Arranca la Conferencia de Seguridad de Múnich, que reúne a más de 60 mandatarios internacionales, con el fantasma de la ruptura transatlántica evidenciada el año pasado con el discurso de JD Vance El discurso incendiario del vicepresidente de EEUU, JD Vance, delante de todos los líderes mundiales durante su intervención en la Conferencia de Seguridad de Múnich de 2025, considerado el Foro de Davos de la defensa, dio la vuelta al mundo. La bofetada a la UE evidenciaba la ruptura del viejo bloque transatlántico y el fantasma de Vance aún recorre los pasillos de la nueva edición, que arranca este viernes hasta el domingo. “Es el año más importante y decisivo [...] no sólo porque en ningún momento ha habido tantos conflictos y guerras simultáneamente, sino, en especial, por el deterioro de las relaciones transatlánticas”, explicó su presidente, Wolfgang Ischinger, en la rueda de prensa de presentación del foro en Berlín. “El edificio del orden internacional está siendo demolido, y ya se han destruido algunas partes”, advirtió Ischinger. De ahí que el provocativo lema de este año que da título a su informe sea “ Under Destruction" [en destrucción] con un elefante como imagen principal, en clara referencia al Partido Republicano de Estados Unidos. Ischinger también mencionó la expresión anglosajona “tenemos que dirigirnos al elefante en la habitación”, es decir, hablarle a esa voz disonante e incómoda que emite la Administración Trump en este encuentro multilateral desde suelo europeo. Tras cuestionar la libertad de expresión en Europa por no dar tribuna a la ultraderecha y afirmar que “un nuevo sheriff había llegado”, en referencia al inicio del segundo mandato de Donald Trump, el discurso de Vance marcó el inicio del divorcio de las relaciones transatlánticas. Este año, tres diputados de AfD (Alternativa por Alemania), el partido de extrema derecha que encabeza varios de los sondeos en los últimos meses, han sido invitados por primera vez desde 2023 a Múnich solamente para participar en diálogos privados. La decisión ha sido muy criticada por políticos alemanes socialdemócratas y de Los Verdes que temen que se ponga en riesgo la confidencialidad de las conversaciones ante miembros de un partido con miembros que mantienen una postura prorrusa e incluso prochina. Ischinger ha defendido esta decisión argumentando que se trata del mayor partido opositor con presencia en el Bundestag. También recordó que ellos trabajan en las comisiones parlamentarias de Defensa y Exteriores. Rüdiger Lucassen es portavoz en política de Defensa de la AfD y miembro de la Comisión parlamentaria de Defensa, al igual que Heinrich Koch. Anna Rathert es miembro de la Comisión parlamentaria de Exteriores. No están invitados sus líderes, Alice Weidel y Tino Chrupalla. La presencia de la ultraderecha también ha sido criticada por el anterior presidente de la Conferencia y exasesor de Angela Merkel, Christoph Heusgen, que aplicó el cordón sanitario o Brandmauer [cortafuegos en alemán] en 2024 contra la AfD para evitar un boicot al discurso en favor de Ucrania. También recordó en una entrevista al diario alemán Tagespiegel que tampoco le gustaría esa decisión al fundador de la Conferencia, Ewald Heinrich von Kleist, militar reconocido por su resistencia a Adolf Hitler. Su padre, Ewald von Kleist-Schmenzin participó en el fallido atentado contra Hitler del 20 de julio de 1944 y fue ejecutado posteriormente. “Yo dije entonces que no le pondría la alfombra roja a un partido considerado en parte de extrema derecha por la Oficina Federal de Protección de la Constitución”, añadió Heusgen. La conferencia, similar al Foro de Davos, pero con el foco en la defensa, reunirá a más de 60 jefes de Estado y de Gobierno, así como ministros de Asuntos Exteriores y de Defensa, militares y miembros de la sociedad civil de un total de 120 países. Está prevista la asistencia el sábado del secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, y de más de 50 miembros del Congreso de los Estados Unidos, entre ellos la demócrata Alessandra Ocasio-Cortez. También estará presente el gobernador de California, Gavin Newsom, uno de los más críticos con Donald Trump. Por el lado europeo, rara vez ha habido tantos líderes juntos en una Conferencia de Seguridad muniquense. Además del canciller alemán, Friedrich Merz, que inaugurará la conferencia este viernes, estarán presentes el presidente francés, Enmanuel Macron, el primer ministro británico, Keir Starmer, el primer ministro polaco, Donald Tusk, la presidenta de la Comisión europea, Úrsula Von der Leyen, y el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, entre otros. En vista de las recientes tensiones por Groenlandia , se espera con gran interés la asistencia de la primera ministra danesa, Mette Frederiksen. Es el año más importante y decisivo no sólo porque en ningún momento ha habido tantos conflictos y guerras simultáneamente, sino, en especial, por el deterioro de las relaciones transatlánticas. El edificio del orden internacional está siendo demolido Wolfgang Ischinger — Presidente de la Conferencia de Seguridad de Múnich El informe señala directamente a Trump como el rostro más visible de políticas de demolición que tiene a Europa atrapada entre un aliado americano impredecible y la amenaza rusa. Esto, aclara el autor, Tobías Bunde, se debe a la “decepción generalizada por el rendimiento de las instituciones democráticas. Las encuestas realizadas para el informe en los países del G7 (Alemania, Candá, EEUU, Francia, Italia, Japón, Reino Unido y la UE) revelan que solo una ”muy pequeña minoría“ de los encuestados cree que la política de sus respectivos gobiernos mejorará la vida de las generaciones futuras. (13% en Alemania, 12% en Francia, 20% en Gran Bretaña, 22% en Italia y 31% en EEUU). A pocos días de que la guerra de Ucrania cumpla cuatro años, el presidente Volodímir Zelenski hablará también en la Conferencia, que este año le ha dedicado un espacio llamado “Casa de Ucrania”. Además, el premio Ewald von Kleist, que lleva el nombre del fundador de la Conferencia, no se otorgará a una personalidad, sino que será entregado “al valiente pueblo ucraniano”. No habrá representantes gubernamentales de Rusia e Irán. Ischinger incluso retiró la invitación al Ministro de Asuntos Exteriores iraní tras la sangrienta represión de las manifestaciones en el país. Sí estará invitado el líder derrocado y exiliado en Estados Unidos, Reza Phalavi . Se espera que miles de iraníes exiliados se manifiesten a las puertas de la Conferencia. Este año hay un récord de protestas planificadas, unas 21, muchas de ellas contra el rearme alemán, con hasta 120.000 participantes previstos. En referencia a Rusia, Ischinger aclaró que invitó a muchos miembros del Gobierno ruso en 2022. Todas las confirmaciones fueron canceladas pocos días antes de la invasión rusa de Ucrania y desde entonces reina el silencio. “Si estuvieran interesados en un diálogo, darían una señal”, dijo ischinger. El presidente de la Conferencia ha destacado en todas sus entrevistas a la prensa alemana la necesidad de Europa de aprender a defenderse por sí misma. Una opinión muy distinta a la del secretario general de la OTAN, Mark Rutte, que también estará presente. Ischinger, que el año que viene cederá la dirección al ex secretario general de la OTAN Jens Stoltenberg, propone eliminar el derecho a veto en la UE a cambio de votar por mayorías en materias clave como defensa y actuar con una sola voz. Los otros temas principales serán la capacidad de defensa europea, la disuasión nuclear, y el estado de las relaciones transatlánticas desde el punto de vista comercial, climático, de apoyo a Ucrania y hasta en el papel de la OTAN.

