Cuanto más duro golpea el PP al Gobierno, más crece Vox en las encuestas. Eso no ha cambiado el estilo de Feijóo. No puede permitir que Abascal sea más duro que él y ya no le vale con ganar a Sánchez en las urnas. Quiere meterlo en la cárcel Sánchez pide “no crispar” con la tragedia de Adamuz y Feijóo le acusa de negligencia Algunas voces en el Partido Popular han explicado de forma rigurosamente anónima a los medios que se encuentran inmersos en un dilema. Cuanto más duro golpean al Gobierno, más crece Vox en las encuestas y en el mundo real, el de las últimas elecciones en Extremadura y Aragón. Allí buscaron acercarse a la mayoría absoluta y se quedaron más o menos donde estaban. ¿Hay algo que están haciendo mal? No para Alberto Núñez Feijóo. En el primer duelo directo del año en el Congreso, el líder del PP retomó su estilo de 2025 sin la más pequeña variación. Su objetivo va más allá de ganar las elecciones. Quiere meter en la cárcel a Pedro Sánchez. Menos que eso le parece una moderación intolerable. Sánchez habló más del accidente de tren de Adamuz, el motivo de su comparecencia, que su contrincante. También dedicó un espacio más breve a las crisis internacionales que preocupan a los países europeos. Esto último hizo que Feijóo sintiera hervir su sangre, era algo que hizo que “se le revolvieran las tripas”. Sus intestinos estaban a punto de estallar. Bajo ningún concepto podía permitir que Santiago Abascal fuera más duro que él. Esa era su prioridad. Fuentes del PP dijeron a los periodistas en los pasillos que preferían contar con la abstención socialista en el debate de investidura de Extremadura antes que verse obligados a formar Gobierno con Vox. En plena confusión, tuvieron que matizar la declaración no mucho tiempo después, es decir, rectificarla, para afirmar que en todo caso aspiran a llegar a un acuerdo con el partido de Santiago Abascal. María Guardiola se apresuró a decir que no negocia “con este PSOE ni con el sanchismo”. Ya tiene difícil pactar con Vox por el elevado precio que exige su probable socio como para que su partido se lo ponga más complicado desde Madrid. En lo que no hay ninguna duda es en que Feijóo no va a cambiar de estilo por las dudas que pueda haber en su partido. El catastrofismo que todo el mundo asocia a Vox es también su estilo. “España está en un fallo multiorgánico”, dijo. Eso suele ocasionar la muerte inmediata a un paciente. Se pagan impuestos al nivel de los países nórdicos, dijo, lo que es falso, mientras los españoles reciben “unos servicios al nivel de un país tercermundista” (se nota que Feijóo ha viajado poco al Tercer Mundo). Por todo ello y por la responsabilidad del Gobierno en el accidente de Adamuz, Feijóo dio por hecho que Sánchez, Óscar Puente y algunos más tendrán que dar cuenta de su actuación en los tribunales, y no como testigos precisamente. “Su Gobierno se sentará en el banquillo también por eso”, dijo en su primera intervención. No era suficiente, así que insistió después: “Esto también formará parte del sumario”. Sólo le faltó ponerse la toga y autoproclamarse juez instructor, aunque es costumbre en el PP esperar a que Manos Limpias y HazteOír den el primer paso. Sánchez negó que el sistema ferroviario español sea “decadente e inseguro”. Al poco, dijo que es “uno de los mejores del mundo”. No es muy inteligente decir eso después de un accidente con 47 muertos en el que la principal hipótesis de la catástrofe se encuentra en el estado de la vía. Algunas cifras que dio podían confirmarlo, otras no. Los 15.700 kilómetros de red con la quinta más extensa del continente (España está entre los mayores países de Europa). El quinto país más puntual de la UE en 2025. El trayecto Madrid-Barcelona cuesta la mitad de precio y la mitad de tiempo que el que va de Londres a Edimburgo. La inversión ferroviaria ha pasado de 1.700 millones con el Gobierno de Rajoy a 5.000 millones, siguió diciendo. Las inversiones en trenes y equipos se han multiplicado por diez. El mantenimiento por kilómetro de vía ha ido de 46.000 euros a 71.000. No son cifras propias de un país tercermundista. Sánchez debería haber dedicado más tiempo a un comentario que ya hizo el ministro Puente antes, porque está en la raíz del accidente. Primero, lo explicó de forma muy genérica y luego precisó algo más. “La vía cumplía todos los requisitos de los protocolos de la red ferroviaria”, comentó. Más tarde, vino la explicación preocupante: “Si finalmente se confirma que la causa fue una rotura de una vía, debemos asumir una realidad compleja. Es posible que un fallo se haya producido cumpliéndose los protocolos vigentes. Si esto es así, el Gobierno no va a mirar para otro lado. Vamos a revisar todos los estándares”. Los protocolos existen precisamente para impedir que haya accidentes graves. A diferencia del accidente de Rodalies causado por el derribo de un muro por las lluvias al paso de un tren, el de Adamuz tuvo que ver directamente con el estado de la infraestructura ferroviaria, según la primera hipótesis manejada por la comisión de investigación. Ahí es donde está la responsabilidad de Adif, cuyo presidente es elegido por el Gobierno. Costó 780 millones de euros la renovación de toda la línea Madrid-Sevilla. Esa obra no se hizo para que se produjera un accidente de estas dimensiones. Feijóo reiteró algunas informaciones falsas o manipuladas aparecidas en algunos medios. Afirmó que el Gobierno puso de director de Seguridad de Adif a “un periodista sin formación técnica”. Sánchez le respondió que eso era un bulo aparecido en The Objective, porque el actual director de Seguridad fue nombrado por el Gobierno de Rajoy. “No voy a dar su nombre. Es un ingeniero industrial con veinte años de experiencia que no ha cambiado desde mayo de 2017”. “Operan con el mismo registro que Iker Jiménez”, remachó Sánchez. Feijóo se llevó las manos a la cara, se supone que en un gesto de incredulidad. Donde Sánchez manipuló los hechos fue al mencionar un estudio de la fundación Hay Derecho que había elogiado la profesionalidad de los nombramientos hechos en la cúpula de Adif, según dijo. La fundación lo negó más tarde. Se refería a los dos nombramientos hechos entre 2021 y 2024 y antes del actual presidente. En cuanto a este, afirman que es un paso atrás al ser “un perfil muy politizado”. Sobre el accidente de Angrois en 2013, citado varias veces por Sánchez, Feijóo soltó una frase que nunca se había escuchado: “¿Quién diseñó la curva de Angrois? El partido socialista”. Se supone que el trazado concreto de una vía es elegido por un comité técnico, no que se elabora en Ferraz o Génova. Puente le respondió horas más tarde que todo ese trazado fue aprobado en los años del Gobierno de Aznar: “El estudio informativo definitivo —que aprobaba el trazado seleccionado, incluyendo el acceso por Angrois— se aprobó el 25 de abril de 2003”. Todos se golpearon con saña y Sánchez no se quedó corto. A Abascal le preguntó por el sueldo millonario que recibe su principal asesor en Vox y dirigente en la sombra del partido, Kiko Méndez Monasterio. “26.000 euros al mes no es la España que madruga, señor Abascal”. Y después de golpear con el martillo lo envolvió en un paño de seda para recordar el concierto de Bad Bunny en la Superbowl y el mensaje que encabezó el espectáculo: “Lo único más poderoso que el odio es el amor”. El consejo de Sánchez al líder de Vox: “¿Vio usted la Superbowl? ¿Vio el espectáculo de Bad Bunny? Pues eso, menos odio y más amor”. Quitas el odio de la política parlamentaria española y te quedas en los huesos.

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Las diferencias en el seno del Ejecutivo por cómo incorpora al Código Penal un nuevo delito y por los régimenes de visitas con los hijos alargan la tramitación de la norma entre el Ministerio de Igualdad, Justicia y Juventud e Infancia, que la semana pasada se desmarcó del texto por las discrepancias Las expertas recelan de la nueva ley de violencia vicaria: “Legislar a golpe de casos como el de Bretón no es la solución” Estaba previsto que la ley contra la violencia vicaria fuera aprobada este martes en el Consejo de Ministros antes de encaminar su recorrido hacia el Congreso. Sin embargo, el Gobierno ha decidido aplazar el visto bueno y darse más margen para seguir negociando ante el desacuerdo interno. Ocurrió después de que el Ministerio de Juventud e Infancia, en manos de Sumar, se desmarcara a finales de la semana pasada de la norma, de la que es coproponente junto a Igualdad, el ministerio impulsor, y Justicia, ambos del PSOE. Fuentes conocedoras de la negociación apuntan a que existen “diferencias” sobre cómo debe articularse finalmente el texto y avanzan que las conversaciones siguen produciéndose. Con esta ley, el Gobierno pretende regular específicamente este tipo de violencia , que define como “una de las formas más crueles y devastadoras de la violencia de género”, en la que el agresor “instrumentaliza” a los hijos o a otras personas del entorno de las víctimas “para causarles el mayo daño posible”. Entre las medidas que incluye, está la incorporación al Código Penal de un nuevo delito y la posibilidad de que los jueces impidan que los condenados difundan información sobre el crimen que han cometido, una reforma ideada al calor de la polémica por El Odio , el libro finalmente paralizado en el que José Bretón confesaba el asesinato de sus hijos. El anteproyecto fue aprobado el pasado septiembre en el Consejo de Ministros y tras recabar los informes pertinentes, enfiló su visto bueno final. Sin embargo, el Ministerio de Juventud e Infancia dio un golpe de efecto el pasado jueves, cuando anunció que se descolgaba de la norma “tras la negativa de Justicia a corregir” preceptos que considera “indispensables” para que la legislación “avance en la garantía de derechos para las víctimas”, apuntaron fuentes del departamento dirigido por Sira Rego. En la práctica, los desacuerdos tienen que ver con tres cuestiones clave: la manera en que la ley reforma el Código Penal para incluir como delito propio la violencia vicaria; el derecho de los niños, niñas y adolescentes a ser escuchados y cómo deben regularse los regímenes de visitas en casos en los que los padres están inmersos en procesos por violencia de género o existen indicios. Las “observaciones” de Juventud e Infancia en estos ámbitos “no han sido tenidas en cuenta”, al menos de momento, según el Ministerio, pero los tres departamentos del Gobierno implicados se muestran abiertos al diálogo. Es la posición que también trasladan Igualdad y Justicia, que rehúsan pronunciarse sobre el fondo de los debates, pero sí apuntan a seguir negociando. Fuentes del departamento dirigido por Félix Bolaños trasladan que “se están analizando” los informes y las aportaciones recibidas al anteproyecto y que el Ministerio “está trabajando en ultimar una redacción jurídicamente impecable que ofrezca la máxima protección y seguridad a las víctimas, tanto si son las madres como si son los menores”. El nuevo delito Poco antes de que Rego hiciera públicas sus diferencias, la Coordinadora Estatal para la Erradicación de la Violencia Vicaria y la Violencia de Género publicó una carta en la que planteaba su “gran preocupación” por la redacción actual de la ley. Entre otras cosas, se refiere en concreto a la nueva figura delictiva que crea la norma y que tipifica como delito contra la integridad moral la violencia vicaria. El texto castiga a quien “para causar daño o sufrimiento” a su pareja o expareja, cometa otros delitos contra sus hijos o el resto de familiares. Y lo hace a través de un doble tipo: uno genérico, que en la práctica afecta a todo tipo de parejas independientemente del género, y otro agravado en el caso de que la víctima sea una mujer. Para la Coordinadora, esta vía implica crear “un delito neutro” que entra “en clara contradicción con el concepto de violencia vicaria y con las verdaderas necesidades” del fenómeno, que define como “el gran agujero negro” de la violencia machista. En su momento, varias expertas ya advirtieron de que, de aprobarse, el delito podría convertirse en “una nueva puerta de entrada” del falso Síndrome de Alienación Parental y que provocara un efecto indeseado: que hombres acusados de violencia de género puedan alegar ser víctimas de violencia vicaria denunciando a las mujeres por “instrumentalizar a los hijos para causarles daño a ellos”. Es este precisamente el “riesgo” que ve el Ministerio de Juventud e Infancia, que apunta a que esta tipificación puede someter a “inseguridad jurídica a las madres protectoras”. Se refieren a los casos de mujeres que han denunciado a los progenitores por violencia o abusos y se acaban topando con un sistema que se les vuelve en contra, con retiradas de custodia incluidas , como el caso ocurrido en Sevilla revelado este miércoles por elDiario.es. Según trasladó en su momento la ministra de Igualdad, Ana Redondo, el tipo genérico de violencia vicaria se incorporó en el anteproyecto “para evitar discriminaciones” y respetar el artículo 14 de la Constitución. Las reticencias entre las expertas, que coinciden en la importancia de regular la violencia vicaria, también pasan por desconfiar de la vía penal como la más idónea para hacerlo. “Se está magnificando la pena cuando estamos ante un tipo de delincuencia poco sensible a ella. Hablamos de sujetos que están dispuestos a matar y suicidarse. Engordando el Código Penal no vamos a encontrar la solución”, decía la catedrática de Derecho Penal Miriam Cugat. Otras voces apuestan por incluir un agravante específico por violencia vicaria de género, es decir, solo circunscrita a las mujeres. ¿Excepción a la suspensión de visitas? Además de la tipificación penal, también los regímenes de visitas están en el centro de las negociaciones entre Justicia, Igualdad y Juventud e Infancia. Y es que este último apuesta por restringirlos al máximo y sin excepciones. Actualmente, el Código Civil –reformado en 2021– establece que “no procederá el establecimiento de un régimen de visitas y si existiera se suspenderá” en los casos de hombres incursos en procesos de violencia de género o cuando se detecten “indicios fundados”. A esto se añade como excepción que el juez puede mantenerlas si lo motiva por el interés superior del menor o en su “deseo, voluntad o preferencias”. También hay asociaciones que trabajan con víctimas de violencia machista, como la Asociación de Juristas Themis, que en las alegaciones a la ley insiste en eliminar la excepcionalidad de poder seguir manteniendo visitas al considerar que desde que el padre está incurso en un proceso penal o hay indicios, “la situación objetiva de riesgo existe” y “debe primar” ante otras consideraciones. Themis también reclama que la norma incorpore a las mascotas junto a otros miembros de la familia o el entorno que pueden ser instrumentalizados para ejercer violencia. En cuanto a las visitas, el anteproyecto reconoce que actualmente existen “lagunas” que están posibilitando “su mantenimiento” y que “ponen en riesgo la seguridad y el bienestar de los menores”, pero evita acordar que la suspensión sea imperativa, sino que propone añadir al Código Civil que, antes de decidir sobre las visitas, el juez debe siempre escuchar a los niños. Si no es posible “o no conviene al interés superior del menor”, la norma establece que “se podrá conocer su opinión” a través de terceros, como sus representantes legales “o sus personas de apoyo”. Para el Ministerio de Juventud e Infancia, el texto “no garantiza” el derecho de los niños, niñas y adolescentes a ser escuchados “con independencia de su edad” en todos los procesos que les afecten, que es algo que ya anunció Sira Rego que pretende incluir en la reforma de la Ley de protección a la infancia y adolescencia frente a la violencia. Este texto, que el ministerio estaba dispuesto a llevar al Consejo de Ministros el pasado octubre , también versa sobre cuestiones que se tocan en algunos puntos con la específica de violencia vicaria. Está aún por ver qué versión se impondrá.

