Es el único presidente que se ha atrevido a aplicar la Doctrina de la Seguridad Nacional dentro de su país, a su población civil. Sus decisiones indican que su intención es acabar con un amplio grupo social y con la democracia “ Observar el comportamiento humano confirma que, para algunos entre nosotros, la pérfida codicia de poder absoluto y la imposición de la crueldad en su búsqueda no conocen límites y carecen de toda decencia humana (…) Y que se vaya al diablo el Estado de derecho”. Magistrado Fred Biery, juez del Tribunal oeste de Texas. Resolución ordenando la puesta en libertad del niño Liam Conejo. 31 enero 2026. Estados Unidos (EEUU) ha sido mucho tiempo un modelo político para el mundo. El primer país en aprobar una Constitución (1787), un ejemplo de democracia sólida y respetuosa con los derechos humanos. A pesar de su permanente injerencia en otros países y de su siempre escaso estado social, esa es la imagen que durante décadas nos han transmitido. Pero desde hace años la mayoría de la población estadounidense tiene una visión negativa de su sistema político y social, al que consideran poco representativo e inequitativo, en gran medida por la permanente degradación de las condiciones de vida de las clases populares, un malestar que ha ido creciendo durante la presidencia de Biden y que ha ayudado al autócrata a volver a la Presidencia a pesar de haber intentado acabar con la democracia incitó al único asalto que ha sufrido el Congreso de los EEUU en su historia, sin ninguna consecuencia para el autor mediato. Al carecer de políticas para frenar el empobrecimiento de la clase trabajadora estadounidense, Trump ha optado por hacer responsables a migrantes y otros colectivos de los problemas de EEUU. Trump entiende que el mundo se rige por la fuerza , incluso a la paz se llegaría a través de la fuerza, se indica en la Estrategia de Seguridad Nacional (ESN) de los EEUU publicada en septiembre de 2015. Comenzó su segundo mandato ignorando los principios de la división de poderes, legislando mediante decretos ejecutivos que excluyen al legislativo, incumpliendo las resoluciones de los jueces e incluso ordenando su detención en ocasiones en las que habían resuelto frenar algunas de sus arbitrarias e ilegales decisiones. Está sustituyendo las leyes internas sobre derechos civiles y libertades públicas por un férreo sistema de excepción, dónde no hay más ley que la arbitrariedad de su voluntad. Modifica las funciones de las fuerzas armadas y policiales, restringe al máximo los derechos fundamentales y en especial la libertad deambulatoria de los extranjeros y nacionales de origen extranjero, con la ayuda del Tribunal Supremo al autorizar detenciones por perfil racial . Señala a sus adversarios políticos como enemigo interior , tilda de terroristas a personas que defienden los derechos humanos o a quienes considera de izquierdas, o denuncian el avance del fascismo, o simplemente se oponen a sus arbitrariedades. Así hizo con Renee Good y Alex Pretti , víctimas de ejecuciones extrajudiciales en Minneapolis a las que calificó como terroristas empujados por la izquierda . La guerra de Trump contra el enemigo interior reproduce el modelo y las fases de implementación de la doctrina que bajo el nombre de guerra contrainsurgente se aplicó a partir del final de la II Guerra Mundial contra la población de territorios que aspiraban a su independencia de metrópolis coloniales. Iniciada por el ejército francés en Indochina y Argelia, posteriormente fue reconvertida en Doctrina de la Seguridad Nacional por el ejército de los EEUU Fue aplicada en Centro y Sudamérica desde final de los años 50 del siglo XX hasta la década de los 80, por dictaduras militares que causaron decenas de miles de muertes y desapariciones de personas que eran consideradas disidentes políticos. Nunca hasta ahora se había aplicado esta doctrina dentro del territorio de los EEUU. Según la estudiosa de la doctrina contrainsurgente Marie Monique Robin, las características de la guerra contra un enemigo interior son principalmente: •1.– Un extenso grupo de la población civil es considerado el enemigo interior a combatir, toda vez que es entre la población civil como se camufla el enemigo difuso calificado como disidencia o subversión. •2.– La eliminación de garantías jurídicas es condición sine quanon para abordar con éxito esta guerra. La legislación de excepción se convierte en arma esencial para alcanzar el objetivo de eliminar al enemigo interior . •3.– En el combate al enemigo interior se utilizan tanto a cuerpos policiales como a ejércitos regulares o grupos paramilitares que se encarguen de realizar las tareas más comprometidas –léase ilegales – de esta guerra. •4.– La acción de inteligencia –acceso a información– sobre los colectivos de civiles a combatir se convierte en un arma de esa guerra. •5.– Es necesaria la acción y guerra psicológica para el control efectivo del territorio y la población. Para ello el territorio se divide en zonas de intervención sobre la población civil. Las acciones de Trump coinciden más con la doctrina de la guerra contrainsurgente descrita por Robin, que con la doctrina del enemigo difuso utilizada durante la denominada guerra antiterrorista iniciada por la administración Bush tras el 11–S con la aprobación de la Patriot Act de 2001. En aquella ocasión, se trataba de combatir a enemigos exteriores de los EE. UU. que, de forma excepcional, podían atacar dentro del país. El enemigo había entrado en casa, pero doctrinalmente no se consideraba que fuera parte de la sociedad estadounidense. Para Trump, el enemigo ya no es ni difuso ni externo, sino concreto e interior, y actúa camuflado , vestido de civil. La Estrategia de Seguridad Nacional de Trump señala con toda claridad a la invasión migratoria y la subversión cultural como los enemigos interiores en los EEUU. Hoy es una parte de la población civil la considerada enemiga a combatir. Un enemigo camuflado entre la sociedad estadounidense, conformado por grupos sociales considerados subversivos, disidentes o dañinos para la identidad cultural de EEUU. Respecto a la segunda característica señalada por Robin, Trump viene aprobando sistemáticamente una legislación de excepción a través de decretos ejecutivos, a la vez que trata de impedir que el legislativo y el poder judicial realicen sus funciones constitucionales. En enero de 2025 aprobó una declaración de emergencia que considera la emigración una invasión, acordando expulsiones aceleradas y una ley –Laken Riley de 29 de enero– que permite la detención de extranjeros por acusaciones de delitos menores. Para la restricción de libertades públicas y de derechos humanos básicos Trump utiliza la designación como organizaciones terroristas extranjeras (FTO) de cualquier organización criminal común, grupos de traficantes o pandilleros juveniles. Ha utilizado legislación de excepción para la detención de estudiantes extranjeros que, aunque en situación legal, se han opuesto al genocidio del pueblo palestino. Abusando de la excepcionalidad, Trump ha aplicado la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798 para realizar deportaciones, ley que solamente se había utilizado en casos de guerra y que ha seguido aplicando incluso después de que su actual utilización haya sido declarada ilegal por la justicia estadounidense. También recurriendo a normas de excepción Trump ha abierto campos de detención al margen de la legalidad interna o internacional, donde son internados extranjeros de todas las edades –incluso residentes legales en EEUU o estadounidenses de origen extranjero– sin el debido control judicial, sin acceso de observadores independientes o de organismos humanitarios como el CICR y durante tiempo indeterminado e ilimitado. A los numerosos centros de detención de extranjeros abiertos en EEUU hay que añadir los extraterritoriales. Mas de 30.000 inmigrantes han sido enviados desde EEUU a la base estadounidense de Guantánamo (Cuba) o al Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) de Bukele, en este caso pagando a El Salvador por cada deportado, un nuevo tráfico de seres humanos. Esta profusa utilización de la legislación de excepción es la causa de que la tensión entre los principios de la libertad y los de la seguridad interna, se esté resolviendo mayoritariamente a favor de la seguridad y en detrimento del disfrute de libertades civiles. Trump no comete simples excesos en el manejo del orden público, sino que aplica una estrategia de shock para el control de esa parte de la sociedad a la que ha señalado como enemigo interior, imponiendo un estado de excepción en el que fuerzas militares, paramilitares y policiales se ocupan del orden público y la seguridad interior. Esta actuación coincide con la tercera característica señalada por Robin. El 30 septiembre 2025 Trump convocó a los generales de las FFAA, en Quántico (Virginia) para ordenarles expresamente combatir al enemigo interior Según explicó el presidente, EEUU estaría sufriendo una “invasión interior ”, organizada desde dentro , “más difícil de combatir que un enemigo externo porque no llevan uniformes”. En la reunión, el ahora secretario de Guerra , Pete Hegseth expuso el papel a desempeñar por las Fuerzas Armadas (FFAA.) en esta guerra interior contra la disidencia política: enfrentarse al enemigo interior antes de que la situación “ quede fuera de control”. Previamente, en sus primeras semanas en el cargo, Hegseth había cesado al jefe del Estado Mayor, general C. Q. Brown, el primer afroamericano que llegaba a ese puesto, por considerar que sus posiciones eran demasiado progresistas. También cesó a mujeres que desempeñaban altos mandos, por el mero hecho de ser mujeres, como hizo con la jefa de Guardacostas Lisa Franchetti,. Y ha ido cesando a los jefes de los departamentos jurídicos de las distintas ramas de las FFAA. que habían advertido de la ilegalidad de acciones militares, como el ataque a lanchas en aguas internacionales del Caribe y el asesinato de sus tripulantes. En junio de 2025 Trump desplegó en Los Ángeles a la Infantería de Marina como fuerza de reacción rápida . También ha desplegado a la Guardia Nacional, a pesar de que la misión de esta es intervenir en catástrofes naturales en EEUU –bajo mando de los gobernadores de los Estados– y solo excepcionalmente en operaciones militares en el exterior. Como un ejército de ocupación de su propio país, la Guardia Nacional ha sido utilizada reiteradamente en funciones policiales bajo control presidencial, en ciudades de voto mayoritariamente demócrata – Chicago, Portland, Washington, Memphis, o Los Ángeles–, con la finalidad de perseguir al enemigo interior , a los colectivos de migrantes y a sus opositores políticos, a los que considera grupos disidentes. A esta tarea Trump también ha destinado a la policía de fronteras –US Border Patrol –, actuando en funciones de control del orden público en lugares donde no existe frontera alguna. En el año 2025 multiplicó por ocho el presupuesto del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas ( ICE), hasta convertir a este cuerpo paramilitar en la primera fuerza policial del país. Un cuerpo de seguridad bajo órdenes de la Casa Blanca que prescinde en sus actuaciones de cualquier respeto a las leyes internas o a los derechos humanos. El año con más muertes en custodia de ICE en más de dos décadas de existencia fue 2025, 32 muertes acreditadas, además de las ejecuciones extrajudiciales de Minneapolis. La utilización de la inteligencia sobre los grupos civiles considerados el enemigo interior es la cuarta característica de la guerra contrainsurgente que señala Robin. La US Border Patrol ha realizado una inquietante acción de inteligencia mediante el monitoreo a una parte importante de la población, extrayendo patrones de conducción de los automovilistas en un país donde los vehículos privados son el principal medio de transporte. Una gran red de cámaras está siendo utilizada para vigilar masivamente movimientos de vehículos, identificar matrículas y detectar rutas anómalas . Esto requiere gran capacidad de captación y análisis de datos de forma simultánea e inmediata. Quienes son relacionados con un comportamiento considerado sospechoso atendiendo a distintos parámetros, son detenidos con cualquier pretexto, interrogados y en su caso registrados sus vehículos. Una práctica que vulnera la Constitución de EEUU que exige una causa probable para la detención, prohibiéndola por decisiones aleatorias. En julio pasado el Gobierno anunció un contrato con el gigante tecnológico Palantir para control predictivo de inmigración a través de inteligencia artificial, una alianza entre Trump y el oligopolio tecnológico para generalizar políticas autoritarias de control policial de la sociedad. Palantir ya había diseñado aplicaciones de inteligencia artificial para el análisis masivo de datos para las FFAA y cuerpos policiales. Se comenzó realizando análisis predictivos sobre los movimientos del enemigo exterior, para a continuación proceder también al análisis predictivo de los movimientos del enemigo interior dentro del territorio de los EEUU, sin que exista regulación legal ni mecanismo de control de estas prácticas. Para impedir cualquier control Trump ha emitido una orden ejecutiva que prohíbe expresamente a los Estados aprobar normas de regulación de la inteligencia artificial. La quinta característica del modelo de Robin es la acción y guerra psicológica para el control efectivo del territorio y la población sobre la que se quiere intervenir. También son características que se aprecian en la actuación de Trump. Ha seleccionado colectivos civiles a perseguir –migrantes, y opositores– y ciudades o territorios de intervención preferente. Ha puesto en marcha estrategias de terror, persecución y amedrentamiento psicológico de tal magnitud que la población migrante permanece encerrada en sus domicilios sin acudir a trabajar, sin enviar a los niños a los colegios o sin acudir a recibir atención médica, como está ocurriendo de forma generalizada con mujeres embarazadas. Ha desplegado al ejército y a grupos parapoliciales en operaciones intensas en espacios territoriales delimitados, con la finalidad de acosar a los colectivos a los que ha decidido combatir. Robin identifico algunas características más en la aplicación de la doctrina de la guerra contra el enemigo interior. Concretamente la utilización de la tortura como arma contra la población civil, las ejecuciones extrajudiciales –éstas han sido utilizadas de forma sistemática contra las tripulaciones de lanchas en el Caribe y esporádicamente en Minneapolis, casos Good y Pretti– y las desapariciones forzadas. Aún puede ser pronto para afirmar taxativamente la aplicación sistemática de éstas, pero comienzan a observarse preocupantes patrones de implementación de las dos primeras. Trump es un peligro para el mundo, pero incluso lo es más para los EEUU. Es el único presidente que se ha atrevido a aplicar la Doctrina de la Seguridad Nacional dentro de su país, a su población civil. Sus decisiones indican que su intención es acabar con un amplio grupo social y con la democracia. No oculta su objetivo de intervenir e incluso suprimir los procesos electorales. El pasado 2 de febrero pidió al Partido Republicano que tomara “ el control de las elecciones en al menos 15 lugares” , cinco días después de ordenar una operación policial de registro e incautación de materiales electorales de las elecciones de 2020 en oficinas electorales de Georgia. No es un secreto que pretende intervenir tanto en las elecciones legislativas de noviembre de este año como en las presidenciales de 2028 . “No deberíamos tener elecciones ”, dijo el pasado 20 enero, tras difundir el bulo replicado en España por Feijóo, sobre el intento de fraude electoral que atribuye a sus adversarios mediante el imposible voto de inmigrantes. Todo esto que parece una exageración, una distopía cinematográfica, está ocurriendo a velocidad de vértigo.

