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La Comunidad de Madrid esconde información sobre la empresa de la alumna de Ayuso regada de contratos públicos

La Comunidad de Madrid esconde información sobre la empresa de la alumna de Ayuso regada de contratos públicos

Ariete Seguridad es una de las empresas con nombre propio dentro del Partido Popular (PP). La compañía pertenece a Silvia Cruz, concejala de la formación conservadora en Alcorcón entre 2011 y 2017, quien también mantiene vínculos con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Una de la relación más palpable entre las dos políticas encuentra su origen en el Curso Superior de Estrategia de Comunicación para equipos políticos que la ahora responsable de la administración Sol impartió entre enero y junio de 2014, aunque fue hace poco, cuando se supo la presencia como estudiante de la antigua política de la localidad del sur madrileño precisamente por informaciones de ElPlural.com. Por aquel entonces, Cruz fue alumna de una titulación que tampoco estuvo exenta de polémica, y es que el curso, de 950 euros, serviría en la práctica para inflar el currículum de cargos 'populares'. Más allá del ámbito educativo, y mucho más reciente, la exconcejala ha recibido al menos más de 75 millones de euros distribuidos en un total de 286 contratos, según las cuentas de este periódico. Otro contrato bajo sospecha Uno de estos es el que protagoniza las presentes líneas y tiene que ver con unos trabajos en el Metro de Madrid, adjudicado por la Consejería de Vivienda, Transportes e Infraestructuras. Más detalladamente, el objeto del contrato, según aparece en el Portal de Transparencia de la Autonomía, es el "servicio de vigilancia para la seguridad de las instalaciones que constituyen el patrimonio de Metro de Madrid: los recintos, la sede social, dependencias y edificios singulares (museos). El montante de la adjudicación fue de 66.158.116,09 -con impuestos- y de 54.676.129 euros -sin impuestos-, si bien solamente una parte de ella se corresponde con Ariete; el lote 1 -recintos-. En su caso, el importe de adjudicación fue superior a los 38 millones de euros -31.658.067,83 sin impuestos-. El contrato se rubricó el año pasado, pero a día de hoy la región mantiene el oscurantismo sobre él, haciendo gala nuevamente de un ejercicio de oscurantismo al que el gobierno de Ayuso acostumbra. La firma ha levantado sospechas dado que la empresa no obtuvo ni de lejos la mejor puntuación, pero ganó el concurso público dado lo ínfimo del precio. Hay quienes, ante esta situación han querido preguntar a Metro de Madrid por el informe económico que justifique el coste, pero han obtenido la negativa por respuesta. La explicación que llega desde el suburbano es que la petición "contiene datos relevantes sobre estrategia comercial, costes internos, capacidad de competir en el mercado, etc", por lo que la información, en caso de recaer sobre un tercero, podría suponer un "riesgo evidente" para la firma "superior al perjuicio que genera para el solicitante el no darle acceso al documento requerido". 1. Una empresa se presenta a un concurso público 2. Obtiene la 8ª puntuación técnica de 14 competidoras 3. Pero el precio es TAN bajo que lo gana: 34 millones 4. Pregunto por el informe económico que justifica ese precio. 5. Me...

Las víctimas de residencias, tras la enésima traba judicial para investigar al gobierno de Ayuso: "Nadie quiere coger la patata caliente"

Las víctimas de residencias, tras la enésima traba judicial para investigar al gobierno de Ayuso: "Nadie quiere coger la patata caliente"

