El Partido Liberal Democrático (PLD) ha gobernado sin apenas interrupciones desde 1995 entre el pragmatismo político, la gestión de una maraña de redes clientelares y la colaboración con EEUU, fraguada en la Guerra Fría La líder ultraconservadora de Japón acude a las urnas con el rearme como principal baza en la era Trump La sólida victoria electoral de Sanae Takaichi en las elecciones a la cámara baja del domingo ha vuelto a confirmar una de las reglas históricas de la política japonesa: el PLD siempre gana. Fundado en plena Guerra Fría, el Partido Liberal Democrático nipón ha gobernado de forma prácticamente ininterrumpida desde 1955, con apenas dos periodos en la oposición (14 meses entre 1993 y 1994, más el trienio 2009-2012). Su extremo pragmatismo, sus enmarañadas y bien lubricadas redes clientelares —favorecidas por un sistema electoral enrevesado— y, cuando la ocasión lo requiere, el apoyo más o menos disimulado de EEUU, han alimentado este dominio histórico. “Es el partido más exitoso de todas las democracias desde el fin de la II Guerra Mundial. Más incluso que el Congreso Nacional Africano de Sudáfrica [tras el fin del apartheid]. Es impresionante”, señala a elDiario.es Robert Pekkanen, director del programa de estudios sobre Japón de la Escuela de Estudios Internacionales Henry M. Jackson, ligada a la Universidad de Washington. Especializado en el análisis de los sistemas electorales, Pekkanen señala que el partido nace de la fusión de otras dos formaciones de derecha por un cálculo meramente electoralista. El sistema de voto, que se mantuvo sin alteraciones significativas hasta los 90, incentivaba que candidatos de la misma formación tuviesen que competir entre sí porque, en lugar de listas electorales, los votantes solo podían apoyar a un único candidato por cada circunscripción, aunque estas tuviesen múltiples diputados asignados. Y esa competencia entre compañeros “solo puedes hacerla a través de las redes personales y el clientelismo, porque no vas a disputar sobre cuestiones políticas con un aspirante de tu mismo partido”, explica Pekkanen. Es el partido más exitoso de todas las democracias desde el fin de la II guerra mundial. Es impresionante Robert Pekkanen — director del programa de estudios sobre Japón de la Escuela de Estudios Internacionales Henry M. Jackson Esta especie de caciquismo oriental lleva a que el político esté en permanente campaña, empeñado en caer bien al potencial votante en su entorno inmediato. “ Koenkai es la palabra sagrada que define a las redes clientelares, que explican que en la Dieta [la cámara baja parlamentaria] se repitan generación tras generación los mismos apellidos, muy vinculados a determinados territorios. Esos diputados van religiosamente, con mucha frecuencia, a bodas, bautizos y funerales. Hay una relación muy estrecha, que engrasan de manera constante”, explica Fernando Delage, director del Departamento de Estudios Internacionales de la Universidad Loyola y exdirector de Casa Asia en Madrid. A esto se suma el centralismo fiscal nipón, que permite escasa autonomía a los responsables locales para asignar los recursos, que se reparten desde Tokio. “Si eres un político joven y con ambiciones y vives en una zona que necesita que se construya un puente, vas a tener que acabar afiliándote al PLD, aunque no te caigan especialmente simpáticos, porque son los que deciden dónde va el dinero”, pone por ejemplo Pekkanen. “El denominado 'sistema de 1955' otorgaba al PLD, de facto, una preponderancia sobre el resto de partidos que era conveniente en el contexto de la Guerra Fría, y que gracias al denominado 'triángulo de hierro' de la política japonesa –con el PLD, el sector empresarial y la burocracia– dio lugar al milagro económico japonés hasta la década de los 90”, relata Oriol Farrés, analista del centro de investigación en relaciones internacionales CIDOB especializado en la región de Asia-Pacífico. ?Koenkai' es la palabra sagrada que define a las redes clientelares, que explican que en la Dieta [la cámara baja parlamentaria] se repitan generación tras generación los mismos apellidos Fernando Delage — Director del Departamento de Estudios Internacionales de la Universidad Loyola “Era un partido extraordinariamente pragmático que coincide con el grueso de una sociedad étnica y culturalmente homogénea y también muy inclinada al mantenimiento del statu quo ”, apunta Delage, en clave sociológica. Esa flexibilidad programática explica, por ejemplo, que el Japón industrial de los años 70 diese pie a unas de las legislaciones medioambientales más restrictivas de la época, a medida que la conciencia ecologista calaba en la población. “Había episodios frecuentes de intoxicación por mercurio o cadmio, era peor que la China contemporánea”, relata Pekkanen. “Pero aprobaron reglas medioambientales muy estrictas porque, aunque prefiriesen ser más conservadores, lo que más les importaba era ganar”, añade. El amigo americano y la izquierda Las diferencias en el eje izquierda-derecha en Japón no remiten tanto a cuestiones como la política tributaria o los servicios públicos, sino que están fuertemente ligadas al fin de la Segunda Guerra Mundial, cuando el país se ve ocupado por EEUU. “No recupera realmente la soberanía hasta las elecciones de 1955, pero está condicionada a la firma de un tratado de seguridad que implica la permanencia de tropas estadounidenses”, explica Pekkanen. La posibilidad de abandonar la alianza militar empieza a plantearse en los años 60, una década de ebullición izquierdista, en las que la principal formación opositora, el Partido Socialista, aspira a salir de los bloques geopolíticos. “Quería que Japón fuese Suiza”, describe Pekkanen. El debate parte a la sociedad, que tiene el recuerdo de las bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki y el bombardeo incendiario de Tokio todavía en la retina. La división se resolvió en favor del aliado estadounidense, que no se había quedado cruzado de brazos esperando acontecimientos. En la década previa había apoyado activamente la fusión de los partidos que dieron lugar al PLD y maniobrado para rehabilitar a figuras vinculadas al Japón imperial que veía útiles en la lucha contra el comunismo. Uno de ellos era Nobusuke Kishi. Ministro durante la guerra, pasó tras la contienda por la cárcel como sospechoso de crímenes de guerra, pero acabó reincorporándose a la vida política. Fue uno de los fundadores del PLD y primer ministro (1957-1960), como después lo sería su hermano, Eisaku Sato (1964-1972) y su nieto, Shinzo Abe (2006-2007 y 2012-2020). La influencia de EEUU era tal que el jefe de estación en Tokio de la CIA entre 1974 y 1976, Horace Feldman, llegó a decir, según recogió el periodista Tim Weiner en Legado de Cenizas , donde repasa la historia de la agencia: “Gobernamos Japón durante la ocupación y lo hicimos de una manera diferente en los años posteriores a la ocupación. El general MacArthur tenía sus métodos. Nosotros teníamos los nuestros”. Reforma electoral y primeras grietas El final de los 80 trajo a Japón una crisis económica que se extiende hasta la actualidad. En 1993 el PLD salió por primera vez del Gobierno tras una escisión interna que dio pie a un gobierno de coalición en el que participaron por primera vez los socialistas. La experiencia duró poco. “Se unen todos menos el PLD y los comunistas, pero se viene abajo, no tenían nada en común”, relata Pekkanen. En esos años se cambia la ley electoral. “Es lo que se identifica como la principal fuente de corrupción, que es del sistema en sí, por esa carrera por conseguir recursos, más que por la voluntad el enriquecimiento personal”, plantea Delage. El PLD se rehace y vuelve al Gobierno en solitario en 1996, tras una efímera experiencia de cohabitación con los socialistas de la que la izquierda sale muy perjudicada. Desde entonces y hasta 2009 pasan otros 15 años en el poder, hasta su primera derrota real ante el Partido Democrático, de centroizquierda. Influye definitivamente en este revés el efecto de la gran recesión y un cierto abandono de la base rural del PLD, tradicionalmente afín, según Pekannen. Pero la alternancia no dura más de una legislatura. El primer ministro Yukio Hatoyama trata de limitar la presencia militar de EEUU en la isla de Okinawa y se encuentra con el rechazo de la burocracia nacional, muy proclive a la gran potencia. “Era una situación imposible: enfadas a los estadounidenses y decepcionas a los isleños”, apunta el experto electoral, que agrega que la estocada definitiva fue el accidente de la central nuclear de Fukushima, provocado por un terremoto. “Se les culpó por no responder adecuadamente, ellos que ni siquiera eran partidarios de la energía nuclear”, indica. La central nuclear de Fukushima. El PLD vuelve a ganar en 2012 con Abe y el Partido Democrático languidece hasta acabar disolviéndose en 2017. La gobernanza vuelve a ser un juego interno del PLD, ahora con la participación ocasional de partidos minoritarios. Su último aliado, el Komeito, de inspiración budista, decidió romper amarras con el PLD ante la retórica derechista de Takaichi y unirse al Partido Constitucional Democrático, de reciente creación, para constituir la Alianza Reformista de Centro. La maniobra no logra desbancar a una primera ministra que hace valer su popularidad. “Que sea una mujer es relevante, más en un partido que hasta los 90 no tenía ni una sola diputada”, apunta Pekkanen, que señala su popularidad entre los jóvenes, pero duda de que la actual primera ministra pueda aumentar el gasto militar, como promete. “Japón es la sociedad más envejecida del mundo, por lo que tienen un gasto muy elevado en pensiones. No sé si se puede reducir la deuda, bajar los impuestos y gastar más en defensa al mismo tiempo”, plantea. “Enfrentarse a China por Taiwan puede ser popular, pero crea una serie de problemas”, advierte Delage, que también tiene dudas de que Takaichi sea capaz de llevar adelante “las reformas estructurales de la economía en las que Abe, que fue su mentor, fracasó”. Si su figura pierde brillo, en el PLD no van a faltar recambios.

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El Ministerio de Transición Ecológica y Azata del Sol, propietaria del macrohotel ilegal de la costa almeriense, agotan la vía administrativa sin acuerdo sobre el precio del terreno. La última palabra la tiene un Jurado Provincial de Expropiación, antes de que el litigio vuelva a los tribunales de lo Contencioso La promotora del Algarrobico recurre el proceso de expropiación y frena el plan del Gobierno de derribar el hotel este año El Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico (Miteco) ha rechazado el justiprecio propuesto por Azata del Sol S.L., la promotora del Algarrobico, y ha fijado en 44 millones de euros el coste de la indemnización a los dueños del macrohotel ilegal, construido hace 20 años en el litoral almeriense, por la expropiación forzosa del suelo donde se erige, para proceder a la demolición parcial del inmueble, confirman a este periódico fuentes conocedoras del procedimiento administrativo. El pasado 19 de enero, el Jefe de Demarcación de Costas de Almería -dependiente del Miteco- notificó por escrito a los propietarios del Algarrobico el “rechazo” a su hoja de aprecio, esto es, a la estimación económica de los terrenos expropiables que había hecho la promotora, según sus propios cálculos. En ese mismo escrito, el Gobierno ofreció una contraoferta de algo más de 44 millones de euros [el valor catastral del suelo era de 323.872,89 euros en 2024] y, con arreglo a la ley, dio diez días de plazo para que “se acepte lisa y llanamente o bien se rechace”. Azata del Sol no recogió la notificación hasta el 29 de enero, de modo que aún está en plazo parar valorar la oferta del Miteco. Sin embargo, la cantidad es “muy inferior” a la que previamente había reclamado la promotora, confirman fuentes conocedoras del proceso, por lo que previsiblemente será rechazada, y la empresa tendrá derecho a hacer alegaciones “para justificar su propia tasación” aplicando sus “criterios estimativos y aportando ”las pruebas que considere oportunas“. Si persisten las discrepancias respecto al justiprecio, el expediente de los terrenos del Algarrobico pasará entonces a manos de un Jurado provincial de Expropiación, que podrá fijar una nueva cifra a la indemnización cuando considere que las propuestas de las partes resulten “notoriamente inferiores o superiores al valor real de los bienes”. La resolución de este Jurado pone fin a la vía gubernativa y, a partir de aquí, cabe recurso en los tribunales. Los actores que participan en el procedimiento de expropiación también ven poco probable que Azata del Sol acepte la cantidad propuesta por el órgano de arbitraje y auguran que acudirá a la vía judicial, para que resuelva un tribunal de lo Contencioso Administrativo en un plazo máximo de seis meses. Seis meses de litigio El Algarrobico, símbolo del urbanismo descontrolado de principios de siglo en España, empezó a construirse con autorización de las administraciones públicas. Las expectativas de indemnización de los promotores, que vieron paralizada el hotel con las obras ejecutadas al 94%, están muy por encima de la cantidad fijada hoy por el Miteco. En 2014 presentaron una reclamación patrimonial ante la Audiencia Nacional por más de 70 millones de euros, que debían abonar el Gobierno central, la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Carboneras por su “anormal funcionamiento”, pero la demanda no prosperó. Los jueces no consideraron a las administraciones responsables de los perjuicios económicos derivados de la paralización del hotel ilegal. La falta de un acuerdo amistoso entre el Gobierno y los dueños del Algarrobico ha echado por tierra el cronograma optimista de la vicepresidenta primera del Gobierno, ministra de Hacienda y candidata del PSOE en las próximas elecciones andaluzas, María Jesús Montero. Hace justo un año, Montero viajó hasta Almería y anunció, a pie de playa y frente al macrohotel, que sería derribado parcialmente antes de que terminara el año 2025. Desde entonces, el Miteco ha acelerado el procedimiento administrativo de expropiación, sin llegar a apurar los plazos que marca la ley para lograr alcanzar su objetivo. Pero en los últimos seis meses se ha topado con la resistencia de los dueños del hotel, la falta de acuerdo sobre el justiprecio de los terrenos y un recurso en los tribunales que paralizó cautelarmente el proceso. La vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica, Sara Aagesen. El pasado 2 de agosto, los abogados de Azata del Sol S.L. interpusieron un recurso de alzada contra el acuerdo de necesidad de ocupación de los terrenos donde se levanta desde hace 20 años el Algarrobico, en primera línea de la costa almeriense, dejando en suspenso el procedimiento de expropiación y los planes del Gobierno para demoler el inmueble en 2025. El recurso se registró el último día de plazo para hacerlo. La promotora rechazó en su escrito la resolución del 24 de junio de 2025 de la Delegación del Gobierno en Andalucía, que declaró la “necesidad de ocupación para su expropiación” de 16.432 metros cuadrados de superficie en el litoral del municipio de Carboneras (Almería), zona de dominio público marítimo terrestre, afectada por la declaración de “utilidad pública” que había aprobado el Consejo de Ministros el 11 de febrero del año pasado. Era la primera señal de resistencia de los promotores. El Miteco tenía tres meses para estudiar el recurso de alzada, pero no tardó ni dos semanas en desestimarlo (el 14 de agosto) y reactivar de inmediato el procedimiento de expropiación. Desde entonces, el Gobierno y los dueños del Algarrobico han forcejeado sin lograr un acuerdo amistoso sobre el coste de los terrenos expropiados. El 29 de octubre, la promotora interpuso un recurso ante la sala del Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) contra el acuerdo de ocupación de los terrenos del hotel, aprobado por el Consejo de Ministros, solicitando la suspensión cautelar del procedimiento de expropiación. El Ministerio de Sara Aagesen acordó paralizar el proceso hasta que los jueces se pronunciasen. El pasado 19 de diciembre, en un auto al que ha tenido acceso este periódico, el TSJA dio la razón a la Abogacía del Estado, reafirmó la “necesidad de que prevalezca el interés público en la tutela del dominio marítimo terrestre, no existiendo riesgo de inmediata ocupación”, y denegó la suspensión cautelar del procedimiento de expropiación. “Es evidente que los daños o perjuicios que provocaría la continuación del expediente de expropiación no son irreversibles”, reza el auto. El 30 de diciembre, el Miteco reactivó el procedimiento y el pasado 19 de enero remitió a la promotora del Algarrobico su última propuesta con el justiprecio de los terrenos, esos 44 millones de euros que la empresa deberá aceptar o rechazar en los próximos días. La última palabra de la vía administrativa la tiene el Jurado Provincial de Expropiación, dependiente de la subdelegación del Gobierno en Almería. El capital social de Azata del Sol ronda los 33,4 millones de euros, según los últimos datos disponibles, del año 2019. Este periódico se ha puesto en contacto con la empresa, que ha declinado valorar su posición en el procedimiento. Derribo de la mitad del inmueble El proceso de expropiación en ciernes afectaría sólo al 50% del edificio. El departamento de Sara Aagasen tiene competencias en el dominio público marítimo terrestre que ocupa el macrohotel de 20 plantas y 411 habitaciones, construido en 2003, pero que nunca llegó a abrir al público porque la Justicia frenó las obras cuando estaban a punto de terminar, en 2006, y más tarde lo declaró ilegal. El otro 50% del suelo donde se levanta esta mole de ladrillo -símbolo de la voracidad inmobiliaria y turística- está en el Parque Natural de Cabo de Gata y es competencia de la Junta de Andalucía, que ha rechazado la fórmula del Gobierno de expropiar para luego derribar el edificio. La vía de la expropiación fue anunciada hace un año, desde Carboneras, por la vicepresidenta primera y candidata del PSOE en las elecciones andaluzas, María Jesús Montero. El presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno, tildó la fórmula de “electoralista” y aventuró que estaba abocada al fracaso. El Ejecutivo andaluz se alineó entonces por la fórmula alternativa, en manos del Ayuntamiento de Carboneras, que el pasado verano ejecutó finalmente la revisión de oficio de la licencia de obras del hotel, después de diez años ignorando los avisos del TSJA para que ejecutara una sentencia de 2021 (y para modificar el PGOU recalificando el suelo del Algarrobico como “no urbanizable”). Pero, tras una lluvia de críticas, finalmente la Junta se ha personado en el procedimiento de expropiación para conocer todos los avances al respecto. El Algarrobico es el símbolo del urbanismo descontrolado en la costa de España y su demolición es un objetivo tanto del Gobierno central como de la Junta de Andalucía, que en 2011 firmaron un “protocolo para la recuperación de la playa” donde se ubica, ocupando parte de la franja de 100 metros de servidumbre de protección del dominio público marítimo-terrestre, según el deslinde confirmado judicialmente. El inmueble se levanta sobre suelo calificado como no urbanizable dentro del Parque Natural Cabo de Gata-Níjar y la licencia municipal de obras concedida en 2003 está pendiente de revisión de oficio por posible nulidad.