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Arranca la Conferencia de Seguridad de Múnich, que reúne a más de 60 mandatarios internacionales, con el fantasma de la ruptura transatlántica evidenciada el año pasado con el discurso de JD Vance El discurso incendiario del vicepresidente de EEUU, JD Vance, delante de todos los líderes mundiales durante su intervención en la Conferencia de Seguridad de Múnich de 2025, considerado el Foro de Davos de la defensa, dio la vuelta al mundo. La bofetada a la UE evidenciaba la ruptura del viejo bloque transatlántico y el fantasma de Vance aún recorre los pasillos de la nueva edición, que arranca este viernes hasta el domingo. “Es el año más importante y decisivo [...] no sólo porque en ningún momento ha habido tantos conflictos y guerras simultáneamente, sino, en especial, por el deterioro de las relaciones transatlánticas”, explicó su presidente, Wolfgang Ischinger, en la rueda de prensa de presentación del foro en Berlín. “El edificio del orden internacional está siendo demolido, y ya se han destruido algunas partes”, advirtió Ischinger. De ahí que el provocativo lema de este año que da título a su informe sea “ Under Destruction" [en destrucción] con un elefante como imagen principal, en clara referencia al Partido Republicano de Estados Unidos. Ischinger también mencionó la expresión anglosajona “tenemos que dirigirnos al elefante en la habitación”, es decir, hablarle a esa voz disonante e incómoda que emite la Administración Trump en este encuentro multilateral desde suelo europeo. Tras cuestionar la libertad de expresión en Europa por no dar tribuna a la ultraderecha y afirmar que “un nuevo sheriff había llegado”, en referencia al inicio del segundo mandato de Donald Trump, el discurso de Vance marcó el inicio del divorcio de las relaciones transatlánticas. Este año, tres diputados de AfD (Alternativa por Alemania), el partido de extrema derecha que encabeza varios de los sondeos en los últimos meses, han sido invitados por primera vez desde 2023 a Múnich solamente para participar en diálogos privados. La decisión ha sido muy criticada por políticos alemanes socialdemócratas y de Los Verdes que temen que se ponga en riesgo la confidencialidad de las conversaciones ante miembros de un partido con miembros que mantienen una postura prorrusa e incluso prochina. Ischinger ha defendido esta decisión argumentando que se trata del mayor partido opositor con presencia en el Bundestag. También recordó que ellos trabajan en las comisiones parlamentarias de Defensa y Exteriores. Rüdiger Lucassen es portavoz en política de Defensa de la AfD y miembro de la Comisión parlamentaria de Defensa, al igual que Heinrich Koch. Anna Rathert es miembro de la Comisión parlamentaria de Exteriores. No están invitados sus líderes, Alice Weidel y Tino Chrupalla. La presencia de la ultraderecha también ha sido criticada por el anterior presidente de la Conferencia y exasesor de Angela Merkel, Christoph Heusgen, que aplicó el cordón sanitario o Brandmauer [cortafuegos en alemán] en 2024 contra la AfD para evitar un boicot al discurso en favor de Ucrania. También recordó en una entrevista al diario alemán Tagespiegel que tampoco le gustaría esa decisión al fundador de la Conferencia, Ewald Heinrich von Kleist, militar reconocido por su resistencia a Adolf Hitler. Su padre, Ewald von Kleist-Schmenzin participó en el fallido atentado contra Hitler del 20 de julio de 1944 y fue ejecutado posteriormente. “Yo dije entonces que no le pondría la alfombra roja a un partido considerado en parte de extrema derecha por la Oficina Federal de Protección de la Constitución”, añadió Heusgen. La conferencia, similar al Foro de Davos, pero con el foco en la defensa, reunirá a más de 60 jefes de Estado y de Gobierno, así como ministros de Asuntos Exteriores y de Defensa, militares y miembros de la sociedad civil de un total de 120 países. Está prevista la asistencia el sábado del secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, y de más de 50 miembros del Congreso de los Estados Unidos, entre ellos la demócrata Alessandra Ocasio-Cortez. También estará presente el gobernador de California, Gavin Newsom, uno de los más críticos con Donald Trump. Por el lado europeo, rara vez ha habido tantos líderes juntos en una Conferencia de Seguridad muniquense. Además del canciller alemán, Friedrich Merz, que inaugurará la conferencia este viernes, estarán presentes el presidente francés, Enmanuel Macron, el primer ministro británico, Keir Starmer, el primer ministro polaco, Donald Tusk, la presidenta de la Comisión europea, Úrsula Von der Leyen, y el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, entre otros. En vista de las recientes tensiones por Groenlandia , se espera con gran interés la asistencia de la primera ministra danesa, Mette Frederiksen. Es el año más importante y decisivo no sólo porque en ningún momento ha habido tantos conflictos y guerras simultáneamente, sino, en especial, por el deterioro de las relaciones transatlánticas. El edificio del orden internacional está siendo demolido Wolfgang Ischinger — Presidente de la Conferencia de Seguridad de Múnich El informe señala directamente a Trump como el rostro más visible de políticas de demolición que tiene a Europa atrapada entre un aliado americano impredecible y la amenaza rusa. Esto, aclara el autor, Tobías Bunde, se debe a la “decepción generalizada por el rendimiento de las instituciones democráticas. Las encuestas realizadas para el informe en los países del G7 (Alemania, Candá, EEUU, Francia, Italia, Japón, Reino Unido y la UE) revelan que solo una ”muy pequeña minoría“ de los encuestados cree que la política de sus respectivos gobiernos mejorará la vida de las generaciones futuras. (13% en Alemania, 12% en Francia, 20% en Gran Bretaña, 22% en Italia y 31% en EEUU). A pocos días de que la guerra de Ucrania cumpla cuatro años, el presidente Volodímir Zelenski hablará también en la Conferencia, que este año le ha dedicado un espacio llamado “Casa de Ucrania”. Además, el premio Ewald von Kleist, que lleva el nombre del fundador de la Conferencia, no se otorgará a una personalidad, sino que será entregado “al valiente pueblo ucraniano”. No habrá representantes gubernamentales de Rusia e Irán. Ischinger incluso retiró la invitación al Ministro de Asuntos Exteriores iraní tras la sangrienta represión de las manifestaciones en el país. Sí estará invitado el líder derrocado y exiliado en Estados Unidos, Reza Phalavi . Se espera que miles de iraníes exiliados se manifiesten a las puertas de la Conferencia. Este año hay un récord de protestas planificadas, unas 21, muchas de ellas contra el rearme alemán, con hasta 120.000 participantes previstos. En referencia a Rusia, Ischinger aclaró que invitó a muchos miembros del Gobierno ruso en 2022. Todas las confirmaciones fueron canceladas pocos días antes de la invasión rusa de Ucrania y desde entonces reina el silencio. “Si estuvieran interesados en un diálogo, darían una señal”, dijo ischinger. El presidente de la Conferencia ha destacado en todas sus entrevistas a la prensa alemana la necesidad de Europa de aprender a defenderse por sí misma. Una opinión muy distinta a la del secretario general de la OTAN, Mark Rutte, que también estará presente. Ischinger, que el año que viene cederá la dirección al ex secretario general de la OTAN Jens Stoltenberg, propone eliminar el derecho a veto en la UE a cambio de votar por mayorías en materias clave como defensa y actuar con una sola voz. Los otros temas principales serán la capacidad de defensa europea, la disuasión nuclear, y el estado de las relaciones transatlánticas desde el punto de vista comercial, climático, de apoyo a Ucrania y hasta en el papel de la OTAN.