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Cuanto más duro golpea el PP al Gobierno, más crece Vox en las encuestas. Eso no ha cambiado el estilo de Feijóo. No puede permitir que Abascal sea más duro que él y ya no le vale con ganar a Sánchez en las urnas. Quiere meterlo en la cárcel Sánchez pide “no crispar” con la tragedia de Adamuz y Feijóo le acusa de negligencia Algunas voces en el Partido Popular han explicado de forma rigurosamente anónima a los medios que se encuentran inmersos en un dilema. Cuanto más duro golpean al Gobierno, más crece Vox en las encuestas y en el mundo real, el de las últimas elecciones en Extremadura y Aragón. Allí buscaron acercarse a la mayoría absoluta y se quedaron más o menos donde estaban. ¿Hay algo que están haciendo mal? No para Alberto Núñez Feijóo. En el primer duelo directo del año en el Congreso, el líder del PP retomó su estilo de 2025 sin la más pequeña variación. Su objetivo va más allá de ganar las elecciones. Quiere meter en la cárcel a Pedro Sánchez. Menos que eso le parece una moderación intolerable. Sánchez habló más del accidente de tren de Adamuz, el motivo de su comparecencia, que su contrincante. También dedicó un espacio más breve a las crisis internacionales que preocupan a los países europeos. Esto último hizo que Feijóo sintiera hervir su sangre, era algo que hizo que “se le revolvieran las tripas”. Sus intestinos estaban a punto de estallar. Bajo ningún concepto podía permitir que Santiago Abascal fuera más duro que él. Esa era su prioridad. Fuentes del PP dijeron a los periodistas en los pasillos que preferían contar con la abstención socialista en el debate de investidura de Extremadura antes que verse obligados a formar Gobierno con Vox. En plena confusión, tuvieron que matizar la declaración no mucho tiempo después, es decir, rectificarla, para afirmar que en todo caso aspiran a llegar a un acuerdo con el partido de Santiago Abascal. María Guardiola se apresuró a decir que no negocia “con este PSOE ni con el sanchismo”. Ya tiene difícil pactar con Vox por el elevado precio que exige su probable socio como para que su partido se lo ponga más complicado desde Madrid. En lo que no hay ninguna duda es en que Feijóo no va a cambiar de estilo por las dudas que pueda haber en su partido. El catastrofismo que todo el mundo asocia a Vox es también su estilo. “España está en un fallo multiorgánico”, dijo. Eso suele ocasionar la muerte inmediata a un paciente. Se pagan impuestos al nivel de los países nórdicos, dijo, lo que es falso, mientras los españoles reciben “unos servicios al nivel de un país tercermundista” (se nota que Feijóo ha viajado poco al Tercer Mundo). Por todo ello y por la responsabilidad del Gobierno en el accidente de Adamuz, Feijóo dio por hecho que Sánchez, Óscar Puente y algunos más tendrán que dar cuenta de su actuación en los tribunales, y no como testigos precisamente. “Su Gobierno se sentará en el banquillo también por eso”, dijo en su primera intervención. No era suficiente, así que insistió después: “Esto también formará parte del sumario”. Sólo le faltó ponerse la toga y autoproclamarse juez instructor, aunque es costumbre en el PP esperar a que Manos Limpias y HazteOír den el primer paso. Sánchez negó que el sistema ferroviario español sea “decadente e inseguro”. Al poco, dijo que es “uno de los mejores del mundo”. No es muy inteligente decir eso después de un accidente con 47 muertos en el que la principal hipótesis de la catástrofe se encuentra en el estado de la vía. Algunas cifras que dio podían confirmarlo, otras no. Los 15.700 kilómetros de red con la quinta más extensa del continente (España está entre los mayores países de Europa). El quinto país más puntual de la UE en 2025. El trayecto Madrid-Barcelona cuesta la mitad de precio y la mitad de tiempo que el que va de Londres a Edimburgo. La inversión ferroviaria ha pasado de 1.700 millones con el Gobierno de Rajoy a 5.000 millones, siguió diciendo. Las inversiones en trenes y equipos se han multiplicado por diez. El mantenimiento por kilómetro de vía ha ido de 46.000 euros a 71.000. No son cifras propias de un país tercermundista. Sánchez debería haber dedicado más tiempo a un comentario que ya hizo el ministro Puente antes, porque está en la raíz del accidente. Primero, lo explicó de forma muy genérica y luego precisó algo más. “La vía cumplía todos los requisitos de los protocolos de la red ferroviaria”, comentó. Más tarde, vino la explicación preocupante: “Si finalmente se confirma que la causa fue una rotura de una vía, debemos asumir una realidad compleja. Es posible que un fallo se haya producido cumpliéndose los protocolos vigentes. Si esto es así, el Gobierno no va a mirar para otro lado. Vamos a revisar todos los estándares”. Los protocolos existen precisamente para impedir que haya accidentes graves. A diferencia del accidente de Rodalies causado por el derribo de un muro por las lluvias al paso de un tren, el de Adamuz tuvo que ver directamente con el estado de la infraestructura ferroviaria, según la primera hipótesis manejada por la comisión de investigación. Ahí es donde está la responsabilidad de Adif, cuyo presidente es elegido por el Gobierno. Costó 780 millones de euros la renovación de toda la línea Madrid-Sevilla. Esa obra no se hizo para que se produjera un accidente de estas dimensiones. Feijóo reiteró algunas informaciones falsas o manipuladas aparecidas en algunos medios. Afirmó que el Gobierno puso de director de Seguridad de Adif a “un periodista sin formación técnica”. Sánchez le respondió que eso era un bulo aparecido en The Objective, porque el actual director de Seguridad fue nombrado por el Gobierno de Rajoy. “No voy a dar su nombre. Es un ingeniero industrial con veinte años de experiencia que no ha cambiado desde mayo de 2017”. “Operan con el mismo registro que Iker Jiménez”, remachó Sánchez. Feijóo se llevó las manos a la cara, se supone que en un gesto de incredulidad. Donde Sánchez manipuló los hechos fue al mencionar un estudio de la fundación Hay Derecho que había elogiado la profesionalidad de los nombramientos hechos en la cúpula de Adif, según dijo. La fundación lo negó más tarde. Se refería a los dos nombramientos hechos entre 2021 y 2024 y antes del actual presidente. En cuanto a este, afirman que es un paso atrás al ser “un perfil muy politizado”. Sobre el accidente de Angrois en 2013, citado varias veces por Sánchez, Feijóo soltó una frase que nunca se había escuchado: “¿Quién diseñó la curva de Angrois? El partido socialista”. Se supone que el trazado concreto de una vía es elegido por un comité técnico, no que se elabora en Ferraz o Génova. Puente le respondió horas más tarde que todo ese trazado fue aprobado en los años del Gobierno de Aznar: “El estudio informativo definitivo —que aprobaba el trazado seleccionado, incluyendo el acceso por Angrois— se aprobó el 25 de abril de 2003”. Todos se golpearon con saña y Sánchez no se quedó corto. A Abascal le preguntó por el sueldo millonario que recibe su principal asesor en Vox y dirigente en la sombra del partido, Kiko Méndez Monasterio. “26.000 euros al mes no es la España que madruga, señor Abascal”. Y después de golpear con el martillo lo envolvió en un paño de seda para recordar el concierto de Bad Bunny en la Superbowl y el mensaje que encabezó el espectáculo: “Lo único más poderoso que el odio es el amor”. El consejo de Sánchez al líder de Vox: “¿Vio usted la Superbowl? ¿Vio el espectáculo de Bad Bunny? Pues eso, menos odio y más amor”. Quitas el odio de la política parlamentaria española y te quedas en los huesos.