• elDiario.es
• 4 gün, 14 saat, 24 dakika

Es el único presidente que se ha atrevido a aplicar la Doctrina de la Seguridad Nacional dentro de su país, a su población civil. Sus decisiones indican que su intención es acabar con un amplio grupo social y con la democracia “ Observar el comportamiento humano confirma que, para algunos entre nosotros, la pérfida codicia de poder absoluto y la imposición de la crueldad en su búsqueda no conocen límites y carecen de toda decencia humana (…) Y que se vaya al diablo el Estado de derecho”. Magistrado Fred Biery, juez del Tribunal oeste de Texas. Resolución ordenando la puesta en libertad del niño Liam Conejo. 31 enero 2026. Estados Unidos (EEUU) ha sido mucho tiempo un modelo político para el mundo. El primer país en aprobar una Constitución (1787), un ejemplo de democracia sólida y respetuosa con los derechos humanos. A pesar de su permanente injerencia en otros países y de su siempre escaso estado social, esa es la imagen que durante décadas nos han transmitido. Pero desde hace años la mayoría de la población estadounidense tiene una visión negativa de su sistema político y social, al que consideran poco representativo e inequitativo, en gran medida por la permanente degradación de las condiciones de vida de las clases populares, un malestar que ha ido creciendo durante la presidencia de Biden y que ha ayudado al autócrata a volver a la Presidencia a pesar de haber intentado acabar con la democracia incitó al único asalto que ha sufrido el Congreso de los EEUU en su historia, sin ninguna consecuencia para el autor mediato. Al carecer de políticas para frenar el empobrecimiento de la clase trabajadora estadounidense, Trump ha optado por hacer responsables a migrantes y otros colectivos de los problemas de EEUU. Trump entiende que el mundo se rige por la fuerza , incluso a la paz se llegaría a través de la fuerza, se indica en la Estrategia de Seguridad Nacional (ESN) de los EEUU publicada en septiembre de 2015. Comenzó su segundo mandato ignorando los principios de la división de poderes, legislando mediante decretos ejecutivos que excluyen al legislativo, incumpliendo las resoluciones de los jueces e incluso ordenando su detención en ocasiones en las que habían resuelto frenar algunas de sus arbitrarias e ilegales decisiones. Está sustituyendo las leyes internas sobre derechos civiles y libertades públicas por un férreo sistema de excepción, dónde no hay más ley que la arbitrariedad de su voluntad. Modifica las funciones de las fuerzas armadas y policiales, restringe al máximo los derechos fundamentales y en especial la libertad deambulatoria de los extranjeros y nacionales de origen extranjero, con la ayuda del Tribunal Supremo al autorizar detenciones por perfil racial . Señala a sus adversarios políticos como enemigo interior , tilda de terroristas a personas que defienden los derechos humanos o a quienes considera de izquierdas, o denuncian el avance del fascismo, o simplemente se oponen a sus arbitrariedades. Así hizo con Renee Good y Alex Pretti , víctimas de ejecuciones extrajudiciales en Minneapolis a las que calificó como terroristas empujados por la izquierda . La guerra de Trump contra el enemigo interior reproduce el modelo y las fases de implementación de la doctrina que bajo el nombre de guerra contrainsurgente se aplicó a partir del final de la II Guerra Mundial contra la población de territorios que aspiraban a su independencia de metrópolis coloniales. Iniciada por el ejército francés en Indochina y Argelia, posteriormente fue reconvertida en Doctrina de la Seguridad Nacional por el ejército de los EEUU Fue aplicada en Centro y Sudamérica desde final de los años 50 del siglo XX hasta la década de los 80, por dictaduras militares que causaron decenas de miles de muertes y desapariciones de personas que eran consideradas disidentes políticos. Nunca hasta ahora se había aplicado esta doctrina dentro del territorio de los EEUU. Según la estudiosa de la doctrina contrainsurgente Marie Monique Robin, las características de la guerra contra un enemigo interior son principalmente: •1.– Un extenso grupo de la población civil es considerado el enemigo interior a combatir, toda vez que es entre la población civil como se camufla el enemigo difuso calificado como disidencia o subversión. •2.– La eliminación de garantías jurídicas es condición sine quanon para abordar con éxito esta guerra. La legislación de excepción se convierte en arma esencial para alcanzar el objetivo de eliminar al enemigo interior . •3.– En el combate al enemigo interior se utilizan tanto a cuerpos policiales como a ejércitos regulares o grupos paramilitares que se encarguen de realizar las tareas más comprometidas –léase ilegales – de esta guerra. •4.– La acción de inteligencia –acceso a información– sobre los colectivos de civiles a combatir se convierte en un arma de esa guerra. •5.– Es necesaria la acción y guerra psicológica para el control efectivo del territorio y la población. Para ello el territorio se divide en zonas de intervención sobre la población civil. Las acciones de Trump coinciden más con la doctrina de la guerra contrainsurgente descrita por Robin, que con la doctrina del enemigo difuso utilizada durante la denominada guerra antiterrorista iniciada por la administración Bush tras el 11–S con la aprobación de la Patriot Act de 2001. En aquella ocasión, se trataba de combatir a enemigos exteriores de los EE. UU. que, de forma excepcional, podían atacar dentro del país. El enemigo había entrado en casa, pero doctrinalmente no se consideraba que fuera parte de la sociedad estadounidense. Para Trump, el enemigo ya no es ni difuso ni externo, sino concreto e interior, y actúa camuflado , vestido de civil. La Estrategia de Seguridad Nacional de Trump señala con toda claridad a la invasión migratoria y la subversión cultural como los enemigos interiores en los EEUU. Hoy es una parte de la población civil la considerada enemiga a combatir. Un enemigo camuflado entre la sociedad estadounidense, conformado por grupos sociales considerados subversivos, disidentes o dañinos para la identidad cultural de EEUU. Respecto a la segunda característica señalada por Robin, Trump viene aprobando sistemáticamente una legislación de excepción a través de decretos ejecutivos, a la vez que trata de impedir que el legislativo y el poder judicial realicen sus funciones constitucionales. En enero de 2025 aprobó una declaración de emergencia que considera la emigración una invasión, acordando expulsiones aceleradas y una ley –Laken Riley de 29 de enero– que permite la detención de extranjeros por acusaciones de delitos menores. Para la restricción de libertades públicas y de derechos humanos básicos Trump utiliza la designación como organizaciones terroristas extranjeras (FTO) de cualquier organización criminal común, grupos de traficantes o pandilleros juveniles. Ha utilizado legislación de excepción para la detención de estudiantes extranjeros que, aunque en situación legal, se han opuesto al genocidio del pueblo palestino. Abusando de la excepcionalidad, Trump ha aplicado la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798 para realizar deportaciones, ley que solamente se había utilizado en casos de guerra y que ha seguido aplicando incluso después de que su actual utilización haya sido declarada ilegal por la justicia estadounidense. También recurriendo a normas de excepción Trump ha abierto campos de detención al margen de la legalidad interna o internacional, donde son internados extranjeros de todas las edades –incluso residentes legales en EEUU o estadounidenses de origen extranjero– sin el debido control judicial, sin acceso de observadores independientes o de organismos humanitarios como el CICR y durante tiempo indeterminado e ilimitado. A los numerosos centros de detención de extranjeros abiertos en EEUU hay que añadir los extraterritoriales. Mas de 30.000 inmigrantes han sido enviados desde EEUU a la base estadounidense de Guantánamo (Cuba) o al Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) de Bukele, en este caso pagando a El Salvador por cada deportado, un nuevo tráfico de seres humanos. Esta profusa utilización de la legislación de excepción es la causa de que la tensión entre los principios de la libertad y los de la seguridad interna, se esté resolviendo mayoritariamente a favor de la seguridad y en detrimento del disfrute de libertades civiles. Trump no comete simples excesos en el manejo del orden público, sino