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El Congreso aprueba endurecer las penas a pequeños delincuentes para complacer a Junts y la extrema derecha continuando la tradición española de creer que no hay ningún problema de seguridad que no se pueda solucionar con la reforma del Código Penal Las claves de la ley de multirreincidencia aprobada en el Congreso: qué cambios incluye y qué pasa ahora Vuelven los ochenta. Y lo hacen con las mismas frases de entonces en boca de políticos que en esa época era unos niños. Todo es posible con tal de subirse a la ola populista y punitiva que suele encabezar la extrema derecha. Ocurrió en el Congreso con la votación de la reforma legal contra la multirreincidencia de los delincuentes presentada por Junts. La iniciativa salió adelante con el apoyo de toda la derecha y del partido cuyo líder, que se llama Pedro Sánchez, no deja de repetir que hay que frenar a Vox cueste lo que cueste. Parece que el jueves tocaba tomarse el día libre en ese empeño. La frase en cuestión tiene que ver con las puertas de comisarías o juzgados. Cuca Gamarra lamentó en el debate que sea habitual desde hace años ver a delincuentes “entrar por una puerta y salir por otra”. Pilar Vallugera, de Esquerra, que optó por la abstención, se centró en la lentitud de la justicia que permite que los delincuentes “entren por una puerta y salgan por otra”. Para la versión más entusiasta estaba Míriam Nogueras, de Junts: “Los ladrones que campan por Catalunya, roban y asustan día sí y día también a nuestros jóvenes, a nuestros hijos, a nuestros mayores, a los campesinos, y que entran por una puerta y salen por otra, con esta ley entrarán por una puerta, pero ya no saldrán”. Pasan los años y hasta las décadas y las mismas frases aparecen en la boca de los políticos. Es llamativo, porque la situación no puede ser más diferente a la que existía cuando se empezaron a utilizar esas palabras. Nogueras estaba acompañada en el patio del Congreso por un grupo de alcaldes de Junts que han presionado durante meses para que se adoptara la medida. Afirmaban que la delincuencia estaba aumentando en sus ciudades y que sus expectativas electorales se estaban viniendo abajo por la pujanza de Aliança Catalana, el partido de la ultraderecha independentista. Incluso viajaron a Waterloo para ver a Carles Puigdemont y dar la voz de alarma. Sílvia Orriols, líder de Aliança, ha confirmado que su partido no se presentará a las próximas elecciones generales. Tampoco lo necesita si Junts se ocupa de hacer su trabajo en el Congreso. La reforma impone que el delincuente sea condenado con pena de prisión si acumula “tres delitos de la misma naturaleza”, aunque uno de ellos sea leve y el valor de lo sustraído sea inferior a 400 euros. Los hurtos continuados serán castigados con penas de uno a tres años a partir de tres condenas. El actual Código Penal ya aumentaba las penas por multirreincidencia si la cuantía de varios robos superaba los 400 euros. ¿Qué quiere decir que esos delincuentes “ya no saldrán”, como decía Nogueras? Todos los que apoyan los cambios aspiran a que esos presuntos ladrones entren en prisión preventiva y desaparezcan de las calles por mucho tiempo, no a causa de la duración de la pena, sino del retraso tradicional de la justicia. En los años ochenta, el primer Gobierno de Felipe González recibió la herencia de unas prisiones abarrotadas y en condiciones materiales deplorables que estaban a punto de estallar. Existía el convencimiento generalizado de que no se trataba a los presos como seres humanos. Se calculaba que más del 90% de ellos eran preventivos a la espera de juicio. Lo que se llamó la reforma Ledesma, por el ministro de Justicia, intentaba resolver una situación explosiva poniendo en libertad a muchos de esos internos, lo que supuso un aumento de la pequeña delincuencia. El factor esencial fue la ola de robos cometidos en las grandes ciudades relacionados con el consumo de droga. “La desigualdad y la marginación, en combinación con el paro y la crisis económica, desemboca, con la droga como hilo trágico, en unos índices de delincuencia como no se habían conocido en España”, escribe Arturo Lezcano en el libro 'Madrid, 1983'. Frente a las falsedades que se leen en las redes sociales sobre la nostalgia de esos años ochenta en España, básicamente porque casi no había extranjeros, la realidad fue muy diferente. Y fue entonces cuando se popularizó la frase que empieza por “entra por una puerta...”. Pasada esa época –la cárcel, las sobredosis y el sida acabaron con una generación de personas que violaban la ley por decisión propia o adicción–, la sociedad se instaló en un panorama que no ha cambiado demasiado. España es un país con un bajo nivel de criminalidad grave y con un alto porcentaje de población carcelaria, lo que es una cierta paradoja. Es uno de los países de Europa Occidental con más presos por habitante (117 por 100.000 en 2024) por detrás de Gran Bretaña (170). Teniendo en cuenta que Feijóo ha dado pista libre a relacionar inmigración con delincuencia, no es extraño que Gamarra sacara un tema que no tenía que ver directamente con la reforma. “¿A cuántos multirreincidentes se les va a dar la residencia con la regularización? Si tienen antecedentes, de premio la residencia. Están convirtiendo la regularización en un coladero para delincuentes”, dijo. Es un mensaje idéntico al de Vox. Enrique Santiago en el debate del pleno sobre la multirreincidencia. El partido de Santiago Abascal votó a favor, aunque cree que la reforma es “necesaria, pero no suficiente”, dijo Juan José Aizcorbe. “Mientras no se haga un control efectivo de las fronteras, la multirreincidencia seguirá existiendo”. El PP y Vox están en plena competición para ver quién llama criminal con más intensidad a los inmigrantes sin papeles, sobre todo si son africanos. A pesar de los comentarios de la derecha y la extrema derecha, el diputado socialista Francisco Aranda dijo que la norma se hace desde la óptica “progresista”, lo que es una forma bastante imaginativa de describir los cambios. Los socios del Gobierno no vieron progresismo por ningún lado, sino todo lo contrario. “¿Por qué el acceso a la vivienda no genera un consenso como esta ley para meter en la cárcel a robagallinas?”, se preguntó Enrique Santiago, aunque en este caso habría que hablar sobre todo de robamóviles. El portavoz de Sumar acusó al PSOE de utilizar los argumentos de la “ultraderecha más reaccionaria”. Jon Iñarritu, de EH Bildu, planteó que el mayor problema sigue estando en los tribunales: “Tenemos uno de los códigos penales más severos de la Unión Europea y hoy se intenta endurecer un poco más”. Igual el problema no está ahí. Da igual que aumenten las penas si los juicios tardan mucho tiempo en celebrarse. Ningún juez mantendrá en prisión preventiva a una persona durante dos años si le piden uno de prisión. Ese pronóstico de Nogueras de que “ya no saldrán” es algo más que discutible. Sobre la frase de entrar por una puerta y salir por otra, José María Mena, que fue fiscal jefe del TSJ de Catalunya durante diez años, tenía una respuesta inteligente: “No tenemos tantas puertas. Entran y salen por la misma”. La clave no es “endurecer las leyes”, decía, “basta con aplicarlas”. Para los políticos, aplicar leyes puede ser una tarea ardua, por ejemplo por problemas presupuestarios. La solución más fácil es reformar el Código Penal al que se puede estirar como un chicle hasta dejarlo irreconocible. Tendrán el titular, se abrazarán alborozados y se harán fotos, y el problema que exista en la calle seguirá siendo el mismo.