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La buena noticia es que técnicamente se puede articular una candidatura unitaria. La mala noticia es que nadie sabe cómo hacerlo, y las condiciones que lo hicieron posible en el pasado —liderazgos muy fuertes y altamente legitimados— ya no existen Más difícil que unir a la izquierda La izquierda alternativa está reinventándose por enésima vez. Hay señales de que ese espacio político sigue teniendo pulso, incluso por encima del 10%, pero la fragmentación electoral podría llevar a los partidos de izquierdas a nivel nacional a una situación crítica, cercana a la desaparición. Además, en esas condiciones las derechas obtendrían una mayoría absoluta con gran comodidad. Así, el escenario de italialización no está tan lejos y, como bien saben nuestros vecinos, no es fácil salir de ese pozo. Es mucho más aconsejable hacer todo lo posible para no deslizarse hacia esas profundidades; pero ¿cómo se hace eso? De dónde venimos La izquierda alternativa también estuvo a punto de desaparecer en 2008, en vísperas de la crisis financiera y con un PSOE muy fortalecido bajo el liderazgo de Rodríguez Zapatero. Al calor de la burbuja inmobiliaria, los españoles concedieron a la izquierda un 3,77%, lo que se tradujo en dos escaños: uno para IU por Madrid y otro para ICV por Barcelona; ni siquiera la Chunta Aragonesista o lo que años después sería Compromís (BLOC-IdPV-EV-EE) lograron representación. Dos escaños que Gaspar Llamazares y Joan Herrera defendieron con gran brillantez en una legislatura que atestiguó el abrazo del PSOE a las políticas de austeridad. Luego llegó la crisis financiera y las movilizaciones del 15-M en 2011. En las municipales de ese año ya quedó claro que la derecha iba a arrasar, así que la izquierda intentó una candidatura de unidad para las generales. Se llamó “La izquierda plural” e integraba básicamente a IU, ICV y a la CHA. Bajo el liderazgo de Cayo Lara, fue el grupo parlamentario que destacó por su oposición a la mayoría absoluta de Mariano Rajoy. La tasa de desempleo se disparó en 2013 hasta el 26%, y el apoyo electoral a la izquierda alternativa seguía creciendo: en aquel verano las encuestas coincidían en que podía alcanzar con facilidad el 15% de los votos. La crisis hacía estragos en la sociedad y la desafección crecía en los márgenes del sistema tradicional. Se abría una ventana de oportunidad para nuevos partidos, aunque algunos habían fracasado en el intento —como el experimento del banquero Mario Conde—. Sí triunfó Podemos, que emergió a finales de 2013 como una fuerza antisistema con un discurso populista y con un elenco de dirigentes educados en la izquierda tradicional —fundamentalmente IU y PCE—. Podemos logró dinamitar el sistema de partidos tradicional y generar una ola de entusiasmo entre sectores muy diversos, desde la izquierda tradicional hasta desafectos del sistema. En aquel clima de efervescencia proliferaron también candidaturas municipales que se movían en la órbita de la nueva fuerza política morada. Muchas encabezadas por dirigentes con trayectoria activista —caso destacado de Ada Colau— y completadas con cuadros políticos de la izquierda tradicional. La tracción de una fuerza tan poderosa como Podemos facilitó también la alianza con fuerzas de izquierdas regionalistas o nacionalistas, como Compromís o Anova -escisión del BNG en Galicia—. Podemos llegó al 20,66% y obtuvo 69 diputados. Fuera de esa alianza quedaron IU y CHA, que alcanzaron el 3,68% pero únicamente dos escaños por Madrid. La unidad que se construyó de cara a las elecciones de 2016 fue la más extensa que se había logrado hasta entonces, con todas las fuerzas de izquierdas incluidas. “Unidos Podemos” consiguió superar el 21% de los votos y obtener 71 diputados, pero no logró ni superar al PSOE ni evitar que se perdieran casi un millón de votos por el camino. Aquello fue una dulce derrota: el mejor resultado de la historia de la izquierda alternativa, pero también un fracaso de expectativas y el origen de las divisiones posteriores. En los años sucesivos el espacio fue fragmentándose al tiempo que sufría una lenta pero incuestionable reducción en el apoyo electoral. Surgieron nuevos partidos como Más Madrid o el actual Adelante Andalucía, que eran de facto escisiones de Podemos, pero también se despegaban del todo otras fuerzas aliadas como Compromís o Anova. Unidas Podemos era cada vez más únicamente la suma de Podemos, IU y Comunes, y además en pleno repliegue de la izquierda electoral. Con todo, en las segundas elecciones de 2019 se logró resistir con un 12,86% y fue suficiente para formar el primer gobierno de coalición de la historia reciente de España. No obstante, ese hito no frenó el declive electoral de la izquierda alternativa. Unidas Podemos no sólo no lograba ya ser la “casa de todos”, sino que era ampliamente superado en algunas elecciones autonómicas por otras fuerzas de izquierdas, destacadamente en el caso de Madrid y Valencia. Para el año 2021, las encuestas situaban a Unidas Podemos en el entorno del 10%, su momento más bajo. Pablo Iglesias cedió el liderazgo a Yolanda Díaz en ese contexto. Podemos esperaba que el carismático liderazgo de la ministra de Trabajo permitiese a Unidas Podemos remontar el terreno perdido en los últimos años. Además, al mismo tiempo se pretendía taponar el crecimiento de los nuevos partidos —recordemos, escisiones de Podemos—. Pero Yolanda Díaz optó por un camino distinto: aceptó el liderazgo y lo redirigió a intentar recomponer las múltiples piezas de la izquierda alternativa. Al principio no tenía nombre, sino solo una misión: crear un lugar común de reencuentro. Podemos lo consideró una traición, pero Comunes e IU estuvieron de acuerdo. Al tiempo se sumaron también el resto de los partidos, destacadamente CHA, Compromís y Más Madrid, y el nuevo artefacto, que era solo una coalición electoral, se llamó Sumar. A pesar de su contundente oposición al proyecto, Podemos aceptó ser parte de Sumar de cara a las elecciones de 2023. El liderazgo de Yolanda Díaz era tan indiscutible que logró agrupar a todas las fuerzas de izquierdas y recomponer una candidatura de unidad, que obtuvo el 12,33% y permitió revalidar el gobierno de coalición. No obstante, el experimento no duró mucho y las tensiones acumuladas hicieron saltar todo por los aires a las pocas semanas, destacadamente con Podemos saliéndose del espacio Sumar. Mientras tanto, para mayor confusión, Sumar se constituyó como partido propio; uno más que sumar al ya denso ecosistema. En los últimos años, el espacio electoral se ha achicado y fragmentado aún más. Las encuestas más recientes para las próximas elecciones generales sitúan en promedio a Sumar en el 6% y a Podemos en el 4%, cifras que de confirmarse significarían la casi desaparición de ambas fuerzas debido al efecto de la ley electoral. Pero todavía podría ser peor, porque las elecciones autonómicas que salpican el camino hacia las generales no están pintando escenarios halagüeños. En Extremadura se presentó una candidatura de unidad entre Podemos e Izquierda Unida que consiguió resistir con un 10,27%, aunque las derechas sumaron mayoría absoluta. Se trataba, sin embargo, de un caso excepcional de unidad construido por organizaciones que llevan años trabajando juntas sin demasiado conflicto. Era obvio que no se repetiría en otros contextos. El último ejemplo, el de Aragón, ha llevado a la desaparición a Podemos —menos del 1% del voto—, a IU a sus niveles tradicionales en la región —un 3%— y a CHA a aumentar hasta el 9,7%. ¿Qué pasará en Castilla y León y en Andalucía, que son las siguientes citas electorales? Probablemente, nada bueno para la izquierda. A dónde vamos Los acontecimientos descritos hasta aquí —la historia política reciente de nuestro país, en definitiva— han conducido a un ecosistema mucho más rico y complejo de la izquierda alternativa: allí conviven actores con identidades nacionales diversas, líderes carismáticos y militancias anónimas, partidos con estructura y partidos sin ella, inercias partidistas e institucionales, un sinfín de agravios cruzados acumulados, rendimientos electorales muy variados, tradiciones políticas distintas… Alinear los intereses de todos esos actores y que, además, coincidan con lo que dicta el sentido común —una candidatura de unidad que simplifique la decisión del votante y esquive los obstáculos de la ley electoral, y con un programa y líderes atractivos— es sumamente complicado. Pero tiene mucha razón Gabriel Rufián cuando dice que algo hay que hacer. Él tiene muy buen olfato político, lo que explica por qué su figura ha cobrado impulso también fuera de Cataluña —nada fácil para un dirigente de una formación independentista—. Su forma de comunicar ha conectado con una demanda creciente entre el electorado de izquierdas, hastiado de las divisiones cainitas y necesitado de un discurso político firme, combativo y crítico pero también flexible y leal con el gobierno de coalición. Su propuesta de futuro comienza por el diálogo honesto, y me parece todo un acierto. Por otro lado, los partidos que ahora conforman el espacio de Sumar —el propio Movimiento Sumar, IU, Comunes y Más Madrid— también han convocado a una reconstrucción de la alianza. Es otra buena señal, porque significa que se comparte el diagnóstico de que no es viable seguir como estamos. Finalmente, sólo el partido Podemos parece insistir en no cambiar el rumbo y, como Ulises, siguen atados al mástil a fin de no escuchar las sirenas (de alarma). En Andalucía sus diputados —por cierto, magníficos— están solicitando un cambio de estrategia que les permita no tener que competir con IU-Sumar, pero la dirección marcada desde Madrid no se altera de momento. Quizás estén esperando a los últimos 100 metros, pero en ese agónico “mientras tanto” están perdiendo mucho músculo —como ha puesto de relieve Aragón—. La buena noticia es que técnicamente se puede articular una candidatura unitaria. La mala noticia es que nadie sabe cómo hacerlo, y las condiciones que lo hicieron posible en el pasado —liderazgos muy fuertes y altamente legitimados— ya no existen. Así que mentirá quien diga que tiene la fórmula magistral que lo resuelva de manera sencilla: quienes se sienten en las mesas a debatir tendrán que darle una y mil vueltas a todas las opciones disponibles. A esta dificultad organizativa se le superpone, además, un problema mucho más profundo y estructural: la recomposición de la izquierda no puede basarse únicamente en una mejor ingeniería interna si no es capaz de articular una respuesta material nítida a los dos grandes vectores de malestar social hoy en España. El primero es la crisis de la vivienda, que ya no es un problema sectorial ni coyuntural, sino un auténtico dispositivo de extracción de rentas que atraviesa a varias generaciones, bloquea los proyectos vitales de amplias capas sociales y se ha convertido en uno de los principales mecanismos de reproducción de la desigualdad. La izquierda alternativa no puede limitarse a gestionar mejor este conflicto que el PSOE: necesita ofrecer una narrativa clara de confrontación con el poder rentista —fondos, grandes propietarios y entramados financieros e inmobiliarios— y, sobre todo, una agenda reconocible de desmercantilización de la vivienda. Sin ese anclaje material, es muy difícil que una eventual recomposición organizativa sea percibida por la ciudadanía como algo distinto a una reordenación de siglas. El segundo vector, aun más determinante en el medio plazo, es la crisis ecosocial. La izquierda alternativa nació políticamente al calor de una crisis financiera y de un ciclo de austeridad, pero el próximo ciclo político estará marcado por límites materiales mucho más duros: energía, agua, clima, territorio, dependencia exterior y encarecimiento estructural de insumos básicos. Esto tiene consecuencias directas sobre empleo, precios, vivienda, movilidad y servicios públicos. Sin una propuesta creíble de transición ecosocial que asuma explícitamente los conflictos distributivos que esa transición implica —quién paga, quién pierde rentas, quién gana seguridad material—, el espacio de la izquierda corre el riesgo de quedar atrapado entre un progresismo gestor de la escasez y una extrema derecha que capitaliza el malestar social mediante respuestas autoritarias. La recomposición del espacio no es, por tanto, sólo una cuestión de reglas internas o de liderazgos más o menos carismáticos, sino de capacidad para construir un proyecto político que afronte de forma explícita el choque entre rentismo, crisis ecológica y deterioro de las condiciones materiales de vida de la mayoría social. Sin ese horizonte material, la unidad será frágil; con él, la arquitectura organizativa adquiere sentido estratégico. No más borrones y cuentas nuevas Un lastre que aparece a menudo en la izquierda —sobre todo en momentos críticos— es la pulsión por querer comenzar de cero. Muy vinculada con el adanismo, esta pulsión conduce a despreciar todo lo sucedido antes y a idealizar lo que está por venir. Está actitud acaba no sólo desaprovechando un capital político acumulado enorme sino que, necesariamente, lleva a repetir errores pasados. Está tentación debería evitarse esta vez. En su lugar, podríamos aceptar que, en tanto seres humanos, nuestros actos siempre tienen impurezas, que cometemos errores y que no siempre acertamos; y que la clave no es el reinicio permanente, sino aprender de los fallos y perfeccionar y adaptar nuestros instrumentos a los distintos contextos. Por ejemplo, para la época que viene no es buena idea empezar apuntando a quién no debe estar; sería más fructífero cambiar el foco hacia qué se quiere conseguir. Como hemos vivido una época de liderazgos fuertes, existe también la tentación de que ahora se quiera prescindir de ellos. En realidad, sería un esfuerzo inútil: los liderazgos carismáticos siempre han sido fundamentales, pero más aun en esta sociedad contemporánea tan altamente mediatizada. Una organización clásica con un liderazgo gris al frente podrá defender un “suelo electoral”, pero difícilmente resultará suficientemente atractiva para aspirar a mucho más. Por el contrario, los liderazgos carismáticos permiten ampliar el alcance y conseguir la identificación emocional de la gente —que es la clave de la política actual—, pero son altamente vulnerables si carecen de una organización sólida que les respalde. Lo lógico sería conjugar una estructura orgánica lo más sólida posible con una selección inteligente de candidatos —una selección pensada para la identificación emocional con la gente, no según currículums o credenciales tecnocráticas—. Insisto: no hay que comenzar desde cero siempre. Obsérvese por ejemplo que algunas de las referencias más relevantes de la izquierda occidental de la última década—Jeremy Corbyn, Bernie Sanders o Jean Luc Melenchon— han sido y son “políticos profesionales”, es decir, gente que lleva toda la vida en política. Por otro lado, articular y organizar el ecosistema de izquierdas en un país plurinacional como España es un reto hercúleo. Y especialmente difícil es hacerlo en condiciones de declive electoral, cuando todos los partidos quieren jugar como defensas y no como delanteros. Las experiencias de Unidas Podemos y de Sumar son buenos contraejemplos, ya que ninguna de ellas se dotó de estructuras de gobernanza, es decir, de un mínimo conjunto de reglas compartidas de funcionamiento que sirvieran para que todos estuvieran cómodos. Al contrario, ambas experiencias hicieron recaer la cohesión interna del espacio en la fuerza de sus liderazgos principales. Pero al desgastarse esos liderazgos —y eso acaba pasando siempre—, toda la cohesión se tambaleaba. Es mucho más razonable construir unas instituciones republicanas que permitan que cada fuerza aporte su parte, sin sentirse agraviadas injustamente por el resto y, sobre todo, permitiendo que cualquier asunto pueda ser discutido democráticamente. Al fin y al cabo, los líderes, por muy carismáticos que sean, deben tener un “demos” al que rendir cuentas. Quizás se consiga. Yo soy optimista, aunque solo sea porque creo que todos conocen que la alternativa es un gobierno reaccionario que hará de nuestro país un sitio mucho peor. En un contexto de crisis ecosocial y con Estados Unidos mutando de régimen hacia uno profundamente autoritario en el interior y descarnadamente imperialista en el exterior, ese cambio de gobierno en España no es un asunto menor. Y creo firmemente en que no todo está perdido: hay indicadores de sobra que señalan que hay hueco suficiente para recomponer y ganar. Por eso necesitamos que estas conversaciones de la izquierda, todas las que hagan falta, salgan bien. De nuevo: no sobra nadie. El futuro de nuestras hijas depende en gran medida de estas conversaciones y de las decisiones que se tomen de ahora en adelante. Buen trabajo y buena suerte.

