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Rocaforte comienza a desvelar sus interrogantes históricos

Rocaforte comienza a desvelar sus interrogantes históricos

Dos campañas arqueológicas en 2023 y 2024 han descubierto el castillo que se sabía que se levantaba en el cerro y en el que nació el primer rey de Pamplona, Sancho Garcés, en el año 875. Este martes hace allí una parada el festival de montaña y música Urmuga con varias actividades, como la visita al yacimiento y a las únicas pinturas murales románicas que existen en Navarra en la que fue la iglesia de Santa María.

Miembra, portavoza, todes: Congreso

Miembra, portavoza, todes: Congreso

Si todo va bien y se mantiene la mayoría parlamentaria que lo requiere, el Congreso de los Diputados pasará hoy a llamarse simplemente Congreso. Esta iniciativa de PSOE y Sumar, que fue propuesta antes por otros grupos como Podemos o Compromís, se encuentra dentro de una reforma más amplia del Reglamento de la Cámara que se reescribirá de forma inclusiva. Después de casi cinco décadas de democracia constitucional , no está nada mal el reconocimiento a la mitad de la población en lo que se supone es la casa del pueblo. Que esa casa hoy reciba un nombre en el que toda la ciudadanía puede verse reflejada es un éxito del feminismo. Ya escasean, así que celebremos. No han tardado algunos, los de siempre, en calificar esta propuesta como una chorrada . Los mismos que en otras ocasiones antes han reaccionado de la forma más furibunda ante otros intentos por enunciar la política de un modo más inclusivo. Inolvidables entre esos intentos los de las anteriores Ministras de Igualdad, que se atrevieron con neologismos al hablar de sí mismas como miembras o portavozas o incluso al temido y radical uso de todes por parte de Montero para referirse a las personas no binarias. Nunca una vocal cambió tanto un país. Sirva el anecdotario para recordar que antes de las A y las E, fueron otras. La historia de la conquista de los derechos funciona así. Como una matrioska, los avances que hoy son calificados de chorradas encierran antes otros que los posibilitan. En el nuevo nombre del Congreso se encuentra resumida la historia de todas las mujeres que antes lucharon por nuestros derechos. Seguramente nunca hubiera sido posible el cambio de nombre sin que antes hubiera generaciones de mujeres que durante siglos en España lucharon por la igualdad. Desde el voto al divorcio pasando por el aborto, el carnet de conducir o el consentimiento sexual. Es por ello que la relevancia de este cambio es profundamente simbólica , y corresponde ser celebrada. Es una buena noticia para las mujeres que por fin el Congreso tenga un nombre inclusivo que no excluya a la mitad de la población que está representada en el parlamento, pero también lo es para la normalidad democrática de nuestro país que sigue la estela de otras democracias que ya tienen nombres inclusivos para sus cámaras bajas, como la recién bautizada Cámara de los Diputados y Diputadas de Chile o las que ya tenían nombres perfectamente inclusivos como la Assemblée Nationale  en Francia, la Assambleia da República en Portugal, el Bundestag en Alemania o el Riksdag en Suecia. Es más, mirando a nuestros países vecinos, este cambio de nombre, lejos de ser un exceso feminista, es una corrección que llega casi tarde. Aunque si somos justas con la historia nacional de la igualdad, ha llegado cuando ha podido. No hace tanto que ese lugar lleno de alfombras y mármol en el que se deciden nuestras vidas solo estaba ocupado por hombres. Un Congreso sin mujeres fue la norma hasta más o menos 1977, aunque con honrosas excepciones. El lenguaje oficial de esta Cámara ( de los diputados) reflejaba por tanto una exclusión hecha norma y membrete, y que, de forma simbólica, ha sido la medida