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La Consejería de Sanidad niega que la misión de esos órganos sea ejercer el control y remarca que varias direcciones generales vigilan de forma permanente la gestión hospitalaria Exclusiva - La Comunidad de Madrid ha perdonado 71 millones a Quirón y Ribera Salud tras asumir y tratar a sus pacientes Legalmente, existen. Pero, en realidad, quedaron literalmente extinguidas hace casi tres años las “comisiones mixtas” que con rango normativo –es decir, de obligado cumplimiento– constituyó hace más de 15 años el propio Ejecutivo madrileño para vigilar y controlar la ejecución de los contratos que pusieron en manos del gigante sanitario Quirón con cuatro hospitales adscritos a la red pública y un quinto en las del grupo Ribera Salud. Integradas en cada caso por representantes de la Consejería de Sanidad y de la empresa adjudicataria, las comisiones mixtas que afectan a Quirón –las de los tres hospitales públicos (Móstoles, Valdemoro, Collado Villalba) y la del privado Jiménez Díaz, este sujeto a convenio– llevan sin reunirse desde el 19 de mayo de 2023. Y ello pese a que en el proceso de privatización emprendido por Esperanza Aguirre en la segunda mitad de la primera década del siglo, los pliegos de cláusulas administrativas –documentos cuyo contenido deben aplicar a rajatabla la Administración pública y el adjudicatario– se revistieron de garantismo al ordenar la constitución y permanencia en el tiempo de tales comisiones. ¿Para qué? Para “velar por la ejecución ordinaria del contrato por parte de la entidad adjudicataria”, se lee en los pliegos del Hospital Rey Juan Carlos (Móstoles) y el de Villalba. O, como con mayor nitidez plasma el pliego del Hospital Infanta Elena (Valdemoro): la comisión mixta había de centrarse en el “seguimiento, vigilancia y control de la ejecución del contrato”. El departamento que desde junio de 2023 dirige la consejera Fátima Matute sostiene que “la comisión mixta no se ha convocado [desde entonces] por no haberse producido en este tiempo la necesidad de abordar asuntos relacionados con lo más importante: el contrato y sus condiciones”. A través de fuentes autorizadas, la Consejería de Sanidad niega que la función de las comisiones mixtas sea ejercer “el control” y define esos órganos como “una herramienta más”. En actas de distintas sesiones de cada una de las comisiones mixtas se resume, aunque sin exceso de datos, cómo durante años formaron parte habitual del orden del día los asuntos relativos a la liquidación económica de cada ejercicio. La Consejería no ha respondido a la pregunta de si el reglamento de las comisiones mixtas aprobado en 2016 continúa vigente o si se ha actualizado, tal como propuso el Servicio Madrileño de Salud (Sermas) en la última sesión celebrada –la de mayo de 2023–. El reglamento de 2016 preceptúa que, con carácter ordinario, las comisiones mixtas han de reunirse una vez por trimestre, aunque la mayor parte del tiempo solo celebraron una sesión por año hasta 2023. Para la Consejería de Sanidad, nada de lo anterior implica una ruptura de las reglas impuestas por la propia Administración madrileña. El departamento aduce que el hecho de que las comisiones no se reúnan desde 2023 en absoluto mina las tareas de control sobre el cumplimiento de los contratos y las obligaciones sanitarias y financieras. La ejecución de esos contratos se controla “con una gestión permanente, con la interacción de cuatro Direcciones Generales Inspección, Aseguramiento, Gestíón Económica, (farmacia, UTC, gestión económica) y Asistencial” y las Comisiones “son una herramienta más, cuya finalidad no es el control”. Lo fundamental para ese cometido –agregan las fuentes consultadas– “son los controles e inspecciones que se realizan de forma ordinaria y permanente a través de la Dirección General de Inspección, la de Asistencia y la de Gestión de Régimen Económico y Financiero, así como con actuaciones de control en trámites y resoluciones de la Asesoría Jurídica, Hacienda, e Intervención”. “El control de la gestión –enfatiza el Gobierno de Ayuso– se realiza a diario. La comisión mixta no se ha convocado por no haberse producido en este tiempo la necesidad de abordar asuntos relacionados con lo más importante el contrato y sus condiciones. La auditoría y control ha sido y es exhaustiva”. La respuesta a las preguntas formuladas a la Consejería de Sanidad no se vio alterada tras el envío de capturas de pantalla con la cláusula que en los pliegos de condiciones atribuye a las comisiones mixtas la misión de velar por el buen funcionamiento de cuatro hospitales cuya captación de pacientes por la vía de la “libre elección” no ha cesado de dispararse y a los que la Comunidad de Madrid abonó entre 2021 y 2024 el doble –4.800 millones– de lo inicialmente presupuestado .  El Gobierno de Ayuso usó sólo entre 2020 y 2023 la denominada “convalidación de gasto” para pagar 707 millones al mayor hospital de Quirón, la Fundación Jiménez Díaz. Esa figura, considerada excepcional, implica abonar servicios imprevistos y sin fiscalización previa. El misterio del acta de Torrejón y la “opacidad” En cambio, sí se reunió una vez en 2024 la comisión mixta del Hospital de Torrejón, gestionado por Ribera Salud y en el centro de la diana desde que El País destapó en diciembre que el entonces consejero delegado del grupo había ordenado rechazar pacientes o procesos no rentables para aumentar el beneficio. Que tal reunión existió consta en la respuesta escrita a una pregunta parlamentaria de la diputada socialista en la Asamblea de Madrid, Sara Bonmatí. La sesión se celebró –se lee en la respuesta– el 18 de julio de 2024. Pero el misterio persiste: porque, pese al tiempo transcurrido, el acta de aquel encuentro no se ha sumado a la lista de resúmenes de sesiones anteriores, una lista de acceso público en la web de la Comunidad de Madrid. El pantallazo de esa sección obtenido este martes muestra que la Consejería ha subido actas de las comisiones mixtas del hospital de Torrejón celebradas hasta diciembre de 2021. Después, nada. “El Gobierno de Ayuso”, sostiene la diputada Bonmatí, no solo ha eliminado las páginas de los contratos públicos en los que se detalla cuánto dinero pagamos a empresas como Quirón, sino que además está ocultando las actas de seguimiento y control de esos contratos. Se trata de documentación clave para garantizar la transparencia y la correcta fiscalización del dinero público“, afirma. “Esta opacidad no es casual: se produce mientras el trasvase de fondos públicos hacia estas empresas concesionarias aumenta año tras año. En lugar de reforzar los servicios públicos y rendir cuentas ante la ciudadanía, el Ejecutivo regional opta por esconder información y dificultar el control democrático a la oposición”, agrega la parlamentaria. Bonmatí también preguntó si en 2024 se habían reunido las comisiones mixtas de los hospitales gestionados por Quirón. En este caso, la respuesta fue negativa.