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La oposición hablan de "inseguridad jurídica" por los varapalos recibidos por el área de Urbanismo en los tribunales, mientras el delegado con más responsabilidades en el Ayuntamiento replica que solo ha perdido un plan especial en el Supremo y que otros 93 han salido adelante La Justicia anula varias multas de 30.000 euros a pisos turísticos de Madrid y tumba un argumento clave del Ayuntamiento Tres reveses judiciales han amargado la última semana al Gobierno de Almeida , cada uno en ámbitos distintos y con diferente alcance, pero todos enfocados en la misma área, la de Urbanismo. El pasado lunes Somos Madrid avanzaba un fallo que ponía en jaque las sanciones de 30.001 euros que el Ayuntamiento de Madrid estaba imponiendo a los dueños de pisos turísticos ilegales. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid consideró excesivas las multas porque se basan en la Ley del Suelo y, según el TSJM, no pueden aplicarse en estos casos. Esta interpretación afecta a las abultadas sanciones de hasta 100.000 euros que desde 2024 está imponiendo el área de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, con las que había conseguido amedrentar a parte de los propietarios que destinan sus pisos al alquiler turístico. Y puede tener consecuencias futuras, como luego analizaremos. Dos días después, el miércoles, se desvelaba que el TSJM también había tumbado el plan especial con el que el Ayuntamiento intentaba legalizar el actual Palacio de los Deportes , que lleva incumpliendo la normativa urbanística desde hace casi un cuarto de siglo. Fue entonces cuando el PSOE cargó con fuerza contra el delegado Borja Carabante. “Es que la lista es interminable”, aseguraba el concejal socialista Antonio Giraldo, quien destacaba la falta de “seguridad jurídica que hay en esta ciudad”. “La gente no sabe si lo que está haciendo el Ayuntamiento va a acabar anulado o no”, añadía antes de reclamar a Carabante “asumir responsabilidades políticas”, quejándose de que lo que aprueba su área “sea anulado por los tribunales por defecto de forma y por defecto de fondo”. Por último, lamentaba que “todo el dinero que invierte para recursos judiciales que acaban perdiendo también lo cogen de las arcas municipales, es decir, que lo pagamos todos”. El delegado respondía asegurando que de los 98 planes especiales aprobados por su equipo, solo cinco han sido tumbados por la justicia “y de esas cinco solo hay una sentencia firme”, añadía. “Ya saben que recurren todos y cada uno de los planes generales, de las modificaciones de Plan General, incluso de las licencias otorgadas”, se quejaba. Y aseguraba que “les vamos ganando en los tribunales”, a la vez que acusaba a la oposición de “intentar paralizar esta ciudad con triquiñuelas”, al no poder tumbar sus políticas “desde el punto de vista político ni convencer a los ciudadanos”. Tampoco pueden hacerlo en los plenos de Cibeles, porque el Partido Popular cuenta con mayoría absoluta para echar por tierra cualquier intento de la oposición en ese sentido. Lo que acaba convirtiendo la denuncia judicial en una de las vías para ejercer su vigilancia al Gobierno de Almeida. Los problemas en el Bernabéu y con el Atlético La tercera de las sentencias de la semana que afectan al Ayuntamiento es otra del TSJM con la que se reabre la consulta de los vecinos del Bernabéu sobre el tipo de licencia que tiene el Real Madrid en su estadio y si puede albergar conciertos . Los tribunales lo habían rechazado inicialmente por petición del consistorio y del club, pero ahora el área de Urbanismo deberá responder a la cuestión. Todo lo que rodea al Real Madrid está suponiendo uno de los mayores quebraderos de cabeza para el delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, debido a que sus vecinos también tumbaron el concurso a medida para que el club merengue pudiera construir dos aparcamientos municipales junto a su estadio. Un caso que el Ayuntamiento admitió haber perdido, pero que los de Florentino Pérez seguirán recurriendo hasta el Supremo , la última instancia judicial. Con este caso el PSOE acuñó la expresión “sastrería Carabante” para referirse a los “trajes a medida para planes privados” que estaban saliendo desde su área. Otro de ellos —cuestionado también por los tribunales— es el que afecta al fallido proyecto del Centro Acuático, sobre el que el Atlético de Madrid quiere levantar un pabellón para grandes conciertos, un hotel, un centro de enseñanza y un centro deportivo. El TSJM anuló parcialmente el plan especial aprobado para acomodar este proyecto impulsado por la sociedad Barsento y pone en peligro un negocio que podría llegar a los 95 millones de euros de beneficios anuales , según datos económicos a los que tuvo acceso este periódico. El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, junto al presidente del Atlético, Enrique Cerezo. El Ayuntamiento intenta sortear estos varapalos judiciales aprobando con su mayoría absoluta otros planeamientos que eviten los problemas por los que cayeron en los tribunales. Ha sucedido con la modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana de Madrid (PGOUM) en las históricas Cocheras de Metro en Cuatro Caminos, donde el consistorio lleva ya acumuladas varias derrotas por sentencias firmes: en el Tribunal Supremo en el año 2022 y una nueva en el 2025 del TSJM . El proyecto para construir allí cientos de viviendas privadas en ese lugar está detenido, aunque entre recurso y recurso el consistorio aprovechó para autorizar la demolición de las instalaciones, que ya no existen. Una ordenanza del área de Carabante también ha tenido que ser modificada de forma exprés al haber caído en los tribunales. Se trata de la de Movilidad, que afectaba a las Zonas de Bajas Emisiones y que Vox llevó al TSJM, que le acabó dando la razón. La sentencia está recurrida al Supremo por el Ayuntamiento , para ganar tiempo y que la nueva ordenanza sustitutiva entre en vigor antes de que el fallo pueda ser firme. Los plazos van bastante ajustados, pero ahí el Supremo aún no se ha pronunciado. Otros planes urbanísticos anulados por los tribunales son los de los bulevares de Ibiza y Sainz de Baranda (lo hizo el TSJM en 2024) y —también en Retiro— el intento de levantar en la avenida del Mediterráneo número 3 una residencia de ancianos ampliando un edificio sobre el que no se pueden construir más metros cuadrados . Estos casos se unen a otras derrotas judiciales menores como ampliaciones ilegales para restaurantes , anulaciones de multas o cuestiones que afectan a otras áreas, como el veto a la nueva ordenanza de terrazas o la retirada a martillazos de la placa a Largo Caballero. Las resoluciones que están por llegar: Plan Reside y Fórmula 1 Algunas de las derrotas judiciales del Ayuntamiento han sido hirientes para el equipo de Almeida, pero quedan dos en discusión que pueden tocar hueso si las demandas interpuestas contra ellas acaban triunfando. Se trata de las que, por un lado, amenazan su plan urbanístico estrella, el Plan Reside, y las que intentan socavar el planeamiento sobre el que se construye el nuevo circuito urbano de Fórmula 1. El primer caso puede caer por varios lados, ya que los pequeños propietarios de pisos turísticos han recurrido la norma al considerar que afecta a sus actuales pisos dispersos en edificios de viviendas. La sentencia del TSJM con la que abríamos esta información no cuestiona la irregularidad de estos pisos usados como Airbnb, pero sí rebaja hasta los 1.000 euros la posible multa que puede iniciar contra ellos Urbanismo, en lugar de los 30.001 euros de hasta ahora. Los argumentos de ese fallo judicial, que afecta al planeamiento anterior al Plan Reside, serán incorporados a la demanda que busca tumbar la nueva norma. Almeida y Ayuso, en Fitur 2025 con un coche de Fórmula 1 El PSOE también ha denunciado el plan, por considerar que supone una recalificación encubierta de la mayoría de viviendas en la ciudad y que el 73% de los edificios de la almendra central podrían convertirse en turísticos si sus propietarios apostaran por ello. De momento, el TSJM ha admitido este recurso a trámite . En cuanto a la Fórmula 1. Tanto los socialistas como Ecologistas en Acción pusieron el foco en el cambio de una vía pecuaria para pedir la anulación del plan especial que sustenta el trazado del circuito. Más Madrid intentó también parar las obras, pero esa medida cautelarísima fue rechazada por la justicia . En los próximos meses, el TSJM deberá decidir sobre las denuncias presentadas contra esta herramienta legal . Aunque un fallo en contra del Ayuntamiento no acarreará la suspensión del Gran Premio en septiembre, ya que el equipo de Almeida podría recurrir el fallo y apurar hasta el Supremo. Mientras, la Comunidad de Madrid está aprobando otras normativas para -denuncian los ecologistas- cubrir posibles errores del consistorio con las vías pecuarias . Apoya el trabajo periodístico de Somos Madrid Esta información ha podido salir a la luz gracias a las personas que apoyan la edición local de Madrid en elDiario.es. Si tú también quieres y puedes hacerlo, hazte socia, hazte socio y contribuye a sostener nuestro trabajo diario y a publicar exclusivas que cambien las cosas. Si ya tienes una suscripción, puedes hacer una aportación extra a la sección local de Madrid para apoyar las informaciones de proximidad, sobre lo que importa en el día a día de los habitantes de esta ciudad: para hacerlo, entra en el apartado de 'tu cuota' en tu perfil privado . Tu ayuda al periodismo local es importante.

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El Partido Liberal Democrático (PLD) ha gobernado sin apenas interrupciones desde 1995 entre el pragmatismo político, la gestión de una maraña de redes clientelares y la colaboración con EEUU, fraguada en la Guerra Fría La líder ultraconservadora de Japón acude a las urnas con el rearme como principal baza en la era Trump La sólida victoria electoral de Sanae Takaichi en las elecciones a la cámara baja del domingo ha vuelto a confirmar una de las reglas históricas de la política japonesa: el PLD siempre gana. Fundado en plena Guerra Fría, el Partido Liberal Democrático nipón ha gobernado de forma prácticamente ininterrumpida desde 1955, con apenas dos periodos en la oposición (14 meses entre 1993 y 1994, más el trienio 2009-2012). Su extremo pragmatismo, sus enmarañadas y bien lubricadas redes clientelares —favorecidas por un sistema electoral enrevesado— y, cuando la ocasión lo requiere, el apoyo más o menos disimulado de EEUU, han alimentado este dominio histórico. “Es el partido más exitoso de todas las democracias desde el fin de la II Guerra Mundial. Más incluso que el Congreso Nacional Africano de Sudáfrica [tras el fin del apartheid]. Es impresionante”, señala a elDiario.es Robert Pekkanen, director del programa de estudios sobre Japón de la Escuela de Estudios Internacionales Henry M. Jackson, ligada a la Universidad de Washington. Especializado en el análisis de los sistemas electorales, Pekkanen señala que el partido nace de la fusión de otras dos formaciones de derecha por un cálculo meramente electoralista. El sistema de voto, que se mantuvo sin alteraciones significativas hasta los 90, incentivaba que candidatos de la misma formación tuviesen que competir entre sí porque, en lugar de listas electorales, los votantes solo podían apoyar a un único candidato por cada circunscripción, aunque estas tuviesen múltiples diputados asignados. Y esa competencia entre compañeros “solo puedes hacerla a través de las redes personales y el clientelismo, porque no vas a disputar sobre cuestiones políticas con un aspirante de tu mismo partido”, explica Pekkanen. Es el partido más exitoso de todas las democracias desde el fin de la II guerra mundial. Es impresionante Robert Pekkanen — director del programa de estudios sobre Japón de la Escuela de Estudios Internacionales Henry M. Jackson Esta especie de caciquismo oriental lleva a que el político esté en permanente campaña, empeñado en caer bien al potencial votante en su entorno inmediato. “ Koenkai es la palabra sagrada que define a las redes clientelares, que explican que en la Dieta [la cámara baja parlamentaria] se repitan generación tras generación los mismos apellidos, muy vinculados a determinados territorios. Esos diputados van religiosamente, con mucha frecuencia, a bodas, bautizos y funerales. Hay una relación muy estrecha, que engrasan de manera constante”, explica Fernando Delage, director del Departamento de Estudios Internacionales de la Universidad Loyola y exdirector de Casa Asia en Madrid. A esto se suma el centralismo fiscal nipón, que permite escasa autonomía a los responsables locales para asignar los recursos, que se reparten desde Tokio. “Si eres un político joven y con ambiciones y vives en una zona que necesita que se construya un puente, vas a tener que acabar afiliándote al PLD, aunque no te caigan especialmente simpáticos, porque son los que deciden dónde va el dinero”, pone por ejemplo Pekkanen. “El denominado 'sistema de 1955' otorgaba al PLD, de facto, una preponderancia sobre el resto de partidos que era conveniente en el contexto de la Guerra Fría, y que gracias al denominado 'triángulo de hierro' de la política japonesa –con el PLD, el sector empresarial y la burocracia– dio lugar al milagro económico japonés hasta la década de los 90”, relata Oriol Farrés, analista del centro de investigación en relaciones internacionales CIDOB especializado en la región de Asia-Pacífico. ?Koenkai' es la palabra sagrada que define a las redes clientelares, que explican que en la Dieta [la cámara baja parlamentaria] se repitan generación tras generación los mismos apellidos Fernando Delage — Director del Departamento de Estudios Internacionales de la Universidad Loyola “Era un partido extraordinariamente pragmático que coincide con el grueso de una sociedad étnica y culturalmente homogénea y también muy inclinada al mantenimiento del statu quo ”, apunta Delage, en clave sociológica. Esa flexibilidad programática explica, por ejemplo, que el Japón industrial de los años 70 diese pie a unas de las legislaciones medioambientales más restrictivas de la época, a medida que la conciencia ecologista calaba en la población. “Había episodios frecuentes de intoxicación por mercurio o cadmio, era peor que la China contemporánea”, relata Pekkanen. “Pero aprobaron reglas medioambientales muy estrictas porque, aunque prefiriesen ser más conservadores, lo que más les importaba era ganar”, añade. El amigo americano y la izquierda Las diferencias en el eje izquierda-derecha en Japón no remiten tanto a cuestiones como la política tributaria o los servicios públicos, sino que están fuertemente ligadas al fin de la Segunda Guerra Mundial, cuando el país se ve ocupado por EEUU. “No recupera realmente la soberanía hasta las elecciones de 1955, pero está condicionada a la firma de un tratado de seguridad que implica la permanencia de tropas estadounidenses”, explica Pekkanen. La posibilidad de abandonar la alianza militar empieza a plantearse en los años 60, una década de ebullición izquierdista, en las que la principal formación opositora, el Partido Socialista, aspira a salir de los bloques geopolíticos. “Quería que Japón fuese Suiza”, describe Pekkanen. El debate parte a la sociedad, que tiene el recuerdo de las bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki y el bombardeo incendiario de Tokio todavía en la retina. La división se resolvió en favor del aliado estadounidense, que no se había quedado cruzado de brazos esperando acontecimientos. En la década previa había apoyado activamente la fusión de los partidos que dieron lugar al PLD y maniobrado para rehabilitar a figuras vinculadas al Japón imperial que veía útiles en la lucha contra el comunismo. Uno de ellos era Nobusuke Kishi. Ministro durante la guerra, pasó tras la contienda por la cárcel como sospechoso de crímenes de guerra, pero acabó reincorporándose a la vida política. Fue uno de los fundadores del PLD y primer ministro (1957-1960), como después lo sería su hermano, Eisaku Sato (1964-1972) y su nieto, Shinzo Abe (2006-2007 y 2012-2020). La influencia de EEUU era tal que el jefe de estación en Tokio de la CIA entre 1974 y 1976, Horace Feldman, llegó a decir, según recogió el periodista Tim Weiner en Legado de Cenizas , donde repasa la historia de la agencia: “Gobernamos Japón durante la ocupación y lo hicimos de una manera diferente en los años posteriores a la ocupación. El general MacArthur tenía sus métodos. Nosotros teníamos los nuestros”. Reforma electoral y primeras grietas El final de los 80 trajo a Japón una crisis económica que se extiende hasta la actualidad. En 1993 el PLD salió por primera vez del Gobierno tras una escisión interna que dio pie a un gobierno de coalición en el que participaron por primera vez los socialistas. La experiencia duró poco. “Se unen todos menos el PLD y los comunistas, pero se viene abajo, no tenían nada en común”, relata Pekkanen. En esos años se cambia la ley electoral. “Es lo que se identifica como la principal fuente de corrupción, que es del sistema en sí, por esa carrera por conseguir recursos, más que por la voluntad el enriquecimiento personal”, plantea Delage. El PLD se rehace y vuelve al Gobierno en solitario en 1996, tras una efímera experiencia de cohabitación con los socialistas de la que la izquierda sale muy perjudicada. Desde entonces y hasta 2009 pasan otros 15 años en el poder, hasta su primera derrota real ante el Partido Democrático, de centroizquierda. Influye definitivamente en este revés el efecto de la gran recesión y un cierto abandono de la base rural del PLD, tradicionalmente afín, según Pekannen. Pero la alternancia no dura más de una legislatura. El primer ministro Yukio Hatoyama trata de limitar la presencia militar de EEUU en la isla de Okinawa y se encuentra con el rechazo de la burocracia nacional, muy proclive a la gran potencia. “Era una situación imposible: enfadas a los estadounidenses y decepcionas a los isleños”, apunta el experto electoral, que agrega que la estocada definitiva fue el accidente de la central nuclear de Fukushima, provocado por un terremoto. “Se les culpó por no responder adecuadamente, ellos que ni siquiera eran partidarios de la energía nuclear”, indica. La central nuclear de Fukushima. El PLD vuelve a ganar en 2012 con Abe y el Partido Democrático languidece hasta acabar disolviéndose en 2017. La gobernanza vuelve a ser un juego interno del PLD, ahora con la participación ocasional de partidos minoritarios. Su último aliado, el Komeito, de inspiración budista, decidió romper amarras con el PLD ante la retórica derechista de Takaichi y unirse al Partido Constitucional Democrático, de reciente creación, para constituir la Alianza Reformista de Centro. La maniobra no logra desbancar a una primera ministra que hace valer su popularidad. “Que sea una mujer es relevante, más en un partido que hasta los 90 no tenía ni una sola diputada”, apunta Pekkanen, que señala su popularidad entre los jóvenes, pero duda de que la actual primera ministra pueda aumentar el gasto militar, como promete. “Japón es la sociedad más envejecida del mundo, por lo que tienen un gasto muy elevado en pensiones. No sé si se puede reducir la deuda, bajar los impuestos y gastar más en defensa al mismo tiempo”, plantea. “Enfrentarse a China por Taiwan puede ser popular, pero crea una serie de problemas”, advierte Delage, que también tiene dudas de que Takaichi sea capaz de llevar adelante “las reformas estructurales de la economía en las que Abe, que fue su mentor, fracasó”. Si su figura pierde brillo, en el PLD no van a faltar recambios.