de toda la política española, que con naturalidad siempre ha sido una cosa de hombres. Han sido los hombres los que de forma mayoritaria han sido y son diputados, ministros, senadores, secretarios de Estado, alcaldes y concejales. Y aunque hemos avanzado, también hemos dado pasos atrás de forma muy reciente. Un ejemplo que nos concierne hoy es que esta actual legislatura no es la más paritaria en la composición de la cámara baja, como venía siendo tradición en el histórico de la composición del Congreso por sexos. Da que pensar que hayamos retrocedido en paridad justo ahora que la extrema derecha ha crecido en representación y el feminismo pasó de ser el centro del debate del parlamento a una cuestión incómoda hasta para la mayoría de los hombres progresistas. Piense lo que se piense de este debate, la realidad es que las mujeres, si bien somos la mitad de la población, no somos ni de lejos la mitad en los espacios de representación del poder . Cuando desde estos espacios en los que o no estamos o estamos pero en peores condiciones y menor cantidad se nos intenta explicar que aunque solo diga hombre también dice mujer, es una obligación democrática recordar que si no se nos nombraba era porque no estábamos. Como lo cómodo y funcional al privilegio es nombrar lo que existe, es una tarea imprescindible y radical para la justicia social de un país nombrar lo que nunca es nombrado. Y no por el capricho de escucharnos nombradas, sino porque el reconocimiento y la representación son el pilar imprescindible de la redistribución. ¿Qué clase de políticas públicas se pueden esperar de un lugar que aunque por definición debe legislar para toda la ciudadanía solo se refería en su nombre a la mitad? Es esta y no otra la razón por la cual el uso del masculino genérico debe ser cuestionado como uso neutro de la lengua. Aunque la RAE siga insistiendo en que es la forma que nos permite incluir a los individuos de ambos sexos, la realidad es que es una práctica que confunde lo gramatical y lingüístico con lo simbólico y político, acentuando la centralidad de lo masculino como problemática e injusta medida de todas las cosas. El problema no es que lo masculino no refiera a lo femenino, que no lo hace, sino que lo femenino queda relegado en lo lingüístico, y por tanto en lo político , a ese espacio de irrelevancia que tantas veces hemos ocupado también en los espacios de poder. No hay distancia entre lengua y política, son aquí la misma cosa, por ello urge desenmascarar esta pretendida neutralidad del uso del masculino genérico como ideológica. No es lingüística, es machismo. Sirva pues este cambio para recordar que lo que es válido o no en una lengua es el resultado de un acuerdo que no deja nunca de ser político en la medida que es tomado por quienes ocupan otro espacio de poder como es la RAE. Sirva para recordar que no está escrito en piedra que lo que se decía de una forma, no pueda ahora decirse de otra. Sirva para recordar que los derechos son conquistas, y como se consiguen se van, y que debemos pelear para mantenerlos. Sirva para recordar que unos derechos se unen a otros , y que el parlamento que decidió que la cámara baja se llamase Congreso de los Diputados lo hizo porque se describía a sí mismo pues era sencillamente un Congreso sin mujeres. Y por ello, sirva para abrir la puerta a otros que son igual de necesarios. ¿Verá alguna vez nuestro país un Congreso en el que la ciudadanía española en toda su diversidad esté representada? No solo las mujeres debemos ser la mitad, sino que me temo que debería haber, por empezar por algo, muchas más personas migrantes que políticos y partidos corruptos, pues es de dignidad de lo que debería estar lleno, ahora sí, el Congreso. ____________________________ Ángela Rodríguez Pam es exsecretaria de Estado de Igualdad.