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En el Ejecutivo aseguran que no saben si Junts mantendrá el rechazo anunciado al decreto del escudo social y reconocen que la formación independentista siempre mantiene exigencias que van más allá de los textos legales en sí. Sánchez ha ido reagrupando a la mayoría de la investidura, pero no tiene garantías para los Presupuestos, especialmente por el previsible 'no' de Junts El Congreso aprueba la ley de multirreincidencia de Junts con los votos del PSOE y la derecha Pedro Sánchez ha ido haciendo gestos a sus socios de investidura para intentar rearmar la mayoría en vísperas de los Presupuestos. Sin embargo, hay una pieza que aún se le resiste: Junts. Los de Carles Puigdemont no quieren siquiera dar la imagen de que no tienen ningún tipo de contacto con el Gobierno. La máxima que sale de todos los interlocutores gubernamentales es que no hay conversaciones de ningún tipo con la formación independentista desde que decidió romper a finales de octubre por los incumplimientos de Sánchez del acuerdo que suscribieron Puigdemont y el entonces secretario de Organización, Santos Cerdán, en Bruselas. En Moncloa han aumentado los gestos también hacia los neoconvergentes, con la aprobación de la ley contra la multirreincidencia o los escritos favorables a la amnistía de la Fiscalía y la Abogacía del Estado ante el Tribunal Constitucional, pero asumen que por ahora es insuficiente y mantienen las expectativas de que Junts acabe apoyando el decreto del escudo social que se votará en el Congreso previsiblemente el 26 de febrero. “Todo lo que sea ir cumpliendo con los acuerdos, con esa palabra que damos siempre de que somos un socio fiable, ayuda”, señalan fuentes gubernamentales que, no obstante, son conscientes de que el acuerdo para la multirreincidencia “tampoco es un salto enorme hacia adelante” en el acercamiento con Junts porque “lo da por descontado” dado que era una de las exigencias previas de los de Puigdemont. Además, recuerdan que ha salido adelante con una “aritmética extraña”: no estaban los socios de la investidura sino el PSOE y las derechas (con la abstención de ERC). También Junts niega que el gesto que ha salido adelante este jueves en el Congreso suponga un acercamiento al PSOE. “No ha cambiado nada. No hay acercamiento. Solo nos cobramos lo pendiente”, dicen en la formación de Puigdemont, que notó un “cambio de registro” en los de Sánchez desde que dieron un golpe en la mesa a finales de octubre: “Se ha notado que han pasado de 'esto no es nada' a que poco pueden sacar sin votos de Junts”. En el Gobierno ni siquiera saben si Junts acabará salvando finalmente el decreto del escudo social. El grupo que pilota Míriam Nogueras sostiene, sin embargo, que se mantendrán en el 'no'. “En diciembre ya advertimos de que incluían desahucios, no votaríamos a favor. Nosotros no cambiamos el voto”, aseguran fuentes de Junts, que mantienen que votarán en contra. Los socialistas conservaban alguna esperanza por que rebajaron la ambición de la prohibición de los desahucios en una negociación con el PNV . El Consejo de Ministros aprobó una exención para los propietarios de hasta dos viviendas, una para residencia habitual y otra para alquiler. Fuentes gubernamentales sostienen que los de Puigdemont siempre mezclan en las negociaciones cuestiones que nada tienen que ver con el texto que se vota en sí y a eso fían que pueda haber un entendimiento. Sin embargo, Junts asegura que no hay ningún tipo de negociación. Y en el PSOE aún mantienen la esperanza de que pueda salir adelante. “Faltan muchos días. Lo veremos en el pleno del 26 febrero. 15 días en el Congreso es una legislatura en cualquier ayuntamiento normal”, dice una dirigente. Pero ese es el sentimiento también para los Presupuestos Generales del Estado, que es el gran examen del Gobierno, aunque Sánchez se puso la tirita antes de la herida al asegurar que seguiría adelante aunque naufraguen en el Parlamento. La intención de la vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, es presentarlos en el primer trimestre del año, aunque ya no apuntan al mes de febrero como hace unas semanas. Será Montero quien los defienda salvo que haya un adelanto electoral en Andalucía y tenga que salir precipitadamente del Consejo de Ministros para encabezar la lista del PSOE. Sin avances para el traspaso de competencias migratorias A las puertas de presentar las cuentas públicas, la coalición ha acercado posiciones con algunos de los socios. Acordó con ERC la financiación autonómica, aceleró el traspaso de competencias a Euskadi, pactó con Podemos la regularización extraordinaria de migrantes. Esa medida incluyó incipientemente una negociación a tres bandas con Junts para intentar sacarla adelante en paralelo al traspaso de competencias de migración a Catalunya, pero no salió adelante. Los de Ione Belarra se han abierto a apoyarlo si cambia el preámbulo, que tenía tintes racistas. Fuentes gubernamentales aseguran, no obstante, que no hay ningún avance al respecto. Esa es una de las exigencias de Junts, además de la ejecución presupuestaria y las balanzas fiscales, que el Gobierno prevé publicar al tiempo que presenta los Presupuestos, así como la oficialidad del catalán en la UE, que se resiste por el 'no' de varios países, entre ellos Alemania. El Gobierno acusa al PP de boicotear esa medida con su familia política europea. El gran hito tiene que ver con la amnistía y la vuelta de Puigdemont, que es el aliciente que en el Gobierno creen que podría acercar a Junts. La sentencia del Tribunal de Justicia de la UE se espera para esta primavera tras el espaldarazo del abogado general y el Constitucional se pronunciará en las próximas semanas con sendos informes favorables de la Fiscalía y la Abogacía del Estado a su aplicación para el caso del expresidente catalán. A pesar de esos gestos, la puerta de Junts sigue cerrada para el Gobierno.