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El Ministerio de Transición Ecológica y Azata del Sol, propietaria del macrohotel ilegal de la costa almeriense, agotan la vía administrativa sin acuerdo sobre el precio del terreno. La última palabra la tiene un Jurado Provincial de Expropiación, antes de que el litigio vuelva a los tribunales de lo Contencioso La promotora del Algarrobico recurre el proceso de expropiación y frena el plan del Gobierno de derribar el hotel este año El Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico (Miteco) ha rechazado el justiprecio propuesto por Azata del Sol S.L., la promotora del Algarrobico, y ha fijado en 44 millones de euros el coste de la indemnización a los dueños del macrohotel ilegal, construido hace 20 años en el litoral almeriense, por la expropiación forzosa del suelo donde se erige, para proceder a la demolición parcial del inmueble, confirman a este periódico fuentes conocedoras del procedimiento administrativo. El pasado 19 de enero, el Jefe de Demarcación de Costas de Almería -dependiente del Miteco- notificó por escrito a los propietarios del Algarrobico el “rechazo” a su hoja de aprecio, esto es, a la estimación económica de los terrenos expropiables que había hecho la promotora, según sus propios cálculos. En ese mismo escrito, el Gobierno ofreció una contraoferta de algo más de 44 millones de euros [el valor catastral del suelo era de 323.872,89 euros en 2024] y, con arreglo a la ley, dio diez días de plazo para que “se acepte lisa y llanamente o bien se rechace”. Azata del Sol no recogió la notificación hasta el 29 de enero, de modo que aún está en plazo parar valorar la oferta del Miteco. Sin embargo, la cantidad es “muy inferior” a la que previamente había reclamado la promotora, confirman fuentes conocedoras del proceso, por lo que previsiblemente será rechazada, y la empresa tendrá derecho a hacer alegaciones “para justificar su propia tasación” aplicando sus “criterios estimativos y aportando ”las pruebas que considere oportunas“. Si persisten las discrepancias respecto al justiprecio, el expediente de los terrenos del Algarrobico pasará entonces a manos de un Jurado provincial de Expropiación, que podrá fijar una nueva cifra a la indemnización cuando considere que las propuestas de las partes resulten “notoriamente inferiores o superiores al valor real de los bienes”. La resolución de este Jurado pone fin a la vía gubernativa y, a partir de aquí, cabe recurso en los tribunales. Los actores que participan en el procedimiento de expropiación también ven poco probable que Azata del Sol acepte la cantidad propuesta por el órgano de arbitraje y auguran que acudirá a la vía judicial, para que resuelva un tribunal de lo Contencioso Administrativo en un plazo máximo de seis meses. Seis meses de litigio El Algarrobico, símbolo del urbanismo descontrolado de principios de siglo en España, empezó a construirse con autorización de las administraciones públicas. Las expectativas de indemnización de los promotores, que vieron paralizada el hotel con las obras ejecutadas al 94%, están muy por encima de la cantidad fijada hoy por el Miteco. En 2014 presentaron una reclamación patrimonial ante la Audiencia Nacional por más de 70 millones de euros, que debían abonar el Gobierno central, la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Carboneras por su “anormal funcionamiento”, pero la demanda no prosperó. Los jueces no consideraron a las administraciones responsables de los perjuicios económicos derivados de la paralización del hotel ilegal. La falta de un acuerdo amistoso entre el Gobierno y los dueños del Algarrobico ha echado por tierra el cronograma optimista de la vicepresidenta primera del Gobierno, ministra de Hacienda y candidata del PSOE en las próximas elecciones andaluzas, María Jesús Montero. Hace justo un año, Montero viajó hasta Almería y anunció, a pie de playa y frente al macrohotel, que sería derribado parcialmente antes de que terminara el año 2025. Desde entonces, el Miteco ha acelerado el procedimiento administrativo de expropiación, sin llegar a apurar los plazos que marca la ley para lograr alcanzar su objetivo. Pero en los últimos seis meses se ha topado con la resistencia de los dueños del hotel, la falta de acuerdo sobre el justiprecio de los terrenos y un recurso en los tribunales que paralizó cautelarmente el proceso. La vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica, Sara Aagesen. El pasado 2 de agosto, los abogados de Azata del Sol S.L. interpusieron un recurso de alzada contra el acuerdo de necesidad de ocupación de los terrenos donde se levanta desde hace 20 años el Algarrobico, en primera línea de la costa almeriense, dejando en suspenso el procedimiento de expropiación y los planes del Gobierno para demoler el inmueble en 2025. El recurso se registró el último día de plazo para hacerlo. La promotora rechazó en su escrito la resolución del 24 de junio de 2025 de la Delegación del Gobierno en Andalucía, que declaró la “necesidad de ocupación para su expropiación” de 16.432 metros cuadrados de superficie en el litoral del municipio de Carboneras (Almería), zona de dominio público marítimo terrestre, afectada por la declaración de “utilidad pública” que había aprobado el Consejo de Ministros el 11 de febrero del año pasado. Era la primera señal de resistencia de los promotores. El Miteco tenía tres meses para estudiar el recurso de alzada, pero no tardó ni dos semanas en desestimarlo (el 14 de agosto) y reactivar de inmediato el procedimiento de expropiación. Desde entonces, el Gobierno y los dueños del Algarrobico han forcejeado sin lograr un acuerdo amistoso sobre el coste de los terrenos expropiados. El 29 de octubre, la promotora interpuso un recurso ante la sala del Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) contra el acuerdo de ocupación de los terrenos del hotel, aprobado por el Consejo de Ministros, solicitando la suspensión cautelar del procedimiento de expropiación. El Ministerio de Sara Aagesen acordó paralizar el proceso hasta que los jueces se pronunciasen. El pasado 19 de diciembre, en un auto al que ha tenido acceso este periódico, el TSJA dio la razón a la Abogacía del Estado, reafirmó la “necesidad de que prevalezca el interés público en la tutela del dominio marítimo terrestre, no existiendo riesgo de inmediata ocupación”, y denegó la suspensión cautelar del procedimiento de expropiación. “Es evidente que los daños o perjuicios que provocaría la continuación del expediente de expropiación no son irreversibles”, reza el auto. El 30 de diciembre, el Miteco reactivó el procedimiento y el pasado 19 de enero remitió a la promotora del Algarrobico su última propuesta con el justiprecio de los terrenos, esos 44 millones de euros que la empresa deberá aceptar o rechazar en los próximos días. La última palabra de la vía administrativa la tiene el Jurado Provincial de Expropiación, dependiente de la subdelegación del Gobierno en Almería. El capital social de Azata del Sol ronda los 33,4 millones de euros, según los últimos datos disponibles, del año 2019. Este periódico se ha puesto en contacto con la empresa, que ha declinado valorar su posición en el procedimiento. Derribo de la mitad del inmueble El proceso de expropiación en ciernes afectaría sólo al 50% del edificio. El departamento de Sara Aagasen tiene competencias en el dominio público marítimo terrestre que ocupa el macrohotel de 20 plantas y 411 habitaciones, construido en 2003, pero que nunca llegó a abrir al público porque la Justicia frenó las obras cuando estaban a punto de terminar, en 2006, y más tarde lo declaró ilegal. El otro 50% del suelo donde se levanta esta mole de ladrillo -símbolo de la voracidad inmobiliaria y turística- está en el Parque Natural de Cabo de Gata y es competencia de la Junta de Andalucía, que ha rechazado la fórmula del Gobierno de expropiar para luego derribar el edificio. La vía de la expropiación fue anunciada hace un año, desde Carboneras, por la vicepresidenta primera y candidata del PSOE en las elecciones andaluzas, María Jesús Montero. El presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno, tildó la fórmula de “electoralista” y aventuró que estaba abocada al fracaso. El Ejecutivo andaluz se alineó entonces por la fórmula alternativa, en manos del Ayuntamiento de Carboneras, que el pasado verano ejecutó finalmente la revisión de oficio de la licencia de obras del hotel, después de diez años ignorando los avisos del TSJA para que ejecutara una sentencia de 2021 (y para modificar el PGOU recalificando el suelo del Algarrobico como “no urbanizable”). Pero, tras una lluvia de críticas, finalmente la Junta se ha personado en el procedimiento de expropiación para conocer todos los avances al respecto. El Algarrobico es el símbolo del urbanismo descontrolado en la costa de España y su demolición es un objetivo tanto del Gobierno central como de la Junta de Andalucía, que en 2011 firmaron un “protocolo para la recuperación de la playa” donde se ubica, ocupando parte de la franja de 100 metros de servidumbre de protección del dominio público marítimo-terrestre, según el deslinde confirmado judicialmente. El inmueble se levanta sobre suelo calificado como no urbanizable dentro del Parque Natural Cabo de Gata-Níjar y la licencia municipal de obras concedida en 2003 está pendiente de revisión de oficio por posible nulidad.