que aplica una estrategia de shock para el control de esa parte de la sociedad a la que ha señalado como enemigo interior, imponiendo un estado de excepción en el que fuerzas militares, paramilitares y policiales se ocupan del orden público y la seguridad interior. Esta actuación coincide con la tercera característica señalada por Robin. El 30 septiembre 2025 Trump convocó a los generales de las FFAA, en Quántico (Virginia) para ordenarles expresamente combatir al enemigo interior Según explicó el presidente, EEUU estaría sufriendo una “invasión interior ”, organizada desde dentro , “más difícil de combatir que un enemigo externo porque no llevan uniformes”. En la reunión, el ahora secretario de Guerra , Pete Hegseth expuso el papel a desempeñar por las Fuerzas Armadas (FFAA.) en esta guerra interior contra la disidencia política: enfrentarse al enemigo interior antes de que la situación “ quede fuera de control”. Previamente, en sus primeras semanas en el cargo, Hegseth había cesado al jefe del Estado Mayor, general C. Q. Brown, el primer afroamericano que llegaba a ese puesto, por considerar que sus posiciones eran demasiado progresistas. También cesó a mujeres que desempeñaban altos mandos, por el mero hecho de ser mujeres, como hizo con la jefa de Guardacostas Lisa Franchetti,. Y ha ido cesando a los jefes de los departamentos jurídicos de las distintas ramas de las FFAA. que habían advertido de la ilegalidad de acciones militares, como el ataque a lanchas en aguas internacionales del Caribe y el asesinato de sus tripulantes. En junio de 2025 Trump desplegó en Los Ángeles a la Infantería de Marina como fuerza de reacción rápida . También ha desplegado a la Guardia Nacional, a pesar de que la misión de esta es intervenir en catástrofes naturales en EEUU –bajo mando de los gobernadores de los Estados– y solo excepcionalmente en operaciones militares en el exterior. Como un ejército de ocupación de su propio país, la Guardia Nacional ha sido utilizada reiteradamente en funciones policiales bajo control presidencial, en ciudades de voto mayoritariamente demócrata – Chicago, Portland, Washington, Memphis, o Los Ángeles–, con la finalidad de perseguir al enemigo interior , a los colectivos de migrantes y a sus opositores políticos, a los que considera grupos disidentes. A esta tarea Trump también ha destinado a la policía de fronteras –US Border Patrol –, actuando en funciones de control del orden público en lugares donde no existe frontera alguna. En el año 2025 multiplicó por ocho el presupuesto del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas ( ICE), hasta convertir a este cuerpo paramilitar en la primera fuerza policial del país. Un cuerpo de seguridad bajo órdenes de la Casa Blanca que prescinde en sus actuaciones de cualquier respeto a las leyes internas o a los derechos humanos. El año con más muertes en custodia de ICE en más de dos décadas de existencia fue 2025, 32 muertes acreditadas, además de las ejecuciones extrajudiciales de Minneapolis. La utilización de la inteligencia sobre los grupos civiles considerados el enemigo interior es la cuarta característica de la guerra contrainsurgente que señala Robin. La US Border Patrol ha realizado una inquietante acción de inteligencia mediante el monitoreo a una parte importante de la población, extrayendo patrones de conducción de los automovilistas en un país donde los vehículos privados son el principal medio de transporte. Una gran red de cámaras está siendo utilizada para vigilar masivamente movimientos de vehículos, identificar matrículas y detectar rutas anómalas . Esto requiere gran capacidad de captación y análisis de datos de forma simultánea e inmediata. Quienes son relacionados con un comportamiento considerado sospechoso atendiendo a distintos parámetros, son detenidos con cualquier pretexto, interrogados y en su caso registrados sus vehículos. Una práctica que vulnera la Constitución de EEUU que exige una causa probable para la detención, prohibiéndola por decisiones aleatorias. En julio pasado el Gobierno anunció un contrato con el gigante tecnológico Palantir para control predictivo de inmigración a través de inteligencia artificial, una alianza entre Trump y el oligopolio tecnológico para generalizar políticas autoritarias de control policial de la sociedad. Palantir ya había diseñado aplicaciones de inteligencia artificial para el análisis masivo de datos para las FFAA y cuerpos policiales. Se comenzó realizando análisis predictivos sobre los movimientos del enemigo exterior, para a continuación proceder también al análisis predictivo de los movimientos del enemigo interior dentro del territorio de los EEUU, sin que exista regulación legal ni mecanismo de control de estas prácticas. Para impedir cualquier control Trump ha emitido una orden ejecutiva que prohíbe expresamente a los Estados aprobar normas de regulación de la inteligencia artificial. La quinta característica del modelo de Robin es la acción y guerra psicológica para el control efectivo del territorio y la población sobre la que se quiere intervenir. También son características que se aprecian en la actuación de Trump. Ha seleccionado colectivos civiles a perseguir –migrantes, y opositores– y ciudades o territorios de intervención preferente. Ha puesto en marcha estrategias de terror, persecución y amedrentamiento psicológico de tal magnitud que la población migrante permanece encerrada en sus domicilios sin acudir a trabajar, sin enviar a los niños a los colegios o sin acudir a recibir atención médica, como está ocurriendo de forma generalizada con mujeres embarazadas. Ha desplegado al ejército y a grupos parapoliciales en operaciones intensas en espacios territoriales delimitados, con la finalidad de acosar a los colectivos a los que ha decidido combatir. Robin identifico algunas características más en la aplicación de la doctrina de la guerra contra el enemigo interior. Concretamente la utilización de la tortura como arma contra la población civil, las ejecuciones extrajudiciales –éstas han sido utilizadas de forma sistemática contra las tripulaciones de lanchas en el Caribe y esporádicamente en Minneapolis, casos Good y Pretti– y las desapariciones forzadas. Aún puede ser pronto para afirmar taxativamente la aplicación sistemática de éstas, pero comienzan a observarse preocupantes patrones de implementación de las dos primeras. Trump es un peligro para el mundo, pero incluso lo es más para los EEUU. Es el único presidente que se ha atrevido a aplicar la Doctrina de la Seguridad Nacional dentro de su país, a su población civil. Sus decisiones indican que su intención es acabar con un amplio grupo social y con la democracia. No oculta su objetivo de intervenir e incluso suprimir los procesos electorales. El pasado 2 de febrero pidió al Partido Republicano que tomara “ el control de las elecciones en al menos 15 lugares” , cinco días después de ordenar una operación policial de registro e incautación de materiales electorales de las elecciones de 2020 en oficinas electorales de Georgia. No es un secreto que pretende intervenir tanto en las elecciones legislativas de noviembre de este año como en las presidenciales de 2028 . “No deberíamos tener elecciones ”, dijo el pasado 20 enero, tras difundir el bulo replicado en España por Feijóo, sobre el intento de fraude electoral que atribuye a sus adversarios mediante el imposible voto de inmigrantes. Todo esto que parece una exageración, una distopía cinematográfica, está ocurriendo a velocidad de vértigo.

• Canarias Ahora
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Ana Botín ha vuelto a hacer lo que mejor sabe: leer el momento, identificar la oportunidad y moverse antes que los demás. La presidenta del Banco Santander llevaba tiempo diciendo que quería crecer en Estados Unidos, el mercado bancario más grande y competitivo del mundo. Comprar un banco allí no es un gesto impulsivo ni coyuntural, sino una apuesta estratégica. EEUU sigue siendo atractivo para la inversión, con oportunidades que ni siquiera el errático presidente Donald Trump puede borrar. No es un mercado para improvisar. Quien actúa con criterio puede marcar la diferencia.

• Diario CÓRDOBA
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«Cerrado hasta nuevo aviso», es el mensaje en mayúsculas que advierte, desde el verano de 2023, que la biblioteca Francisco Liberal de Ciudad de Asís no se encuentra disponible para los vecinos. El nuevo aviso, como resulta evidente, todavía no se ha producido.