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Cada vez es más frecuente que las comunidades suspendan clases por temporales, pero pese a la experiencia de la pandemia el cierre no se suele complementar con docencia online; padres y madres tienen dificultades para faltar también al trabajo aunque el Estatuto del trabajador contempla el supuesto ¿Deben los colegios ser responsables de la conciliación familiar? “No somos guarderías, nuestro trabajo no es cuidar” Pedro Navareño no recuerda que en los 20 años que lleva ejerciendo la docencia en Extremadura se hayan suspendido nunca antes las clases por alertas meteorológicas, más allá del calor en verano. Hasta que el pasado 27 de enero recibió un aviso por el que la Junta le notificaba que al día siguiente el colegio que dirige, el Centro Rural Agrupado El Manantial, cerraría forzosamente sus puertas por la lluvia intensa, nieve y fuertes rachas de viento. Como todos los de la región. “ Se suspenden las clases debido a las condiciones meteorológicas ”, decía la Junta en su aviso. Los episodios graves o extremos se suceden cada vez más a menudo , también en territorios que los habían esquivado hasta ahora, y con ellos se paraliza la actividad docente en los colegios, con la consiguiente pérdida de aprendizaje. Se está viviendo estos días, tren de borrascas mediante, en varias comunidades autónomas, que han cerrado sus centros educativos por precaución ante las copiosas lluvias y el fuerte viento. Catalunya ha decretado que este jueves no hay clases por el fuerte viento. Nadie quiere pillarse los dedos con un posible accidente, especialmente tras la dana de 2024. Mejor cerrar sin necesidad, piensan las administraciones, que abrir cuando no se debe. Así, Andalucía, Extremadura, Catalunya y Galicia han cerrado clases en diversos puntos de sus territorios esta semana o la pasada por los temporales. La Comunitat Valenciana mandó a sus escolares a casa en otoño por lluvias, como algunas provincias catalanas. En algunas comunidades es habitual en los últimos cursos que, en los meses de verano, cuando aprieta la canícula, los niños puedan irse a casa a mediodía. Pero el plan se acaba ahí, en cortar las clases. Pese a que la pandemia demostró que era posible la enseñanza remota (mejor o peor, pero algo), ninguna administración tiene un protocolo operativo para que la pérdida de clases no se transforme automáticamente en pérdida académica, confirman varios directores. En la notificación de Extremadura, sin ir más lejos, ni se aludía a lo académico. El Ministerio de Educación asegura que esto es competencia de las comunidades autónomas. Tampoco se ofrece una solución a las familias, que ven cómo los niños no pueden acudir al colegio, pero, aunque sí está contemplado sobre el papel en el Estatuto del trabajador, en términos reales padres y madres no tienen la misma dispensa, lamentan profesionales y la principal federación de AMPAs del país. Sin planes docentes “En Andalucía, cuando decidieron suspender la presencialidad la semana pasada, la Junta envió un primer mensaje en el que la Consejería hablaba de trabajar con teledocencia en función de cada proyecto educativo”, cuenta Jorge Delgado, responsable de la Asociación Andaluza de Director@s de Infantil, Primaria y Residencias Escolares (Asadipre), “pero cinco minutos después enviaron el mismo mensaje quitando la parte de la teledocencia”. Delgado, director del CEIP Blas Infante, de Écija, explica que los centros tienen (o deberían tener) un plan alternativo a las clases presenciales directas a través de plataformas, pero la realidad es que con carácter general, más allá de alguna iniciativa particular, no se está aplicando. En Andalucía, la Junta, al tercer día de suspensión, acabó instando a los centros a realizar docencia telemática. “Habría que intentar establecer algún tipo de protocolo”, concede el también presidente de la federación estatal de directivos y directivas de centros públicos de educación infantil y primaria (Fedeip), “porque este año han sido tres días, pero estos fenómenos cada vez se están convirtiendo en más habituales”. También reconoce Delgado la dificultad de la tarea. “No sabes en qué condiciones están los niños y niñas en sus casas”, cuenta, aunque la mayoría de las comunidades hicieron mucha publicidad de que habían provisto de equipos a quienes no los tenían durante la pandemia. Las familias también creen que es necesario un plan. “Con la covid la enseñanza online dejó que desear, y hay estudios que dicen que el alumnado perdió alrededor de medio curso (depende de la etapa). Pero ninguna autonomía se planteó compensar este desfase, por ejemplo con algunos días extras cada curso”, sostiene María Sánchez Marín, presidenta de Ceapa. Porque, además, los calendarios escolares (que establecen las comunidades autónomas dentro de un marco general) suelen ir al mínimo legal, 175 días, o muy cerca, lo cual deja sin margen de reacción a los centros cuando se pierden clases. Es más, cuenta Sánchez Marín, tras el temporal Filomena, que costó tres días de clase en Castilla La Mancha, el Gobierno regional recuperó dos de ellos al final del curso “para llegar al mínimo”. Los sindicatos lo tienen recurrido. “Es que no solo no se recupera esa posible pérdida [de la pandemia], sino que se suma sobre ella. La suspensión de clases sin alternativa es añadir más desfase a este desfase”, lamenta. La teoría dice que los colegios e institutos deberían tener esos planes alternativos. Se exigen sobre el papel en las órdenes de principio de curso, y hay centros que los tienen elaborados, pero luego lo normal es que no se apliquen o que se haga de manera voluntaria o a medias, como puede ser enviar una serie de ejercicios a través de una plataforma sin mayor seguimiento, según confirman varios directores. “En el 20 se demostró que se puede hacer. Hay conectividad, todas o casi todas las autonomías han implementado la digitalización docente (el profesorado debe acreditar un nivel de competencia mínimo), está la compra de dispositivos para que todo el mundo que no tuviera pudiera conectarse, algo que pasó entonces”, enumera Sánchez Marín. “Pero todo este trabajo de formación y compra de tecnología se pierde. Se suspenden las clases y nadie dice nada”, cierra. Hay iniciativas, aunque sin mucho recorrido. La Generalitat valenciana anunció el pasado octubre que negociaba con las asociaciones de familias un protocolo que incluyera la atención educativa en el caso de cierre de escuelas, pero el proyecto acabó cayendo en saco roto. Según la Confederación de AMPAs Gonzalo Anaya, no fue por temas académicos: la Generalitat quería poner en manos de los equipos directivos la decisión sobre cuándo cerrar los centros, algo a lo que se negaron. La Conselleria de Educación no ha contestado a las preguntas de este periódico al respecto. ¿Quién cuida a los niños? El problema del cierre escolar no se limita a la pérdida académica. En Catalunya van a vivir este jueves el último episodio de cierre de escuelas por temporales meteorológicos, informa Pau Rodríguez, una decisión que arrastra en la comunidad autónoma una larga disputa laboral, puesto que muchas familias se ven obligadas a quedarse en casa con sus hijos, y al mismo tiempo no tienen claro si pueden ausentarse del trabajo. En este sentido, la Generalitat asegura que ante avisos de este tipo los trabajadores deben teletrabajar y, si no es posible, tienen derecho al permiso retribuido por “imposibilidad” de acceder a su puesto de trabajo como consecuencia de las recomendaciones, limitaciones o prohibiciones al desplazamiento por fenómenos meteorológicos adversos, tal como se incluyó en el Estatuto de los Trabajadores, aunque ese artículo 37.3.g genera muchas dudas. Sí, tercia María Sánchez Marín, presidenta de Ceapa, la principal federación de asociaciones de padres y madres del país, el Estatuto del Trabajador contempla desde la pandemia, “previo aviso y justificación”, un permiso retribuido de cuatro días por “imposibilidad de acceder al centro de trabajo o transitar por las vías de circulación necesarias para acudir al mismo, como consecuencia de las recomendaciones, limitaciones o prohibiciones al desplazamiento establecidas por las autoridades competentes”, pero “es insuficiente en algunas regiones, que exceden esos cuatro días porque cada vez es más habitual suspender”, y además el redactado es ambiguo. “En Andalucía, la semana pasada, la comunicación se hizo muy tarde y muchos profesionales no podían asumirlo ya”, cuenta. El problema es transversal. “En Extremadura ha habido un gran malestar, porque está bien que cierren escuelas, pero miles de trabajadores no han cesado la actividad”, cuenta el director Navareño. Desde Ceapa entienden que no es función de la escuela ejercer de guardería , pero a la vez sostienen que “el sistema productivo está montando así”, cierra su presidenta.

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Yolanda Díaz anima a la participación en el acto del portavoz de Esquerra Republicana: "Todo lo que sirva para ensanchar la esperanza, bienvenido sea"; el portavoz republicano defiende una lista única de las izquierdas catalanas para las próximas elecciones generales Rufián, sobre su plan para la izquierda: “Quizá tengo un 0% de apoyo político, pero creo que tengo apoyo popular” Gabriel Rufián no aspira a convertirse en el líder de los partidos de la izquierda estatal al estilo del papel ejercido en la actualidad por Yolanda Díaz o anteriormente por Pablo Iglesias. El portavoz de ERC, que ha despertado grandes expectativas entre buena parte del electorado progresista tras su anuncio de una ronda de encuentros con representantes de otros proyectos políticos como Más Madrid o EH Bildu, descarta, de hecho, la ruptura y salida de su partido. Y solo se plantea tejer alianzas con otras formaciones “desde el territorio”. Es decir, desde su posición de candidato a las generales en las listas de los republicanos. El movimiento de Rufián, que también ha generado zozobra entre los distintos aparatos de los partidos de izquierdas (incluido el suyo), aspira a apelar al conjunto de formaciones progresistas a organizarse “de manera diferente” de cara al próximo ciclo electoral y con vistas a frenar el auge de la extrema derecha. “O hablamos entre nosotras y nosotros o nos vamos al carajo. La única buena noticia es que, por unos días, hablamos de lo que vamos a hacer nosotros, y no de Trump o Ayuso”, dijo este miércoles desde la tribuna del Congreso. Con ese objetivo, y según ha podido confirmar elDiario.es de fuentes directas del equipo del portavoz de Esquerra, el primer reto pasaría por conseguir aunar a todas las fuerzas progresistas y soberanistas o independentistas catalanas a la izquierda del PSC en un “frente común democrático”. Es decir, una lista única de las izquierdas catalanas para las próximas elecciones generales con Rufián al frente. El plan, que de momento no ha encontrado respaldo ni en los Comuns ni en la propia dirección de Esquerra, pasaría porque ese ejemplo de unidad cundiera luego en otros territorios del estado para poder tejer alianzas amplias. “Yo quiero seguir representando a ERC, y no es una frase hecha. Yo estoy aquí por ERC, por gente que me puso cuando no me conocía nadie. No me estoy vendiendo, no estoy diciendo que quiera liderar nada. Estoy diciendo que no nos pongamos a hacer lo de siempre, que intentemos hacer alguna otra cosa para ilusionar”, dijo este miércoles durante una entrevista en TVE. En esa misma entrevista, Rufián subrayó que su movimiento no forma parte de ningún paso dirigido a ocupar el liderazgo de espacios estatales, como Izquierda Unida, Sumar o Más Madrid, sino que su foco está en los territorios. “Debe ser un espacio liderado por primera vez por formaciones soberanistas, independentistas, nacionalistas, no desde un despacho de una universidad de Madrid o desde un plató de Madrid. Gente que, humildemente, estos seis años hemos demostrado muchas cosas. ¿Quién ha sido más patriota estos seis años, Aizpurua o Ayuso? La patria es la gente, el otro. A eso es a lo que voy”. Yolanda Díaz anima a acudir a los dos actos de la izquierda Pese a todo, las intenciones de Rufián han provocado suspicacias en algunos de los partidos de lo que todavía sigue siendo Sumar en el Gobierno. Tampoco ha ayudado que su tándem para este primer acto sea Emilio Delgado, enfrentado a la dirección de Más Madrid, que amaga con disputar una posible candidatura de primarias para la Comunidad de Madrid. A pesar de esas reticencias mostradas por la mayoría de las direcciones de los partidos de la izquierda a lo expresado por Rufián, la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, se desmarcó este miércoles del discurso general y celebró los movimientos de estos últimos días. “Como siempre he dicho desde hace muchísimos años, todo lo que sirva para ensanchar la esperanza, bienvenido sea. Va de movilizar a la gente, no va de otra cosa, no va de hablar de nosotros mismos. Va de la gente. Y todo lo que sume, el acto del 18, el acto del 21, todo lo que ayude, bienvenido sea”, dijo en unas declaraciones a la prensa en los pasillos del Congreso. Yolanda Díaz, según recuerdan estos días en su entorno, nunca ha sido en su trayectoria política celosa de las siglas y de las estructuras cerradas de los partidos. Esa mentalidad la llevó a impulsar Alternativa Galega de Esquerda cuando era dirigente de Izquierda Unida. Y por eso tampoco cree que en un momento como el actual haya que hablar de “marcas”, como dijo también en sus declaraciones a la prensa. “Se gana un país no desde una esquina, sino desde una propuesta de mayorías. No me gustan las esquinas, lo digo como aviso a navegantes de discusiones muy intensas que hay en la gente progresista. Los proyectos que generan esperanza son los que van dirigidos a mayorías sociales. No ganamos juntando cosas, ganamos emocionando a la gente, construyendo proyectos creíbles, desde la diversidad pero siendo conscientes de que tenemos intereses comunes”, dijo la vicepresidenta este miércoles por la tarde en unas jornadas sobre democracia. Las palabras de Díaz son en realidad una suerte de ánimo a todos los que componen el espacio político de la izquierda a acudir también a un acto como el que celebrarán Rufián y Delgado en la sala Galileo. Por eso sus declaraciones no sentaron demasiado bien en el seno de algunos de los partidos que componen la alianza en ciernes que están construyendo las formaciones que ahora forman parte de Sumar en el Gobierno. “Hay que tener claro lo que está pasando en el país, y hablar de personas, de marcas, de elementos que están fuera de la sociedad española, creo que es un enorme error. No va de eso, va de ganar el país, de entender que la gente necesita esperanza y que les demos fuerzas, razones y poder ayudar a cambiar sus días”, añadió la vicepresidenta. La referencia a las “personas” fue una forma de cambiar el eje de la discusión que se ha instalado en el espacio desde que el martes se anunciara el acto del 21 de febrero, que servirá como disparador para la nueva coalición de cara a las generales. Tras las palabras del líder de Izquierda Unida, Antonio Maíllo, hablando sobre “actualizar” los liderazgos, la conversación pasó a estar centrada en si la vicepresidenta segunda repetirá como candidata en esta futura alianza. Hay quien cree en el espacio de Sumar que la conversación abierta por Rufián no se debe leer en una clave de enfrentamiento o de “telenovela de izquierda” como planteó Maíllo el pasado martes, sino como una ventana de oportunidad para reactivar de diferentes formas al electorado progresista aletargado.