Que caiga España, que ya la levantaremos (y nos levantaremos una pasta)

Que caiga España, que ya la levantaremos (y nos levantaremos una pasta)

Se descubrió el pastel , tardó en hornearse porque la UCO iba tan despacio en sus investigaciones que la fiscal tuvo que pedirle al juez del caso Montoro que apremiase a la Guardia Civil, que llevaba casi un año de retraso y tenía documentos bancarios muy relevantes para la causa guardados bajo llave en un cajón. Vamos, ni que ellos también estuviesen esperando a que cayese el Gobierno, que es el deporte nacional junto con el levantamiento de patrias, tal y como decía el entonces ministro todopoderoso hoy investigado por delitos de gravedad superlativa: “que caiga España, que ya la levantaremos nosotros.” El hoy contra ti y mañana contra mí que caracteriza la política de bate que padecemos tiene estas cosas porque aquí muchos hacen carrera a Dios rogando y con el mazo dando, esa gente da lecciones de honradez y moral al mismo tiempo que te roba el reloj con la mano que no está ondeando la bandera. El efecto acumulativo de las noticias sobre la corrupción de estos cínicos que dan discursos por la mañana y saquean el país por la tarde –sumada a la evidencia de que en cuanto llegan al poder usan en beneficio propio y para atacar a sus rivales los recursos y órganos del Estado– , hace que unas dudas alimenten las otras: si en el Partido Popular usaron a la policía para espiar y destruir a rivales políticos, usaron Hacienda para amedrentar y perseguir a periodistas incómodos o usaron las embajadas para ordenar al cuerpo diplomático mentir sobre el 11M , ¿es descabellado pensar que hoy usan a jueces afines para intentar derribar al Gobierno? Y luego dicen que otros usan el Falcon y las residencias oficiales… Por ejemplo, la al parecer lideresa en la sombra de la derecha, Díaz Ayuso , que ahora sabemos que disfruta en sus ratos privados de un chalé que la Comunidad de Madrid define de “muy austero” y por el que pagó 4,3 millones de euros. Si llegan a comprar uno caro, tenemos que vender la Puerta del Sol y la Cibeles para financiarlo. Si para tapar el ruido del novio llevan meses tocando el bombo a toda máquina, ni me imagino lo que van a subir el volumen para que Ábalos no deje ver a Montoro ni Cerdán al novio de la presidenta, que con tanto vivir en casas que no paga ella cómo va a estar al tanto de los problemas de los jóvenes y no tan jóvenes para acceder a la vivienda. Los presuntos delitos de Montoro, si es que se prueban donde tienen que probarse –que es en los tribunales a los que está abocado–, serían una muestra de puertas giratorias de manual, de la utilización de lo público al servicio de intereses privados y con una desfachatez que evidencia el absoluto desprecio hacia los demás que tienen estos personajes de novela de terror –da igual las siglas tras las que se escondan, porque su única ideología es la hipocresía–, que nos roban a lo grande y con las peores artes: hablamos de al menos once o doce millones de euros obtenidos a cambio de beneficios fiscales ilegítimos o archivo de inspecciones en marcha, que propiciaba la mediación ante la Agencia Tributaria del antiguo despacho del propio ministro. La historia nos enseña que estos salteadores de caminos actúan con una desfachatez que es un insulto a nuestra inteligencia, pero también con un exceso de optimismo que les hace sentirse impunes, seguros de que no nos vamos a enterar y no les van a descubrir o, si lo hacen, se echará tierra sobre el asunto. Que roben el trigo mientras predican lo empeora todo.