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El Ministerio de Transición Ecológica y Azata del Sol, propietaria del macrohotel ilegal de la costa almeriense, agotan la vía administrativa sin acuerdo sobre el precio del terreno. El Gobierno da diez días a la promotora para aceptar o rechazar su oferta, y la última palabra la tiene un Jurado Provincial de Expropiación La promotora del Algarrobico recurre el proceso de expropiación y frena el plan del Gobierno de derribar el hotel este año El Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico (Miteco) ha rechazado el justiprecio propuesto por Azata del Sol S.L., la promotora del Algarrobico, que reclama 44,5 millones de euros de indemnización por la expropiación forzosa del suelo donde se erige el macrohotel ilegal, construido hace 20 años en el litoral almeriense. El Miteco ofrece una suma infinitamente inferior: 16.496,67 euros y da diez días a los dueños del inmueble para aceptarla o rechazarla, confirman a este periódico fuentes conocedoras del procedimiento administrativo. El pasado 21 de enero, el Jefe de Demarcación de Costas de Almería -dependiente del Miteco- notificó por escrito a los propietarios del Algarrobico el “rechazo” a su hoja de aprecio, esto es, a la estimación económica de los terrenos expropiables que había hecho la promotora, según sus propios cálculos: 44.514.077,78 euros. En ese mismo escrito, el Gobierno ofreció una contraoferta de 16.496,67 euros [el valor catastral del suelo era de 323.872,89 euros en 2024] y, con arreglo a la ley, dio diez días de plazo para que “se acepte lisa y llanamente o bien se rechace”. Azata del Sol no recogió la notificación hasta el 30 de enero, de modo que aún está en plazo parar valorar la oferta del Miteco. Sin embargo, la cantidad es “muy inferior” a la que previamente había reclamado la promotora, por lo que previsiblemente será rechazada, y la empresa tendrá derecho a hacer alegaciones “para justificar su propia tasación” aplicando sus “criterios estimativos” y aportando “las pruebas que considere oportunas”. Si persisten las discrepancias respecto al justiprecio, el expediente de los terrenos del Algarrobico pasará entonces a manos de un Jurado provincial de Expropiación, que podrá fijar una nueva cifra a la indemnización cuando considere que las propuestas de las partes resulten “notoriamente inferiores o superiores al valor real de los bienes”. La resolución de este Jurado pone fin a la vía gubernativa y, a partir de aquí, cabe recurso en los tribunales. Los actores que participan en el procedimiento de expropiación también ven poco probable que Azata del Sol acepte la cantidad propuesta por el órgano de arbitraje y auguran que acudirá a la vía judicial, para que resuelva un tribunal de lo Contencioso Administrativo en un plazo máximo de seis meses. Seis meses de litigio El Algarrobico, símbolo del urbanismo descontrolado de principios de siglo en España, empezó a construirse con autorización de las administraciones públicas. Las expectativas de indemnización de los promotores, que vieron paralizada el hotel con las obras ejecutadas al 94%, están muy por encima de la cantidad fijada hoy por el Miteco. En 2014 presentaron una reclamación patrimonial ante la Audiencia Nacional por más de 70 millones de euros, que debían abonar el Gobierno central, la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Carboneras por su “anormal funcionamiento”, pero la demanda no prosperó. Los jueces no consideraron a las administraciones responsables de los perjuicios económicos derivados de la paralización del hotel ilegal. El pasado 30 de septiembre de 2025, el Miteco remitió a Azata del Sol un requerimiento para que presentase propuesta sobre el coste de la indemnización por la expropiación de sus terrenos. Dentro del plazo concedido, la promotora presentó su hoja de aprecio en la que solicitaba un justiprecio de 44.514.077,78 euros. La falta de un acuerdo amistoso entre el Gobierno y los dueños del Algarrobico ha echado por tierra el cronograma optimista de la vicepresidenta primera del Gobierno, ministra de Hacienda y candidata del PSOE en las próximas elecciones andaluzas, María Jesús Montero. Hace justo un año, Montero viajó hasta Almería y anunció, a pie de playa y frente al macrohotel, que sería derribado parcialmente antes de que terminara el año 2025. Desde entonces, el Miteco ha acelerado el procedimiento administrativo de expropiación, sin llegar a apurar los plazos que marca la ley para lograr alcanzar su objetivo. Pero en los últimos seis meses se ha topado con la resistencia de los dueños del hotel, la falta de acuerdo sobre el justiprecio de los terrenos y un recurso en los tribunales que paralizó cautelarmente el proceso. La vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica, Sara Aagesen. El pasado 2 de agosto, los abogados de Azata del Sol S.L. interpusieron un recurso de alzada contra el acuerdo de necesidad de ocupación de los terrenos donde se levanta desde hace 20 años el Algarrobico, en primera línea de la costa almeriense, dejando en suspenso el procedimiento de expropiación y los planes del Gobierno para demoler el inmueble en 2025. El recurso se registró el último día de plazo para hacerlo. La promotora rechazó en su escrito la resolución del 24 de junio de 2025 de la Delegación del Gobierno en Andalucía, que declaró la “necesidad de ocupación para su expropiación” de 16.432 metros cuadrados de superficie en el litoral del municipio de Carboneras (Almería), zona de dominio público marítimo terrestre, afectada por la declaración de “utilidad pública” que había aprobado el Consejo de Ministros el 11 de febrero del año pasado. Era la primera señal de resistencia de los promotores. El Miteco tenía tres meses para estudiar el recurso de alzada, pero no tardó ni dos semanas en desestimarlo (el 14 de agosto) y reactivar de inmediato el procedimiento de expropiación. Desde entonces, el Gobierno y los dueños del Algarrobico han forcejeado sin lograr un acuerdo amistoso sobre el coste de los terrenos expropiados. El 29 de octubre, la promotora interpuso un recurso ante la sala del Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) contra el acuerdo de ocupación de los terrenos del hotel, aprobado por el Consejo de Ministros, solicitando la suspensión cautelar del procedimiento de expropiación. El Ministerio de Sara Aagesen acordó paralizar el proceso hasta que los jueces se pronunciasen. El pasado 19 de diciembre, en un auto al que ha tenido acceso este periódico, el TSJA dio la razón a la Abogacía del Estado, reafirmó la “necesidad de que prevalezca el interés público en la tutela del dominio marítimo terrestre, no existiendo riesgo de inmediata ocupación”, y denegó la suspensión cautelar del procedimiento de expropiación. “Es evidente que los daños o perjuicios que provocaría la continuación del expediente de expropiación no son irreversibles”, reza el auto. El 30 de diciembre, el Miteco reactivó el procedimiento y el pasado 21 de enero remitió a la promotora del Algarrobico su última propuesta con el justiprecio de los terrenos, esos 16.500 euros que la empresa deberá aceptar o rechazar en los próximos días. La última palabra de la vía administrativa la tiene el Jurado Provincial de Expropiación, dependiente de la subdelegación del Gobierno en Almería. El capital social de Azata del Sol ronda los 33,4 millones de euros, según los últimos datos disponibles, del año 2019. Este periódico se ha puesto en contacto con la empresa, que ha declinado valorar su posición en el procedimiento. Derribo de la mitad del inmueble El proceso de expropiación en ciernes afectaría sólo al 50% del edificio. El departamento de Sara Aagasen tiene competencias en el dominio público marítimo terrestre que ocupa el macrohotel de 20 plantas y 411 habitaciones, construido en 2003, pero que nunca llegó a abrir al público porque la Justicia frenó las obras cuando estaban a punto de terminar, en 2006, y más tarde lo declaró ilegal. El otro 50% del suelo donde se levanta esta mole de ladrillo -símbolo de la voracidad inmobiliaria y turística- está en el Parque Natural de Cabo de Gata y es competencia de la Junta de Andalucía, que ha rechazado la fórmula del Gobierno de expropiar para luego derribar el edificio. La vía de la expropiación fue anunciada hace un año, desde Carboneras, por la vicepresidenta primera y candidata del PSOE en las elecciones andaluzas, María Jesús Montero. El presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno, tildó la fórmula de “electoralista” y aventuró que estaba abocada al fracaso. El Ejecutivo andaluz se alineó entonces por la fórmula alternativa, en manos del Ayuntamiento de Carboneras, que el pasado verano ejecutó finalmente la revisión de oficio de la licencia de obras del hotel, después de diez años ignorando los avisos del TSJA para que ejecutara una sentencia de 2021 (y para modificar el PGOU recalificando el suelo del Algarrobico como “no urbanizable”). Pero, tras una lluvia de críticas, finalmente la Junta se ha personado en el procedimiento de expropiación para conocer todos los avances al respecto. El Algarrobico es el símbolo del urbanismo descontrolado en la costa de España y su demolición es un objetivo tanto del Gobierno central como de la Junta de Andalucía, que en 2011 firmaron un “protocolo para la recuperación de la playa” donde se ubica, ocupando parte de la franja de 100 metros de servidumbre de protección del dominio público marítimo-terrestre, según el deslinde confirmado judicialmente. El inmueble se levanta sobre suelo calificado como no urbanizable dentro del Parque Natural Cabo de Gata-Níjar y la licencia municipal de obras concedida en 2003 está pendiente de revisión de oficio por posible nulidad. --------- Fe de errores: En la primera publicación de esta noticia se confundía la cifra de la indemnización propuesta por la promotora Azata del Sol S.L (44,5 millones de euros) con el justiprecio que ha ofrecido el Ministerio de Transición Ecológica, por un error de la fuente informante. Los 44,5 millones es la cantidad que piden los dueños del hotel ilegal por la expropiación de su suelo, y los 16.496,67 euros es la contraoferta que ofrece el Miteco.

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El Ministerio de Transición Ecológica y Azata del Sol, propietaria del macrohotel ilegal de la costa almeriense, agotan la vía administrativa sin acuerdo sobre el precio del terreno. El Gobierno da diez días a la promotora para aceptar o rechazar su oferta, y la última palabra la tiene un Jurado Provincial de Expropiación La promotora del Algarrobico recurre el proceso de expropiación y frena el plan del Gobierno de derribar el hotel este año El Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico (Miteco) ha rechazado el justiprecio propuesto por Azata del Sol S.L., la promotora del Algarrobico, que reclama 44,5 millones de euros de indemnización por la expropiación forzosa del suelo donde se erige el macrohotel ilegal, construido hace 20 años en el litoral almeriense. El Miteco ofrece una suma infinitamente inferior: 16.496,67 euros y da diez días a los dueños del inmueble para aceptarla o rechazarla, confirman a este periódico fuentes conocedoras del procedimiento administrativo. El pasado 21 de enero, el Jefe de Demarcación de Costas de Almería -dependiente del Miteco- notificó por escrito a los propietarios del Algarrobico el “rechazo” a su hoja de aprecio, esto es, a la estimación económica de los terrenos expropiables que había hecho la promotora, según sus propios cálculos: 44.514.077,78 euros. En ese mismo escrito, el Gobierno ofreció una contraoferta de 16.496,67 euros [el valor catastral del suelo era de 323.872,89 euros en 2024] y, con arreglo a la ley, dio diez días de plazo para que “se acepte lisa y llanamente o bien se rechace”. Azata del Sol no recogió la notificación hasta el 30 de enero, de modo que aún está en plazo parar valorar la oferta del Miteco. Sin embargo, la cantidad es “muy inferior” a la que previamente había reclamado la promotora, por lo que previsiblemente será rechazada, y la empresa tendrá derecho a hacer alegaciones “para justificar su propia tasación” aplicando sus “criterios estimativos” y aportando “las pruebas que considere oportunas”. Si persisten las discrepancias respecto al justiprecio, el expediente de los terrenos del Algarrobico pasará entonces a manos de un Jurado provincial de Expropiación, que podrá fijar una nueva cifra a la indemnización cuando considere que las propuestas de las partes resulten “notoriamente inferiores o superiores al valor real de los bienes”. La resolución de este Jurado pone fin a la vía gubernativa y, a partir de aquí, cabe recurso en los tribunales. Los actores que participan en el procedimiento de expropiación también ven poco probable que Azata del Sol acepte la cantidad propuesta por el órgano de arbitraje y auguran que acudirá a la vía judicial, para que resuelva un tribunal de lo Contencioso Administrativo en un plazo máximo de seis meses. Seis meses de litigio El Algarrobico, símbolo del urbanismo descontrolado de principios de siglo en España, empezó a construirse con autorización de las administraciones públicas. Las expectativas de indemnización de los promotores, que vieron paralizada el hotel con las obras ejecutadas al 94%, están muy por encima de la cantidad fijada hoy por el Miteco. En 2014 presentaron una reclamación patrimonial ante la Audiencia Nacional por más de 70 millones de euros, que debían abonar el Gobierno central, la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Carboneras por su “anormal funcionamiento”, pero la demanda no prosperó. Los jueces no consideraron a las administraciones responsables de los perjuicios económicos derivados de la paralización del hotel ilegal. El pasado 30 de septiembre de 2025, el Miteco remitió a Azata del Sol un requerimiento para que presentase propuesta sobre el coste de la indemnización por la expropiación de sus terrenos. Dentro del plazo concedido, la promotora presentó su hoja de aprecio en la que solicitaba un justiprecio de 44.514.077,78 euros. La falta de un acuerdo amistoso entre el Gobierno y los dueños del Algarrobico ha echado por tierra el cronograma optimista de la vicepresidenta primera del Gobierno, ministra de Hacienda y candidata del PSOE en las próximas elecciones andaluzas, María Jesús Montero. Hace justo un año, Montero viajó hasta Almería y anunció, a pie de playa y frente al macrohotel, que sería derribado parcialmente antes de que terminara el año 2025. Desde entonces, el Miteco ha acelerado el procedimiento administrativo de expropiación, sin llegar a apurar los plazos que marca la ley para lograr alcanzar su objetivo. Pero en los últimos seis meses se ha topado con la resistencia de los dueños del hotel, la falta de acuerdo sobre el justiprecio de los terrenos y un recurso en los tribunales que paralizó cautelarmente el proceso. La vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica, Sara Aagesen. El pasado 2 de agosto, los abogados de Azata del Sol S.L. interpusieron un recurso de alzada contra el acuerdo de necesidad de ocupación de los terrenos donde se levanta desde hace 20 años el Algarrobico, en primera línea de la costa almeriense, dejando en suspenso el procedimiento de expropiación y los planes del Gobierno para demoler el inmueble en 2025. El recurso se registró el último día de plazo para hacerlo. La promotora rechazó en su escrito la resolución del 24 de junio de 2025 de la Delegación del Gobierno en Andalucía, que declaró la “necesidad de ocupación para su expropiación” de 16.432 metros cuadrados de superficie en el litoral del municipio de Carboneras (Almería), zona de dominio público marítimo terrestre, afectada por la declaración de “utilidad pública” que había aprobado el Consejo de Ministros el 11 de febrero del año pasado. Era la primera señal de resistencia de los promotores. El Miteco tenía tres meses para estudiar el recurso de alzada, pero no tardó ni dos semanas en desestimarlo (el 14 de agosto) y reactivar de inmediato el procedimiento de expropiación. Desde entonces, el Gobierno y los dueños del Algarrobico han forcejeado sin lograr un acuerdo amistoso sobre el coste de los terrenos expropiados. El 29 de octubre, la promotora interpuso un recurso ante la sala del Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) contra el acuerdo de ocupación de los terrenos del hotel, aprobado por el Consejo de Ministros, solicitando la suspensión cautelar del procedimiento de expropiación. El Ministerio de Sara Aagesen acordó paralizar el proceso hasta que los jueces se pronunciasen. El pasado 19 de diciembre, en un auto al que ha tenido acceso este periódico, el TSJA dio la razón a la Abogacía del Estado, reafirmó la “necesidad de que prevalezca el interés público en la tutela del dominio marítimo terrestre, no existiendo riesgo de inmediata ocupación”, y denegó la suspensión cautelar del procedimiento de expropiación. “Es evidente que los daños o perjuicios que provocaría la continuación del expediente de expropiación no son irreversibles”, reza el auto. El 30 de diciembre, el Miteco reactivó el procedimiento y el pasado 21 de enero remitió a la promotora del Algarrobico su última propuesta con el justiprecio de los terrenos, esos 16.500 euros que la empresa deberá aceptar o rechazar en los próximos días. La última palabra de la vía administrativa la tiene el Jurado Provincial de Expropiación, dependiente de la subdelegación del Gobierno en Almería. El capital social de Azata del Sol ronda los 33,4 millones de euros, según los últimos datos disponibles, del año 2019. Este periódico se ha puesto en contacto con la empresa, que ha declinado valorar su posición en el procedimiento. Derribo de la mitad del inmueble El proceso de expropiación en ciernes afectaría sólo al 50% del edificio. El departamento de Sara Aagasen tiene competencias en el dominio público marítimo terrestre que ocupa el macrohotel de 20 plantas y 411 habitaciones, construido en 2003, pero que nunca llegó a abrir al público porque la Justicia frenó las obras cuando estaban a punto de terminar, en 2006, y más tarde lo declaró ilegal. El otro 50% del suelo donde se levanta esta mole de ladrillo -símbolo de la voracidad inmobiliaria y turística- está en el Parque Natural de Cabo de Gata y es competencia de la Junta de Andalucía, que ha rechazado la fórmula del Gobierno de expropiar para luego derribar el edificio. La vía de la expropiación fue anunciada hace un año, desde Carboneras, por la vicepresidenta primera y candidata del PSOE en las elecciones andaluzas, María Jesús Montero. El presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno, tildó la fórmula de “electoralista” y aventuró que estaba abocada al fracaso. El Ejecutivo andaluz se alineó entonces por la fórmula alternativa, en manos del Ayuntamiento de Carboneras, que el pasado verano ejecutó finalmente la revisión de oficio de la licencia de obras del hotel, después de diez años ignorando los avisos del TSJA para que ejecutara una sentencia de 2021 (y para modificar el PGOU recalificando el suelo del Algarrobico como “no urbanizable”). Pero, tras una lluvia de críticas, finalmente la Junta se ha personado en el procedimiento de expropiación para conocer todos los avances al respecto. El Algarrobico es el símbolo del urbanismo descontrolado en la costa de España y su demolición es un objetivo tanto del Gobierno central como de la Junta de Andalucía, que en 2011 firmaron un “protocolo para la recuperación de la playa” donde se ubica, ocupando parte de la franja de 100 metros de servidumbre de protección del dominio público marítimo-terrestre, según el deslinde confirmado judicialmente. El inmueble se levanta sobre suelo calificado como no urbanizable dentro del Parque Natural Cabo de Gata-Níjar y la licencia municipal de obras concedida en 2003 está pendiente de revisión de oficio por posible nulidad. --------- Fe de errores: En la primera publicación de esta noticia se confundía la cifra de la indemnización propuesta por la promotora Azata del Sol S.L (44,5 millones de euros) con el justiprecio que ha ofrecido el Ministerio de Transición Ecológica, por un error de la fuente informante. Los 44,5 millones es la cantidad que piden los dueños del hotel ilegal por la expropiación de su suelo, y los 16.496,67 euros es la contraoferta que ofrece el Miteco.

