín Gallardo Hinojosa.

• Diario CÓRDOBA
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Varios profesores han interpuesto denuncias judiciales denunciando la desprotección de Educación, porque creen que "no ha tomado cartas en el asunto" pese a todos los escritos presentados durante años. La dirección y representantes de los padres reconocen tensiones pero señalan a este grupo de profesores como responsables La Justicia condena a la Junta de Castilla y León y al Conservatorio de Segovia por no proteger a un profesor que denunció acoso laboral En el conservatorio de Segovia hay un problema de convivencia enquistado desde hace años: algunos profesores denuncian imposiciones por parte de la Dirección del centro y reprochan que ni Inspección ni la Junta de Castilla y León hacen nada para solventarlo. De hecho, hay en marcha varios procesos judiciales por lo Social —y no se descartan otros nuevos— sobre Responsabilidad Civil derivada de incumplimiento de la Prevención de Riesgos Laborales, de los cuales uno ya se ha resuelto . El Tribunal Superior de Justicia ya ha condenado a la Dirección Provincial de Educación de la Junta de Castilla y León y al Conservatorio de Segovia a que evalúe los riesgos psicosociales que puedan existir en el puesto que trabajo del actor y en el centro de trabajo y adopte las medidas preventivas derivadas de dicha evaluación después de que un profesor hubiera denunciado acoso laboral, cuyo procedimiento penal fue sobreseído en 2024. Otros profesores —que han preferido mantener el anonimato— denuncian situaciones similares —con “formas autoritarias y una nula capacidad de diálogo”— y aseguran que se han visto obligados a marcharse del centro, a coger bajas por salud mental o a jubilarse de manera anticipada, pero que se está intentando 'vender' que hay 'dos bandos' de profesores. “La gente se quiere ir, hemos tenido varios traslados de gente que no podía más. Y gente que está en expectativa de hacerlo, también”, apunta uno de los profesores, que calcula que ha habido meses en los que han coincidido hasta seis profesores de baja que requerían apoyo psicológico. “Queda mucho interino que se queda un año y se va y el que sufre es el alumnado, porque no nos dejan trabajar”, denuncia otra docente. “No hay dos bandos. Cuando te acosan, viene una persona a ayudarte y nos vamos ayudando. Pero no es que estemos luchando contra nadie, yo he luchado por sobrevivir”, zanja ella, quien ejemplifica algunas de las prácticas del Conservatorio: le propusieron dar una clase, pero que otro docente pusiera las notas. Un representante del Consejo Escolar de Padres y Madres de Alumnos del Centro, Jorge Albillo, se ha puesto en contacto con este medio, reconoce que ha habido momentos “de mucha tensión” en algunas reuniones, aunque asegura que la situación ha mejorado desde 2024. “Hay que vivirlo en primera persona para ver que no es normal, pero hay un grupo minoritario que hace mucho ruido, alguno con mucha inquina”, relata el representante del Consejo, que pide dirigir los esfuerzos en el centro y pide que, si hay discrepancias, se resuelvan en el juzgado. “Afortunadamente, los chicos no viven estas cosas, pero sí pagan algunas consecuencias porque si se necesita unanimidad y hay una o dos personas que votan en contra o se abstienen... Puntualmente se ha perjudicado a algún alumno, pero solo puntualmente”, explica. Escritos al Procurador del Común desde 2016 Los problemas vienen desde hace años. El director actual entró en 2016 con su equipo de gobierno y ha ganado los procesos electorales en 2020 y 2024. En 2018 la Dirección del Conservatorio decidió “mantener conversaciones con todos los trabajadores para conocer sus inquietudes” y “constatar el estado de la convivencia a modo de autoevaluación” después de que seis empleados enviaran un escrito a la Dirección Provincial “en el que se denigra al equipo directivo”. En las conclusiones, a las que ha tenido acceso elDiario.es, se detalla la relación de trabajadores y de los comentarios de cada uno de ellos: algunos negaron un “mal ambiente” en el centro, aunque varios coincidieron en que el cese de un jefe de estudios había provocado “malestar”, y otros atribuyeron esta carta a una “venganza”. Estas conclusiones fueron acompañadas de unas “consideraciones” del equipo directivo, que calculó que 15 personas de los 58 miembros del equipo se negaron a opinar o manifestaron su oposición al equipo directivo, “deslegitimando su gestión, desprestigiando a sus miembros y acusándoles de crear mal ambiente en el centro”. “Tras haber analizado las inquietudes de los trabajadores del centro, en opinión del equipo directivo, hay determinados compañeros que se dedican a desprestigiar el estado de gestión y convivencia del centro, (tanto dentro como fuera del mismo) y pretenden menoscabar el honor personal y laboral de los miembros del equipo directivo, mediante la difusión de rumores falsos