Cinco años después de los conocidos como 'protocolos de la vergüenza', que impidieron la derivación de personas mayores que vivían en residencias a hospitales durante los primeros días de lo peor de la pandemia del Covid, los familiares siguen buscando justicia. Lo cierto es que, cada vez que parece que empiezan a ver la luz al final del túnel, se encuentran con una nueva traba que dificulta que el peso de la ley recaiga sobre quienes consideran que fueron los responsables de aquellas muertes indignas. Los denunciantes recibían otro revés hace unos días, cuando el Juzgado de Instrucción número 3 de Madrid descartaba aunar en una sola causa las investigaciones relacionadas con lo ocurrido en los centros de mayores, aprobado en marzo de 2020 por la región. Más allá de la jerga judicial, en la práctica esto supone que los tiempos de la investigación se dilaten. ElPlural.com ha hablado con Carmen López, portavoz de Marea de Residencias -una de las plataformas de afectados que lleva desde el primer día peleando porque se haga justicia- para conocer su opinión sobre las últimas novedades. López, familiar de una de las víctimas de los polémicos textos, asegura a este periódico que no se oponían a la posibilidad de que un solo tribunal acumulara todas las causas abiertas en este sentido (la del Juzgado de Instrucción número 6 de Leganés, el número 2 de Navalcarnero y el mismo número de Collado-Villalba) en una misma sede judicial. La propuesta la llevó a cabo Francisco Javier Martínez Peromingo, uno de los ex altos cargos del Ejecutivo madrileño llamada a declarar como imputado por el caso de las geriátricos, y se opusieron el director general de Coordinación Sociosanitaria Carlos Mur y el exdirector del SUMMA 112 Pablo Busca. Analizar los casos individualmente La balanza ha ido en detrimento finalmente de la solicitud del primero y de los familiares de víctimas que veían con buenos ojos que esto fuera así. En el auto que refleja la decisión, la magistrada defiende la negativa alegando que los procedimientos no comparten un mismo objetivo procesal. Así las cosas, si bien en tres de ellos aparecen las mismas personas como investigadas, considera que cada una de las causas se encuentra vinculada a "una víctima distinta, con contextos asistenciales no coincidentes" y subraya que los posibles responsables cambian en cada caso; por ejemplo, que un geriatra no es lo mismo ni tendría la misma responsabilidad que un facultativo. Dicho de otro modo, la magistrada emplaza a analizar cada caso de manera individual para valorar si existe la infracción contemplada La responsable de Marea de Residencias habla en un tono agridulce desde el otro lado del teléfono. "La sensación que nos da es que nadie quiere coger esa patata caliente y es un poco desesperante", reconoce. Pero tiene claro que, pese a todo, no van a dar su brazo a torcer y que siguen dispuestos a llegar hasta el final, máxime después de todo el camino recorrido: "Estamos totalmente decididos". López se muestra consciente...

Rosana Prieto, concejala propalestina del BNG detenida en La Vuelta: "Un policía se volvió loco y me apaleó"

Rosana Prieto, concejala propalestina del BNG detenida en La Vuelta: "Un policía se volvió loco y me apaleó"

La Vuelta Ciclista a España está dejando consigo numerosas protestas a lo largo de cada etapa disputada. El pasado domingo, al paso de esta por Lugo, se produjeron diez detenciones y, entre las personas que fueron arrestadas, se encontraba Rosana Prieto, responsable comarcal del BNG en el sur de Lugo y concejala en el municipio de Pantón. Días después de lo ocurrido, atiende a ElPlural.com para explicar el suceso. Pregunta (P): ¿Cómo se encuentra unos días después del suceso? Respuesta (R): Me encuentro físicamente masacrada. Tengo bastantes golpes, sobre todo en el costado izquierdo. Estoy dolorida, sobre todo en la zona donde me pusieron las esposas, tengo hematomas y la pierna izquierda lastimada, además de un golpe en la derecha. P: ¿Qué fue lo que ocurrió exactamente? R: Se volvió loco un policía y me apaleó. Ya había acabado todo y se iba el público. No fue durante la carga policial. Lo que ocurrió fu que a este hombre le dio un ataque de ira, es lo único que razono yo. Me cogió por detrás y me dijo: "identifícate". Yo le pregunté qué era lo que había hecho y automáticamente me tiró del bolso. Le pedí que lo soltara para poder coger la cartera. Entonces ahí se me ve sola porque claro, ya había terminado la manifestación. Yo esto lo he visto luego, porque en el momento no era consciente de todo. Tras eso me dice de ponerme las esposas. Estamos hablando de una persona que es un mando policial que, al ponérmelas, es cuando más me lastiman. Estoy enfadada porque ha trascendido toda mi vida y demás pero el nombre de este señor, que es un cargo de libre designación, no lo ha hecho. P: ¿Cree que fueron a por usted al ser representante política? R: No creo mucho en esas cosas, aunque todo el mundo esté convencido de ello. Me llama mucha gente con esta idea. Yo prefiero pensar que fue por tuits, pero a lo mejor si fue por eso, que no lo se. P: ¿Cómo valora esa intervención policial ya no solo contra usted, sino también contra el resto de los manifestantes? R: Brutal, también cuando cogieron al otro chico dos horas antes que a mí. No tiene justificación que le machacasen el pecho y la cara contra el suelo como si fuese un saco de hierro. Fue desproporcionada la violencia y, además, no te dejan hablar. Si no me hubiera atacado yo le hubiera dado el carné, que era lo que yo entendía que tenía que hacer para identificarme. P: ¿Qué motivo le dieron para su detención? R: Ellos me llevan y me dicen que ya me lo dirán. Yo los escuché hablar de resistencia a la autoridad. Me iban a llevar al hospital, pero, finalmente, me llevan a comisaría, donde me cachea una mujer. Me quitaron mis pertenencias y me pasaron al calabozo. No me dieron ni un vaso de agua ni nada. A la hora vino la enfermera junto con un médico y...