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Cómo el Estado engorda una empresa familiar que facturaba menos de 100 millones y acaba al frente de otra que ingresa 5.000 millones Escribano celebra un año al frente de Indra con dudas sobre la compra de su empresa y plusvalías multimillonarias La construcción del campeón nacional de la industria de defensa española va camino de caso de despropósito en las escuelas de negocios. Las piezas claves para levantar ese nuevo gigante son: Indra Group, con unos ingresos de 3.851 millones y Escribano Mechanical and Engineering (EM&E), que factura 91 millones de euros, es decir 42 veces más, según las cuentas de 2022. El Estado tiene la llave de todo; es el accionista principal de Indra (28%) y casi el único cliente de Escribano, propiedad de los hermanos Ángel y Javier Escribano. Sin embargo, Escribano puede acabar tomando el control de Indra. No es que el pez pequeño se coma al grande, es el suministrador de las puertas del avión A-320 tomando el control del grupo Airbus. Con las cuentas de 2022 recién cerradas, los hermanos Ángel y Javier Escribano se lanzan a comprar acciones de Indra. El 15 de mayo de 2023 se ven obligados a retratarse ante la CNMV, puesto que han alcanzado el 3% de capital. A finales de noviembre ya acumulan un 8%, con una inversión total de 182 millones. Ojo, el doble que su facturación de 2022. Es ahí cuando la historia de crecimiento de estos empresarios metalúrgicos de Alcalá de Henares entra en el imaginario público. En el Informe de Gestión de EM&E de 2023 expresan con claridad el objetivo de esa inversión: “La adquisición de una participación del 8% en el accionariado de Indra Sistemas va a permitir a la Sociedad participar en aquellas decisiones que pudieran afectar a la Organización”. Este parrafito, que no necesita interpretación, lo escriben en mayo de 2024, mes en el que el presidente de EM&E (Ángel Escribano) y el director general ejecutivo (Javier Escribano) firman las cuentas de su empresa y en el que Javier es nombrado consejero de Indra. A finales de 2024, ya controlan el 14,3% de la compañía. En medio de este camino se cruzan movimientos de alcance global y local inimaginables, que catapultan a los hermanos Escribano. El 18 de enero de 2025, José María Álvarez-Pallete es cesado, desde el Palacio de la Moncloa, de presidente de Telefónica y le sustituye Marc Murtra, que era el presidente de Indra. Dos días después, el lunes 20, Ángel Escribano y Donald Trump asumen la presidencia de Indra y Estados Unidos; por ese orden. Son dos nombramientos que no deberían entrar en la misma frase, pero que estarán muy relacionados. Trump da un giro histórico a la política internacional de bloques del mundo, utiliza el comercio como instrumento militar y, desde esa lógica, sitúa a Europa como un competidor y enemigo. Como promotor de la OTAN, exige a sus socios (principalmente europeos) que multipliquen el presupuesto militar, hasta el equivalente del 5% del PIB, y les exige que asuman la defensa de Ucrania frente a Rusia. La consecuencia práctica de la amenaza de Trump, el primer presidente de Estados Unidos que coquetea con el de Rusia, es que los países europeos no sólo tienen que gastar mucho más en defensa, sino que se ven obligados a crear su propia industria militar. Nadie garantiza que Estados Unidos vaya a defender a Europa de una hipotética invasión de Rusia, como sí hizo en el siglo pasado. Es el mejor escenario que podría imaginar un empresario de material militar. Los hermanos Escribano están en el momento adecuado y en la mejor posición posible, liderando en el consejo de administración de la “compañía global de referencia en los sectores de defensa, aeroespacial y tecnologías digitales avanzadas”, que así se define Indra. Por eso, las acciones de las empresas proveedoras de los ejércitos se disparan en Bolsa . Indra lleva una anodina década cotizando alrededor de 10 euros por acción. Arranca 2023, cuando entran los Escribano, a 11,2 euros y el pasado 12 de enero alcanzó su máximo histórico: 58,9 euros. La llegada de Ángel Escribano al frente de Indra (hace un año) conduce a que se plantee la fusión de Indra y Escribano. Estalla una guerra en el consejo que provoca en dimisiones/ceses entre los que ven lo obvio: hay conflicto de intereses. No tragan con que los dueños de un proveedor del Ministerio de Defensa tomen el control de Indra, una empresa controlada por ese Estado, cuando su tamaño es infinitamente menor. En 2024, últimos datos públicos, Escribano factura 355 millones de euros, frente a 4.843 millones de Indra. Para los amantes de la innovación como argumento de expectativas de ingresos, señalar que Indra gastó 427 millones en I+D+I en 2024 y EM&E, 15 millones. Todo esto dando por buenos los datos de EM&E. En 2024, los Escribano acuerdan que Advanced Manufacturing Enginnering se convierta en la cabecera del grupo, integrando el balance y las cuentas de EM&E, EM&E Investment, EM&E Properties y EM&E Chips. Si solicita al Registro Mercantil las cuentas de esta sociedad de 2024 se encontrará con el mensaje de que “la información solicitada no está disponible”. Curioso para un contratista del Estado. Los números son muy relevantes, puesto que al final todo va de cuál es el valor del grupo Escribano, lo que se pretende integrar en Indra, bien sea mediante una fusión o una adquisición pura y dura. Resulta irónico que el activo más relevante de este grupo, en términos de valor económico, sea su participación de Indra. El 14,3% de esta compañía vale 1.230 millones de euros, lo que supone unas plusvalías teóricas de más de 860 millones, que los hermanos Escribano comparten con JP Morgan, ya que parte de las acciones están compradas con derivados que les permiten disfrutar de los derechos políticos (el voto), pero no de los económicos (dividendo y plusvalías o minusvalías). Antes de realizar cualquier operación, lo primero que deberían hacer es separar las acciones de Indra de la actividad industrial, de la que es preciso tener números actuales, reales y auditados. A esto se añade la expectativa de futuro del grupo Escribano, que claramente depende de los contratos adjudicados y esperados del Gobierno de España, que en buena medida se han construido en el último año. Por tanto, el Estado terminará pagando, a través de Indra, todo el valor que ha creado con el material que les ha encargado. Para hacerlo fácil, Escribano ha creado mucho valor por ser proveedor clave del Estado, mientras que Santa Bárbara (antigua empresa pública y hoy de la americana General Dynamics) destruye valor por quedarse fuera de los nuevos contratos y enfrentarse al Gobierno en los tribunales. Cualquiera ve que todo debería haber empezado al revés. Si Escribano era tan estratégica para el Ejército de España, la SEPI debería haber comprado este grupo hace años, en lugar de abrirles de par en par Indra. No tiene pase que sea el Gobierno quien añada valor a Escribano adjudicándole contratos para que se lo cobren, da igual si es en acciones de Indra o en efectivo. Esto que muchos llaman conflicto de intereses de Ángel y Javier Escribano, por estar en el lado comprador y vendedor, es calificado por otros como mero desplazamiento patrimonial, desde los Presupuestos Generales del Estado a unos particulares. Nada de esto es posible sin el concurso del Palacio de la Moncloa, allí donde han quitado y puesto a presidentes de Telefónica o Indra. Y el PP; ¿qué opina de esto?

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El dinero público hace que la región lidere España con 85 corridas en 2024, casi la mitad que en 2007, mientras el público en el país ha caído un 20% en diez años y los festejos taurinos otro 40% en menos de dos décadas La Justicia valida un espectáculo de 'bombero torero' en Andalucía a pesar de que el Gobierno los había prohibido La respiración asistida a base de millones de euros públicos que Isabel Díaz Ayuso le inyecta a los toros ha convertido a la Comunidad de Madrid en el refugio de un espectáculo en retroceso. La región ha superado a Andalucía como líder en número de corridas de toros. En 2024, Madrid hizo 85 por 76 en Andalucía, según la última Estadística de asuntos taurinos del Ministerio de Cultura . La primera creció un 11,8%, la segunda cayó un 3,7%. En España, ese año hubo menos corridas que en 2023. La cuestión es que, cada poco tiempo, la tauromaquia le sirve a la presidenta madrileña para chocar con el Gobierno central. Hace unos días, ante la todavía propuesta del Ministerio de Juventud de impedir la entrada en las plazas a menores de 18 años , el Ejecutivo regional del PP avisó de que no acataría esa medida y de que “fomentamos la asistencia de jóvenes y familias”. Su objetivo declarado es conseguir “un relevo generacional” porque la realidad es que cada vez acude menos gente a los cosos. Para poder decir del Gobierno que “ si pudieran, cancelarían a Picasso y a Goya” y repetir que “atentar contra lo profundamente español y las raíces de la tauromaquia” es lo mismo que “arrebatar la libertad y la prosperidad”, la administración de Ayuso riega las plazas con muchos millones. Los Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para 2026 han incrementado un 59% los fondos dedicados a la tauromaquia que llegan a 7,2 millones de euros (un alto porcentaje dedicado a la modernización de la plaza de Las Ventas). La Fundación Toro de Lidia recibe una subvención directa de 1,7 millones en buena parte dedicados a celebrar corridas de diferentes categorías en un circuito por localidades de la comunidad autónoma . En 2023, los presupuestos ya habían duplicado las transferencias a la tauromaquia respecto al curso anterior. Además, la televisión pública Telemadrid dobló el dinero destinado a retransmitir festejos taurinos en 2025: pasó de 1,4 millones de euros a 3,1 millones. Así que sostener la tauromaquia –que sirve de campo para marcar su perfil nacional a base de confrontar con el presidente Pedro Sánchez– ha hecho de los toros un espectáculo fuertemente subvencionado para contrarrestar el declive acusado de interés: en diez años, la fiesta ha perdido el 22% de sus espectadores (de 3,2 millones en 2014 a 2,5 en 2024, según la Encuesta de hábitos y prácticas culturales en España). Al tiempo que los toros han ido engordando en transferencias de fondos públicos madrileños, no han hecho más que perder terreno en términos generales. La Estadística de asuntos taurinos muestra que en 2007, las corridas de toros en España llegaron a 953 por las 376 de 2024. Una caída del 60%. En la Comunidad de Madrid, en 2007, tuvieron un pico de 148, para quedarse en esas 85 en 2024. Si se mira el total de festejos taurinos –corridas también de rejones, de novillos o mixtas–, hace casi 20 años se registraron 3.651. En 2024 solo fueron 1.451. Bola extra: una cuña en el flanco socialista Además, la defensa a ultranza de la tauromaquia aporta una bola extra en el campo político. Su blindaje como Bien Cultural es una cuña en el flanco socialista. Las iniciativas para dejar de considerar legalmente los toros como patrimonio cultural dividen al partido dirigido por el presidente del Gobierno Pedro Sánchez. En octubre pasado, una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para debatir en el Congreso la retirada de ese estatus a la tauromaquia terminó en un rechazo sorpresa que soliviantó a los promotores que habían negociado previamente con el PSOE –y, en teoría, asegurado, al menos, la toma en consideración–. “La traición es tremenda”, comentaron tras perder la votación. Según contaron algunos de los portavoces de la ILP a elDiario.es, el PSOE les había tranquilizado para que no subieran el tono de las acciones de preparación antes del debate parlamentario, pero, una vez llegado el momento de admitir la propuesta, los diputados socialistas se abstuvieron, en lugar de votar a favor, con lo que el proyecto decayó. El partido alegó después que, tras decidir permitir el debate, hubo “opiniones internas discrepantes que han conducido a la decisión de abstenerse”. Lo que suben son los espectáculos populares. Si bien Isabel Díaz Ayuso alude al carácter artístico de la tauromaquia y menciona habitualmente a figuras como Goya o Picasso, lo que realmente se extiende y crece en España son los denominados oficialmente festejos populares. Las cifras muestran que en 2011 se contabilizaron 13.800 de estos festejos, en 2018 llegaron a más de 17.000 y en 2024 superaron los 19.000. La denominación oficial los describe como aquellos en los que “se juegan o corren reses según los usos tradicionales de la localidad”. Si se desciende a lo que se vive en esas localidades, en estos festejos caen eventos como los encierros de los sanfermines – que remitirían a Ernest Hemingway –, pero también los bous al carrer valencianos (con los que perdieron la vida 32 personas entre 2014 y 2022 y donde su gran estrella reciente fue el toro Ratón que subía de caché a medida que acumulaba personas fallecidas), toros embolados donde se atan fuegos a las astas de las reses que enloquecen, los toros enmaromados (en lo que se amarra al animal para que no se aleje mientras se lo acosa), el toro de Coria o, en su momento, el ya desaparecido torneo del toro de la Vega.

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La empresa pública alega que no ha podido dar su versión sobre las "suposiciones, conjeturas, inexactitudes y omisiones de hechos" que atribuye al informe de la Oficina Antifraude de Catalunya Una jueza imputa a la cúpula de TMB por acoso laboral a la jefa que investigaba irregularidades internas La Oficina Antifraude de Catalunya (OAC) ha censurado que Transports Metropolitans de Barcelona (TMB), la empresa pública del metro y el servicio de autobús de la capital catalana, despidiera a su jefa de cumplimiento normativo tras investigar una denuncia por acoso laboral de una trabajadora contra directivos de la sociedad. El informe de la OAC, al que ha tenido acceso elDiario.es, concluye que el cese de la responsable de investigar las denuncias en TMB “poco después” de tramitar un expediente que afectaba a tres directivos “manda un mensaje peligroso” sobre la “efectividad de los canales internos de acuerdo con lo que prevé la ley [de protección de las personas que informan sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción]”. Consultadas por este diario, fuentes de TMB han indicado que las conclusiones de la OAC se basan “exclusivamente” en la versión de Macías. Si bien han admitido que el dictamen incorpora documentación que TMB envió a la OAC, desde la empresa han remarcado que no han sido consultados (por ejemplo, con entrevistas a los directivos) sobre los hechos a los que se hace referencia en el informe. “TMB no ha podido decir nada sobre las suposiciones, conjeturas, inexactitudes y omisiones de hechos importantes que contiene este informe”, han agregado desde la empresa. En su dictamen, Antifraude realiza un cronograma de los hechos: en febrero de 2024, la ex jefa de compliance empezó a investigar la denuncia por acoso de una trabajadora de TMB contra tres directivos. El expediente, que motivó un conflicto entre la ex directiva y otros miembros de la cúpula, se derivó a la Fiscalía en mayo de 2024. En agosto del mismo año, se crea un nuevo protocolo antiacoso de TMB. Un mes después, la ex jefa de compliance recibe una denuncia por acoso, se la aparta temporalmente de sus funciones y en octubre TMB la despide. Antifraude también valora como “graves deficiencias en el funcionamiento” de TMB el hecho de que el expediente abierto a la ex jefa estuviera disponible para los 9.000 trabajadores de la plantilla de la empresa debido a una brecha de seguridad informática en 2025, desvelada por esta redacción . El fallo, sostiene la OAC, generó “un daño reputacional y profesional evidente” a la ex jefa de compliance . El dictamen del ente autonómico de prevención de la corrupción, fechado en septiembre de 2025, forma parte del sumario de la causa judicial por acoso laboral abierta al consejero delegado de TMB, Xavier Flores , y a otros dos altos directivos de la empresa pública, a raíz de la denuncia de la ex jefa de compliance de TMB, despedida en 2024. Denunciante y empresa mantienen versiones opuestas sobre los aspectos clave del caso. La magistrada tendrá que determinar si el despido de la ex jefa de compliance fue una represalia por su investigación de una denuncia por acoso a otra trabajadora, si TMB empleó como pretexto para echarla una denuncia “falsa” y si, además, creó un protocolo antiacoso ad hoc en contra de ella. Así lo cree la denunciante. Desde que este diario destapó el caso, TMB ha negado “rotundamente” que se acosara a la ex jefa de compliance , ha defendido la inocencia de sus directivos y ha mantenido que en el despido se aplicó el protocolo antiacoso de la compañía, que determina que la investigación corre a cargo de una empresa externa y no del responsable de cumplimiento normativo de la empresa. Ante la negativa de TMB de que el despido de la ex directiva fuera una venganza a sus investigaciones, Antifraude considera que la discrepancia entre empresa y ex empleada se tendrá que resolver en vía judicial. La OAC ya advirtió a TMB antes de la formalización del cese de que cualquier decisión tenía que tener el “máximo rigor jurídico”, al tratarse de la persona encargada del buen gobierno en la sociedad, a lo que la empresa respondió que el despido se había tomado “en el marco de las potestades organizativas propias” y que no existía “ningún tipo de conflicto de interés”. Con todo, tras analizar la petición de amparo como informante de corrupción (que le fue concedida) y la respuesta de TMB a varios requerimientos, la OAC tilda de “punto claro de inflexión” en el conflicto que terminó con el despido de la ex directiva el hecho de que empezara a tramitar el expediente por una denuncia de una trabajadora por acoso laboral contra tres miembros de la cúpula de TMB. “Precipitación” en el protocolo La OAC se detiene en analizar el procedimiento seguido por TMB para echar a la ex jefa de compliance , que en 20 años en la empresa no había recibido una denuncia hasta que investigó el caso de acoso a una trabajadora por parte de la cúpula. En pleno agosto de 2024, TMB aprobó la creación de una nueva comisión para supervisar los protocolos antiacoso. “Se observa cierta precipitación en la aprobación del protocolo”, constata Antifraude. La nueva normativa interna contemplaba que las pesquisas las realizaran empresas externas y “trasladar la resolución” de los casos a la directora de recursos humanos, que mantenía un enfrentamiento con la ex jefa de compliance desde que esta investigara la denuncia por acoso laboral de una trabajadora. De hecho, la jefa de recursos humanos había cuestionado la medida de apoyo psicológico para la empleada que habían propuesto tanto la ex jefa de compliance como un despacho externo que evaluó el caso. Apenas un mes después de la creación de la nueva comisión, el 13 de septiembre de 2024, cuando ya tenía protección de Antifraude como alertadora de corrupción, la mujer recibió dos correos electrónicos. En el primero, una empresa externa a TMB le comunicaba que había recibido una denuncia por acoso. Pese a ello, no le entregaba copia de la denuncia y se limitaba a indicar que si acudía a testificar “voluntariamente” se le facilitarían los “cargos”. En el segundo, la jefa de recursos humanos de TMB le informaba que había “recibido comunicación” de la recién creada comisión de acoso laboral donde se la “instaba a tomar medidas cautelares” tras acordar la admisión de denuncia por acoso laboral contra ella. Resultado: se la suspendía de funciones. Es más, Antifraude ha puesto de manifiesto que, pese a recibir el correo el 13 de septiembre, TMB no formalizó el contrato con la empresa externa que investigó la denuncia contra la ex jefa de compliance hasta 14 días después. Lo hizo a través de un contrato menor de 7.490 euros, un método que a Antifraude le resulta contradictorio con una “necesidad permanente” de la empresa, como es disponer de una asistencia externa, como determina el protocolo de antiacoso de TMB. Antifraude advierte de que la medida cautelar contra la ex jefa de compliance “parece desproporcionada y no se motivó de forma adecuada”. La OAC resalta que TMB ha admitido que, en los últimos diez años, en ninguno de los ocho expedientes abiertos a trabajadores por toxicomanía o violencia no se adoptó una medida cautelar como la que se impuso a la ex directiva, que terminó despedida en octubre de 2024. Por otro lado, la OAC se muestra crítica con el hecho de que el consejero delegado, Xavier Flores, comunicara a la ex jefa de compliance que la apartaba del cargo de responsable del sistema interno de información y que pasara a depender del jefe de la asesoría jurídica cuando estaba investigando una denuncia por acoso laboral contra otros directivos. TMB terminó enviando ese expediente a la Fiscalía, que archivó el caso, aunque la trabajadora lo ha denunciado en los juzgados. “El hecho de comunicar un nuevo modelo de gobernanza mientras se estaba tramitando una denuncia supone, en sí mismo, una posible injerencia en la resolución final del expediente y se puede considerar una vulneración de la autonomía e independencia” del cargo de compliance, concluye Antifraude. Además, ese modelo nuevo de gobernanza se decidió en contra de lo que habían asesorado despachos externos a TMB. “La gran mayoría de autoridades y estándares en la materia plantean dudas sobre la eficacia de poner como responsable del sistema interno de información al director de la asesoría jurídica”, rezaba uno de los dictámenes.