e imprecisos y descalificaciones personales”, concluyó el equipo directivo en 2018, que consideró que los miembros del Consejo Escolar que firmaron el escrito evaluaban “de manera parcial, injusta y malintencionada” la labor del equipo y actuaban “de acuerdo a intereses particulares y/o de afinidad personal”. En 2024 una veintena de trabajadores envió varias quejas al Procurador del Común —el Defensor del Pueblo autonómico— por supuestas irregularidades en el proceso de selección del director. De las tres quejas, una fue rechazada, una aceptada parcialmente y otra aceptada. El Procurador del Común defendió que la normativa autonómica podría ser “más exigente” para evitar futuros conflictos de intereses que podrían surgir, puesto que la regulación no era muy concreta. También proponía supuestos de incompatibilidad como los que hay en Aragón, donde un miembro del equipo directivo no puede representar al profesorado en el Consejo Escolar, algo que sí está permitido en Castilla y León. elDiario.es se ha puesto en contacto con la Junta de Castilla y León y con la Dirección del Conservatorio, que han declinado hacer valoraciones o comentarios para este artículo. En ocasiones anteriores, reconocieron que había un “conflicto laboral y elevados riesgos psicosociales” en el centro desde hace varios años y no descartaban ejercer acciones penales ante las “denuncias falsas” que dicen sufrir por parte de “un grupo anónimo de profesores”. En un comunicado remitido por fuentes cercanas a la Dirección, y después de publicar una información sobre una primera sentencia judicial, aseguraban que sufrían “denuncias falsas” por parte de “un grupo anónimo de profesores”, contra los que no descartaban iniciar acciones legales. También destacaron que la denuncia penal por acoso de uno de los profesores fue archivada “por falta de justificación”. Denuncian la falta de diligencia de la Junta de Castilla y León Otro de los profesores con los que ha contactado elDiario.es recuerda que ha presentado múltiples escritos ante Inspección, pero que “casi nunca” resuelven a su favor con “falta de investigación y diligencia”. “Al final han tomado como acoso la suma de denuncias que yo he presentado, y yo me siento totalmente atropellado”, asevera. “Me han dicho que han propuesto un expediente disciplinario por falta grave, pero no han llegado a hablar conmigo, no se me ha comunicado de qué se me acusaba exactamente... Una vez me citaron a una reunión, pero no vi el correo, así que no pude acudir. Y ese mismo día cerraron la comisión y me declararon culpable”, resume. “La Inspección educativa siempre ha mirado a otro lado, no ha tomado cartas en el asunto. A algunos nos han eliminado del Teams para que no nos llegue la información, a un compañero le cambiaron su contraseña para que no pudiera entrar en su perfil... Muchos compañeros se han dejado pisotear, lo normal es que la gente no se enfrente. La gente no quiere meterse en líos”, protesta. Otro trabajador se tuvo que jubilar porque la situación era “insostenible”.“No encontré otra salida por mi salud mental y la de mi familia”, asegura. “Quieren hacer pasar esto como si aquí hubiera dos bandos y nosotros acosamos al director. Les van a obligar a hacer un curso de mediación porque lo que pasa es que nos llevamos mal. No es que yo me lleve mal con los compañeros, es que el director me obliga a hacer unas cosas que no quiero y que son ilegales”, apunta otro de los docentes. Estos empleados denuncian una gestión “sin la más mínima capacidad de diálogo” y un constante “trato despectivo”, con descalificaciones personales y profesionales hacia algunos docentes. “Por más que hemos pedido ayuda a Inspección y la Dirección Provincial, lejos de encontrar un mínimo apoyo (no digo que te den la razón), ha sido todo lo contrario. Nos han machacado y nos han dejado absolutamente solos”, protesta uno de ellos, que reprocha que después de todo no se haya abierto ni un expediente informativo a ningún miembro del equipo directivo. Este grupo de profesores cree que la Dirección Provincial ha tomado partido por el equipo directivo pese a que llevan años pidiendo que se hiciera una evaluación psicológica de riesgos psicosociales. “Por fin el curso pasado se hizo una evaluación, pero no hemos tenido acceso a ella, solo nos han dejado ir a leerla. Han dado un curso en septiembre u octubre sobre mediación en conflictos, pero nadie toma medidas de verdad”, reprocha un docente. La sentencia del Juzgado de lo Social de Segovia, que ha ratificado el Tribunal Superior de Justicia, reconoce que hay “un conflicto vivo y manifiesto en el centro educativo” y por eso obliga a la Administración a tomar medidas para resolverlo. “En el ámbito de esta conflictividad laboral, debe presumirse que cada una de las partes implicadas actúa en la creencia de que le asiste la razón en sus reclamaciones, en la que ni siquiera ha existido una mediación”, señala.