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La buena noticia es que técnicamente se puede articular una candidatura unitaria. La mala noticia es que nadie sabe cómo hacerlo, y las condiciones que lo hicieron posible en el pasado —liderazgos muy fuertes y altamente legitimados— ya no existen Más difícil que unir a la izquierda La izquierda alternativa está reinventándose por enésima vez. Hay señales de que ese espacio político sigue teniendo pulso, incluso por encima del 10%, pero la fragmentación electoral podría llevar a los partidos de izquierdas a nivel nacional a una situación crítica, cercana a la desaparición. Además, en esas condiciones las derechas obtendrían una mayoría absoluta con gran comodidad. Así, el escenario de italialización no está tan lejos y, como bien saben nuestros vecinos, no es fácil salir de ese pozo. Es mucho más aconsejable hacer todo lo posible para no deslizarse hacia esas profundidades; pero ¿cómo se hace eso? De dónde venimos La izquierda alternativa también estuvo a punto de desaparecer en 2008, en vísperas de la crisis financiera y con un PSOE muy fortalecido bajo el liderazgo de Rodríguez Zapatero. Al calor de la burbuja inmobiliaria, los españoles concedieron a la izquierda un 3,77%, lo que se tradujo en dos escaños: uno para IU por Madrid y otro para ICV por Barcelona; ni siquiera la Chunta Aragonesista o lo que años después sería Compromís (BLOC-IdPV-EV-EE) lograron representación. Dos escaños que Gaspar Llamazares y Joan Herrera defendieron con gran brillantez en una legislatura que atestiguó el abrazo del PSOE a las políticas de austeridad. Luego llegó la crisis financiera y las movilizaciones del 15-M en 2011. En las municipales de ese año ya quedó claro que la derecha iba a arrasar, así que la izquierda intentó una candidatura de unidad para las generales. Se llamó “La izquierda plural” e integraba básicamente a IU, ICV y a la CHA. Bajo el liderazgo de Cayo Lara, fue el grupo parlamentario que destacó por su oposición a la mayoría absoluta de Mariano Rajoy. La tasa de desempleo se disparó en 2013 hasta el 26%, y el apoyo electoral a la izquierda alternativa seguía creciendo: en aquel verano las encuestas coincidían en que podía alcanzar con facilidad el 15% de los votos. La crisis hacía estragos en la sociedad y la desafección crecía en los márgenes del sistema tradicional. Se abría una ventana de oportunidad para nuevos partidos, aunque algunos habían fracasado en el intento —como el experimento del banquero Mario Conde—. Sí triunfó Podemos, que emergió a finales de 2013 como una fuerza antisistema con un discurso populista y con un elenco de dirigentes educados en la izquierda tradicional —fundamentalmente IU y PCE—. Podemos logró dinamitar el sistema de partidos tradicional y generar una ola de entusiasmo entre sectores muy diversos, desde la izquierda tradicional hasta desafectos del sistema. En aquel clima de efervescencia proliferaron también candidaturas municipales que se movían en la órbita de la nueva fuerza política morada. Muchas encabezadas por dirigentes con trayectoria activista —caso destacado de Ada Colau— y completadas con cuadros políticos de la izquierda tradicional. La tracción de una fuerza tan poderosa como Podemos facilitó también la alianza con fuerzas de izquierdas regionalistas o nacionalistas, como Compromís o Anova -escisión del BNG en Galicia—. Podemos llegó al 20,66% y obtuvo 69 diputados. Fuera de esa alianza quedaron IU y CHA, que alcanzaron el 3,68% pero únicamente dos escaños por Madrid. La unidad que se construyó de cara a las elecciones de 2016 fue la más extensa que se había logrado hasta entonces, con todas las fuerzas de izquierdas incluidas. “Unidos Podemos” consiguió superar el 21% de los votos y obtener 71 diputados, pero no logró ni superar al PSOE ni evitar que se perdieran casi un millón de votos por el camino. Aquello fue una dulce derrota: el mejor resultado de la historia de la izquierda alternativa, pero también un fracaso de expectativas y el origen de las divisiones posteriores. En los años sucesivos el espacio fue fragmentándose al tiempo que sufría una lenta pero incuestionable reducción en el apoyo electoral. Surgieron nuevos partidos como Más Madrid o el actual Adelante Andalucía, que eran de facto escisiones de Podemos, pero también se despegaban del todo otras fuerzas aliadas como Compromís o Anova. Unidas Podemos era cada vez más únicamente la suma de Podemos, IU y Comunes, y además en pleno repliegue de la izquierda electoral. Con todo, en las segundas elecciones de 2019 se logró resistir con un 12,86% y fue suficiente para formar el primer gobierno de coalición de la historia reciente de España. No obstante, ese hito no frenó el declive electoral de la izquierda alternativa. Unidas Podemos no sólo no lograba ya ser la “casa de todos”, sino que era ampliamente superado en algunas elecciones autonómicas por otras fuerzas de izquierdas, destacadamente en el caso de Madrid y Valencia. Para el año 2021, las encuestas situaban a Unidas Podemos en el entorno del 10%, su momento más bajo. Pablo Iglesias cedió el liderazgo a Yolanda Díaz en ese contexto. Podemos esperaba que el carismático liderazgo de la ministra de Trabajo permitiese a Unidas Podemos remontar el terreno perdido en los últimos años. Además, al mismo tiempo se pretendía taponar el crecimiento de los nuevos partidos —recordemos, escisiones de Podemos—. Pero Yolanda Díaz optó por un camino distinto: aceptó el liderazgo y lo redirigió a intentar recomponer las múltiples piezas de la izquierda alternativa. Al principio no tenía nombre, sino solo una misión: crear un lugar común de reencuentro. Podemos lo consideró una traición, pero Comunes e IU estuvieron de acuerdo. Al tiempo se sumaron también el resto de los partidos, destacadamente CHA, Compromís y Más Madrid, y el nuevo artefacto, que era solo una coalición electoral, se llamó Sumar. A pesar de su contundente oposición al proyecto, Podemos aceptó ser parte de Sumar de cara a las elecciones de 2023. El liderazgo de Yolanda Díaz era tan indiscutible que logró agrupar a todas las fuerzas de izquierdas y recomponer una candidatura de unidad, que obtuvo el 12,33% y permitió revalidar el gobierno de coalición. No obstante, el experimento no duró mucho y las tensiones acumuladas hicieron saltar todo por los aires a las pocas semanas, destacadamente con Podemos saliéndose del espacio Sumar. Mientras tanto, para mayor confusión, Sumar se constituyó como partido propio; uno más que sumar al ya denso ecosistema. En los últimos años, el espacio electoral se ha achicado y fragmentado aún más. Las encuestas más recientes para las próximas elecciones generales sitúan en promedio a Sumar en el 6% y a Podemos en el 4%, cifras que de confirmarse significarían la casi desaparición de ambas fuerzas debido al efecto de la ley electoral. Pero todavía podría ser peor, porque las elecciones autonómicas que salpican el camino hacia las generales no están pintando escenarios halagüeños. En Extremadura se presentó una candidatura de unidad entre Podemos e Izquierda Unida que consiguió resistir con un 10,27%, aunque las derechas sumaron mayoría absoluta. Se trataba, sin embargo, de un caso excepcional de unidad construido por organizaciones que llevan años trabajando juntas sin demasiado conflicto. Era obvio que no se repetiría en otros contextos. El último ejemplo, el de Aragón, ha llevado a la desaparición a Podemos —menos del 1% del voto—, a IU a sus niveles tradicionales en la región —un 3%— y a CHA a aumentar hasta el 9,7%. ¿Qué pasará en Castilla y León y en Andalucía, que son las siguientes citas electorales? Probablemente, nada bueno para la izquierda. A dónde vamos Los acontecimientos descritos hasta aquí —la historia política reciente de nuestro país, en definitiva— han conducido a un ecosistema mucho más rico y complejo de la izquierda alternativa: allí conviven actores con identidades nacionales diversas, líderes carismáticos y militancias anónimas, partidos con estructura y partidos sin ella, inercias partidistas e institucionales, un sinfín de agravios cruzados acumulados, rendimientos electorales muy variados, tradiciones políticas distintas… Alinear los intereses de todos esos actores y que, además, coincidan con lo que dicta el sentido común —una candidatura de unidad que simplifique la decisión del votante y esquive los obstáculos de la ley electoral, y con un programa y líderes atractivos— es sumamente complicado. Pero tiene mucha razón Gabriel Rufián cuando dice que algo hay que hacer. Él tiene muy buen olfato político, lo que explica por qué su figura ha cobrado impulso también fuera de Cataluña —nada fácil para un dirigente de una formación independentista—. Su forma de comunicar ha conectado con una demanda creciente entre el electorado de izquierdas, hastiado de las divisiones cainitas y necesitado de un discurso político firme, combativo y crítico pero también flexible y leal con el gobierno de coalición. Su propuesta de futuro comienza por el diálogo honesto, y me parece todo un acierto. Por otro lado, los partidos que ahora conforman el espacio de Sumar —el propio Movimiento Sumar, IU, Comunes y Más Madrid— también han convocado a una reconstrucción de la alianza. Es otra buena señal, porque significa que se comparte el diagnóstico de que no es viable seguir como estamos. Finalmente, sólo el partido Podemos parece insistir en no cambiar el rumbo y, como Ulises, siguen atados al mástil a fin de no escuchar las sirenas (de alarma). En Andalucía sus diputados —por cierto, magníficos— están solicitando un cambio de estrategia que les permita no tener que competir con IU-Sumar, pero la dirección marcada desde Madrid no se altera de momento. Quizás estén esperando a los últimos 100 metros, pero en ese agónico “mientras tanto” están perdiendo mucho músculo —como ha puesto de relieve Aragón—. La buena noticia es que técnicamente se puede articular una candidatura unitaria. La mala noticia es que nadie sabe cómo hacerlo, y las condiciones que lo hicieron posible en el pasado —liderazgos muy fuertes y altamente legitimados— ya no existen. Así que mentirá quien diga que tiene la fórmula magistral que lo resuelva de manera sencilla: quienes se sienten en las mesas a debatir tendrán que darle una y mil vueltas a todas las opciones disponibles. A esta dificultad organizativa se le superpone, además, un problema mucho más profundo y estructural: la recomposición de la izquierda no puede basarse únicamente en una mejor ingeniería interna si no es capaz de articular una respuesta material nítida a los dos grandes vectores de malestar social hoy en España. El primero es la crisis de la vivienda, que ya no es un problema sectorial ni coyuntural, sino un auténtico dispositivo de extracción de rentas que atraviesa a varias generaciones, bloquea los proyectos vitales de amplias capas sociales y se ha convertido en uno de los principales mecanismos de reproducción de la desigualdad. La izquierda alternativa no puede limitarse a gestionar mejor este conflicto que el PSOE: necesita ofrecer una narrativa clara de confrontación con el poder rentista —fondos, grandes propietarios y entramados financieros e inmobiliarios— y, sobre todo, una agenda reconocible de desmercantilización de la vivienda. Sin ese anclaje material, es muy difícil que una eventual recomposición organizativa sea percibida por la ciudadanía como algo distinto a una reordenación de siglas. El segundo vector, aun más determinante en el medio plazo, es la crisis ecosocial. La izquierda alternativa nació políticamente al calor de una crisis financiera y de un ciclo de austeridad, pero el próximo ciclo político estará marcado por límites materiales mucho más duros: energía, agua, clima, territorio, dependencia exterior y encarecimiento estructural de insumos