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Cómo el Estado engorda una empresa familiar que facturaba menos de 100 millones y acaba al frente de otra que ingresa 5.000 millones Escribano celebra un año al frente de Indra con dudas sobre la compra de su empresa y plusvalías multimillonarias La construcción del campeón nacional de la industria de defensa española va camino de caso de despropósito en las escuelas de negocios. Las piezas claves para levantar ese nuevo gigante son: Indra Group, con unos ingresos de 3.851 millones y Escribano Mechanical and Engineering (EM&E), que factura 91 millones de euros, es decir 42 veces más, según las cuentas de 2022. El Estado tiene la llave de todo; es el accionista principal de Indra (28%) y casi el único cliente de Escribano, propiedad de los hermanos Ángel y Javier Escribano. Sin embargo, Escribano puede acabar tomando el control de Indra. No es que el pez pequeño se coma al grande, es el suministrador de las puertas del avión A-320 tomando el control del grupo Airbus. Con las cuentas de 2022 recién cerradas, los hermanos Ángel y Javier Escribano se lanzan a comprar acciones de Indra. El 15 de mayo de 2023 se ven obligados a retratarse ante la CNMV, puesto que han alcanzado el 3% de capital. A finales de noviembre ya acumulan un 8%, con una inversión total de 182 millones. Ojo, el doble que su facturación de 2022. Es ahí cuando la historia de crecimiento de estos empresarios metalúrgicos de Alcalá de Henares entra en el imaginario público. En el Informe de Gestión de EM&E de 2023 expresan con claridad el objetivo de esa inversión: “La adquisición de una participación del 8% en el accionariado de Indra Sistemas va a permitir a la Sociedad participar en aquellas decisiones que pudieran afectar a la Organización”. Este parrafito, que no necesita interpretación, lo escriben en mayo de 2024, mes en el que el presidente de EM&E (Ángel Escribano) y el director general ejecutivo (Javier Escribano) firman las cuentas de su empresa y en el que Javier es nombrado consejero de Indra. A finales de 2024, ya controlan el 14,3% de la compañía. En medio de este camino se cruzan movimientos de alcance global y local inimaginables, que catapultan a los hermanos Escribano. El 18 de enero de 2025, José María Álvarez-Pallete es cesado, desde el Palacio de la Moncloa, de presidente de Telefónica y le sustituye Marc Murtra, que era el presidente de Indra. Dos días después, el lunes 20, Ángel Escribano y Donald Trump asumen la presidencia de Indra y Estados Unidos; por ese orden. Son dos nombramientos que no deberían entrar en la misma frase, pero que estarán muy relacionados. Trump da un giro histórico a la política internacional de bloques del mundo, utiliza el comercio como instrumento militar y, desde esa lógica, sitúa a Europa como un competidor y enemigo. Como promotor de la OTAN, exige a sus socios (principalmente europeos) que multipliquen el presupuesto militar, hasta el equivalente del 5% del PIB, y les exige que asuman la defensa de Ucrania frente a Rusia. La consecuencia práctica de la amenaza de Trump, el primer presidente de Estados Unidos que coquetea con el de Rusia, es que los países europeos no sólo tienen que gastar mucho más en defensa, sino que se ven obligados a crear su propia industria militar. Nadie garantiza que Estados Unidos vaya a defender a Europa de una hipotética invasión de Rusia, como sí hizo en el siglo pasado. Es el mejor escenario que podría imaginar un empresario de material militar. Los hermanos Escribano están en el momento adecuado y en la mejor posición posible, liderando en el consejo de administración de la “compañía global de referencia en los sectores de defensa, aeroespacial y tecnologías digitales avanzadas”, que así se define Indra. Por eso, las acciones de las empresas proveedoras de los ejércitos se disparan en Bolsa . Indra lleva una anodina década cotizando alrededor de 10 euros por acción. Arranca 2023, cuando entran los Escribano, a 11,2 euros y el pasado 12 de enero alcanzó su máximo histórico: 58,9 euros. La llegada de Ángel Escribano al frente de Indra (hace un año) conduce a que se plantee la fusión de Indra y Escribano. Estalla una guerra en el consejo que provoca en dimisiones/ceses entre los que ven lo obvio: hay conflicto de intereses. No tragan con que los dueños de un proveedor del Ministerio de Defensa tomen el control de Indra, una empresa controlada por ese Estado, cuando su tamaño es infinitamente menor. En 2024, últimos datos públicos, Escribano factura 355 millones de euros, frente a 4.843 millones de Indra. Para los amantes de la innovación como argumento de expectativas de ingresos, señalar que Indra gastó 427 millones en I+D+I en 2024 y EM&E, 15 millones. Todo esto dando por buenos los datos de EM&E. En 2024, los Escribano acuerdan que Advanced Manufacturing Enginnering se convierta en la cabecera del grupo, integrando el balance y las cuentas de EM&E, EM&E Investment, EM&E Properties y EM&E Chips. Si solicita al Registro Mercantil las cuentas de esta sociedad de 2024 se encontrará con el mensaje de que “la información solicitada no está disponible”. Curioso para un contratista del Estado. Los números son muy relevantes, puesto que al final todo va de cuál es el valor del grupo Escribano, lo que se pretende integrar en Indra, bien sea mediante una fusión o una adquisición pura y dura. Resulta irónico que el activo más relevante de este grupo, en términos de valor económico, sea su participación de Indra. El 14,3% de esta compañía vale 1.230 millones de euros, lo que supone unas plusvalías teóricas de más de 860 millones, que los hermanos Escribano comparten con JP Morgan, ya que parte de las acciones están compradas con derivados que les permiten disfrutar de los derechos políticos (el voto), pero no de los económicos (dividendo y plusvalías o minusvalías). Antes de realizar cualquier operación, lo primero que deberían hacer es separar las acciones de Indra de la actividad industrial, de la que es preciso tener números actuales, reales y auditados. A esto se añade la expectativa de futuro del grupo Escribano, que claramente depende de los contratos adjudicados y esperados del Gobierno de España, que en buena medida se han construido en el último año. Por tanto, el Estado terminará pagando, a través de Indra, todo el valor que ha creado con el material que les ha encargado. Para hacerlo fácil, Escribano ha creado mucho valor por ser proveedor clave del Estado, mientras que Santa Bárbara (antigua empresa pública y hoy de la americana General Dynamics) destruye valor por quedarse fuera de los nuevos contratos y enfrentarse al Gobierno en los tribunales. Cualquiera ve que todo debería haber empezado al revés. Si Escribano era tan estratégica para el Ejército de España, la SEPI debería haber comprado este grupo hace años, en lugar de abrirles de par en par Indra. No tiene pase que sea el Gobierno quien añada valor a Escribano adjudicándole contratos para que se lo cobren, da igual si es en acciones de Indra o en efectivo. Esto que muchos llaman conflicto de intereses de Ángel y Javier Escribano, por estar en el lado comprador y vendedor, es calificado por otros como mero desplazamiento patrimonial, desde los Presupuestos Generales del Estado a unos particulares. Nada de esto es posible sin el concurso del Palacio de la Moncloa, allí donde han quitado y puesto a presidentes de Telefónica o Indra. Y el PP; ¿qué opina de esto?

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El dinero público hace que la región lidere España con 85 corridas en 2024, casi la mitad que en 2007, mientras el público en el país ha caído un 20% en diez años y los festejos taurinos otro 40% en menos de dos décadas La Justicia valida un espectáculo de 'bombero torero' en Andalucía a pesar de que el Gobierno los había prohibido La respiración asistida a base de millones de euros públicos que Isabel Díaz Ayuso le inyecta a los toros ha convertido a la Comunidad de Madrid en el refugio de un espectáculo en retroceso. La región ha superado a Andalucía como líder en número de corridas de toros. En 2024, Madrid hizo 85 por 76 en Andalucía, según la última Estadística de asuntos taurinos del Ministerio de Cultura . La primera creció un 11,8%, la segunda cayó un 3,7%. En España, ese año hubo menos corridas que en 2023. La cuestión es que, cada poco tiempo, la tauromaquia le sirve a la presidenta madrileña para chocar con el Gobierno central. Hace unos días, ante la todavía propuesta del Ministerio de Juventud de impedir la entrada en las plazas a menores de 18 años , el Ejecutivo regional del PP avisó de que no acataría esa medida y de que “fomentamos la asistencia de jóvenes y familias”. Su objetivo declarado es conseguir “un relevo generacional” porque la realidad es que cada vez acude menos gente a los cosos. Para poder decir del Gobierno que “ si pudieran, cancelarían a Picasso y a Goya” y repetir que “atentar contra lo profundamente español y las raíces de la tauromaquia” es lo mismo que “arrebatar la libertad y la prosperidad”, la administración de Ayuso riega las plazas con muchos millones. Los Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para 2026 han incrementado un 59% los fondos dedicados a la tauromaquia que llegan a 7,2 millones de euros (un alto porcentaje dedicado a la modernización de la plaza de Las Ventas). La Fundación Toro de Lidia recibe una subvención directa de 1,7 millones en buena parte dedicados a celebrar corridas de diferentes categorías en un circuito por localidades de la comunidad autónoma . En 2023, los presupuestos ya habían duplicado las transferencias a la tauromaquia respecto al curso anterior. Además, la televisión pública Telemadrid dobló el dinero destinado a retransmitir festejos taurinos en 2025: pasó de 1,4 millones de euros a 3,1 millones. Así que sostener la tauromaquia –que sirve de campo para marcar su perfil nacional a base de confrontar con el presidente Pedro Sánchez– ha hecho de los toros un espectáculo fuertemente subvencionado para contrarrestar el declive acusado de interés: en diez años, la fiesta ha perdido el 22% de sus espectadores (de 3,2 millones en 2014 a 2,5 en 2024, según la Encuesta de hábitos y prácticas culturales en España). Al tiempo que los toros han ido engordando en transferencias de fondos públicos madrileños, no han hecho más que perder terreno en términos generales. La Estadística de asuntos taurinos muestra que en 2007, las corridas de toros en España llegaron a 953 por las 376 de 2024. Una caída del 60%. En la Comunidad de Madrid, en 2007, tuvieron un pico de 148, para quedarse en esas 85 en 2024. Si se mira el total de festejos taurinos –corridas también de rejones, de novillos o mixtas–, hace casi 20 años se registraron 3.651. En 2024 solo fueron 1.451. Bola extra: una cuña en el flanco socialista Además, la defensa a ultranza de la tauromaquia aporta una bola extra en el campo político. Su blindaje como Bien Cultural es una cuña en el flanco socialista. Las iniciativas para dejar de considerar legalmente los toros como patrimonio cultural dividen al partido dirigido por el presidente del Gobierno Pedro Sánchez. En octubre pasado, una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para debatir en el Congreso la retirada de ese estatus a la tauromaquia terminó en un rechazo sorpresa que soliviantó a los promotores que habían negociado previamente con el PSOE –y, en teoría, asegurado, al menos, la toma en consideración–. “La traición es tremenda”, comentaron tras perder la votación. Según contaron algunos de los portavoces de la ILP a elDiario.es, el PSOE les había tranquilizado para que no subieran el tono de las acciones de preparación antes del debate parlamentario, pero, una vez llegado el momento de admitir la propuesta, los diputados socialistas se abstuvieron, en lugar de votar a favor, con lo que el proyecto decayó. El partido alegó después que, tras decidir permitir el debate, hubo “opiniones internas discrepantes que han conducido a la decisión de abstenerse”. Lo que suben son los espectáculos populares. Si bien Isabel Díaz Ayuso alude al carácter artístico de la tauromaquia y menciona habitualmente a figuras como Goya o Picasso, lo que realmente se extiende y crece en España son los denominados oficialmente festejos populares. Las cifras muestran que en 2011 se contabilizaron 13.800 de estos festejos, en 2018 llegaron a más de 17.000 y en 2024 superaron los 19.000. La denominación oficial los describe como aquellos en los que “se juegan o corren reses según los usos tradicionales de la localidad”. Si se desciende a lo que se vive en esas localidades, en estos festejos caen eventos como los encierros de los sanfermines – que remitirían a Ernest Hemingway –, pero también los bous al carrer valencianos (con los que perdieron la vida 32 personas entre 2014 y 2022 y donde su gran estrella reciente fue el toro Ratón que subía de caché a medida que acumulaba personas fallecidas), toros embolados donde se atan fuegos a las astas de las reses que enloquecen, los toros enmaromados (en lo que se amarra al animal para que no se aleje mientras se lo acosa), el toro de Coria o, en su momento, el ya desaparecido torneo del toro de la Vega.