• elDiario.es
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Escucha el décimo episodio del podcast 'Plot twist', una serie narrativa que relata la evolución de España en los últimos 50 años Escucha todos los episodio del podcast 'Plot Twist: cómo España se sacudió la caspa' Hubo una España, no tan lejana, en la que los jóvenes se jugaban la vida por la libertad. Eran vigilados, perseguidos y encarcelados. Algunos fueron incluso torturados y hasta fusilados. Pero la mayoría no hablaron de todo aquello hasta bien entrada la democracia. ¿Por qué muchos abuelos no nos han contado esas historias de lucha en los años de la dictadura? Lo resume bien el periodista Carlos Santos: “La gente se mantuvo en silencio por miedo”. Un miedo con fundamento y que aún hoy persigue a quiénes lo vivieron, como es el caso de Azucena Rodríguez, detenida durante el franquismo y torturada psicológicamente en los calabozos de Madrid. “Ahora hago una elipsis y vengo al siglo XXI, a mi yo de 40 años, de 50, de 60… que tiene un miedo muy grande a sentarse en un restaurante de espaldas a la puerta, un miedo muy grande a la oscuridad… Tenía un trauma del que no había sido consciente”. Todos esos traumas y silencios han hecho que una parte de nuestra historia sea desconocida para las generaciones nacidas en este siglo. En palabras de Carmen Ortiz, experta de derechos humanos: “Cometimos un error. Y fue que conseguimos un gran avance, pero se nos olvidó explicarles a los jóvenes lo que había costado”. Y precisamente de eso va este podcast. Plot twist: cómo España se sacudió la caspa es un podcast de elDiario.es con guion y producción de Mar Abad y Javier Pascual y la realización sonora de Andreu Quesada. Las ilustraciones de la serie son de Míriam Persand. Un podcast realizado con la colaboración de la Celebración de los 50 años de libertad en España . Sigue a Plot twist en tu plataforma de audio favorita para no perderte ningún episodio: Spotify Apple Podcast iVoox Podimo RSS

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Varios profesores han interpuesto denuncias judiciales denunciando la desprotección de Educación, porque creen que "no ha tomado cartas en el asunto" pese a todos los escritos presentados durante años. La dirección y representantes de los padres reconocen tensiones pero señalan a este grupo de profesores como responsables La Justicia condena a la Junta de Castilla y León y al Conservatorio de Segovia por no proteger a un profesor que denunció acoso laboral En el conservatorio de Segovia hay un problema de convivencia enquistado desde hace años: algunos profesores denuncian imposiciones por parte de la Dirección del centro y reprochan que ni Inspección ni la Junta de Castilla y León hacen nada para solventarlo. De hecho, hay en marcha varios procesos judiciales por lo Social —y no se descartan otros nuevos— sobre Responsabilidad Civil derivada de incumplimiento de la Prevención de Riesgos Laborales, de los cuales uno ya se ha resuelto . El Tribunal Superior de Justicia ya ha condenado a la Dirección Provincial de Educación de la Junta de Castilla y León y al Conservatorio de Segovia a que evalúe los riesgos psicosociales que puedan existir en el puesto que trabajo del actor y en el centro de trabajo y adopte las medidas preventivas derivadas de dicha evaluación después de que un profesor hubiera denunciado acoso laboral, cuyo procedimiento penal fue sobreseído en 2024. Otros profesores —que han preferido mantener el anonimato— denuncian situaciones similares —con “formas autoritarias y una nula capacidad de diálogo”— y aseguran que se han visto obligados a marcharse del centro, a coger bajas por salud mental o a jubilarse de manera anticipada, pero que se está intentando 'vender' que hay 'dos bandos' de profesores. “La gente se quiere ir, hemos tenido varios traslados de gente que no podía más. Y gente que está en expectativa de hacerlo, también”, apunta uno de los profesores, que calcula que ha habido meses en los que han coincidido hasta seis profesores de baja que requerían apoyo psicológico. “Queda mucho interino que se queda un año y se va y el que sufre es el alumnado, porque no nos dejan trabajar”, denuncia otra docente. “No hay dos bandos. Cuando te acosan, viene una persona a ayudarte y nos vamos ayudando. Pero no es que estemos luchando contra nadie, yo he luchado por sobrevivir”, zanja ella, quien ejemplifica algunas de las prácticas del Conservatorio: le propusieron dar una clase, pero que otro docente pusiera las notas. Un representante del Consejo Escolar de Padres y Madres de Alumnos del Centro, Jorge Albillo, se ha puesto en contacto con este medio, reconoce que ha habido momentos “de mucha tensión” en algunas reuniones, aunque asegura que la situación ha mejorado desde 2024. “Hay que vivirlo en primera persona para ver que no es normal, pero hay un grupo minoritario que hace mucho ruido, alguno con mucha inquina”, relata el representante del Consejo, que pide dirigir los esfuerzos en el centro y pide que, si hay discrepancias, se resuelvan en el juzgado. “Afortunadamente, los chicos no viven estas cosas, pero sí pagan algunas consecuencias porque si