• INFORMACION
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• INFORMACION
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Hoy, lunes 9 de febrero, el futuro tiene grandes sorpresas preparadas para ti en lo que te espera en el amor, dinero, trabajo y salud. Un día que traerá muchas sorpresas para todos los signos con los movimientos planetarios de este periodo que activan distintas energías en cada signo del zodiaco, marcando tendencias que reflejan … Continuar leyendo "Horóscopo diario gratis: la predicción para hoy, lunes 9 de febrero"

• okdiario.com
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La presente legislatura va a ser la primera en década y media en la que, si se cumplen los anuncios, el Gobierno gallego finalice el mandato con un número significativo de nuevas viviendas protegidas en general, y de promoción pública en particular. Tras años de práctica parálisis —desde el fin del Ejecutivo de coalición PSdeG-BNG y durante la gran recesión, pero también en los años posteriores de recuperación económica—, en los que la vivienda protegida cayó a la mínima expresión en nuestro país, los actuales planes de la Xunta apuntan a un relativo cambio de rumbo que, no obstante, apenas va a cubrir el 20% de una demanda disparada. El gabinete de Alfonso Rueda marcó al inicio del mandato (2024) la intención de finalizarlo (2028) con unas 4.000 nuevas viviendas de promoción pública —viviendas protegidas en las que el promotor es el propio Gobierno—, de las que, aseguraba a finales de enero, “ya hay 3.000 en diferentes fases de ejecución”. Recientemente, al anunciar el II Pacto de Vivienda de Galicia, sumó otras 2.000 al objetivo con el horizonte de 2030. Esto es, en cifras redondas, 6.000 viviendas de promoción pública para un número de peticiones de pisos protegidos que comienza 2026 avanzando hacia las 30.000. Tras la renovación de su plataforma web, durante la que mantuvo parcialmente inactiva la actualización de datos, el Instituto Galego da Vivenda e Solo (IGVS) volvió a permitir recientemente el acceso a las cifras del Registro de Demandantes de Vivienda Protegida, en el que la inscripción es imprescindible para poder optar a cualquier piso de protección. En la mañana del 3 de febrero —la actualización de datos es continua, sin posibilidad de consulta de su evolución—, estaba compuesto por 28.690 solicitudes, un 50% más que a mediados de febrero de 2025. Los anuncios de nuevas promociones públicas, que la Xunta viene amplificando, se combinan con el escenario de precios crecientes y dificultades de acceso a la vivienda en el mercado privado, tanto en alquiler como en compra, y contribuyen a alimentar unas peticiones que se concentran, sobre todo, en las principales ciudades y sus entornos . Algo más del 75% de las peticiones están en alguna de las siete principales urbes. Concretamente , tres de cada diez peticiones de vivienda protegida tienen su origen en la ciudad de Vigo , con más de 9.000. Otro 20% corresponde a A Coruña, con casi 6.000 peticiones. En apenas un año las solicitudes coruñesas se dispararon un 64% y las viguesas, un 57%. En Vigo la Xunta sitúa en 920 las viviendas que tiene actualmente “en distintas fases de ejecución”, todas ellas en el polígono de Navia, y en A Coruña las cifra en 476, la mayoría en el nuevo barrio de Xuxán. También crecen a doble dígito las peticiones en el resto de la Galicia urbana y en la ciudad donde menos aumentan proporcionalmente, Lugo , lo hacen aun así con un relevante 25% interanual. En total, las más de 22.000 peticiones de viviendas protegidas registradas en las siete principales ciudades son, en conjunto, un 54% más que las de hace un año, según los datos que pudo recuperar del registro Praza.gal . A la espera de que se cumplan o no los anuncios, lo que resulta innegable es que incluso en el escenario más optimista —el de la incorporación de esas prometidas 6.000 nuevas viviendas de promoción pública hasta 2030—, lo harán en un contexto marcado por la paralización de la vivienda protegida en la década anterior . Buena muestra de ello es que los datos oficiales disponibles acreditan que los sucesivos gobiernos presididos por Alberto Núñez Feijóo llegaron a encadenar cuatro años seguidos en los que no superaron las cinco viviendas protegidas iniciadas. La tendencia más reciente, según la información disponible en el Ministerio de Vivienda, es de relativa remontada . Entre enero y septiembre de 2025 —los datos del trimestre final del año que acaba de terminar aún no están disponibles— en Galicia comenzaron su construcción 320 viviendas protegidas, la mayoría de promoción pública (221), y quedaron terminadas 138. Son cifras relevantes en comparación con los años de la parálisis, pero insignificantes en comparación con las de los gobiernos de Fraga y con el mandato de PSdeG y BNG. A dichos planes de viviendas de promoción pública, la Xunta dice poder sumar hasta 20.000 más protegidas de promoción privada y otras 5.000 sin protección . Son las que contempla en su estrategia de suelo residencial, un proyecto parcialmente ya en marcha. Su actuación más reciente es la aprobación del plan en el barrio lucense del Sagrado Corazón para urbanizar terrenos donde se podrían construir unas 1.200 viviendas a partir de 2028. Esta estrategia vino a sustituir en 2024 al Plan Sectorial Galego de Solo Residencial, que aprobó en 2007 el Ejecutivo de socialistas y nacionalistas (2005-2009) con el objetivo de sumar 37.000 nuevas viviendas protegidas . Fue cancelado en 2010 por el gabinete de Feijóo tras anunciar una reformulación que nunca llegó.

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Que el narcotráfico da enormes beneficios a quienes ocupan la parte más alta de la pirámide es una realidad incontestable, pero a veces la realidad supera a la ficción. Una boda en la Villa Balbiano del lago de Como (en Lombardía, Italia), varias mansiones en la isla artificial Palm Jumeirah de Dubái o relojes Patek Philippe de esmeraldas o rubíes valorados en hasta dos millones de euros. Estos son solo algunos de los lujos que se permitían los grandes capos de la droga que, según la Policía Nacional, estaban detrás de la mayor red criminal dedicada a la introducción de cocaína en contenedores en España hasta octubre de 2024. Fue entonces cuando cayeron los 13.000 kilos en el puerto de Algeciras , el mayor alijo de todos los tiempos. Y se encendió la mecha. En el ojo del huracán estaba desde hacía tiempo la organización del inspector jefe corrupto Óscar Sánchez, presuntamente liderada por Ignacio Torán en España y con varias cabezas en los Emiratos Árabes Unidos , a saber: Alejandro Salgado Vega, alias El Tigre , Perikles Daremas y Javier Napoleón Díaz Nuila, alias Java . Español, británico y hondureño con arraigo en Medellín. Los tres figuran en lo alto de un entramado criminal que, tal y como explicó Narcodiario en su momento, introdujo unos 100.000 kilos de cocaína en Europa . Los citados nombres se integran supuestamente en una parte importante de la llamada "Junta del Narcotráfico" –así la bautizó Gustavo Petro , presidente de Colombia–, y coordinarían un engranaje sin igual que logró esquivar la vigilancia de las autoridades para introducir decenas de contenedores con droga en Europa a lo largo de los años, al menos entre 2020 y finales de 2024, pero seguro que también antes. Todo ello aflora tras la investigación policial de España, que, con el paso del tiempo, ofrece sorpresas inesperadas, como la detención de Francisco de Borbón, primo lejano del rey de España, como uno de los presuntos testaferros que colaboraba para blanquear el dinero que generaba la trama. Que era mucho. Muchísimo. El modus operandi era sencillo. Torán era el enlace entre Dubái y Madrid, por lo que realizaba frecuentes viajes entre ambas ciudades, empleando muchas veces otras como puente para no infundir sospechas. Llevaba tiempo siendo perseguido por la Udyco Central , vigilado. Debía de intuirlo, pues tomaba enormes medidas de seguridad. Vigilaba cada coche, cada persona que se cruzaba en su camino. Desconfiaba. Torán despachaba directamente con el inspector jefe, que le facilitaba los canales adecuados para la introducción de los contenedores con cocaína y le informaba de posibles inspecciones. Lo hacía, como se sabe, gracias a su posición en la Jefatura Superior, que le permitía 'meterse' en operaciones aunque estuviesen lejos de sus competencias en la UDEF . Y la Policía sospechaba de él. La tercera pata importante en España la componía Eduardo Montero, empresario del sector de la fruta que aportaba las naves y las firmas concretas para la recepción de los alijos de droga. Era igualmente fuerte en el seno de la organización, tal y como refleja la estimación de cobros por cada una de las operaciones que detalla la Policía en sus informes. Así, Torán se llevaría 1,5 millones, Sánchez 800.000, Montero 450.000 y el resto de miembros de la organización en España entre 40.000 y 75.000 euros. Cantidades enormes que sirven para entender el hallazgo de casi 20 millones en la vivienda del inspector jefe, pero números que se quedan cortos si saltamos a Dubái y pensamos en las cantidades que maneja la Junta del Narcotráfico . Una Junta en cuya mesa se sienta, probablemente, Ignacio Torán. Como ejemplos, vamos a destacar tres. Por un lado, las mansiones. El presunto jefe de la red en España tiene varias residencias del máximo lujo en el emirato. De hecho, en la parte final de la investigación, en conversaciones intervenidas con otro de los capos, Javier Napoleón Díaz, alias Java , le cuenta que ha puesto a la venta una de ellas, ubicada en La Palmera , y por la que pide más de 13 millones de euros. Por otro lado, los relojes. En otra conversación entre estas mismas personas a la que ha podido acceder Narcodiario , ambos hablan de varias piezas de la marca Patek Philippe en su poder que, como se sabe, son más caros que los Rolex . Hablan de un reloj con rubíes del que "solo se han fabricado cinco unidades en todo el mundo" y de otro con esmeraldas que cuesta dos millones de euros. Los coches de lujo, que también poseían, se quedan en un segundo plano. Por último, la boda. Entre los documentos analizados por las autoridades apareció una invitación de boda que, según interpretan, se correspondería con el enlace nupcial del citado Javier, alias Java , de nacionalidad hondureña y considerado el nexo central con los cárteles colombianos. Su estatus recuerda al que mantuvo en su momento Matta Ballesteros en España, en tiempos de los históricos cárteles de Cali y de Medellín . También hondureño, se estableció en Europa para coordinar los negocios de la cocaína. Pero volviendo a la boda, nos encontramos con el último de los lujos desorbitados de estos grandes capos que se iban a reunir allí en septiembre de 2024 –parece que el evento no tuvo lugar finalmente–. El escenario elegido era Villa Balbiano, uno de los escenarios más glamourosos de todo el mundo, a orillas del lago de Como, al norte de Italia y al pie de Los Alpes . Los últimos pasos que ha dado la Audiencia Nacional tras los últimos detenidos por blanqueo, apuntan a un posible ingreso en prisión de Ignacio Torán, que fue excarcelado meses atrás pero que estaba cumpliendo con sus comparecencias periódicas en el juzgado, que le fueron impuestas como medida cautelar. El juez que coordina las pesquisas ha ordenado su detención durante 72 horas , todo ello antes de que se celebre una vistilla que tendrá lugar el lunes. El motivo es claro. Ahora que se ha descubierto su auténtico poder económico y se ha avanzado en la causa por blanqueo, se aprecia un claro riesgo de fuga y también de que consiga 'mover' bienes para protegerlos. Será muy probable que la Fiscalía Antidroga solicite su ingreso en prisión preventiva.