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La empresa pública alega que no ha podido dar su versión sobre las "suposiciones, conjeturas, inexactitudes y omisiones de hechos" que atribuye al informe de la Oficina Antifraude de Catalunya Una jueza imputa a la cúpula de TMB por acoso laboral a la jefa que investigaba irregularidades internas La Oficina Antifraude de Catalunya (OAC) ha censurado que Transports Metropolitans de Barcelona (TMB), la empresa pública del metro y el servicio de autobús de la capital catalana, despidiera a su jefa de cumplimiento normativo tras investigar una denuncia por acoso laboral de una trabajadora contra directivos de la sociedad. El informe de la OAC, al que ha tenido acceso elDiario.es, concluye que el cese de la responsable de investigar las denuncias en TMB “poco después” de tramitar un expediente que afectaba a tres directivos “manda un mensaje peligroso” sobre la “efectividad de los canales internos de acuerdo con lo que prevé la ley [de protección de las personas que informan sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción]”. Consultadas por este diario, fuentes de TMB han indicado que las conclusiones de la OAC se basan “exclusivamente” en la versión de Macías. Si bien han admitido que el dictamen incorpora documentación que TMB envió a la OAC, desde la empresa han remarcado que no han sido consultados (por ejemplo, con entrevistas a los directivos) sobre los hechos a los que se hace referencia en el informe. “TMB no ha podido decir nada sobre las suposiciones, conjeturas, inexactitudes y omisiones de hechos importantes que contiene este informe”, han agregado desde la empresa. En su dictamen, Antifraude realiza un cronograma de los hechos: en febrero de 2024, la ex jefa de compliance empezó a investigar la denuncia por acoso de una trabajadora de TMB contra tres directivos. El expediente, que motivó un conflicto entre la ex directiva y otros miembros de la cúpula, se derivó a la Fiscalía en mayo de 2024. En agosto del mismo año, se crea un nuevo protocolo antiacoso de TMB. Un mes después, la ex jefa de compliance recibe una denuncia por acoso, se la aparta temporalmente de sus funciones y en octubre TMB la despide. Antifraude también valora como “graves deficiencias en el funcionamiento” de TMB el hecho de que el expediente abierto a la ex jefa estuviera disponible para los 9.000 trabajadores de la plantilla de la empresa debido a una brecha de seguridad informática en 2025, desvelada por esta redacción . El fallo, sostiene la OAC, generó “un daño reputacional y profesional evidente” a la ex jefa de compliance . El dictamen del ente autonómico de prevención de la corrupción, fechado en septiembre de 2025, forma parte del sumario de la causa judicial por acoso laboral abierta al consejero delegado de TMB, Xavier Flores , y a otros dos altos directivos de la empresa pública, a raíz de la denuncia de la ex jefa de compliance de TMB, despedida en 2024. Denunciante y empresa mantienen versiones opuestas sobre los aspectos clave del caso. La magistrada tendrá que determinar si el despido de la ex jefa de compliance fue una represalia por su investigación de una denuncia por acoso a otra trabajadora, si TMB empleó como pretexto para echarla una denuncia “falsa” y si, además, creó un protocolo antiacoso ad hoc en contra de ella. Así lo cree la denunciante. Desde que este diario destapó el caso, TMB ha negado “rotundamente” que se acosara a la ex jefa de compliance , ha defendido la inocencia de sus directivos y ha mantenido que en el despido se aplicó el protocolo antiacoso de la compañía, que determina que la investigación corre a cargo de una empresa externa y no del responsable de cumplimiento normativo de la empresa. Ante la negativa de TMB de que el despido de la ex directiva fuera una venganza a sus investigaciones, Antifraude considera que la discrepancia entre empresa y ex empleada se tendrá que resolver en vía judicial. La OAC ya advirtió a TMB antes de la formalización del cese de que cualquier decisión tenía que tener el “máximo rigor jurídico”, al tratarse de la persona encargada del buen gobierno en la sociedad, a lo que la empresa respondió que el despido se había tomado “en el marco de las potestades organizativas propias” y que no existía “ningún tipo de conflicto de interés”. Con todo, tras analizar la petición de amparo como informante de corrupción (que le fue concedida) y la respuesta de TMB a varios requerimientos, la OAC tilda de “punto claro de inflexión” en el conflicto que terminó con el despido de la ex directiva el hecho de que empezara a tramitar el expediente por una denuncia de una trabajadora por acoso laboral contra tres miembros de la cúpula de TMB. “Precipitación” en el protocolo La OAC se detiene en analizar el procedimiento seguido por TMB para echar a la ex jefa de compliance , que en 20 años en la empresa no había recibido una denuncia hasta que investigó el caso de acoso a una trabajadora por parte de la cúpula. En pleno agosto de 2024, TMB aprobó la creación de una nueva comisión para supervisar los protocolos antiacoso. “Se observa cierta precipitación en la aprobación del protocolo”, constata Antifraude. La nueva normativa interna contemplaba que las pesquisas las realizaran empresas externas y “trasladar la resolución” de los casos a la directora de recursos humanos, que mantenía un enfrentamiento con la ex jefa de compliance desde que esta investigara la denuncia por acoso laboral de una trabajadora. De hecho, la jefa de recursos humanos había cuestionado la medida de apoyo psicológico para la empleada que habían propuesto tanto la ex jefa de compliance como un despacho externo que evaluó el caso. Apenas un mes después de la creación de la nueva comisión, el 13 de septiembre de 2024, cuando ya tenía protección de Antifraude como alertadora de corrupción, la mujer recibió dos correos electrónicos. En el primero, una empresa externa a TMB le comunicaba que había recibido una denuncia por acoso. Pese a ello, no le entregaba copia de la denuncia y se limitaba a indicar que si acudía a testificar “voluntariamente” se le facilitarían los “cargos”. En el segundo, la jefa de recursos humanos de TMB le informaba que había “recibido comunicación” de la recién creada comisión de acoso laboral donde se la “instaba a tomar medidas cautelares” tras acordar la admisión de denuncia por acoso laboral contra ella. Resultado: se la suspendía de funciones. Es más, Antifraude ha puesto de manifiesto que, pese a recibir el correo el 13 de septiembre, TMB no formalizó el contrato con la empresa externa que investigó la denuncia contra la ex jefa de compliance hasta 14 días después. Lo hizo a través de un contrato menor de 7.490 euros, un método que a Antifraude le resulta contradictorio con una “necesidad permanente” de la empresa, como es disponer de una asistencia externa, como determina el protocolo de antiacoso de TMB. Antifraude advierte de que la medida cautelar contra la ex jefa de compliance “parece desproporcionada y no se motivó de forma adecuada”. La OAC resalta que TMB ha admitido que, en los últimos diez años, en ninguno de los ocho expedientes abiertos a trabajadores por toxicomanía o violencia no se adoptó una medida cautelar como la que se impuso a la ex directiva, que terminó despedida en octubre de 2024. Por otro lado, la OAC se muestra crítica con el hecho de que el consejero delegado, Xavier Flores, comunicara a la ex jefa de compliance que la apartaba del cargo de responsable del sistema interno de información y que pasara a depender del jefe de la asesoría jurídica cuando estaba investigando una denuncia por acoso laboral contra otros directivos. TMB terminó enviando ese expediente a la Fiscalía, que archivó el caso, aunque la trabajadora lo ha denunciado en los juzgados. “El hecho de comunicar un nuevo modelo de gobernanza mientras se estaba tramitando una denuncia supone, en sí mismo, una posible injerencia en la resolución final del expediente y se puede considerar una vulneración de la autonomía e independencia” del cargo de compliance, concluye Antifraude. Además, ese modelo nuevo de gobernanza se decidió en contra de lo que habían asesorado despachos externos a TMB. “La gran mayoría de autoridades y estándares en la materia plantean dudas sobre la eficacia de poner como responsable del sistema interno de información al director de la asesoría jurídica”, rezaba uno de los dictámenes.

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El catedrático de Historia Contemporánea Gutmaro Gómez Bravo reconstruye en 'Cómo terminó la Guerra Civil' (Crítica) las últimas semanas de la contienda usando la documentación del aparato de espionaje franquista, que llevó a cabo una minuciosa operación de inteligencia contra los republicanos La guerra no la perdimos todos: el 'asalto' al consenso histórico sobre el franquismo como estrategia política La Guerra Civil terminó en una habitación sin ventanas. Una mesa y seis sillas en el centro están ocupadas por cuatro militares franquistas y dos republicanos y quedan poco menos de diez días para que el último parte de guerra confirme que el Ejército Rojo está “cautivo y desarmado”. Es 23 de marzo de 1939 y tras una cruenta batalla de tres años provocada por el golpe de Estado franquista, en aquella habitación del aeródromo de Gamonal (Burgos) va a escenificarse el fin del conflicto. Allí los sublevados entregarán a los emisarios del Consejo Nacional de Defensa republicano las Normas para la rendición del Ejército enemigo y ocupación de su territorio. El documento es un plan técnico y militar redactado por el Cuartel General de Burgos de Franco que dibuja una detallada hoja de ruta con las instrucciones que deben seguir los republicanos para poner punto y final a la guerra. El texto señala que “la rendición de las fuerzas enemigas se hará” en base a varios puntos: “A la hora H del día D (27) se dispararán en todos los sectores del frente tres salvas de artillería [...] A esta señal por cada brigada en línea del frente enemigo saldrá un grupo de emisarios compuesto por un jefe y cuatro oficiales enarbolando bandera blanca y se encaminará a nuestras líneas”. Las órdenes indican cómo debían formar las tropas e incluso dónde depositar su material. Es parte de la documentación inédita que el catedrático de la Universidad Complutense de Madrid Gutmaro Gómez Bravo incluye en su nuevo libro – Cómo terminó la Guerra Civil española (Crítica)–, en el que supera los relatos tradicionales. Más allá de los frentes de batalla, Gómez Bravo se adentra en los despachos para reconstruir las últimas semanas del conflicto, con un Ejército Republicano cada vez más agotado y dividido y un mando franquista dispuesto a todo para vencer. “Estamos acostumbrados a versiones ideológicas opuestas, pero frente a la imagen de caída brutal y colapso por un lado y de victoria militar por otro, lo que hay es una negociación para el fin de la guerra y una rendición”, apunta. Desfile de la Victoria en Madrid, 19 de mayo de 1939. Entre los documentos, destaca también la llamada Instrucción nº15 , que es la otra cara de la misma moneda: en la práctica, si las Normas estaban dirigidas a los republicanos, estas son las directrices internas que Franco hizo llegar a su Ejército. “El enemigo vencido desea entregarse”, apunta el Cuartel General de Burgos. Son indicaciones para lograr “la ocupación total del territorio rojo”, que debía hacerse “con la mayor rapidez posible”. En el texto se detallan las actuaciones previstas en las zonas que aún eran de control republicano y que divide en Levante, Centro y Sur –entre ellas, estaban capitales como Madrid, Valencia, Murcia o Almería–. La instrucción describe cómo debían “liberarse” las vías de comunicación y organizarse los almacenes y depósitos. Es decir, cómo tenían que actuar los militares sublevados una vez los republicanos bajaran las armas, a los que debían “descoser la manga” de la chaqueta para “distinguir desde el primer momento a las fuerzas enemigas entregadas”. Se trató de una directriz que Burgos mandó mantener en “secreto” a las tropas para evitar “el efecto moral que pudiera crear la idea de que la guerra se ha terminado” . El texto habla ya de la “reeducación de prisioneros”, marcando las líneas de lo que sería el adoctrinamiento ideológico de la dictadura. Franco pensaba ya en el futuro. Ambos documentos, que el historiador transcribe en el nutrido anexo documental del libro, las custodia el Archivo General Militar de Ávila, a donde el Ministerio de Defensa transfirió en 2020 una serie del Cuartel General del Generalísimo. Por eso, la “mayoría” de la documentación empleada “nunca ha estado accesible”, dice el autor, que ha estado siete años investigando y ha visitado decenas de archivos tanto en España como en el extranjero. La serie usada como “tronco central” del trabajo es la que corresponde al Servicio de Información y Policía Militar (SIPM), es decir, el aparato de espionaje franquista que entregaba en mano al propio Franco sus informes. El servicio diseñó una “milimétrica” operación de inteligencia para poner fin a la guerra, empleada a fondo tras la victoria de los golpistas en la Batalla del Ebro en noviembre de 1938. Controló e interceptó las comunicaciones de la República, fomentó su división interna, logró los mapas de las posiciones que aún quedaban por conquistar y “absorbió” a parte de su Ejército. De hecho, el libro revela que militares como los dos que fueron a Gamonal se volvieron “colaboradores” del servicio de inteligencia franquista para precipitar el final. No fue un armisticio ni capitulación, no había nada firmado, pero los golpistas “lograron la captación, entrega y rendición del enemigo desde dentro”. A los mandos de la estrategia estaba el coronel José Ungría con un objetivo muy preciso: “Ganar la guerra y asegurar la Victoria”. La Nueva España clandestina Franco siguió y controló personalmente la operación, según acredita la investigación gracias a los informes bajo el epígrafe “Enterado S.E. (Su Excelencia)”, en cuyos márgenes el dictador llegaba a “anotar y escribir” sus reacciones. Le llegaban todas las informaciones que lograba y canalizaba el SIPM. En el archivo, constan sus respuestas: “A Ejército Nacional no interesan como objetivos inmediatos las poblaciones, sino la entrega o destrucción del Ejército rojo o de sus grandes núcleos [...] Deben tener en cuenta nos sobran medios y hombres para lograrlo rápidamente por fuerza armas ( sic )”. A veces, aparecen firmados como Terminus , nombre en clave que usaba Franco fuera de Burgos. Otra de las patas clave de la operación de inteligencia y que Gómez Bravo analiza profusamente es el Consejo Asesor, un organismo secreto franquista que operaba en la clandestinidad en Madrid bajo la dirección de Burgos. Sus integrantes eran destacados miembros de la élite empresarial madrileña (Campsa, MZA o Ferrocarriles), por lo que conocían de primera mano las infraestructuras y disponían de información privilegiada. Lo presidía José María Taboada, secretario de Acción Católica, que logró “cortocircuitar una posible mediación del Vaticano” para pedir a Franco un armisticio. El coronel José Ungría (2º por la izquierda), jefe del SIPM. El Consejo Asesor se reunió hasta 19 veces y sus actas han sido analizadas por el historiador: en la práctica, su misión fue desestabilizar Madrid, prolongar la situación de hambre y de boicot de los suministros y “explotar el enfrentamiento interno” de los republicanos. El libro afirma que fue clave en el golpe que Segismundo Casado, jefe del Ejército del Centro, dio contra Juan Negrín para derribar su Gobierno y tener vía libre a la rendición. Para todo ello, Burgos ordenó al Consejo Asesor la creación del Partido Único que después regiría en la dictadura y con el que Franco evitaba la confrontación entre carlistas y falangistas. De esta forma, se erigía como “interlocutor político” frente a los republicanos, con los que tuvieron varias reuniones. El objetivo del grupo estaba claro: “Juro ante Dios y los santos evangelios servir lealmente a los grandes ideales de la Nueva España”, repitieron sus miembros mientras besaban un crucifijo en el ritual de fundación, celebrado en diciembre de 1938 en un piso de la calle Alfonso XII, que entonces la República había renombrado como calle Lealtad. El Día D El libro narra cómo el día D, que según las actas a las que ha accedido el autor fue añadido en las Normas como el 27 de marzo posteriormente y a mano, el jefe del Ejército del Centro republicano, Adolfo Prada, hace circular a sus mandos las instrucciones, ordena el cese de hostilidades y comienza a ejecutar el plan final. Esa misma tarde, la 40ª Brigada Mixta desplegada en Ciudad Universitaria (Madrid) emite su último parte de información asegurando que se estaban produciendo las señales impuestas en la hoja de ruta mientras van apareciendo banderas blancas en diferentes lugares del frente. Los republicanos habían intentado renegociar los términos en una segunda reunión en Gamonal. Enviados Casado, al frente del Consejo Nacional de Defensa, los dos militares que, según Gómez Bravo ya trabajaban en colaboración con Franco, reclamaban más tiempo y una retirada más escalonada, además de un documento “escrito” con el que se “garantizaran” las condiciones con las que se estaban rindiendo “para que el pueblo siga con confianza incondicional en toda esta zona”, decían desde el Ministerio de Hacienda de Madrid, sede del Consejo republicano. Sin embargo, los franquistas no lo aceptaron. Escena del frente de la Casa de Campo (Madrid), defendido por los republicanos. Lo que pedía la República por escrito era el compromiso de aplicar las Instrucciones para la rendición redactadas el 6 de febrero por el Cuartel General del Generalísimo, que es otro de los documentos clave que incluye Gómez Bravo. Bajo el primer punto “tenéis la guerra perdida”, el texto ofrecía a los republicanos “el perdón” para quienes “hayan sido arrastrados engañosamente a la lucha”, afirmaba que la militancia en partidos “extraños al Movimiento Nacional” no sería causa de “responsabilidad criminal” o apuntaba a la posibilidad de salvoconductos para quienes “rindan las armas”. El libro revela que las Instrucciones fueron modificadas después para denominarse Concesiones de Franco. “Sobre todo porque querían ocultar que había habido unas negociaciones. Quisieron disfrazarlo de cesiones magnánimas de Franco”, señala Gómez Bravo, que apunta a que las Instrucciones del 6 de febrero “demuestran” que antes del golpe de Casado contra Negrín del 5 de marzo, que ha ocupado un lugar central en las explicaciones sobre el final de la guerra, “ya habían comenzado las negociaciones” para la rendición. “Desde hacía tiempo la cuestión ya no era si rendirse o no, sino cómo hacerlo. El propio Negrín había mostrado sus condiciones, pero fue cada vez quedándose más aislado. Al final, por un lado fue una rendición voluntaria y por otro, dirigida y forzada”. El final El contexto internacional fue una pieza indispensable. “La cuestión es que todo el mundo está de acuerdo con que la guerra acabe, también la URSS, para la que ya no es una cuestión importante, como dice Stalin literalmente”, afirma Gómez Bravo. El movimiento definitivo es el reconocimiento oficial del Gobierno de Franco por parte de Francia e Inglaterra, que se produjo el 27 de febrero. En este punto, la investigación revela algo clave: y es que siete días antes, Franco ya había firmado su adhesión al Pacto anticomunista de Alemania, Italia y Japón, pero “lo mantuvo en secreto”, tal y como revela un telegrama enviado a Berlín por el embajador alemán en España. La Falange desfila en Murcia el 31 de marzo de 1939 para celebrar el fin de la Guerra Civil. “Si se hubiera hecho público entonces, se hubiera puesto en juego el reconocimiento de Francia e Inglaterra, que no iban a dar ese paso a las puertas de la Segunda Guerra Mundial precisamente contra esos países”, explica el catedrático. La firma oficial de la entrada de España al pacto auspiciado por el Eje se produjo en una fecha nada casual: el 28 de marzo, en plena operativa de rendición de la República y el día en que se produjo la entrega de Madrid . Ocurrió en la Ciudad Universitaria de Madrid, escenario de duras batallas para la defensa de la capital, concretamente entre las ruinas del asilo de Santa Cristina y el Hospital Clínico. Allí se produjo la rendición oficial. Eran las 13.00 horas y poco después las tropas franquistas entraron en Madrid sin hacer “ni un solo disparo”. Ya desde pronto por la mañana, la bandera de los golpistas se había izado en el Ministerio de Hacienda, desde donde los republicanos dirigieron las últimas horas de la República. Casado y otros miembros del Consejo Nacional de Defensa abandonaron los sótanos en dirección a Valencia para coger un barco que les llevaría al exilio. Ante el inminente dominio de los golpistas, miles de personas buscaron en la costa una salida a pesar de que la cúpula republicana sabía que no sería posible. Los franquistas no permitieron una evacuación generalizada y comenzaron a levantar los campos de concentración que albergarían allí a miles de prisioneros. La guerra había terminado y comenzaban cuatro décadas de terror franquista.