Feijóo y el PP: equidistancia, cobardía y complicidad ante el genocidio en Gaza

Feijóo y el PP: equidistancia, cobardía y complicidad ante el genocidio en Gaza

Desde octubre de 2023, más de 20.000 menores han muerto en Gaza, según Save the Children, que también habla de más de 42.000 niños heridos y al menos 21.000 con discapacidades permanentes. Otras fuentes, como el Ministerio de Salud de Gaza, cifran en 18.500 los menores asesinados directamente por los bombardeos israelíes hasta julio de 2025. Según UNICEF, la magnitud de las víctimas infantiles es tan desproporcionada que la organización habla de una "cifra sin precedentes en ninguna guerra reciente". Señor Feijóo, señor Almeida, señora Ayuso, si esto no es un genocidio para ustedes, ¿cómo lo llamarían? Hablamos de un total de 63.000 muertos, 159.000 heridos, dos millones de desplazados —la mitad de ellos, niños— y un cuarto de millón de personas en riesgo de desnutrición. Barrios arrasados, hospitales convertidos en escombros, familias huyendo sin agua ni comida. Ante esta devastación, la pregunta persiste: si esto no es genocidio, ¿qué palabra le ponen? Frente a esta tragedia, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado un paquete de medidas sin precedentes contra el Gobierno de Netanyahu. No se trata solo de una acción gubernamental; como señaló el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, se trata de una respuesta alineada con el clamor de la ciudadanía. En su reciente comparecencia institucional, Sánchez no solo condenó con contundencia los ataques indiscriminados de Israel sobre la población civil palestina: sino que reiteró el compromiso de España con el derecho internacional y los derechos humanos. "La historia será implacable con los indiferentes", dijo el presidente del Gobierno, marcando una línea nítida entre la justicia y la complicidad. Frente a la pasividad de otros líderes europeos, Sánchez ha situado a España en el lado correcto de la historia. ¿Y el Partido Popular? Lo de siempre: bloquear, relativizar, mirar hacia otro lado. José Luis Martínez-Almeida, alcalde de Madrid, se atrevió a declarar: "Para mí, no hay genocidio en Gaza". Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, acusó de "antisemitas" a los manifestantes propalestinos. Y Alberto Núñez Feijóo ha elegido la equidistancia como refugio político. El mismo partido que en 2014 votó a favor del reconocimiento del Estado palestino hoy se instala en la ambigüedad, en el cálculo electoral, aunque eso implique ignorar el asesinato de miles de niños. Lo más grave es que esta ambigüedad se ha convertido en norma dentro del PP. Mientras Naciones Unidas habla de una catástrofe humanitaria, Human Rights Watch denuncia un sistema de apartheid y la Corte Internacional de Justicia exige medidas cautelares, el principal partido de la oposición en España se parapeta en tecnicismos. Negar el genocidio o esquivarlo con matices es, en este contexto, una forma de complicidad. Almeida incluso justificó su negacionismo con un argumento insostenible: que genocidio fue solo el del pueblo judío durante la Segunda Guerra Mundial. Como si reconocer la Shoah implicara cerrar los ojos ante otras masacres. Esa visión no solo es ofensiva para las víctimas palestinas, sino también para la memoria de quienes murieron en los campos nazis. Convertir el...