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Desde hace algunas semanas, varias de las compañías lácteas más grandes del mundo –incluidas, entre otras, Nestlé, Danone, Granarolo y Lactalis – están retirando y bloqueando lotes de fórmula infantil, por el temor a que estén contaminados con una toxina llamada cereulida . Esta situación ha provocado retiradas masivas de productos y ha suscitado gran preocupación entre los padres. La alerta es global y afecta a más de 60 países en todo el mundo. Se estima que al menos 29 países europeos están involucrados. España no es una excepción: la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) ha emitido varias notificaciones de retirada preventiva de diversos lotes de leche de fórmula infantil por la posible presencia de cereulida. La cereulida es una toxina termoestable producida por las bacterias Bacillus cereus y Bacillus weihenstephanensis . Resistente al ácido y a las enzimas digestivas, provoca náuseas y vómitos intensos y cíclicos repentinos entre 30 minutos y seis horas después de su ingestión. También puede causar dolor abdominal y, a veces, diarrea . Incluso ocasionalmente da lugar a intoxicaciones graves relacionadas con insuficiencias hepáticas agudas. En bebés pequeños, puede alterar el equilibrio sódico del cuerpo y provocar complicaciones como la deshidratación. Los posibles efectos negativos para la salud se consideran de bajos a moderados y dependen de la edad del bebé. Los neonatos y los bebés menores de seis meses tienen mayor riesgo de padecer enfermedades graves. De todas formas, la acumulación de cereulida en productos alimenticios es un riesgo significativo porque no se destruye fácilmente mediante métodos de procesamiento o digestión de los alimentos. En algunos casos , incluso puede llegar a ser mortal. El motivo de la posible contaminación con cereulida ha sido rastreado hasta un ingrediente específico: el aceite de ácido araquidónico o ARA, suministrado a las compañías por un proveedor internacional. El ARA es un ácido graso omega-6 utilizado en la industria alimentaria. Los fabricantes de fórmulas infantiles lo emplean en algunos productos, de conformidad con el Reglamento (UE) 2016/127 . Dada la situación, la Comisión Europea solicitó a la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (AESA) que emitiera asesoramiento científico urgente para respaldar las decisiones sobre la retirada de productos. Tras una evaluación rápida de los riesgos, la AESA ha establecido un nuevo nivel máximo de ingesta diaria segura para la cereulida. Bacillus cereus es el principal agente causante del “síndrome del arroz frito” que se produce cuando el arroz hervido se deja a temperatura ambiente durante unas horas. Se estima que Bacillus cereus es responsable del 1,4 % al 12 % de todos los brotes de intoxicación alimentaria en el mundo. La bacteria produce enfermedades gastrointestinales de dos tipos: eméticas y diarreicas . El tipo emético, que a menudo es asociado con la ingesta de pasta y de arroz contaminado, surge por la presencia de la cereulida en los alimentos. En 2008, la muerte súbita de un adulto joven (20 años) fue asociada a una intoxicación alimentaria por Bacillus cereus . Todo comenzó el 1 de octubre, cuando el joven enfermó tras ingerir restos de espaguetis con salsa de tomate , preparados cinco días antes y dejados en la cocina a temperatura ambiente. Después de asistir a clase, los calentó en el microondas. Inmediatamente después de comer, salió de casa para realizar actividades deportivas, pero regresó 30 minutos después y sufrió dolor de cabeza, dolor abdominal, náuseas y diarrea acuosa. Después de medianoche, se quedó dormido. A la mañana siguiente, a las 11:00, sus padres estaban preocupados porque no se había levantado. Cuando fueron a su habitación, lo encontraron muerto. Los análisis posteriores aislaron cepas eméticas de Bacillus cereus y se encontraron altos niveles de cereulida en los espaguetis . Cocinar alimentos contaminados a las temperaturas recomendadas elimina las células vegetativas de Bacillus cereus . Sin embargo, las esporas de esta bacteria, que son resistentes al calor, pueden sobrevivir al proceso de cocción y volver a germinar si los alimentos se enfrían lentamente. Si los alimentos se mantienen durante varias horas a temperaturas inadecuadas antes de servirlos –por encima de 5 °C en el caso de alimentos fríos o por debajo de 57 °C en alimentos calientes – pueden desarrollarse concentraciones peligrosas de bacterias o de toxinas antes del consumo. El correcto almacenamiento de los alimentos es fundamental para evitar las intoxicaciones alimentarias en el hogar. ---------------------------------- Raúl Rivas González es catedrático de Microbiología. Miembro de la Sociedad Española de Microbiología en la Universidad de Salamanca. Este artículo se publicó originalmente en The Conversation . Lea el original aquí .