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El ministro Félix Bolaños tacha de “político” su último discurso en el que censuró proyectos del Gobierno, mientras los vocales conservadores la respaldan y la mayoría de los progresistas cuestionan su visión “sesgada” y “corporativista” Bolaños apremia al Poder Judicial a activar “de inmediato” el cuarto turno de juristas para cubrir las 500 nuevas plazas El ministro de Justicia, Félix Bolaños, fue uno de los primeros en reaccionar a la elección de Isabel Perelló como presidenta del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y del Tribunal Supremo. Tras un lustro de bloqueo, Bolaños afirmó en septiembre de 2024 que su elección era una “magnífica noticia” y que estaba “muy contento” . Esta semana, cuando ese mandato está a punto de superar el año y medio, el titular de Justicia no pudo disimular su malestar con uno de los últimos discursos de Isabel Perelló, que tachó de “político” . Por segundo año consecutivo la presidenta del Poder Judicial y del Supremo había empleado su intervención institucional de bienvenida a los nuevos jueces en Barcelona para censurar proyectos del Gobierno . Meses atrás, en la apertura del año judicial y de nuevo ante el rey Felipe VI, Perelló también pidió frenar las “inoportunas y rechazables (...) descalificaciones” a los jueces después de que Pedro Sánchez afirmara en televisión que algunos jueces “hacen política”. Meses antes, en junio, había hablado de “presiones intolerables” tras el cuestionamiento por parte de algunos ministros de la causa contra el ex fiscal general del Estado. En privado, fuentes del Ejecutivo consideran que Perelló ha decidido situarse en una posición política de confrontación que “no le corresponde” como sexta autoridad del Estado. Por contra, sus discursos son alabados por el bloque conservador del CGPJ, cuyos vocales se sienten cómodos con sus exposiciones de tinte corporativista, en las que hace constantes alusiones a la independencia judicial y únicamente admite como aceptables las críticas “razonables”, tal y como dijo en su discurso de esta semana. Esa sintonía se deja ver también en sus movimientos dentro del órgano. El pasado octubre unió sus votos al grupo conservador para acordar un nuevo reparto de poder claramente favorable a los vocales elegidos a iniciativa del Partido Popular. Con la nueva configuración, ocho de las once comisiones en las que se organiza el trabajo institucional tienen mayoría conservadora. El vocal elegido a iniciativa de Sumar Carlos Hugo Preciado también participó en esa operación y logró mantener su puesto en la Comisión Permanente, el núcleo duro donde se toman muchas decisiones de calado. Fue un reparto negociado a espaldas de los progresistas, lo que elevó la tensión hasta límites no vistos durante este mandato. En un duro comunicado , ocho vocales elegidos a iniciativa del PSOE y otra de Sumar acusaron a la presidenta de haber impuesto de “manera abrupta y deliberada” un cambio de reglas que les “excluye”. El líder en la sombra de los vocales de la izquierda amenazó incluso con presentar su dimisión. En esa nueva distribución es clave el posicionamiento de la presidenta, que tiene voto de calidad en caso de empate y que se ha puesto de perfil en asuntos de calado. Es el caso de las propuestas sobre el sistema de elección de los vocales o las arduas negociaciones para las presidencias de las salas más sensibles del Supremo, donde acabaron siendo designados los candidatos aupados por la derecha. De forma reciente, su voto permitió la apertura de expedientes disciplinarios a varios magistrados por sus exabruptos contra políticos, tal y como pretendían los progresistas. Pero también se volvió a unir a los consejeros de la derecha y Preciado para situar a una magistrada vinculada a la conservadora y mayoritaria Asociación Profesional de la Magistratura en un puesto de carácter técnico. Malestar en el grupo progresista En el grupo de vocales elegidos a iniciativa de Sumar no ven a Perelló como una de las suyas. Distintas fuentes de este grupo coinciden en señalar que el malestar viene de lejos y subrayan la incomodidad que sintieron el pasado martes, en el acto institucional de bienvenida a los nuevos jueces. Recuerdan que el año pasado, en este mismo acto, el objeto de reproches fue el nuevo sistema de oposiciones a la carrera que prepara el Gobierno y que se encuentra en tramitación parlamentaria. Cuestionan que esta semana Perelló hiciera, de nuevo, un discurso “sesgado”. La presidenta señaló, por ejemplo, que la mayoría de los nuevos jueces no tienen vínculos familiares previos con la Carrera Judicial —tal y como confirman los datos—, pero también dijo que son “representativos de la sociedad”. Según la propia encuesta realizada por el CGPJ , el 97,32% contó con el soporte económico de sus padres durante la preparación de la oposición, que la mayoría preparó durante más de cinco años. Además, el 69,49% no había trabajado anteriormente. También critican que hiciera alusión a cuestiones “absolutamente políticas” y sobre las que “no hay consenso” en el CGPJ, como la ley de eficiencia que supone una nueva organización de los juzgados. Perelló aludió a la “preocupación” del órgano sobre este cambio. Y afeó al Ministerio que haya implantado la reforma “desconociendo el papel del juez y su relación con los procedimientos”, además de no haber contado con los magistrados. “Las reformas han de hacerse de forma ordenada, garantizada y con el tiempo necesario”, apostilló. Por otro lado, tildó de “buena noticia” la creación de 500 plazas de juez anunciada por el Ministerio, pero a renglón seguido lamentó que “no aborda ni resuelve el problema de fondo”. “No incrementa el número real de jueces disponibles, de modo que las vacantes seguirán creciendo y las dilaciones se irán incrementando”, aseveró. “Me sorprende que el Consejo solicite la creación de 500 nuevas plazas de jueces, que el Ministerio de Justicia, por primera vez en la historia de la democracia, lo conceda (...) y que no merezca ningún comentario positivo. Será en el próximo discurso, no hay que perder la paciencia”, respondió Bolaños un día después. En el bloque conservador, por contra, sostienen que la presidenta hizo un discurso “muy correcto”. “Estoy conforme con todo lo dicho”, dice una fuente de este grupo. “No sé cómo el Gobierno anuncia la creación de 500 plazas cuando solo ha convocado 120 [en la oposición del turno libre]”, apostilla otro vocal que sostiene que la información que les llega sobre los nuevos tribunales de instancia es que su implantación está siendo “caótica”. El cruce de reproches entre los máximos responsables del CGPJ y del Ministerio de Justicia se produce precisamente en un momento en el que ambas instituciones están negociando asuntos de enorme calado. Es el caso de la implantación de los tribunales de instancia y la cobertura de esas 500 nuevas plazas que no se pueden dotar de personal solo con la tradicional oposición memorística debido a la falta de Presupuestos. El Gobierno pretende que el órgano de gobierno de los jueces mueva ficha y active el llamado cuarto turno, la vía reservada a profesionales del Derecho con un mínimo de 10 años de ejercicio que deberían ser el 25% de la carrera y solo llegan al 9% por el incumplimiento histórico del CGPJ. Está obligado a convocar este proceso cada dos años. Pero la última convocatoria es de febrero de 2023 y todavía no hay nueva fecha. Las negociaciones siguen abiertas.

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El mandato de la presidenta de la AIReF termina a principios de marzo, a pocos meses de entregar un informe clave sobre las pensiones. La persona que la sustituya tiene que ser apoyada por la mayoría absoluta de la Comisión de Hacienda del Congreso, donde el Ejecutivo depende de sus apoyos habituales La rebelión de la AIReF contra el mandato de evaluar las pensiones pone en juego el análisis prometido en Bruselas La presidenta de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) , Cristina Herrero, se despidió esta semana de los periodistas tras la que fue, con toda probabilidad, la última rueda de prensa de su mandato. A la economista le resta menos de un mes hasta cumplir los seis años en los que, como máximo, puede permanecer al frente del organismo que fiscaliza las cuentas públicas. La fecha marcada en rojo en el calendario es el próximo 3 de marzo, cuando Herrero cesará automáticamente de su cargo y se pondrá en marcha la maquinaria para que la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, designe a la persona que la sustituya. Y, a diferencia de otros organismos donde el Gobierno puede imponer a su candidato, en esta ocasión es el Congreso, a través de la Comisión de Hacienda, el que tiene que aprobar el nombramiento. Una circunstancia que obliga al Ejecutivo a cerrar el nombre con los socios de investidura o a un acuerdo con el PP. La ley que crea la AIReF, de 2013, estipula que el candidato a presidir la Autoridad Fiscal ha de comparecer ante la Comisión de Hacienda del Congreso “con el fin de que examine si la experiencia, formación y capacidad de la persona propuesta son adecuadas para el cargo”. El nombramiento ha de ser avalado por mayoría absoluta en el organismo, donde el Gobierno solo cuenta con los votos si se suman la mayoría de sus apoyos parlamentarios habituales. La Comisión de Hacienda del Congreso está compuesta por 37 diputados: 14 del PP, 12 del PSOE, 3 de Vox, 3 de Sumar, 1 de ERC, 1 de Junts, 1 de EH Bildu, 1 del PNV y 1 del Grupo Mixto, que en este caso es el diputado de BNG, Néstor Rego. Solo con que uno de los socios se descuelgue, la mayoría absoluta (19 diputados) ya peligra. Si la propuesta del Gobierno decae, 15 días después tendrá que celebrarse el mismo procedimiento en el Senado, donde será necesaria una mayoría simple que solo es posible con el concurso del PP, que domina la Cámara Alta. Una carpeta sin abrir en el Ministerio de Hacienda En el Ministerio de Hacienda aún no han abierto la carpeta de la AIReF, reconocen fuentes consultadas por este periódico, toda vez que la prioridad de la vicepresidenta Montero está en sacar la prórroga del escudo social , cuyo futuro no está claro por la oposición de Junts; la reforma de la financiación autonómica y los Presupuestos Generales del Estado, que el Gobierno quiere presentar este trimestre. Todo ello antes de hacer las maletas y concurrir a las elecciones en Andalucía, que tendrán lugar, como tarde, en junio de este año. Tampoco se ha sondeado a los socios sobre un potencial nombre que genere el consenso necesario para superar el trámite parlamentario. Ni el PNV, ni EH Bildu, ni siquiera Sumar, que está dentro del Gobierno, tienen noticias de Hacienda, reconocen varias fuentes parlamentarias consultadas por este diario. Herrero, que lleva en la AIReF desde su fundación en 2014, ha desarrollado un perfil propio a lo largo de su mandato. Tomó las riendas de la institución después de que José Luis Escrivá, ahora gobernador del Banco de España, fuese nombrado ministro de Seguridad Social, en 2020. Y durante sus seis años al frente de la Autoridad Fiscal no ha dudado en chocar con quien fuera su jefe. “ No es bueno que el presidente de una institución independiente dé el salto al Gobierno , como tampoco veo bien que alguien pase del Ejecutivo a la AIReF”, dijo en 2023. También ha cargado contra el mandato del Ministerio de la Seguridad Social de hacer un nuevo examen sobre la sostenibilidad de las pensiones en 2026, tras el elaborado el año pasado, con el que ha sido muy crítica . “Nos parece que es difícil acomodar este encargo en el ámbito de un supervisor fiscal que ejerce sus funciones de evaluación y supervisión sobre todas las administraciones públicas”, dijo Herrero en su última comparecencia en el Congreso, en noviembre, después de que el organismo elevara a la Abogacía del Estado varios encargos del Gobierno al considerar que “atentan” contra su independencia. Este nuevo examen debe estar entregado antes del 1 de junio, según decretó el Ejecutivo. Herrero: “Mejor mirar dentro de la casa” Esta semana, y en tono de despedida, Herrero defendió su trabajo y el de la propia AIReF: “El prestigio cuesta mucho lograrlo y un minuto perderlo. Hemos conseguido reforzarlo en estos seis años”, apuntó. “No es fácil. Las instituciones independientes son incómodas, evidentemente tienen que serlo. Si no lo eres, es que algo falla en una de las dos partes”, insistió, apuntando a renglón seguido que las Administraciones Públicas “no se han apoyado tanto en la AIReF como podrían haberlo hecho”. Y, preguntada específicamente por su sucesión, la presidenta de la Autoridad Fiscal fue clara: “Mi sucesor o sucesora tiene que cumplir dos requisitos. Por supuesto, cualificación técnica, y hay mucha en la casa y fuera de la casa. Pero también tiene que creer en la AIReF o entender la AIReF. Entender la independencia, el rigor, la objetividad y entender el balance y el equilibrio que hay que tener entre decir las cosas como son y caer en la provocación o en un debate elevado que en nada favorece ni a las Administraciones Públicas, ni a nosotros ni a la ciudadanía en general”. Para Herrero, esto último es muy difícil que se entienda fuera del organismo público. “Si tengo en cuenta esos dos requisitos, sin duda, mejor mirar dentro de la casa”, recomendó. En la Autoridad Fiscal temen que, precisamente, desde Hacienda se escoja un nombre ajeno al organismo para fiscalizar el gasto público. Y creen que una persona que ya esté dentro de su organigrama tendría más fácil pasar el examen del Congreso. La capacitación de los técnicos de la AIReF es excepcional. Por ejemplo, el ministro Carlos Cuerpo , antes de dar el salto al Ejecutivo, fue responsable de Análisis Económico durante el mandato de Escrivá. La AIReF es un organismo relativamente joven dentro del sector público. Creada en 2013, en lo peor de la crisis, solo ha tenido dos presidentes: Escrivá, procedente del servicio de estudios del BBVA; y Herrero. En el caso del primero, solo recibió 23 votos a favor en la Comisión de Hacienda del Congreso, por parte del PP, ya que era una propuesta del Gobierno de entonces, de Mariano Rajoy. La segunda fue primero presidenta interina y luego confirmada por el Gobierno. Fue apoyada por unanimidad en marzo de 2020. El reglamento de régimen interno de la AIReF establece que, en caso de vacancia, es el director de la División de Análisis Presupuestario el que asume las funcione de la presidencia. Es lo que encumbró a Herrero en 2020, por lo que todos los ojos están ahora puestos en Ignacio Fernández-Huertas, su actual titular, y en la directora de Análisis Económico, Esther Gordo, la siguiente en la lista.

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