se necesita unanimidad y hay una o dos personas que votan en contra o se abstienen... Puntualmente se ha perjudicado a algún alumno, pero solo puntualmente”, explica. Escritos al Procurador del Común desde 2016 Los problemas vienen desde hace años. El director actual entró en 2016 con su equipo de gobierno y ha ganado los procesos electorales en 2020 y 2024. En 2018 la Dirección del Conservatorio decidió “mantener conversaciones con todos los trabajadores para conocer sus inquietudes” y “constatar el estado de la convivencia a modo de autoevaluación” después de que seis empleados enviaran un escrito a la Dirección Provincial “en el que se denigra al equipo directivo”. En las conclusiones, a las que ha tenido acceso elDiario.es, se detalla la relación de trabajadores y de los comentarios de cada uno de ellos: algunos negaron un “mal ambiente” en el centro, aunque varios coincidieron en que el cese de un jefe de estudios había provocado “malestar”, y otros atribuyeron esta carta a una “venganza”. Estas conclusiones fueron acompañadas de unas “consideraciones” del equipo directivo, que calculó que 15 personas de los 58 miembros del equipo se negaron a opinar o manifestaron su oposición al equipo directivo, “deslegitimando su gestión, desprestigiando a sus miembros y acusándoles de crear mal ambiente en el centro”. “Tras haber analizado las inquietudes de los trabajadores del centro, en opinión del equipo directivo, hay determinados compañeros que se dedican a desprestigiar el estado de gestión y convivencia del centro, (tanto dentro como fuera del mismo) y pretenden menoscabar el honor personal y laboral de los miembros del equipo directivo, mediante la difusión de rumores falsos e imprecisos y descalificaciones personales”, concluyó el equipo directivo en 2018, que consideró que los miembros del Consejo Escolar que firmaron el escrito evaluaban “de manera parcial, injusta y malintencionada” la labor del equipo y actuaban “de acuerdo a intereses particulares y/o de afinidad personal”. En 2024 una veintena de trabajadores envió varias quejas al Procurador del Común —el Defensor del Pueblo autonómico— por supuestas irregularidades en el proceso de selección del director. De las tres quejas, una fue rechazada, una aceptada parcialmente y otra aceptada. El Procurador del Común defendió que la normativa autonómica podría ser “más exigente” para evitar futuros conflictos de intereses que podrían surgir, puesto que la regulación no era muy concreta. También proponía supuestos de incompatibilidad como los que hay en Aragón, donde un miembro del equipo directivo no puede representar al profesorado en el Consejo Escolar, algo que sí está permitido en Castilla y León. elDiario.es se ha puesto en contacto con la Junta de Castilla y León y con la Dirección del Conservatorio, que han declinado hacer valoraciones o comentarios para este artículo. En ocasiones anteriores, reconocieron que había un “conflicto laboral y elevados riesgos psicosociales” en el centro desde hace varios años y no descartaban ejercer acciones penales ante las “denuncias falsas” que dicen sufrir por parte de “un grupo anónimo de profesores”. En un comunicado remitido por fuentes cercanas a la Dirección, y después de publicar una información sobre una primera sentencia judicial, aseguraban que sufrían “denuncias falsas” por parte de “un grupo anónimo de profesores”, contra los que no descartaban iniciar acciones legales. También destacaron que la denuncia penal por acoso de uno de los profesores fue archivada “por falta de justificación”. Denuncian la falta de diligencia de la Junta de Castilla y León Otro de los profesores con los que ha contactado elDiario.es recuerda que ha presentado múltiples escritos ante Inspección, pero que “casi nunca” resuelven a su favor con “falta de investigación y diligencia”. “Al final han tomado como acoso la suma de denuncias que yo he presentado, y yo me siento totalmente atropellado”, asevera. “Me han dicho que han propuesto un expediente disciplinario por falta grave, pero no han llegado a hablar conmigo, no se me ha comunicado de qué se me acusaba exactamente... Una vez me citaron a una reunión, pero no vi el correo, así que no pude acudir. Y ese mismo día cerraron la comisión y me declararon culpable”, resume. “La Inspección educativa siempre ha mirado a otro lado, no ha tomado cartas en el asunto. A algunos nos han eliminado del Teams para que no nos llegue la información, a un compañero le cambiaron su contraseña para que no pudiera entrar en su perfil... Muchos compañeros se han dejado pisotear, lo normal es que la gente no se enfrente. La gente no quiere meterse en líos”, protesta. Otro trabajador se tuvo que jubilar porque la situación era “insostenible”.