En Ucrania, a la guerra se añade el ecocidio a orillas del mar Negro

En Ucrania, a la guerra se añade el ecocidio a orillas del mar Negro

El zumbido de los drones ha sustituido a los aullidos de los chacales que se oían al atardecer. Poco después de medianoche, los disparos de la defensa antiaérea iluminan la noche. Se oyen explosiones en la distancia, seguidas del resplandor de un gigantesco incendio. Esa noche, Rusia atacó Vyshnev e, un pueblo perdido en medio de las llanuras costeras de Besarabia, entre Odesa y la frontera con Rumanía. Una veintena de drones Shahed devastaron el complejo escolar, la casa de la cultura y un centro de salud del pueblo, vacíos durante la noche, además de ser el inicio de las vacaciones escolares. “Díganme, ¿qué ha pasado aquí, maldita sea?”, grita Nelia Herasym, directora de la escuela, a los policías al descubrir el lugar a la mañana siguiente. “Nos gustaría poder decírselo”, responden, desamparados, los hombres uniformados que recogen los restos de los drones. Con el teléfono en la mano, Nelia Herasym recorre, aturdida, su establecimiento devastado y aún humeante: “No entiendo por qué han atacado esta escuela. No hay nada, ningún lugar estratégico alrededor del pueblo, solo llanuras agrícolas. En cuarenta años nunca ha pasado nada aquí.” En estas costas del mar Negro, entre campos de guisantes y amapolas donde corretean liebres y faisanes, la guerra solo surge de forma esporádica. Ya nadie espera un desembarco ruso, a diferencia de los primeros meses de la invasión. Las garitas y búnkeres excavados por toda la costa ya solo albergan maleza y mosquitos. Solo los residuos dan testimonio de la presencia pasada de los soldados. Más que a los habitantes, aquí la guerra ataca al medio ambiente , un ecosistema rico y frágil propio de las albuferas, esas lagunas típicas del mar Negro. Desde 2010, un parque nacional protege la albufera de Tuzly y sus 28.000 hectáreas con trece estuarios. En esta costa, Ivan Rusev y sus compañeros del parque descubrieron un número inusualmente elevado de delfines varados en la primavera de 2022. “Los cadáveres no tenían las aletas cortadas ni heridas aparentes causadas por redes de pesca”, describe Ivan Rusev, una figura robusta, de tez morena y con una pequeña coleta. En solo seis kilómetros se encontraron 52 delfines muertos. “Es absolutamente anormal, lo hemos comunicado a las autoridades.” Al mismo tiempo, Ivan Rusev se puso en contacto con sus homólogos de otros países ribereños del mar Negro. En total, se han contabilizado unos 3.000 delfines muertos en la costa . Una cifra que solo representa una pequeña fracción del total , según Ivan Rusev: “Según estudios científicos, solo el 5 % de los delfines muertos llegan a la costa, los demás se hunden porque se les llenan los pulmones de agua.” Junto con sus colegas, estima que en 2022 murieron alrededor de 50.000 delfines durante la fase activa de los combates en el mar, cuando las fuerzas ucranianas recuperaron, a finales de junio de ese año, la isla de las Serpientes , que se había convertido en símbolo del retroceso de la marina rusa el mar. Una ONG rumana analizó nueve cadáveres encontrados en la costa en mayo de 2022. Sus conclusiones apuntan a la responsabilidad de Rusia en su muerte: “Las autopsias revelaron la presencia de microlesiones en el melón [un órgano situado en la cabeza, ndr] que pueden provocar una incapacidad de orientación en el animal. Las microlesiones pueden ser producidas por ciertos virus o por ruidos fuertes, como explosiones submarinas ”, escribe la Oceanographic Research and Marine Environment Protection Society en un correo al ministerio de Medio Ambiente de Ucrania, consultado por Mediapart. Ivan Rusev está convencido de que la matanza está relacionada con la actividad de la marina rusa, la única presente en el mar en aquel momento, ya que la pequeña marina ucraniana fue neutralizada en los primeros días. Los sónares de los buques de guerra desorientaron a los cetáceos, que no podían alimentarse y se debilitaron , explica. Para él, incluso las muertes por infecciones y virus son consecuencia de las actividades militares. Algunas muertes de delfines están aún más directamente relacionadas con los combates. De los nueve cetáceos examinados por la Sociedad Rumana de Investigación Oceanográfica, seis presentaban quemaduras : “Sospechamos que la causa de esas quemaduras es el fósforo. […] Esta sustancia es una de las pocas capaces de provocar quemaduras bajo el agua.” La observación post mortem coincide con la información publicada en la prensa sobre el uso por parte de Rusia de armas incendiarias con fósforo blanco contra la isla de las Serpientes, tras haber sido expulsada de ella. El 27 de julio de 2022, la fiscalía de Odesa abrió una investigación por ecocidio, un delito castigado con entre ocho y quince años de prisión, definido en el artículo 441 del Código Penal ucraniano como “la destrucción masiva de la flora y la fauna, el envenenamiento del aire o de los recursos hídricos, así como otras acciones que puedan causar catástrofes naturales”. Se están llevando a cabo investigaciones en colaboración con laboratorios de análisis de Italia y Alemania. Investigaciones