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La Policía Nacional contará en su parque móvil con dos potentes nuevos vehículos para la lucha contra el narcotráfico. La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha avalado que el cuerpo pueda disponer provisionalmente de un Porsche Cayenne Turbo y un Audi A3 Sportback incautados a la trama que gira alrededor del exjefe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), al que detuvieron a finales de 2024 por su supuesta relación con el narcotráfico con más de 20 millones de euros en efectivo, buena parte de ellos emparedados. Algo que, según señalan fuentes policiales a infoLibre , se hace "de forma habitual". Y que les permite, en algunos casos, enfrentarse a los delincuentes en igualdad de condiciones. A comienzos de octubre, el instructor del caso, que se lleva en el Juzgado Central de Instrucción nº1 de la Audiencia Nacional, acordó el decomiso de ambos coches "como ganancia procedente del delito". Y la adjudicación de los mismos, a través de la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos, a la Policía, de forma que pueda usarlos de manera provisional hasta que se dicte sentencia firme. En el marco de la operación se requisaron decenas de vehículos, parte de ellos de marcas de lujo –desde Maseratti a Porsche, Range Rover o BMW– y algunos relacionados con licencias VTC. El juez dio orden de sacarlos a subasta unos meses después de la detención de Óscar Sánchez, el inspector de la UDEF que se erige como pieza central de una investigación cuya explosión precipitó la incautación en Algeciras de 13 toneladas de cocaína vinculadas al entramado. Las defensas recurrieron. En el caso del Porsche Cayenne, que figura como propiedad de la mercantil Leihwagen –una de las utilizadas en la trama–, alegaron que no se fundamentaban de manera suficiente los indicios que permitían calificar al coche como "ganancia procedente del delito" o que la cesión del mismo a la Policía iba en contra de la naturaleza del decomiso porque el uso policial no conserva, sino que consume el valor del bien . Una impugnación similar a la planteada en relación al Audi, en la que se alegaba que el vehículo fue adquirido meses antes de que la recurrente prestase sus servicios a una de las mercantiles salpicadas y pagado desde su propia cuenta corriente, no desde ninguna sociedad implicada en el supuesto blanqueo de capitales. Pero ambas chocaron contra la Audiencia Nacional. En dos autos de comienzos de enero consultados por este diario, los magistrados rechazan, uno a uno, los argumentos esgrimidos. "El hecho de que la ahora recurrente comenzase su actividad en la sociedad Pumba Gestión en abril de 2024 y que el vehículo hubiera sido adquirido con anterioridad, y que se hubiera abonado íntegramente a través de cuentas bancarias a nombre de la investigada, y no de la sociedad, no implica la legalidad del origen del dinero, ya que las actuaciones delictivas objeto de la investigación son anteriores a dichas fechas, por lo que no se ha acreditado el origen lícito del dinero contenido en dichas cuentas , ni del efectivo incautado en su domicilio –51.600 euros–", apuntan los magistrados en el caso del Audi. Las resoluciones, del mismo modo, también responden a la cuestión del consumo de valor planteada. "Los vehículos se deprecian y se deterioran más por el hecho de estar parados que en circulación, con independencia de que esta última opción produzca otro tipo de desgaste de la vida útil del vehículo ", sostiene la Sala de lo Penal, que también recuerda la suspensión de actividad de la mercantil: "La devolución no permitirá a aquella retomar sus operaciones ordinarias, ni la viabilidad de la empresa y la protección de su patrimonio, razón por la que primero el decomiso y luego el uso policial impedirán el achatarramiento y deterioro del vehículo". El artículo 367 sexies de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (Lecrim) establece que "podrá autorizarse" el "uso provisional" de "bienes decomisados", entre otras circunstancias, cuando "se trate de efectos especialmente idóneos para la prestación de un servicio público". Algo que, consideran los magistrados, se cumple en este caso: " Resultan especialmente idóneos para ser puesto a disposición de las unidades policiales de la investigación en sus funciones ordinarias de prevención y represión del tráfico de drogas organizado y el blanqueo de capitales asociado a aquel, debido a las peculiares características técnicas del mismo". Las fuentes policiales consultadas explican que la cesión provisional de bienes decomisados a las unidades "se hace de forma habitual" para facilitar las "labores" policiales. Al fin y al cabo, es algo que les permite jugar con las mismas cartas que los delincuentes. "No es lo mismo perseguir a un Porsche con un Toyota Corolla o con un Nissan Qashqai que con otro Porsche" , ejemplifican. Además, explican que no siempre se ceden vehículos. También pueden solicitarse otros medios: "Por ejemplo, un georradar potente que se incaute en una operación". La Unidad de Asuntos Internos de la Policía, en un informe fechado a mediados de diciembre al que ha accedido EFE , sostiene que el exjefe de la UDEF habría ayudado a colar en España 37 contenedores con 58,49 toneladas de cocaína , con un valor en el mercado de más de 2.000 millones de euros. Una conclusión a la que llegan los investigadores tras analizar el móvil del inspector, donde destaca una nota denominada "8 jun 24", actualizada hasta pocos días antes de su detención, que evidenciaría una relación entre contenedores de droga y cantidades de dinero. El informe de Asuntos Internos analiza también las comunicaciones de otro de los principales investigados, Ignacio Torán, que evidencian su "liderazgo en la organización", su "actuación concertada" con el inspector y la "inquietante y espectacular capacidad económica" que facilitó su captación y "su absoluta entrega a los ilícitos fines de la organización movido por el ánimo de lucro". De hecho, el exjefe de la UDEF recibía "correlativos pagos" por su ayuda a la organización de parte de Torán, que está en libertad provisional por un error judicial. En el marco de esta macrocausa, esta semana cayeron nuevas piezas del engranaje de blanqueo de capitales que giraba alrededor de la trama. Entre los detenidos, Francisco de Borbón , pariente lejano del rey y cuyo nombre está detrás de la firma ET Fintech Europe, dedicada a la criptomoneda y que llegó a amasar 20 millones de dólares en moneda virtual que, según la Audiencia Nacional, procederían del tráfico de cocaína.

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Es su voz, o más bien casi su voz. Y eso lo cambia todo. Cuando Françoise Cadol se enteró, a través del mensaje de un fan que no conocía —uno de los que ella llama “los guardianes de las voces”—, de que figuraba en el catálogo de webs de pago de inteligencia artificial (IA) que ofrecen la posibilidad de que todo tipo de personalidades lean textos, actuó de inmediato. “Es un robo, sencillamente. Nos menosprecian, nos aniquilan utilizando nuestras voces sin que hayamos dado nuestro consentimiento cuando es nuestro trabajo” , se indigna la actriz, que se encarga del doblaje en francés de estrellas de Hollywood como Angelina Jolie, Sandra Bullock, Tilda Swinton o Patricia Arquette y goza de una gran reputación en el sector y entre el público. “Hemos decidido dar un paso al frente para cambiar las cosas”, afirma. Françoise Cadol es una de las ocho profesionales del doblaje que, el 30 de enero, enviaron requerimientos a dos empresas estadounidenses que clonaron sus voces sin su consentimiento, VoiceDub y Fish Audio. Las páginas webs , que no han respondido a Mediapart , te cobran por leer un texto de su elección con una voz extraída de un amplio catálogo , en el que figuran, entre otras, las de Emmanuel Macron o el futbolista Kylian Mbappé, así como las voces francesas de famosos actores, actrices o personajes de ficción. “ Es mi voz, pero sin emoción, sin ninguna intención interpretativa, totalmente lineal, monótona . Pero la IA es un monstruo al que alimentamos continuamente, y pronto sabrá transcribir las emociones...”, anticipa Céline Monsarrat, la voz en francés de Julia Roberts, del personaje Dory en la película de animación El mundo de Nemo o de Bulma en el manga Dragon Ball, también involucrada en el proceso. La acción colectiva, revelada por la AFP , es inédita y emblemática de las luchas que los actores y actrices de doblaje llevan librando tres años, cuya profesión se ve especialmente amenazada por el desarrollo a gran escala de la IA generativa. La movilización , que reúne a los actores de doblaje francófonos más conocidos, exige a VoiceDub y Fish Audio que retiren de sus plataformas todos los “modelos de clonación que explotan [sus] voces” en un plazo de ocho días . También reclaman 20.000 euros en concepto de daños y perjuicios. Si las empresas no responden, emprenderán acciones legales. “Estos actores y actrices han querido levantar el puño, no para explotar su coto privado, sino para señalar el peligro”, explica su abogado, Jonathan Elkaim. “La profesión del doblaje se está empobreciendo. Y, más allá de eso, ahora se puede hacer decir lo que se quiera a cualquiera. No nos oponemos por principio a la IA, que no es un demonio, pero se ha abierto la caja de Pandora”. Además de la retirada de las voces clonadas sin autorización, el abogado afirma estar “a la espera de una prohibición formal de esas plataformas en nuestro territorio, ya que nos llevan a un terreno extremadamente peligroso”. Sobre