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La Consejería de Sanidad niega que la misión de esos órganos sea ejercer el control y remarca que varias direcciones generales vigilan de forma permanente la gestión hospitalaria Exclusiva - La Comunidad de Madrid ha perdonado 71 millones a Quirón y Ribera Salud tras asumir y tratar a sus pacientes Legalmente, existen. Pero, en realidad, quedaron literalmente extinguidas hace casi tres años las “comisiones mixtas” que con rango normativo –es decir, de obligado cumplimiento– constituyó hace más de 15 años el propio Ejecutivo madrileño para vigilar y controlar la ejecución de los contratos que pusieron en manos del gigante sanitario Quirón con cuatro hospitales adscritos a la red pública y un quinto en las del grupo Ribera Salud. Integradas en cada caso por representantes de la Consejería de Sanidad y de la empresa adjudicataria, las comisiones mixtas que afectan a Quirón –las de los tres hospitales públicos (Móstoles, Valdemoro, Collado Villalba) y la del privado Jiménez Díaz, este sujeto a convenio– llevan sin reunirse desde el 19 de mayo de 2023. Y ello pese a que en el proceso de privatización emprendido por Esperanza Aguirre en la segunda mitad de la primera década del siglo, los pliegos de cláusulas administrativas –documentos cuyo contenido deben aplicar a rajatabla la Administración pública y el adjudicatario– se revistieron de garantismo al ordenar la constitución y permanencia en el tiempo de tales comisiones. ¿Para qué? Para “velar por la ejecución ordinaria del contrato por parte de la entidad adjudicataria”, se lee en los pliegos del Hospital Rey Juan Carlos (Móstoles) y el de Villalba. O, como con mayor nitidez plasma el pliego del Hospital Infanta Elena (Valdemoro): la comisión mixta había de centrarse en el “seguimiento, vigilancia y control de la ejecución del contrato”. El departamento que desde junio de 2023 dirige la consejera Fátima Matute sostiene que “la comisión mixta no se ha convocado [desde entonces] por no haberse producido en este tiempo la necesidad de abordar asuntos relacionados con lo más importante: el contrato y sus condiciones”. A través de fuentes autorizadas, la Consejería de Sanidad niega que la función de las comisiones mixtas sea ejercer “el control” y define esos órganos como “una herramienta más”. En actas de distintas sesiones de cada una de las comisiones mixtas se resume, aunque sin exceso de datos, cómo durante años formaron parte habitual del orden del día los asuntos relativos a la liquidación económica de cada ejercicio. La Consejería no ha respondido a la pregunta de si el reglamento de las comisiones mixtas aprobado en 2016 continúa vigente o si se ha actualizado, tal como propuso el Servicio Madrileño de Salud (Sermas) en la última sesión celebrada –la de mayo de 2023–. El reglamento de 2016 preceptúa que, con carácter ordinario, las comisiones mixtas han de reunirse una vez por trimestre, aunque la mayor parte del tiempo solo celebraron una sesión por año hasta 2023. Para la Consejería de Sanidad, nada de lo anterior implica una ruptura de las reglas impuestas por la propia Administración madrileña. El departamento aduce que el hecho de que las comisiones no se reúnan desde 2023 en absoluto mina las tareas de control sobre el cumplimiento de los contratos y las obligaciones sanitarias y financieras. La ejecución de esos contratos se controla “con una gestión permanente, con la interacción de cuatro Direcciones Generales Inspección, Aseguramiento, Gestíón Económica, (farmacia, UTC, gestión económica) y Asistencial” y las Comisiones “son una herramienta más, cuya finalidad no es el control”. Lo fundamental para ese cometido –agregan las fuentes consultadas– “son los controles e inspecciones que se realizan de forma ordinaria y permanente a través de la Dirección General de Inspección, la de Asistencia y la de Gestión de Régimen Económico y Financiero, así como con actuaciones de control en trámites y resoluciones de la Asesoría Jurídica, Hacienda, e Intervención”. “El control de la gestión –enfatiza el Gobierno de Ayuso– se realiza a diario. La comisión mixta no se ha convocado por no haberse producido en este tiempo la necesidad de abordar asuntos relacionados con lo más importante el contrato y sus condiciones. La auditoría y control ha sido y es exhaustiva”. La respuesta a las preguntas formuladas a la Consejería de Sanidad no se vio alterada tras el envío de capturas de pantalla con la cláusula que en los pliegos de condiciones atribuye a las comisiones mixtas la misión de velar por el buen funcionamiento de cuatro hospitales cuya captación de pacientes por la vía de la “libre elección” no ha cesado de dispararse y a los que la Comunidad de Madrid abonó entre 2021 y 2024 el doble –4.800 millones– de lo inicialmente presupuestado .  El Gobierno de Ayuso usó sólo entre 2020 y 2023 la denominada “convalidación de gasto” para pagar 707 millones al mayor hospital de Quirón, la Fundación Jiménez Díaz. Esa figura, considerada excepcional, implica abonar servicios imprevistos y sin fiscalización previa. El misterio del acta de Torrejón y la “opacidad” En cambio, sí se reunió una vez en 2024 la comisión mixta del Hospital de Torrejón, gestionado por Ribera Salud y en el centro de la diana desde que El País destapó en diciembre que el entonces consejero delegado del grupo había ordenado rechazar pacientes o procesos no rentables para aumentar el beneficio. Que tal reunión existió consta en la respuesta escrita a una pregunta parlamentaria de la diputada socialista en la Asamblea de Madrid, Sara Bonmatí. La sesión se celebró –se lee en la respuesta– el 18 de julio de 2024. Pero el misterio persiste: porque, pese al tiempo transcurrido, el acta de aquel encuentro no se ha sumado a la lista de resúmenes de sesiones anteriores, una lista de acceso público en la web de la Comunidad de Madrid. El pantallazo de esa sección obtenido este martes muestra que la Consejería ha subido actas de las comisiones mixtas del hospital de Torrejón celebradas hasta diciembre de 2021. Después, nada. “El Gobierno de Ayuso”, sostiene la diputada Bonmatí, no solo ha eliminado las páginas de los contratos públicos en los que se detalla cuánto dinero pagamos a empresas como Quirón, sino que además está ocultando las actas de seguimiento y control de esos contratos. Se trata de documentación clave para garantizar la transparencia y la correcta fiscalización del dinero público“, afirma. “Esta opacidad no es casual: se produce mientras el trasvase de fondos públicos hacia estas empresas concesionarias aumenta año tras año. En lugar de reforzar los servicios públicos y rendir cuentas ante la ciudadanía, el Ejecutivo regional opta por esconder información y dificultar el control democrático a la oposición”, agrega la parlamentaria. Bonmatí también preguntó si en 2024 se habían reunido las comisiones mixtas de los hospitales gestionados por Quirón. En este caso, la respuesta fue negativa.