básicos. Esto tiene consecuencias directas sobre empleo, precios, vivienda, movilidad y servicios públicos. Sin una propuesta creíble de transición ecosocial que asuma explícitamente los conflictos distributivos que esa transición implica —quién paga, quién pierde rentas, quién gana seguridad material—, el espacio de la izquierda corre el riesgo de quedar atrapado entre un progresismo gestor de la escasez y una extrema derecha que capitaliza el malestar social mediante respuestas autoritarias. La recomposición del espacio no es, por tanto, sólo una cuestión de reglas internas o de liderazgos más o menos carismáticos, sino de capacidad para construir un proyecto político que afronte de forma explícita el choque entre rentismo, crisis ecológica y deterioro de las condiciones materiales de vida de la mayoría social. Sin ese horizonte material, la unidad será frágil; con él, la arquitectura organizativa adquiere sentido estratégico. No más borrones y cuentas nuevas Un lastre que aparece a menudo en la izquierda —sobre todo en momentos críticos— es la pulsión por querer comenzar de cero. Muy vinculada con el adanismo, esta pulsión conduce a despreciar todo lo sucedido antes y a idealizar lo que está por venir. Está actitud acaba no sólo desaprovechando un capital político acumulado enorme sino que, necesariamente, lleva a repetir errores pasados. Está tentación debería evitarse esta vez. En su lugar, podríamos aceptar que, en tanto seres humanos, nuestros actos siempre tienen impurezas, que cometemos errores y que no siempre acertamos; y que la clave no es el reinicio permanente, sino aprender de los fallos y perfeccionar y adaptar nuestros instrumentos a los distintos contextos. Por ejemplo, para la época que viene no es buena idea empezar apuntando a quién no debe estar; sería más fructífero cambiar el foco hacia qué se quiere conseguir. Como hemos vivido una época de liderazgos fuertes, existe también la tentación de que ahora se quiera prescindir de ellos. En realidad, sería un esfuerzo inútil: los liderazgos carismáticos siempre han sido fundamentales, pero más aun en esta sociedad contemporánea tan altamente mediatizada. Una organización clásica con un liderazgo gris al frente podrá defender un “suelo electoral”, pero difícilmente resultará suficientemente atractiva para aspirar a mucho más. Por el contrario, los liderazgos carismáticos permiten ampliar el alcance y conseguir la identificación emocional de la gente —que es la clave de la política actual—, pero son altamente vulnerables si carecen de una organización sólida que les respalde. Lo lógico sería conjugar una estructura orgánica lo más sólida posible con una selección inteligente de candidatos —una selección pensada para la identificación emocional con la gente, no según currículums o credenciales tecnocráticas—. Insisto: no hay que comenzar desde cero siempre. Obsérvese por ejemplo que algunas de las referencias más relevantes de la izquierda occidental de la última década—Jeremy Corbyn, Bernie Sanders o Jean Luc Melenchon— han sido y son “políticos profesionales”, es decir, gente que lleva toda la vida en política. Por otro lado, articular y organizar el ecosistema de izquierdas en un país plurinacional como España es un reto hercúleo. Y especialmente difícil es hacerlo en condiciones de declive electoral, cuando todos los partidos quieren jugar como defensas y no como delanteros. Las experiencias de Unidas Podemos y de Sumar son buenos contraejemplos, ya que ninguna de ellas se dotó de estructuras de gobernanza, es decir, de un mínimo conjunto de reglas compartidas de funcionamiento que sirvieran para que todos estuvieran cómodos. Al contrario, ambas experiencias hicieron recaer la cohesión interna del espacio en la fuerza de sus liderazgos principales. Pero al desgastarse esos liderazgos —y eso acaba pasando siempre—, toda la cohesión se tambaleaba. Es mucho más razonable construir unas instituciones republicanas que permitan que cada fuerza aporte su parte, sin sentirse agraviadas injustamente por el resto y, sobre todo, permitiendo que cualquier asunto pueda ser discutido democráticamente. Al fin y al cabo, los líderes, por muy carismáticos que sean, deben tener un “demos” al que rendir cuentas. Quizás se consiga. Yo soy optimista, aunque solo sea porque creo que todos conocen que la alternativa es un gobierno reaccionario que hará de nuestro país un sitio mucho peor. En un contexto de crisis ecosocial y con Estados Unidos mutando de régimen hacia uno profundamente autoritario en el interior y descarnadamente imperialista en el exterior, ese cambio de gobierno en España no es un asunto menor. Y creo firmemente en que no todo está perdido: hay indicadores de sobra que señalan que hay hueco suficiente para recomponer y ganar. Por eso necesitamos que estas conversaciones de la izquierda, todas las que hagan falta, salgan bien. De nuevo: no sobra nadie. El futuro de nuestras hijas depende en gran medida de estas conversaciones y de las decisiones que se tomen de ahora en adelante. Buen trabajo y buena suerte.

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Yolanda Díaz anima a la participación en el acto del portavoz de Esquerra Republicana: "Todo lo que sirva para ensanchar la esperanza, bienvenido sea"; el portavoz republicano defiende una lista única de las izquierdas catalanas para las próximas elecciones generales Rufián, sobre su plan para la izquierda: “Quizá tengo un 0% de apoyo político, pero creo que tengo apoyo popular” Gabriel Rufián no aspira a convertirse en el líder de los partidos de la izquierda estatal al estilo del papel ejercido en la actualidad por Yolanda Díaz o anteriormente por Pablo Iglesias. El portavoz de ERC, que ha despertado grandes expectativas entre buena parte del electorado progresista tras su anuncio de una ronda de encuentros con representantes de otros proyectos políticos como Más Madrid o EH Bildu, descarta, de hecho, la ruptura y salida de su partido. Y solo se plantea tejer alianzas con otras formaciones “desde el territorio”. Es decir, desde su posición de candidato a las generales en las listas de los republicanos. El movimiento de Rufián, que también ha generado zozobra entre los distintos aparatos de los partidos de izquierdas (incluido el suyo), aspira a apelar al conjunto de formaciones progresistas a organizarse “de manera diferente” de cara al próximo ciclo electoral y con vistas a frenar el auge de la extrema derecha. “O hablamos entre nosotras y nosotros o nos vamos al carajo. La única buena noticia es que, por unos días, hablamos de lo que vamos a hacer nosotros, y no de Trump o Ayuso”, dijo este miércoles desde la tribuna del Congreso. Con ese objetivo, y según ha podido confirmar elDiario.es de fuentes directas del equipo del portavoz de Esquerra, el primer reto pasaría por conseguir aunar a todas las fuerzas progresistas y soberanistas o independentistas catalanas a la izquierda del PSC en un “frente común democrático”. Es decir, una lista única de las izquierdas catalanas para las próximas elecciones generales con Rufián al frente. El plan, que de momento no ha encontrado respaldo ni en los Comuns ni en la propia dirección de Esquerra, pasaría porque ese ejemplo de unidad cundiera luego en otros territorios del estado para poder tejer alianzas amplias. “Yo quiero seguir representando a ERC, y no es una frase hecha. Yo estoy aquí por ERC, por gente que me puso cuando no me conocía nadie. No me estoy vendiendo, no estoy diciendo que quiera liderar nada. Estoy diciendo que no nos pongamos a hacer lo de siempre, que intentemos hacer alguna otra cosa para ilusionar”, dijo este miércoles durante una entrevista en TVE. En esa misma entrevista, Rufián subrayó que su movimiento no forma parte de ningún paso dirigido a ocupar el liderazgo de espacios estatales, como Izquierda Unida, Sumar o Más Madrid, sino que su foco está en los territorios. “Debe ser un espacio liderado por primera vez por formaciones soberanistas, independentistas, nacionalistas, no desde un despacho de una universidad de Madrid o desde un plató de Madrid. Gente que, humildemente, estos seis años hemos demostrado muchas cosas. ¿Quién ha sido más patriota estos seis años, Aizpurua o Ayuso? La patria es la gente, el otro. A eso es a lo que voy”. Yolanda Díaz anima a acudir a los dos actos de la izquierda Pese a todo, las intenciones de Rufián han provocado suspicacias en algunos de los partidos de lo que todavía sigue siendo Sumar en el Gobierno. Tampoco ha ayudado que su tándem para este primer acto sea Emilio Delgado, enfrentado a la dirección de Más Madrid, que amaga con disputar una posible candidatura de primarias para la Comunidad de Madrid. A pesar de esas reticencias mostradas por la mayoría de las direcciones de los partidos de la izquierda a lo expresado por Rufián, la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, se desmarcó este miércoles del discurso general y celebró los movimientos de estos últimos días. “Como siempre he dicho desde hace muchísimos años, todo lo que sirva para ensanchar la esperanza, bienvenido sea. Va de movilizar a la gente, no va de otra cosa, no va de hablar de nosotros mismos. Va de la gente. Y todo lo que sume, el acto del 18, el acto del 21, todo lo que ayude, bienvenido sea”, dijo en unas declaraciones a la prensa en los pasillos del Congreso. Yolanda Díaz, según recuerdan estos días en su entorno, nunca ha sido en su trayectoria política celosa de las siglas y de las estructuras cerradas de los partidos. Esa mentalidad la llevó a impulsar Alternativa Galega de Esquerda cuando era dirigente de Izquierda Unida. Y por eso tampoco cree que en un momento como el actual haya que hablar de “marcas”, como dijo también en sus declaraciones a la prensa. “Se gana un país no desde una esquina, sino desde una propuesta de mayorías. No me gustan las esquinas, lo digo como aviso a navegantes de discusiones muy intensas que hay en la gente progresista. Los proyectos que generan esperanza son los que van dirigidos a mayorías sociales. No ganamos juntando cosas, ganamos emocionando a la gente, construyendo proyectos creíbles, desde la diversidad pero siendo conscientes de que tenemos intereses comunes”, dijo la vicepresidenta este miércoles por la tarde en unas jornadas sobre democracia. Las palabras de Díaz son en realidad una suerte de ánimo a todos los que componen el espacio político de la izquierda a acudir también a un acto como el que celebrarán Rufián y Delgado en la sala Galileo. Por eso sus declaraciones no sentaron demasiado bien en el seno de algunos de los partidos que componen la alianza en ciernes que están construyendo las formaciones que ahora forman parte de Sumar en el Gobierno. “Hay que tener claro lo que está pasando en el país, y hablar de personas, de marcas, de elementos que están fuera de la sociedad española, creo que es un enorme error. No va de eso, va de ganar el país, de entender que la gente necesita esperanza y que les demos fuerzas, razones y poder ayudar a cambiar sus días”, añadió la vicepresidenta. La referencia a las “personas” fue una forma de cambiar el eje de la discusión que se ha instalado en el espacio desde que el martes se anunciara el acto del 21 de febrero, que servirá como disparador para la nueva coalición de cara a las generales. Tras las palabras del líder de Izquierda Unida, Antonio Maíllo, hablando sobre “actualizar” los liderazgos, la conversación pasó a estar centrada en si la vicepresidenta segunda repetirá como candidata en esta futura alianza. Hay quien cree en el espacio de Sumar que la conversación abierta por Rufián no se debe leer en una clave de enfrentamiento o de “telenovela de izquierda” como planteó Maíllo el pasado martes, sino como una ventana de oportunidad para reactivar de diferentes formas al electorado progresista aletargado.