“No encontré otra salida por mi salud mental y la de mi familia”, asegura. “Quieren hacer pasar esto como si aquí hubiera dos bandos y nosotros acosamos al director. Les van a obligar a hacer un curso de mediación porque lo que pasa es que nos llevamos mal. No es que yo me lleve mal con los compañeros, es que el director me obliga a hacer unas cosas que no quiero y que son ilegales”, apunta otro de los docentes. Estos empleados denuncian una gestión “sin la más mínima capacidad de diálogo” y un constante “trato despectivo”, con descalificaciones personales y profesionales hacia algunos docentes. “Por más que hemos pedido ayuda a Inspección y la Dirección Provincial, lejos de encontrar un mínimo apoyo (no digo que te den la razón), ha sido todo lo contrario. Nos han machacado y nos han dejado absolutamente solos”, protesta uno de ellos, que reprocha que después de todo no se haya abierto ni un expediente informativo a ningún miembro del equipo directivo. Este grupo de profesores cree que la Dirección Provincial ha tomado partido por el equipo directivo pese a que llevan años pidiendo que se hiciera una evaluación psicológica de riesgos psicosociales. “Por fin el curso pasado se hizo una evaluación, pero no hemos tenido acceso a ella, solo nos han dejado ir a leerla. Han dado un curso en septiembre u octubre sobre mediación en conflictos, pero nadie toma medidas de verdad”, reprocha un docente. La sentencia del Juzgado de lo Social de Segovia, que ha ratificado el Tribunal Superior de Justicia, reconoce que hay “un conflicto vivo y manifiesto en el centro educativo” y por eso obliga a la Administración a tomar medidas para resolverlo. “En el ámbito de esta conflictividad laboral, debe presumirse que cada una de las partes implicadas actúa en la creencia de que le asiste la razón en sus reclamaciones, en la que ni siquiera ha existido una mediación”, señala.

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Escucha el décimo episodio del podcast 'Plot twist', una serie narrativa que relata la evolución de España en los últimos 50 años Escucha todos los episodio del podcast 'Plot Twist: cómo España se sacudió la caspa' Hubo una España, no tan lejana, en la que los jóvenes se jugaban la vida por la libertad. Eran vigilados, perseguidos y encarcelados. Algunos fueron incluso torturados y hasta fusilados. Pero la mayoría no hablaron de todo aquello hasta bien entrada la democracia. ¿Por qué muchos abuelos no nos han contado esas historias de lucha en los años de la dictadura? Lo resume bien el periodista Carlos Santos: “La gente se mantuvo en silencio por miedo”. Un miedo con fundamento y que aún hoy persigue a quiénes lo vivieron, como es el caso de Azucena Rodríguez, detenida durante el franquismo y torturada psicológicamente en los calabozos de Madrid. “Ahora hago una elipsis y vengo al siglo XXI, a mi yo de 40 años, de 50, de 60… que tiene un miedo muy grande a sentarse en un restaurante de espaldas a la puerta, un miedo muy grande a la oscuridad… Tenía un trauma del que no había sido consciente”. Todos esos traumas y silencios han hecho que una parte de nuestra historia sea desconocida para las generaciones nacidas en este siglo. En palabras de Carmen Ortiz, experta de derechos humanos: “Cometimos un error. Y fue que conseguimos un gran avance, pero se nos olvidó explicarles a los jóvenes lo que había costado”. Y precisamente de eso va este podcast. Plot twist: cómo España se sacudió la caspa es un podcast de elDiario.es con guion y producción de Mar Abad y Javier Pascual y la realización sonora de Andreu Quesada. Las ilustraciones de la serie son de Míriam Persand. Un podcast realizado con la colaboración de la Celebración de los 50 años de libertad en España . Sigue a Plot twist en tu plataforma de audio favorita para no perderte ningún episodio: Spotify Apple Podcast iVoox Podimo RSS

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Las mínimas se quedarán por encima de los 10 grados y las máximas superando los 15 grados La Aemet prevé una semana lluviosa, aunque las precipitaciones remitirán a partir del sábado La concatenación de borrascas y frentes están dejando un inicio de año de gran inestabilidad, con lluvia , viento y nieve como protagonistas para gran parte de la Península y también para la Comunidad de Madrid, que todavía no divisa el final del tiempo inestable con otro día con precipitaciones, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). Así, se espera una jornada sin avisos ni fenómenos meteorológicos importantes, con precipitaciones débiles que serán más probables, frecuentes e intensas en la Sierra, y que por la tarde podrían ir acompañadas de tormentas ocasionales en el extremo sur. Un martes en el que la cota de nieve se establecerá en torno a los 2.300 metros en la Sierra madrileña, con cielo predominantemente nuboso y cubierto, y con nieblas probables en la Sierra que se podrían extender, de forma dispersa, al resto de la Comunidad al principio y final del día. El viento soplará flojo y moderados de componente suroeste. Subida de temperaturas En cuanto a las temperaturas, se espera un aumento generalizado. Las mínimas se quedarán por encima de los 10 grados, pudiendo alcanzar los 13 y las máximas superando los 15 grados, con los 17 como temperatura más alta esperada en la Comunidad de Madrid este 10 de febrero. Para los próximos días, se sigue esperando tiempo inestable en Madrid , con aviso amarillo por rachas de viento fuertes en la Sierra este miércoles, un cierto respiro el jueves para regresar con tormenta y nieve para el fin de semana.