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En el Ejecutivo aseguran que no saben si Junts mantendrá el rechazo anunciado al decreto del escudo social y reconocen que la formación independentista siempre mantiene exigencias que van más allá de los textos legales en sí. Sánchez ha ido reagrupando a la mayoría de la investidura, pero no tiene garantías para los Presupuestos, especialmente por el previsible 'no' de Junts El Congreso aprueba la ley de multirreincidencia de Junts con los votos del PSOE y la derecha Pedro Sánchez ha ido haciendo gestos a sus socios de investidura para intentar rearmar la mayoría en vísperas de los Presupuestos. Sin embargo, hay una pieza que aún se le resiste: Junts. Los de Carles Puigdemont no quieren siquiera dar la imagen de que no tienen ningún tipo de contacto con el Gobierno. La máxima que sale de todos los interlocutores gubernamentales es que no hay conversaciones de ningún tipo con la formación independentista desde que decidió romper a finales de octubre por los incumplimientos de Sánchez del acuerdo que suscribieron Puigdemont y el entonces secretario de Organización, Santos Cerdán, en Bruselas. En Moncloa han aumentado los gestos también hacia los neoconvergentes, con la aprobación de la ley contra la multirreincidencia o los escritos favorables a la amnistía de la Fiscalía y la Abogacía del Estado ante el Tribunal Constitucional, pero asumen que por ahora es insuficiente y mantienen las expectativas de que Junts acabe apoyando el decreto del escudo social que se votará en el Congreso previsiblemente el 26 de febrero. “Todo lo que sea ir cumpliendo con los acuerdos, con esa palabra que damos siempre de que somos un socio fiable, ayuda”, señalan fuentes gubernamentales que, no obstante, son conscientes de que el acuerdo para la multirreincidencia “tampoco es un salto enorme hacia adelante” en el acercamiento con Junts porque “lo da por descontado” dado que era una de las exigencias previas de los de Puigdemont. Además, recuerdan que ha salido adelante con una “aritmética extraña”: no estaban los socios de la investidura sino el PSOE y las derechas (con la abstención de ERC). También Junts niega que el gesto que ha salido adelante este jueves en el Congreso suponga un acercamiento al PSOE. “No ha cambiado nada. No hay acercamiento. Solo nos cobramos lo pendiente”, dicen en la formación de Puigdemont, que notó un “cambio de registro” en los de Sánchez desde que dieron un golpe en la mesa a finales de octubre: “Se ha notado que han pasado de 'esto no es nada' a que poco pueden sacar sin votos de Junts”. En el Gobierno ni siquiera saben si Junts acabará salvando finalmente el decreto del escudo social. El grupo que pilota Míriam Nogueras sostiene, sin embargo, que se mantendrán en el 'no'. “En diciembre ya advertimos de que incluían desahucios, no votaríamos a favor. Nosotros no cambiamos el voto”, aseguran fuentes de Junts, que mantienen que votarán en contra. Los socialistas conservaban alguna esperanza por que rebajaron la ambición de la prohibición de los desahucios en una negociación con el PNV . El Consejo de Ministros aprobó una exención para los propietarios de hasta dos viviendas, una para residencia habitual y otra para alquiler. Fuentes gubernamentales sostienen que los de Puigdemont siempre mezclan en las negociaciones cuestiones que nada tienen que ver con el texto que se vota en sí y a eso fían que pueda haber un entendimiento. Sin embargo, Junts asegura que no hay ningún tipo de negociación. Y en el PSOE aún mantienen la esperanza de que pueda salir adelante. “Faltan muchos días. Lo veremos en el pleno del 26 febrero. 15 días en el Congreso es una legislatura en cualquier ayuntamiento normal”, dice una dirigente. Pero ese es el sentimiento también para los Presupuestos Generales del Estado, que es el gran examen del Gobierno, aunque Sánchez se puso la tirita antes de la herida al asegurar que seguiría adelante aunque naufraguen en el Parlamento. La intención de la vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, es presentarlos en el primer trimestre del año, aunque ya no apuntan al mes de febrero como hace unas semanas. Será Montero quien los defienda salvo que haya un adelanto electoral en Andalucía y tenga que salir precipitadamente del Consejo de Ministros para encabezar la lista del PSOE. Sin avances para el traspaso de competencias migratorias A las puertas de presentar las cuentas públicas, la coalición ha acercado posiciones con algunos de los socios. Acordó con ERC la financiación autonómica, aceleró el traspaso de competencias a Euskadi, pactó con Podemos la regularización extraordinaria de migrantes. Esa medida incluyó incipientemente una negociación a tres bandas con Junts para intentar sacarla adelante en paralelo al traspaso de competencias de migración a Catalunya, pero no salió adelante. Los de Ione Belarra se han abierto a apoyarlo si cambia el preámbulo, que tenía tintes racistas. Fuentes gubernamentales aseguran, no obstante, que no hay ningún avance al respecto. Esa es una de las exigencias de Junts, además de la ejecución presupuestaria y las balanzas fiscales, que el Gobierno prevé publicar al tiempo que presenta los Presupuestos, así como la oficialidad del catalán en la UE, que se resiste por el 'no' de varios países, entre ellos Alemania. El Gobierno acusa al PP de boicotear esa medida con su familia política europea. El gran hito tiene que ver con la amnistía y la vuelta de Puigdemont, que es el aliciente que en el Gobierno creen que podría acercar a Junts. La sentencia del Tribunal de Justicia de la UE se espera para esta primavera tras el espaldarazo del abogado general y el Constitucional se pronunciará en las próximas semanas con sendos informes favorables de la Fiscalía y la Abogacía del Estado a su aplicación para el caso del expresidente catalán. A pesar de esos gestos, la puerta de Junts sigue cerrada para el Gobierno.

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Les paraules del ministre per a la Transformació Digital i de la Funció Pública, Óscar López , sobre el retrocés electoral del PSOE a l’Aragó han obert una nova fractura interna al partit. En una entrevista a RNE, el dirigent socialista ha apuntat directament a la línia política que havia mantingut l’exlíder aragonès Javier Lambán — mort l’estiu passat — com una de les causes de la davallada, en considerar que el PSOE no va exercir una “oposició” efectiva al president popular Jorge Azcón. El diagnòstic arriba després que els socialistes perdessin cinc escons en els comicis del 8 de febrer, un resultat que ha encès el debat intern sobre l’estratègia territorial. López, a més, ha reivindicat la decisió de presentar exministres com a caps de llista en diverses comunitats, defensant aquest model com una aposta vàlida malgrat els resultats desiguals. “ En lloc de fer oposició al senyor Azcón, es va dedicar a fer una altra cosa , per cert, moltes vegades amb arguments que eren de la dreta. Per tant, també el PP no tenia un desgast que havia d’haver tingut”, ha dit López, apuntant implícitament al paper de Lambán quan, en diferents moments, va carregar contra la línia del PSOE de Pedro Sánchez des d’un espai pròxim al corrent d’Emiliano García-Page . El ministre ha suggerit que aquesta actitud va restar pressió política al govern aragonès del PP, que no hauria acumulat el desgast esperable durant la legislatura. Amb tot, López ha intentat matisar el to i ha assegurat que, malgrat les discrepàncies, va mantenir una “excel·lent relació” amb l’expresident aragonès. Aquestes declaracions han aixecat polseguera i, poques hores després, Pilar Alegría ha reaccionat a les xarxes amb un missatge que, sense citar-lo, marcava distàncies amb l’anàlisi. La dirigent socialista ha recordat que “el resultat de les eleccions del 8-F no va ser bo per al PSOE ” i ha admès que cal “millorar per recuperar la confiança dels aragonesos”. Alegría ha rebutjat, però, el relat de buscar culpables interns: “Assenyalar els uns o els altres com a responsables dels resultats no només és un error, sinó que no ens condueix en la bona direcció” , ha escrit. Alhora, ha garantit que el PSOE aragonès continuarà treballant “en aquest camí” i ho farà, ha remarcat, “orgullosos del llegat de Lambán i dels presidents socialistes”. El resultado de las elecciones del 8F no fue bueno para el PSOE y debemos mejorar para recuperar la confianza de los aragoneses. Señalar a unos u otros como responsables de los resultados no solo es un error, sino que no nos conduce en la buena dirección. Desde el @aragonpsoe … — Pilar Alegría (@Pilar_Alegria) February 12, 2026 Segueix ElNacional.cat a WhatsApp , hi trobaràs tota l'actualitat, en un clic!