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Cada vez es más frecuente que las comunidades suspendan clases por temporales, pero pese a la experiencia de la pandemia el cierre no se suele complementar con docencia online; padres y madres tienen dificultades para faltar también al trabajo aunque el Estatuto del trabajador contempla el supuesto ¿Deben los colegios ser responsables de la conciliación familiar? “No somos guarderías, nuestro trabajo no es cuidar” Pedro Navareño no recuerda que en los 20 años que lleva ejerciendo la docencia en Extremadura se hayan suspendido nunca antes las clases por alertas meteorológicas, más allá del calor en verano. Hasta que el pasado 27 de enero recibió un aviso por el que la Junta le notificaba que al día siguiente el colegio que dirige, el Centro Rural Agrupado El Manantial, cerraría forzosamente sus puertas por la lluvia intensa, nieve y fuertes rachas de viento. Como todos los de la región. “ Se suspenden las clases debido a las condiciones meteorológicas ”, decía la Junta en su aviso. Los episodios graves o extremos se suceden cada vez más a menudo , también en territorios que los habían esquivado hasta ahora, y con ellos se paraliza la actividad docente en los colegios, con la consiguiente pérdida de aprendizaje. Se está viviendo estos días, tren de borrascas mediante, en varias comunidades autónomas, que han cerrado sus centros educativos por precaución ante las copiosas lluvias y el fuerte viento. Catalunya ha decretado que este jueves no hay clases por el fuerte viento. Nadie quiere pillarse los dedos con un posible accidente, especialmente tras la dana de 2024. Mejor cerrar sin necesidad, piensan las administraciones, que abrir cuando no se debe. Así, Andalucía, Extremadura, Catalunya y Galicia han cerrado clases en diversos puntos de sus territorios esta semana o la pasada por los temporales. La Comunitat Valenciana mandó a sus escolares a casa en otoño por lluvias, como algunas provincias catalanas. En algunas comunidades es habitual en los últimos cursos que, en los meses de verano, cuando aprieta la canícula, los niños puedan irse a casa a mediodía. Pero el plan se acaba ahí, en cortar las clases. Pese a que la pandemia demostró que era posible la enseñanza remota (mejor o peor, pero algo), ninguna administración tiene un protocolo operativo para que la pérdida de clases no se transforme automáticamente en pérdida académica, confirman varios directores. En la notificación de Extremadura, sin ir más lejos, ni se aludía a lo académico. El Ministerio de Educación asegura que esto es competencia de las comunidades autónomas. Tampoco se ofrece una solución a las familias, que ven cómo los niños no pueden acudir al colegio, pero, aunque sí está contemplado sobre el papel en el Estatuto del trabajador, en términos reales padres y madres no tienen la misma dispensa, lamentan profesionales y la principal federación de AMPAs del país. Sin planes docentes “En Andalucía, cuando decidieron suspender la presencialidad la semana pasada, la Junta envió un primer mensaje en el que la Consejería hablaba de trabajar con teledocencia en función de cada proyecto educativo”, cuenta Jorge Delgado, responsable de la Asociación Andaluza de Director@s de Infantil, Primaria y Residencias Escolares (Asadipre), “pero cinco minutos después enviaron el mismo mensaje quitando la parte de la teledocencia”. Delgado, director del CEIP Blas Infante, de Écija, explica que los centros tienen (o deberían tener) un plan alternativo a las clases presenciales directas a través de plataformas, pero la realidad es que con carácter general, más allá de alguna iniciativa particular, no se está aplicando. En Andalucía, la Junta, al tercer día de suspensión, acabó instando a los centros a realizar docencia telemática. “Habría que intentar establecer algún tipo de protocolo”, concede el también presidente de la federación estatal de directivos y directivas de centros públicos de educación infantil y primaria (Fedeip), “porque este año han sido tres días, pero estos fenómenos cada vez se están convirtiendo en más habituales”. También reconoce Delgado la dificultad de la tarea. “No sabes en qué condiciones están los niños y niñas en sus casas”, cuenta, aunque la mayoría de las comunidades hicieron mucha publicidad de que habían provisto de equipos a quienes no los tenían durante la pandemia. Las familias también creen que es necesario un plan. “Con la covid la enseñanza online dejó que desear, y hay estudios que dicen que el alumnado perdió alrededor de medio curso (depende de la etapa). Pero ninguna autonomía se planteó compensar este desfase, por ejemplo con algunos días extras cada curso”, sostiene María Sánchez Marín, presidenta de Ceapa. Porque, además, los calendarios escolares (que establecen las comunidades autónomas dentro de un marco general) suelen ir al mínimo legal, 175 días, o muy cerca, lo cual deja sin margen de reacción a los centros cuando se pierden clases. Es más, cuenta Sánchez Marín, tras el temporal Filomena, que costó tres días de clase en Castilla La Mancha, el Gobierno regional recuperó dos de ellos al final del curso “para llegar al mínimo”. Los sindicatos lo tienen recurrido. “Es que no solo no se recupera esa posible pérdida [de la pandemia], sino que se suma sobre ella. La suspensión de clases sin alternativa es añadir más desfase a este desfase”, lamenta. La teoría dice que los colegios e institutos deberían tener esos planes alternativos. Se exigen sobre el papel en las órdenes de principio de curso, y hay centros que los tienen elaborados, pero luego lo normal es que no se apliquen o que se haga de manera voluntaria o a medias, como puede ser enviar una serie de ejercicios a través de una plataforma sin mayor seguimiento, según confirman varios directores. “En el 20 se demostró que se puede hacer. Hay conectividad, todas o casi todas las autonomías han implementado la digitalización docente (el profesorado debe acreditar un nivel de competencia mínimo), está la compra de dispositivos para que todo el mundo que no tuviera pudiera conectarse, algo que pasó entonces”, enumera Sánchez Marín. “Pero todo este trabajo de formación y compra de tecnología se pierde. Se suspenden las clases y nadie dice nada”, cierra. Hay iniciativas, aunque sin mucho recorrido. La Generalitat valenciana anunció el pasado octubre que negociaba con las asociaciones de familias un protocolo que incluyera la atención educativa en el caso de cierre de escuelas, pero el proyecto acabó cayendo en saco roto. Según la Confederación de AMPAs Gonzalo Anaya, no fue por temas académicos: la Generalitat quería poner en manos de los equipos directivos la decisión sobre cuándo cerrar los centros, algo a lo que se negaron. La Conselleria de Educación no ha contestado a las preguntas de este periódico al respecto. ¿Quién cuida a los niños? El problema del cierre escolar no se limita a la pérdida académica. En Catalunya van a vivir este jueves el último episodio de cierre de escuelas por temporales meteorológicos, informa Pau Rodríguez, una decisión que arrastra en la comunidad autónoma una larga disputa laboral, puesto que muchas familias se ven obligadas a quedarse en casa con sus hijos, y al mismo tiempo no tienen claro si pueden ausentarse del trabajo. En este sentido, la Generalitat asegura que ante avisos de este tipo los trabajadores deben teletrabajar y, si no es posible, tienen derecho al permiso retribuido por “imposibilidad” de acceder a su puesto de trabajo como consecuencia de las recomendaciones, limitaciones o prohibiciones al desplazamiento por fenómenos meteorológicos adversos, tal como se incluyó en el Estatuto de los Trabajadores, aunque ese artículo 37.3.g genera muchas dudas. Sí, tercia María Sánchez Marín, presidenta de Ceapa, la principal federación de asociaciones de padres y madres del país, el Estatuto del Trabajador contempla desde la pandemia, “previo aviso y justificación”, un permiso retribuido de cuatro días por “imposibilidad de acceder al centro de trabajo o transitar por las vías de circulación necesarias para acudir al mismo, como consecuencia de las recomendaciones, limitaciones o prohibiciones al desplazamiento establecidas por las autoridades competentes”, pero “es insuficiente en algunas regiones, que exceden esos cuatro días porque cada vez es más habitual suspender”, y además el redactado es ambiguo. “En Andalucía, la semana pasada, la comunicación se hizo muy tarde y muchos profesionales no podían asumirlo ya”, cuenta. El problema es transversal. “En Extremadura ha habido un gran malestar, porque está bien que cierren escuelas, pero miles de trabajadores no han cesado la actividad”, cuenta el director Navareño. Desde Ceapa entienden que no es función de la escuela ejercer de guardería , pero a la vez sostienen que “el sistema productivo está montando así”, cierra su presidenta.

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Las exigencias de la extrema derecha imposibles de cumplir para María Guardiola encienden las alarmas en el equipo de Feijóo ante una posible caída en las urnas y el contagio a otras comunidades, mientras se azuza una abstención del PSOE que Ferraz descarta Feijóo, sobre el auge de Vox: “El voto de cabreo hay que ponerlo a trabajar” El PP se fue de vacaciones las pasadas navidades con la satisfacción de haber logrado un 43% del voto en Extremadura y un batacazo del PSOE en uno de sus territorios históricos. Un mes y medio después, María Guardiola contempla con miedo la creciente posibilidad de una repetición de los comicios que también ha descolocado a la dirección nacional de Alberto Núñez Feijóo. Hasta el punto de que unos y otros han verbalizado ya, con matices, la petición a los socialistas de que se abstengan . Mientras, Vox se frota las manos en medio de un ciclo que le está colocando en su mejor momento ante los ciudadanos. La Asamblea de Extremadura celebrará el primer debate y votación de investidura a principios del próximo mes de marzo. En el PP dan por hecho que Guardiola cosechará una derrota que abrirá un plazo de dos meses antes de la repetición electoral, un abismo al que los de Feijóo no se quieren asomar ante el riesgo cierto de obtener peores resultados que el pasado 21 de diciembre. Santiago Abascal descolocó a sus teóricos aliados cuando, en el arranque de la campaña extremeña, planteó que Vox iba a exigir entrar en los gobiernos autonómicos de los que se marchó voluntariamente en 2024. En el PP se lo tomaron como un elemento discursivo más de la extrema derecha. Pero desde que terminó el recuento de votos, toda la conversación gira alrededor de su presencia en el Ejecutivo autonómico. “Lo de menos son los puestos. Entiendo yo que deberían ser lo de menos”, dijo Guardiola este martes para poner el foco en que, según aseguró, el acuerdo programático con Vox está prácticamente cerrado. Pero los de Abascal quieren consejerías concretas y con un presupuesto asignado. Vox ha pedido Agricultura, Economía y una vicepresidencia que tendría Interior, Seguridad e Inmigración. Una exigencia que excede, con mucho, la “proporcionalidad” que Feijóo ha reclamado en público a los de Abascal. El líder ultra recogió el guante y, con la mirada puesta más allá de 2027, alienta ya el sorpaso al PP con la misma agenda que ha destruido en toda Europa a la derecha clásica para ser sustituida por una extrema derecha populista. “Lo que no puede ser es que el PP tenga que travestirse de Vox”, espetó Guardiola el martes. Una frase que da muestra de su enfado y que recuerda a 2023, cuando la entonces candidata dio su palabra de que no pensaba gobernar con la extrema derecha. Un viaje a Madrid y una cita con Feijóo y Ayuso la obligaron a cambiar de opinión. Y en Vox anotaron su matrícula. Pero Guardiola dijo algo más el martes: “Llamé al señor [José Luis] Quintana, que es la persona que está al frente de la gestora del PSOE. Le he pedido responsabilidad con lo que han dicho las urnas. Y por supuesto le he pedido la abstención, que es lo que tienen que hacer”. La presidenta en funciones confesó así un movimiento que en el PP creen infructuoso, pero que abrió la puerta a las críticas de Vox. Los de Abascal basan su éxito electoral en la transferencia de voto desde el PP y alientan siempre que pueden el relato que señala a los de Feijóo como “el PSOE azul”, dispuestos a pactar con Pedro Sánchez siempre que sea necesario. Y es cierto que el mismo Feijóo que ha repetido en decenas de ocasiones que jamás pactaría con el ‘sanchismo’ ha terminado negociando y acordando la renovación del CGPJ, del Consejo de Administración de RTVE o una reforma constitucional . O Mercosur en Europa. Feijóo lamenta casi cada semana la ausencia de interlocución institucional con el Gobierno y la falta de información en “asuntos de Estado”, como la política exterior. Feijóo apoya la abstención del PSOE Vox devuelve cada andanada discursiva del PP con el doble de fuerza. Los dirigentes del partido creen que tumbar a Guardiola no les penalizará. La repetición electoral no les da miedo, y mucho menos enredar más aún la madeja en plena campaña de las elecciones en Castilla y León, convocadas para el 15 de mayo. Tras los fiascos extremeño y de Aragón, donde Jorge Azcón convocó para ver cómo perdía dos diputados y Vox duplicaba su presencia, el PP teme problemas también para Alfonso Fernández Mañueco y, ya en junio, para la joya de la corona: la Andalucía de la mayoría absoluta de Juan Manuel Moreno. Tras las recientes elecciones de Aragón, Feijóo reiteró su petición de “proporcionalidad”. Y también exigió “responsabilidad” a Vox . El resultado fue peor para Azcón que para Guardiola, al menos en términos aritméticos. Y mantendrán su estrategia. El giro llegó este miércoles, cuando fuentes de la dirección del PP respaldaron expresamente la opción de una abstención del PSOE para hacer presidenta a Guardiola, incluso siendo conscientes de la dificultad que supondría para gobernar dado que no habría una mayoría asegurada para sacar adelante unos presupuestos. “Preferimos la abstención que gobernar en coalición con Vox” , apuntó un portavoz autorizado del PP a los periodistas en el Congreso. “Si quieren frenar a la extrema derecha, el camino es investir a Guardiola”, añadieron. Pero también prefieren una coalición en el Gobierno que una repetición electoral. “Tiene que haber investidura lo antes posible”, apuntaron las mismas fuentes. “Repetir [elecciones], nunca”, zanjaron, para intentar señalar a Vox por el bloqueo: “Si no quieren rebajar nada, el escenario se complica”. Poco después, desde la dirección del PP se matizaron a sí mismos, sin rectificarse. “Con carácter absolutamente general, preferimos gobiernos en solitario”, apuntaron fuentes oficiales. “Evidentemente, preferimos no entregar ni poder ni consejerías a otros partidos. Puesto que ni Vox ni PSOE pretenden abstenerse a cambio de nada, solo nos queda explorar la consecución de apoyos a cambio de algo. Y ese algo puede ser asientos en los consejos de gobierno”, añadieron. “Con el PSOE no queremos gobernar. La única opción posibilista es analizar el contexto político con Vox en cada comunidad autónoma”, concluyeron. El PP ha pasado así en el escaso mes y medio de 2026 de abrirse a gobiernos de coalición “proporcionales” con Vox a reclamar la abstención del PSOE para investir a Guardiola. Una indefinición que ya se vivió en el anterior ciclo electoral. Feijóo llegó en 2022 a Madrid con la vitola de tener el antídoto contra la extrema derecha y reclamar en público el apoyo mutuo del bipartidismo. Así se lo planteó expresamente a Pedro Sánchez en su ‘cara a cara’ antes de las elecciones de 2023. A la vez, el PP cerró decenas de acuerdos autonómicos y municipales con los ultras, lo que impregnó aquella campaña de las generales. En su investidura fallida, el líder del PP solo recabó los apoyos de Vox, del diputado de UPN y de la representante de Coalición Canaria, que también votó a favor de Sánchez. El PP sigue así sin resolver su relación con Vox. Hace unos días, la cuenta oficial del PP en Twitter escribió “hasta aquí” como respuesta a un mensaje de la formación ultra. Una expresión calcada a la que Pablo Casado ya le espetó a Abascal en el Congreso en 2020, hace ya más de un lustro. El PSOE bloquea la abstención La dirección del PSOE intenta cortar cualquier atisbo de debate sobre la posibilidad de permitir gobernar al PP para que no dependa de la extrema derecha. El expresidente Felipe González lo deslizó en un desayuno informativo tras el descalabro en Aragón en el que recordó que Jorge Azcón tiene más escaños “que toda la izquierda junta”. Pero el mensaje ya no solo llega de la vieja guardia. El alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna, ha abierto la puerta a una abstención negociada si fracasa María Guardiola en una primera investidura: “No puede ser a costa de cualquier cosa”. Tanto en la gestora que pilota la organización desde la debacle de Miguel Ángel Gallardo, como en Ferraz rechazan rotundamente esa posibilidad después de que la presidenta regional en funciones dijera que había contactado con los socialistas, algo que el PSOE niega. “Guardiola ha decidido apostarlo todo a un acuerdo con la ultraderecha de Vox, la tercera fuerza. Ella ha elegido y debe ser consecuente”, responden en la cúpula socialista, que incluso descarta una reunión con el PP después de que dijera que Guardiola dijera que “no negocia con este PSOE”. “Nuestra postura no ha cambiado: el PSOE es la alternativa al PP, no la muleta de la derecha”, apostillan esas fuentes. “El partido no está en eso”, sentencia un miembro del Gobierno, que desdeña las palabras del alcalde de Mérida. Esa misma fuente no cree que vaya a haber una repetición electoral en Extremadura y ve en la pugna el típico tira y afloja de una negociación en pleno ciclo electoral. “Están en el juego. A Guardiola le tienen especiales ganas”, agrega esa fuente: “Nosotros ni muertos a la abstención”. Sin embargo, ese rechazo absoluto lo complica también la postura del candidato del PSOE, Carlos Martínez, que ha puesto a los de Pedro Sánchez en un brete al apostar por que gobierne la lista más votada. Ese es el tradicional mantra de Feijóo que los socialistas siempre han rechazado porque normalmente tienen más socios con los que llegar al Gobierno, pese a no ganar las elecciones. El escenario en Castilla y León es distinto y los socialistas se ven capaces de quedar en primera posición dado que el PP de Alfonso Fernández Mañueco está muy desgastado y en esa comunidad Vox está especialmente fuerte. De hecho, fue allí donde se rompió por primera vez el cordón sanitario a la extrema derecha con su entrada en el Gobierno en 2022. La estrategia de Martínez hace saltar por los aires la de Sánchez, consciente de que el PSOE no será primera fuerza y que, en el mejor escenario, dependerá de todos los socios de izquierdas y nacionalistas para seguir en Moncloa. En Ferraz se apartan de la propuesta: “Cada territorio tiene su autonomía y sus peculiaridades”.