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La secretaria general de Podemos Andalucía, Raquel Martínez, reitera su apoyo a la "unidad de la izquierda" tras las elecciones aragonesas, mientras su agrupación sigue fuera de la coalición Por Andalucía y la dirección estatal mantiene su veto a Sumar como condición para volver IU, Sumar e Iniciativa del Pueblo Andaluz se reparten los cabezas de lista electoral en las 8 provincias sin esperar a Podemos Las elecciones en Aragón han borrado del Parlamento autonómico a Podemos, donde llegó a tener 14 diputados (en 2015) y era de las últimas comunidades donde aún mantenía representación institucional. La fragmentación de las izquierdas en esta región ha sido letal para el espacio progresista, pero singularmente para el partido morado, que ha obtenido 6.000 votos (apenas un 1% del total). El resultado de las elecciones aragonesas confirma una tendencia de crecimiento del voto ultraderechista en toda Europa, pero también pone en cuestión la falta de entendimiento entre las izquierdas. Ese mensaje lo ha cogido al vuelo, desde la misma noche electoral, la secretaria general de Podemos Andalucía, que volvió a lanzar un llamamiento desesperado a la unidad con una advertencia que interpela a la ejecutiva estatal de su partido: “El pasado agosto apoyé personalmente el manifiesto por la unidad de la izquierda de Andalucía impulsado por la CUT, tras los resultados en Aragón me reafirmo en mi opinión, la extrema derecha avanza, juntas somos más fuertes”, escribió Martínez en su cuenta de X la noche del domingo, cuando el escrutinio ya había confirmado el desplome de la izquierda y la desaparición de Podemos. El mensaje de Martínez reactiva un debate que lleva meses abierto. Podemos Andalucía se ha descolgado de la coalición de izquierdas de la que ahora forma parte -Por Andalucía- que ha seguido avanzando en la construcción de la candidatura para los próximos comicios. Izquierda Unida (IU) está pilotando este proceso, con su líder federal, Antonio Maíllo, como cabeza de cartel, y este viernes hará la presentación oficial de la nueva candidatura. Podemos Andalucía muestra en público su predisposición a mantenerse dentro de la coalición, pero está maniatado por las estrategias de la dirección estatal, que ha puesto como condición el veto a Sumar en las listas electorales. Maíllo ha rechazado ese veto y este lunes ha vuelto a subrayarlo. “Nadie resta, nadie sobra en el espacio de la izquierda. Vamos a incorporar a todos los que quieran incorporarse, pero sin vetos”, insiste el líder de IU, tras lamentarse de que “la gente está harta de las telenovelas de la izquierda”. El resultado de la izquierda en Aragón vuelve a constatar que la ley electoral es muy cicatera con las divisiones en el espacio progresista. La líder de Podemos Andalucía ha vuelto a apelar a la responsabilidad y a la altura de miras de todos los partidos a la izquierda del PSOE, pero la letra pequeña es mucho más compleja. “No son sólo los dictados de la dirección estatal, es que aquí IU y Más País (luego Sumar) nos han orillado, han hecho lo posible por que Podemos no visibilice su trabajo, y no estamos dispuestos a repetir ese esquema”, dice un diputado autonómico. “El tren ha pasado” Maíllo sigue apostando por la unidad de todas las fuerzas progresistas para esquivar el castigo que ejerce la Ley d'Hondt a la división del voto -en Aragón, Vox ha obtenido sólo 7.000 votos más que los tres partidos de izquierdas y Aragón Existe juntos, pero en el recuento son cinco diputados más-, pero por ahora ha decidido avanzar sin Podemos. “Esa pantalla pasó. El tren se ha marchado, si se queiren incorporar, se subirán en marcha, pero no vamos a estar así hasta el último minuto”, explica el coordinador federal de IU y candidato de Por Andalucía a la presidencia de la Junta. La noche electoral de Aragón, la secretaria general de Podemos Andalucía volvió a aludir al manifiesto que firmó en agosto de 2025, junto a otros dirigentes de izquierdas en Andalucía, para “favorecer” una candidatura de unidad que hiciera frente al PP de Juan Manuel Moreno, que hoy gobierna con