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Les paraules del ministre per a la Transformació Digital i de la Funció Pública, Óscar López , sobre el retrocés electoral del PSOE a l’Aragó han obert una nova fractura interna al partit. En una entrevista a RNE, el dirigent socialista ha apuntat directament a la línia política que havia mantingut l’exlíder aragonès Javier Lambán — mort l’estiu passat — com una de les causes de la davallada, en considerar que el PSOE no va exercir una “oposició” efectiva al president popular Jorge Azcón. El diagnòstic arriba després que els socialistes perdessin cinc escons en els comicis del 8 de febrer, un resultat que ha encès el debat intern sobre l’estratègia territorial. López, a més, ha reivindicat la decisió de presentar exministres com a caps de llista en diverses comunitats, defensant aquest model com una aposta vàlida malgrat els resultats desiguals. “ En lloc de fer oposició al senyor Azcón, es va dedicar a fer una altra cosa , per cert, moltes vegades amb arguments que eren de la dreta. Per tant, també el PP no tenia un desgast que havia d’haver tingut”, ha dit López, apuntant implícitament al paper de Lambán quan, en diferents moments, va carregar contra la línia del PSOE de Pedro Sánchez des d’un espai pròxim al corrent d’Emiliano García-Page . El ministre ha suggerit que aquesta actitud va restar pressió política al govern aragonès del PP, que no hauria acumulat el desgast esperable durant la legislatura. Amb tot, López ha intentat matisar el to i ha assegurat que, malgrat les discrepàncies, va mantenir una “excel·lent relació” amb l’expresident aragonès. Aquestes declaracions han aixecat polseguera i, poques hores després, Pilar Alegría ha reaccionat a les xarxes amb un missatge que, sense citar-lo, marcava distàncies amb l’anàlisi. La dirigent socialista ha recordat que “el resultat de les eleccions del 8-F no va ser bo per al PSOE ” i ha admès que cal “millorar per recuperar la confiança dels aragonesos”. Alegría ha rebutjat, però, el relat de buscar culpables interns: “Assenyalar els uns o els altres com a responsables dels resultats no només és un error, sinó que no ens condueix en la bona direcció” , ha escrit. Alhora, ha garantit que el PSOE aragonès continuarà treballant “en aquest camí” i ho farà, ha remarcat, “orgullosos del llegat de Lambán i dels presidents socialistes”. El resultado de las elecciones del 8F no fue bueno para el PSOE y debemos mejorar para recuperar la confianza de los aragoneses. Señalar a unos u otros como responsables de los resultados no solo es un error, sino que no nos conduce en la buena dirección. Desde el @aragonpsoe … — Pilar Alegría (@Pilar_Alegria) February 12, 2026 Segueix ElNacional.cat a WhatsApp , hi trobaràs tota l'actualitat, en un clic!

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La Fiscalía y el abogado de #Aldama niegan haber pactado de cara al juicio

• Público
• 23 saat, 48 dakika

El Benidorm Fest tiene un aroma diferente este 2026, ya que el ganador no irá a Eurovisión debido a la retirada de España por la participación de Israel, iniciativa a la que se sumaron Irlanda, Eslovenia y Países Bajos. No obstante, tampoco se irá con las manos vacías, ya que, además del trofeo de la Sirenita , obtendrá 150.000 euros (100.000 euros para los intérpretes y 50.000 para los autores de la canción). Además, uno de los participantes tendrá la oportunidad de grabar un single en Miami con un productor internacional. También habrá un premio independiente que incluye un viaje a Estocolmo para grabar en el estudio Spotify Singles , que ha albergado ya a grandes artistas globales. Con esta motivación se presentan los 18 artistas al concurso, dividido en dos semifinales y una final que se llevan a cabo los días 10,12 y 14 de febrero . Por el momento, la primera semifinal ha dejado ya los primeros clasificados, con Izan Llunas, Mikel Herzog Jr, KITAI, Tony Grox y Lucyscalys, Kenneth y María León con Julia Medina. Por otro lado, lo más destacado de la noche fue el abandono de Luna Ki por ansiedad. Esta segunda semifinal celebrada el 12 de febrero comenzará a las 22.50 horas , después del partido de Copa del Rey entre el Atlético de Madrid y el FC Barcelona. Será retransmitida por RTVE desde el Palau d'Esports l'Illa de Benidorm , que ha ampliado su aforo a 3.000 personas. La semifinal del Benidorm Fest 2026 se puede ver en televisión a través de La1 y en RTVE Play, la plataforma gratuita de RTVE, que ofrece esta edición seis entregas en directo de 'Benidorm Calling' , un espacio previo que ya se ha convertido en el calentamiento imprescindible del festival y que reunirá a numerosos presentadores y colaboradores. Las emisiones tuvieron lugar los días 2, 4, 5 y 10 y volverán a emitirse el 12 y 14 de febrero a las 20.00 horas , con conexiones tanto desde Madrid como desde Benidorm en plena semana decisiva del certamen. La segunda semifinal, que se celebra este jueves 12 de febrero contará con nueve participantes , de los cuales seis se unirán en la gran final a los ya clasificados el martes en la primera semifinal. La gran gala reunirá a 12 artistas , siendo la final con más actuaciones de la historia del certamen. También estará como invitada Melody , representante de España en Eurovisión el año pasado, para celebrar el quinto aniversario del concurso.

• ABC
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La selección española es la única que ha alcanzado la 'final four' en las tres ediciones precedentes

• Viva Cádiz
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La cota de nieve que comenzará sobre los 1300/1400 metros, se situará sobre los 1000 metros a mediodía, sobre los 800/900 metros por la tarde y los 600/700 metros en la madrugada del sábado

• EL COMERCIO
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Carnaval de Cádiz 2026: programación completa con fechas, horarios y todas las actividades

• Diario de Cádiz
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¡Lleva tu entrenamiento al siguiente nivel con unos auriculares diseñados específicamente para runners!

• Libertad Digital
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El accidente ha ocurrido sobre las 20:40 en sentido Madrid La Autovía del Sur A-4 se encuentra cortada a la altura de la barriada de Alcolea, en Córdoba, tras el vuelco de un camión en esta carretera, en sentido Madrid, ocurrido sobre las 20:40 de este jueves. A esa hora, el servicio de Emergencias 112 ha recibido el aviso y ha activado a la Guardia Civil de Tráfico, sin que haya constancia de personas heridas. Por su parte, la Dirección General de Tráfico (DGT) ha informado del corte total de la autovía en sentido decreciente de la kilometración, entre el punto 391,4 km y el 386,2 km, en Alcolea. Según han informado otras fuentes a este periódico, se trata de un camión que transportaba fruta y ha sufrido un accidente, quedando volcado a lo ancho de la calzada a la altura del Centro Penitenciario.

• CORDÓPOLIS
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