el papel, el arsenal jurídico francés es suficiente para proteger a los actores : la voz es un dato personal y cualquier reproducción sin consentimiento se considera una falsificación. El Código Civil, el Código Penal y el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) son claros. Pero es necesario que esas leyes sean respetadas por las plataformas con sede en Estados Unidos . Hace ya varios años que los profesionales del sector vieron venir el peligro. La IA generativa avanza a pasos agigantados en la imitación de voces, con resultados que algunos estudios de televisión o cine ya consideran suficientes, por lo que están empezando a prescindir de los actores de doblaje . En Francia, el sector agrupa, según las estimaciones, a unas 15.000 personas: 5.000 actores, 2.500 autores, un centenar de estudios y sus técnicos... “La tecnología aún no está a punto, pero es cuestión de meses”, decía a principios de 2025 en Le Monde Stephan Kalb, actor, productor audiovisual y miembro fundador de la asociación Les Voix, que alerta sin cesar sobre el tema, al igual que el colectivo TouchePasMaVF (no toques mi versión francesa), que defiende un “doblaje creado por humanos para humanos”. En diciembre de 2024 hubo una pequeña manifestación en París de profesionales del sector a instancias del sindicato CGT y la asociación Les Voix. Estas organizaciones buscan obtener cláusulas de protección y piden que se añada sistemáticamente a los contratos una cláusula “destinada a excluir explícitamente cualquier uso de sus servicios para el entrenamiento o el aprendizaje de sistemas de IA” y “la creación de voces sintéticas, independientemente de que imiten o no la voz original”. “Llevamos mucho tiempo esperando que el ministerio de Cultura se ocupe del tema y nos reciba”, subraya Céline Monsarrat. “Yo estoy al final de mi carrera, aunque nunca dejas del todo esta profesión. Pero la situación es muy preocupante para los jóvenes, en todas las profesiones artísticas.” Este tipo de situación no es del todo nueva. En 2024, la actriz estadounidense Scarlett Johansson consiguió que se retirara de ChatGPT una voz muy parecida a la suya, y más concretamente a la del chatbot que interpretaba en la película Her, estrenada diez años antes. En Francia, la difusión de un tráiler francés de la última película de Sylvester Stallone, Armor , causó revuelo en enero de 2025: la voz utilizada era la de Alain Dorval, doblador histórico de Stallone fallecido en febrero de 2024. Sus herederos, su esposa y su hija, Aurore Bergé, ministra encargada de la igualdad entre mujeres y hombres, consiguieron que se retirara el vídeo, cuyo audio había sido fabricado por el estudio ElevenLabs , que en Estados Unidos es objeto de una demanda colectiva presentada por los actores y actrices que graban audiolibros. El otoño pasado, Françoise Cadol , que también fue la icónica voz de Lara Croft en los primeros videojuegos de Tomb Raider, tuvo la desagradable sorpresa de descubrir que se había utilizado la IA generativa para hacerle pronunciar frases nuevas en las versiones remasterizadas de algunos episodios del juego. El editor, Aspyr, dio marcha atrás tras su queja. Hoy, la actriz se alegra del gran eco que ha tenido la iniciativa que acaba de lanzar junto con sus colegas contra las web de IA. “Los medios de comunicación han respondido ampliamente, estamos actuando juntos y eso demuestra que el tema se entiende bien”, se felicita. “Y recibimos muchos mensajes: el público también se siente menospreciado, robado. Tengo esperanza.” Otros son menos optimistas y observan cómo el tsunami de la IA comienza a azotar el sector audiovisual. En diciembre, Walt Disney, el estudio más grande del mundo, propietario de Pixar, Marvel y Star Wars, cedió a OpenAI los derechos de 200 de sus personajes para que aparecieran durante tres años en la plataforma de creación de vídeos Sora. En el lado desfavorable de la balanza, es posible que los actores pronto no tengan más remedio que negociar acuerdos financieros para ceder los derechos sobre sus voces. Traducción de Miguel López

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Si pensábamos que otra guerra mundial era imposible, si creímos que el fascismo había sido derrotado para siempre, no fue por ignorancia, sino por comodidad . Preferimos contarnos una historia tranquilizadora antes que asumir una verdad incómoda: el fascismo no desaparece cuando pierde, solo espera mejores condiciones . En España, esta ceguera tiene raíces profundas. No vivimos una derrota del fascismo, sino una reconversión . El franquismo murió en la cama y dejó tras de sí una democracia nacida del pacto, no de la ruptura. Aquella Transición fue, en muchos aspectos, un logro histórico, pero también estableció un silencio estructural que hoy seguimos pagando . Sin una condena clara, sin una depuración real, sin una pedagogía democrática sostenida, el autoritarismo quedó latente , normalizado, incluso legitimado en ciertos espacios. Por eso el avance de la extrema derecha en España no es una anomalía , sino una consecuencia. No surge de la nada ni es un simple fenómeno importado. Crece en un terreno abonado por la desmemoria, la desigualdad y la banalización del discurso político. Crece cuando se acepta que cuestionar derechos fundamentales es solo “una opinión” , cuando se equipara el antifascismo con el extremismo o cuando se presenta el odio como libertad de expresión. El fascismo actual ya no necesita declararse como tal. Le basta con erosionar . Con poner en duda la violencia machista, con criminalizar la migración, con señalar a periodistas y jueces, con desprestigiar la ciencia, la universidad o la cultura. Le basta con instalar la idea de que la democracia es un obstáculo y no una garantía. En España lo vemos cada día en parlamentos, tertulias y redes sociales, sin ir más lejos, una concejala del Partido Popular se persona sin pudor en un acto del PSOE con el propósito de insultar a su líder y presidente del Gobierno de España, con una naturalidad que debería alarmarnos mucho más. Pero sería un error atribuir toda la responsabilidad a quienes lideran estos discursos. El problema es más amplio y más incómodo. La extrema derecha avanza porque se le ha abierto espacio . Porque se ha normalizado su presencia institucional en nombre de la gobernabilidad. Porque se ha aceptado su marco de debate. Porque demasiadas veces se ha reaccionado tarde, mal o con miedo a perder votos. También hay responsabilidades en una izquierda que no siempre ha sabido ofrecer respuestas materiales a la frustración social , en unas élites políticas y económicas cada vez más alejadas de la vida real, y en un ecosistema mediático atrapado entre la polarización, el click fácil y la falsa equidistancia. El resultado es una sociedad cansada, desinformada y vulnerable a soluciones autoritarias que prometen orden a cambio de derechos. La historia demuestra que el fascismo no necesita mayorías entusiastas. Le basta con la apatía, con la desmovilización y con la idea de que “no será para tanto” . Así es como se degrada una democracia: no de golpe, sino por acumulación de renuncias . Primero se tolera el discurso, luego el pacto, después el recorte, hasta que lo excepcional se vuelve norma. En España, pensar que “esto no puede pasar aquí” es una forma de irresponsabilidad política . Ya pasó. Y no hace tanto. Para muchas personas, mujeres, migrantes, personas LGTBI, periodistas críticos, el avance autoritario no es una abstracción teórica, sino una experiencia diaria de señalamiento, precariedad y miedo . Defender la memoria democrática no es un ejercicio simbólico ni una batalla cultural secundaria . Es una herramienta de supervivencia democrática. No se trata de vivir anclados en el pasado , sino de entender que el pasado no resuelto vuelve, siempre, como amenaza. Creer que con la llegada de la democracia derogamos el fascismo fue el error . Seguir creyéndolo, hoy, una negligencia. ___________________________________ Juan Antonio Gallego Capel es funcionario de carrera de la Administración de la Región de Murcia, socialista, defensor del Estado federal, laico y republicano.

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Durante el pasado mes de enero han transitado por la península ibérica, alcanzándola de lleno, media docena de vigorosas y enérgicas borrascas atlánticas, identificadas con nombres propios: Francis, Goretti, Harry, Ingrid, Joseph y Kristin. Estos seis ciclones extratropicales o noruegos, profundos, de isobaras prietas y acentuados gradientes de presión -sin que haya faltado más de un caso de ciclogénesis explosiva-, con empinados anafrentes fríos, han originado temporales muy duros, con manifestaciones meteorológicas sumamente violentas y peligrosas: furiosos vendavales, causantes de numerosos daños en tierra y enorme riesgo en las costas, desde oleaje fuerte a, en algún sector y momento, viento huracanado, mar de gravísimo peligro, sin que hayan faltado, con velocidades de 85-100 km/h, fenómenos de mar arbolada y montañosa.

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Con motivo de la celebración de San Valentín, Santomera pone en marcha Consumoplacer, una nueva campaña de impulso al comercio local con motivo de la celebración de San Valentín. La iniciativa contempla la realización de un sorteo de tres cenas románticas para el 14 de febrero y una comida el 15 de febrero, con el objetivo de incentivar las compras en los establecimientos del municipio y premiar la confianza de la ciudadanía en el comercio de proximidad.

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