mayoría absoluta. Ese manifiesto, cuyo remitente indirecto era la dirección estatal de Ione Belarra, sentó muy mal en Madrid. Se entendió como una forma subrepticia de discrepar con la estrategia de presión al Sumar de Yolanda Díaz, muy alejada de la realidad política andaluza, donde IU y Podemos ya son parte de una coalición, y la falta de acuerdo supondría romper esa coalición. El escrito por la unidad de las izquierdas llevaba la firma de otros referentes sociales y culturales de Andalucía, que elevaron la voz para que llegara a oídos de la dirección estatal, con alusiones directas a Pablo Iglesias. El batacazo de la candidatura en solitario de Podemos en Aragón ha vuelto a poner nerviosos a sus compañeros andaluces. Las mismas formaciones que en 2023 concurrieron juntas, este domingo se presentaban por separado. Aunque en ambas convocatorias, el porcentaje de votos de las izquierdas rondó el 13%, ahora la ruptura de la coalición ha dispersado las papeletas, restándole escaños y representación. Izquierda Unida ha conservado su escaño gracias a su implantación territorial, y la Chunta Aragonesista emerge como primer referente de este espacio, con seis diputados, el doble de los que tenía. La foto fija de lo ocurrido en Aragón envía una señal inmediata a los partidos de izquierdas en Andalucía, que están llamados a las urnas en pocos meses (junio como fecha tope). En Andalucía existe ya una coalición de partidos construida a martillazos, y con mucha dificultad, para las autonómicas de 2022: Por Andalucía fue el resultado de la negociación de seis partidos: IU, Podemos, Más País, Iniciativa del Pueblo Andaluz, Equo y Alianza Verde. En esta legislatura han contado con cinco diputados -el mínimo para tener grupo parlamentario- que han trabajado a trompicones, siempre con recelos entre los tres representantes de Podemos, por un lado, y las de IU y Más País (luego reconvertido en Sumar), por otro. El llamamiento a la unidad de la líder de Podemos Andalucía es extemporáneo. El resto de formaciones de Por Andalucía (excepto Alianza Verde y Equo) ya tiene muy avanzada la candidatura para las próximas andaluzas, que se presenta oficialmente este viernes, con el líder federal de IU, Antonio Maíllo, como cabeza de cartel. Los integrantes de Por Andalucía ya se han repartido los puestos de salida en las ocho provincias, sin esperar a Podemos, que paralelamente ha hecho sus primarias para presentarse a los comicios en solitario. Sobre el papel, los morados siguen abiertos a volver a la coalición, pero la dirección estatal mantiene una línea roja que IU no acepta: el veto a Movimiento Sumar, el partido de Yolanda Díaz, que tendría que salir de la ecuación. El portavoz nacional de Podemos, Pablo Fernández, ha hecho balance este lunes del resultado de las elecciones en Aragón, admitiendo el fracaso de su formación, que ha atribuido a problemas internos. Cuando le han cuestionado por el mensaje de la líder de Podemos Andalucía en su red social, Fernández ha esquivado la pregunta. “Nosotros siempre hemos querido configurar candidaturas lo más amplias posibles, lo intentamos en Aragón y en Castilla y León”. Luego ha recordado que Podemos e IU concurrieron juntos en Extremadura, logrando un mejor resultado, pero sin evitar la continuidad del Gobierno del PP de María Guardiola y el crecimiento de Vox. “Lo hicimos en Extremadura y no logramos frenar a la ultraderecha”, sentenció. Los últimos sondeos publicados en Andalucía mantienen al PP de Moreno como primera fuerza, aunque con riesgo de perder la mayoría absoluta ante el auge de Vox. Por Andalucía logró 281.688 votos en 2022; un 7,68% del escrutinio y cinco escaños. Adelante Andalucía, el partido de Teresa Rodríguez, se disoció de su antigua coalición con IU y Podemos para presentarse por primera vez en solitario, logrando dos diputados (167.970 votos; 4,58% del escrutinio). Los andalucistas, que este año están encabezados por su portavoz parlamentario, el diputado José Ignacio García, ya han confirmado que volverán a presentarse en solitario y competirán por el mismo espacio electoral con sus antiguos socios de Por Andalucía.