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Las exigencias de la extrema derecha imposibles de cumplir para María Guardiola encienden las alarmas en el equipo de Feijóo ante una posible caída en las urnas y el contagio a otras comunidades, mientras se azuza una abstención del PSOE que Ferraz descarta Feijóo, sobre el auge de Vox: “El voto de cabreo hay que ponerlo a trabajar” El PP se fue de vacaciones las pasadas navidades con la satisfacción de haber logrado un 43% del voto en Extremadura y un batacazo del PSOE en uno de sus territorios históricos. Un mes y medio después, María Guardiola contempla con miedo la creciente posibilidad de una repetición de los comicios que también ha descolocado a la dirección nacional de Alberto Núñez Feijóo. Hasta el punto de que unos y otros han verbalizado ya, con matices, la petición a los socialistas de que se abstengan . Mientras, Vox se frota las manos en medio de un ciclo que le está colocando en su mejor momento ante los ciudadanos. La Asamblea de Extremadura celebrará el primer debate y votación de investidura a principios del próximo mes de marzo. En el PP dan por hecho que Guardiola cosechará una derrota que abrirá un plazo de dos meses antes de la repetición electoral, un abismo al que los de Feijóo no se quieren asomar ante el riesgo cierto de obtener peores resultados que el pasado 21 de diciembre. Santiago Abascal descolocó a sus teóricos aliados cuando, en el arranque de la campaña extremeña, planteó que Vox iba a exigir entrar en los gobiernos autonómicos de los que se marchó voluntariamente en 2024. En el PP se lo tomaron como un elemento discursivo más de la extrema derecha. Pero desde que terminó el recuento de votos, toda la conversación gira alrededor de su presencia en el Ejecutivo autonómico. “Lo de menos son los puestos. Entiendo yo que deberían ser lo de menos”, dijo Guardiola este martes para poner el foco en que, según aseguró, el acuerdo programático con Vox está prácticamente cerrado. Pero los de Abascal quieren consejerías concretas y con un presupuesto asignado. Vox ha pedido Agricultura, Economía y una vicepresidencia que tendría Interior, Seguridad e Inmigración. Una exigencia que excede, con mucho, la “proporcionalidad” que Feijóo ha reclamado en público a los de Abascal. El líder ultra recogió el guante y, con la mirada puesta más allá de 2027, alienta ya el sorpaso al PP con la misma agenda que ha destruido en toda Europa a la derecha clásica para ser sustituida por una extrema derecha populista. “Lo que no puede ser es que el PP tenga que travestirse de Vox”, espetó Guardiola el martes. Una frase que da muestra de su enfado y que recuerda a 2023, cuando la entonces candidata dio su palabra de que no pensaba gobernar con la extrema derecha. Un viaje a Madrid y una cita con Feijóo y Ayuso la obligaron a cambiar de opinión. Y en Vox anotaron su matrícula. Pero Guardiola dijo algo más el martes: “Llamé al señor [José Luis] Quintana, que es la persona que está al frente de la gestora del PSOE. Le he pedido responsabilidad con lo que han dicho las urnas. Y por supuesto le he pedido la abstención, que es lo que tienen que hacer”. La presidenta en funciones confesó así un movimiento que en el PP creen infructuoso, pero que abrió la puerta a las críticas de Vox. Los de Abascal basan su éxito electoral en la transferencia de voto desde el PP y alientan siempre que pueden el relato que señala a los de Feijóo como “el PSOE azul”, dispuestos a pactar con Pedro Sánchez siempre que sea necesario. Y es cierto que el mismo Feijóo que ha repetido en decenas de ocasiones que jamás pactaría con el ‘sanchismo’ ha terminado negociando y acordando la renovación del CGPJ, del Consejo de Administración de RTVE o una reforma constitucional . O Mercosur en Europa. Feijóo lamenta casi cada semana la ausencia de interlocución institucional con el Gobierno y la falta de información en “asuntos de Estado”, como la política exterior. Feijóo apoya la abstención del PSOE Vox devuelve cada andanada discursiva del PP con el doble de fuerza. Los dirigentes del partido creen que tumbar a Guardiola no les penalizará. La repetición electoral no les da miedo, y mucho menos enredar más aún la madeja en plena campaña de las elecciones en Castilla y León, convocadas para el 15 de mayo. Tras los fiascos extremeño y de Aragón, donde Jorge Azcón convocó para ver cómo perdía dos diputados y Vox duplicaba su presencia, el PP teme problemas también para Alfonso Fernández Mañueco y, ya en junio, para la joya de la corona: la Andalucía de la mayoría absoluta de Juan Manuel Moreno. Tras las recientes elecciones de Aragón, Feijóo reiteró su petición de “proporcionalidad”. Y también exigió “responsabilidad” a Vox . El resultado fue peor para Azcón que para Guardiola, al menos en términos aritméticos. Y mantendrán su estrategia. El giro llegó este miércoles, cuando fuentes de la dirección del PP respaldaron expresamente la opción de una abstención del PSOE para hacer presidenta a Guardiola, incluso siendo conscientes de la dificultad que supondría para gobernar dado que no habría una mayoría asegurada para sacar adelante unos presupuestos. “Preferimos la abstención que gobernar en coalición con Vox” , apuntó un portavoz autorizado del PP a los periodistas en el Congreso. “Si quieren frenar a la extrema derecha, el camino es investir a Guardiola”, añadieron. Pero también prefieren una coalición en el Gobierno que una repetición electoral. “Tiene que haber investidura lo antes posible”, apuntaron las mismas fuentes. “Repetir [elecciones], nunca”, zanjaron, para intentar señalar a Vox por el bloqueo: “Si no quieren rebajar nada, el escenario se complica”. Poco después, desde la dirección del PP se matizaron a sí mismos, sin rectificarse. “Con carácter absolutamente general, preferimos gobiernos en solitario”, apuntaron fuentes oficiales. “Evidentemente, preferimos no entregar ni poder ni consejerías a otros partidos. Puesto que ni Vox ni PSOE pretenden abstenerse a cambio de nada, solo nos queda explorar la consecución de apoyos a cambio de algo. Y ese algo puede ser asientos en los consejos de gobierno”, añadieron. “Con el PSOE no queremos gobernar. La única opción posibilista es analizar el contexto político con Vox en cada comunidad autónoma”, concluyeron. El PP ha pasado así en el escaso mes y medio de 2026 de abrirse a gobiernos de coalición “proporcionales” con Vox a reclamar la abstención del PSOE para investir a Guardiola. Una indefinición que ya se vivió en el anterior ciclo electoral. Feijóo llegó en 2022 a Madrid con la vitola de tener el antídoto contra la extrema derecha y reclamar en público el apoyo mutuo del bipartidismo. Así se lo planteó expresamente a Pedro Sánchez en su ‘cara a cara’ antes de las elecciones de 2023. A la vez, el PP cerró decenas de acuerdos autonómicos y municipales con los ultras, lo que impregnó aquella campaña de las generales. En su investidura fallida, el líder del PP solo recabó los apoyos de Vox, del diputado de UPN y de la representante de Coalición Canaria, que también votó a favor de Sánchez. El PP sigue así sin resolver su relación con Vox. Hace unos días, la cuenta oficial del PP en Twitter escribió “hasta aquí” como respuesta a un mensaje de la formación ultra. Una expresión calcada a la que Pablo Casado ya le espetó a Abascal en el Congreso en 2020, hace ya más de un lustro. El PSOE bloquea la abstención La dirección del PSOE intenta cortar cualquier atisbo de debate sobre la posibilidad de permitir gobernar al PP para que no dependa de la extrema derecha. El expresidente Felipe González lo deslizó en un desayuno informativo tras el descalabro en Aragón en el que recordó que Jorge Azcón tiene más escaños “que toda la izquierda junta”. Pero el mensaje ya no solo llega de la vieja guardia. El alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna, ha abierto la puerta a una abstención negociada si fracasa María Guardiola en una primera investidura: “No puede ser a costa de cualquier cosa”. Tanto en la gestora que pilota la organización desde la debacle de Miguel Ángel Gallardo, como en Ferraz rechazan rotundamente esa posibilidad después de que la presidenta regional en funciones dijera que había contactado con los socialistas, algo que el PSOE niega. “Guardiola ha decidido apostarlo todo a un acuerdo con la ultraderecha de Vox, la tercera fuerza. Ella ha elegido y debe ser consecuente”, responden en la cúpula socialista, que incluso descarta una reunión con el PP después de que dijera que Guardiola dijera que “no negocia con este PSOE”. “Nuestra postura no ha cambiado: el PSOE es la alternativa al PP, no la muleta de la derecha”, apostillan esas fuentes. “El partido no está en eso”, sentencia un miembro del Gobierno, que desdeña las palabras del alcalde de Mérida. Esa misma fuente no cree que vaya a haber una repetición electoral en Extremadura y ve en la pugna el típico tira y afloja de una negociación en pleno ciclo electoral. “Están en el juego. A Guardiola le tienen especiales ganas”, agrega esa fuente: “Nosotros ni muertos a la abstención”. Sin embargo, ese rechazo absoluto lo complica también la postura del candidato del PSOE, Carlos Martínez, que ha puesto a los de Pedro Sánchez en un brete al apostar por que gobierne la lista más votada. Ese es el tradicional mantra de Feijóo que los socialistas siempre han rechazado porque normalmente tienen más socios con los que llegar al Gobierno, pese a no ganar las elecciones. El escenario en Castilla y León es distinto y los socialistas se ven capaces de quedar en primera posición dado que el PP de Alfonso Fernández Mañueco está muy desgastado y en esa comunidad Vox está especialmente fuerte. De hecho, fue allí donde se rompió por primera vez el cordón sanitario a la extrema derecha con su entrada en el Gobierno en 2022. La estrategia de Martínez hace saltar por los aires la de Sánchez, consciente de que el PSOE no será primera fuerza y que, en el mejor escenario, dependerá de todos los socios de izquierdas y nacionalistas para seguir en Moncloa. En Ferraz se apartan de la propuesta: “Cada territorio tiene su autonomía y sus peculiaridades”.

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“Toca ponerse agresivo”: un vídeo cuestiona la versión oficial del Departamento de Seguridad Nacional tras el tiroteo a Marimar Martínez en Chicago

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El conjunto txuri-urdin conquistó San Mamés con el solitario gol de Beñat Turrientes en un partido donde la diferencia en el marcador pudo haber sido más amplia. Más información: Al Khelaifi, sobre el acuerdo Madrid-UEFA-EFC: "Si alguien dice que hoy Florentino Pérez ha 'perdido', es un estúpido"

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