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La Comunidad de Madrid demolerá varios de los edificios que rodean las piscinas de Bravo Murillo por riesgo estructural sobre el depósito construido en el siglo XIX. Los vasos de agua los mantendrá, aunque un informe reconoce que su construcción generó "un daño irreparable" Así será la Milla Canal que prepara en Chamberí la Comunidad de Madrid Milla Canal es uno de los proyectos estrella del área de Cultura y Deportes en esta legislatura. Se planificó como una gran reforma de la Comunidad de Madrid en el corazón de Chamberí, que iba a incluir nuevos edificios, un club deportivo e incluso un pabellón polideportivo añadido. Pero el proyecto presentado hace seis meses se quedó en unas obras mucho menos ambiciosas, que incluían varias demoliciones. El motivo principal de estos cambios, no comunicado por el Gobierno regional cuando ofreció detalles sobre las obras, es la conservación de la estructura histórica que soporta todas las instalaciones, el Primer Depósito del Canal de Isabel II, gravemente afectado por el peso que soporta. Informes técnicos a los que ha tenido acceso Somos Chamberí alertan de un “grave problema detectado en la estructura del depósito”, una joya arquitectónica levantada en 1858 para albergar el agua procedente de la sierra y con el que quedó inaugurado el primer gran sistema de canalizaciones de Madrid. Según los técnicos, se han detectado “patologías estructurales severas” en este espacio protegido, entre ellas “grietas generalizadas, filtraciones de agua, sobrecargas sobre la bóveda, deterioro de muros perimetrales” y daños sobre la cubierta procedentes de raíces de árboles. “Todo ello ha provocado un debilitamiento progresivo de la estructura portante”, explican informes consultados por este periódico, que concluyen que el problema estructural es “urgente” y que resulta imprescindible intervenir para evitar riesgos mayores. Soluciones que forman parte del anteproyecto de reforma de las instalaciones deportivas del Canal de Isabel II. Dichas soluciones pasan por demoler la actual cafetería situada sobre el depósito, ya que su peso y cimentación agravan las sobrecargas existentes. También se prevé la reparación de bóvedas y muros dañados, el sellado de grietas, la corrección de filtraciones, la tala de los árboles cuyas raíces están provocando daños y la impermeabilización completa de la cubierta, hoy en mal estado. Otras demoliciones parciales tendrán lugar alrededor del actual inmueble de administración, con protección patrimonial de tipo Bien de Interés Patrimonial, al igual que el primer depósito. En este caso se recuperará su forma original, despojado de varias escaleras y estructuras resultantes de ampliaciones que actualmente lo rodean y provocan que el conjunto tenga mayor peso. Recreación del edificio histórico del Canal de Isabel II en Islas Filipinas Lo que la Comunidad de Madrid no contempla en ningún momento es el desmontaje de la actual piscina, la única de carácter público abierta durante el verano en Chamberí. Su construcción, explica el informe, “es una actuación irreversible” porque no se puede recuperar ya la estructura primitiva, y se apuesta por su mantenimiento. No obstante, los técnicos señalan que su construcción en el año 1969 “fue una actuación poco amable” con la historia del Primer Depósito, “generando un daño irreparable” al destruirlo parcialmente. El proyecto de Milla Canal, presentado en julio del año pasado por la propia presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, contempla la demolición del actual edificio dedicado a la cafetería, en cuyo lugar se ubicarán tres pistas de tenis con hierba, que a su vez también se trasladan. Donde ahora se encuentran será habilitada una zona de playa para la piscina en verano y un espacio verde abierto al público el resto del año. Las pistas de tierra batida se quedarán en el mismo sitio, aunque su sistema de drenaje será renovado también para evitar filtraciones de agua al depósito histórico. Las demoliciones se extenderán a otros elementos del recinto deportivo, como el aparcamiento de entrada a las instalaciones desde la avenida de Islas Filipinas, o cuatro edificaciones situadas en la zona norte y que actualmente acogen oficinas de dirección, taquillas o espacios para las federaciones de tenis o de pádel. El frontón presente en estas instalaciones también será echado abajo. Demoliciones (en rojo) previstas en la zona sobre el Primer Depósito y nuevo edificio (en carmín) Dos nuevas construcciones vendrán a paliar los espacios perdidos con los derribos. Una será subterránea, junto al edificio histórico dedicado a la administración. Este semisótano estará destinado a instalaciones, vestuarios y comedor de trabajadores. Este lugar contará con una zona de terraza exterior para el bar de piscina, en su cubierta. En el lugar del frontón se levantará un edificio de tres plantas para salas de actividades deportivas con sus vestuarios, cafetería, aseos generales, almacenes y oficinas de atención al público de las federaciones de tenis y pádel. En total, 1.822 m² de nuevas construcciones. Alzado del nuevo edificio en Boix y Morer El resto del proyecto se mantiene como fue anunciado inicialmente, con reorganización de algunos elementos y una nueva entrada desde la calle Bravo Murillo, al lado de la recién restaurada Fuente del Lozoya. Toda la actuación se dividirá en tres proyectos parciales, uno para restaurar la fachada sur del Primer Depósito (14 meses de ejecución), otro para añadir unos vestuarios a la parcela cercana de la calle Pablo Iglesias (13 meses) y un tercero que abarcará las intervenciones de mayor envergadura, que se puede alargar hasta 40 meses. 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