bastante complejas, debido a la imposibilidad de acceder al lugar del crimen, el mar Negro. Pero Ucrania se toma muy en serio esas investigaciones. “El medio ambiente no debe seguir siendo una víctima silenciosa de la guerra” , declaró en 2022 Andryi Kostin, entonces fiscal general del país, manifestando su voluntad de investigar todos los crímenes de guerra, independientemente de su naturaleza. “El objetivo es que las personas cuyas acciones han provocado daños medioambientales respondan por sus actos. Más allá de eso, demostramos que Ucrania, a diferencia de Rusia, es un país civilizado que no solo se preocupa por las personas y las infraestructuras civiles, sino también por el patrimonio y el medio ambiente”, explica Maksym Popov, que asesoró al fiscal general sobre la represión de los delitos medioambientales y sigue trabajando hoy en día en la organización no gubernamental Pravo Justice . Las pruebas recopiladas por la justicia ucraniana se incorporarán al registro de daños (RD4U) creado en La Haya (Países Bajos) en 2024 por el Consejo de Europa para obtener reparaciones. La categoría B3.1 se refiere precisamente a los “daños medioambientales”. En la albufera de Tuzly, los daños medioambientales no se limitan a la muerte de cetáceos en los primeros meses de la invasión. La directora del parque, Iryna Vykhrystiuk, cita las consecuencias de la destrucción de la presa de Kakhovka , en junio de 2023, que provocó, entre otras cosas, el vertido de gran cantidad de residuos en el parque , así como la marea negra de diciembre de 2024 en el estrecho de Kerch. También teme los efectos de la profusión de minas y las actividades de las fuerzas ucranianas en el parque. “Los rusos no son los únicos que dañan el medio ambiente . Nuestras fuerzas se entrenan aquí para defendernos. Es bueno para Ucrania, pero perjudicial para el medio ambiente. Para nosotros, no importa que los daños los causen los rusos o nuestro bando. En cualquier caso, es culpa de la guerra”, explica esta responsable. La guerra provoca reacciones en cadena , cuyos efectos aún son difíciles de medir. Ivan Rusev pone como ejemplo a los flamencos rosas : al derribar los drones rusos, la defensa antiaérea ucraniana asusta a las aves que vienen a anidar aquí, dejando sus nidos vulnerables a los ataques de otras aves, lo que provoca una disminución de la población de flamencos. El ecosistema natural no es el único que sufre. Alrededor del parque, siempre ha habido un equilibrio precario entre ecologistas, pescadores, cazadores furtivos, agricultores, promotores inmobiliarios, responsables políticos locales... El parque no vio la luz hasta después de quince años de lucha, en parte gracias al impulso del acuerdo de asociación con la Unión Europea, que obliga a Ucrania a ampliar sus reservas naturales . Su existencia sigue siendo cuestionada por quienes sueñan con construir complejos hoteleros de lujo en estos espacios de espectacular belleza o con extraer agua de los afluentes, secando los humedales circundantes. La guerra no ha hecho desaparecer esas tensiones, sino todo lo contrario. Las recompone y las exacerba con sus nuevas restricciones, en particular en materia de pesca. Iryna Vykhrystiuk denuncia la persistencia de la caza furtiva y la inacción de la policía, infiltrada por “los hijos de los agricultores”, contra los explotadores que amplían sus campos o contra los cazadores furtivos, a los que, según ella, estaría protegiendo. Vasyl, guardia del parque y natural de la zona, matiza, describiendo a los furtivos como gente del lugar “no peligrosa” que pesca principalmente el mújol, que se vende a unos 250 grivnas el kilo (unos 5 euros); ex pescadores atrapados en tierra por la ley marcial que continúan clandestinamente con su actividad artesanal, asegura ante su jarra de vino tinto casero: “¿Por qué se les prohíbe pescar en barco en los estuarios? Han perdido su trabajo, necesitan ingresos.” “Ya casi no hay furtivos, todo el mundo tiene miedo de los guardias fronterizos y de la administración del parque” , coincide un ex pescador que no quiere dar su nombre por miedo a represalias: “Si te pillan pescando, llaman a la TCK [la policía militar encargada de aplicar la movilización, ndr].” La TCK, herramienta del poder para garantizar la defensa de la Ucrania agredida, se percibe aquí como un instrumento de resolución de conflictos que no tienen mucho que ver con la guerra, pero que se ven afectados por su estallido, como los delfines en medio del mar Negro. El rostro humano del ecocidio. Traducción de Miguel López

La regulación de los lobbies lleva años encallada en la resistencia de PSOE y PP a mejorar la transparencia

La regulación de los lobbies lleva años encallada en la resistencia de PSOE y PP a mejorar la transparencia

Desde los escándalos de corrupción que en los noventa pusieron contra las cuerdas al Gobierno de Felipe González, el debate sobre los grupos de presión ha formado parte de manera intermitente de la agenda pública española. Con propuestas de regulación y acusaciones de falta de transparencia por parte del PP cuando gobernaba el PSOE e idénticos argumentos por parte de los socialistas cuando los que estaban en La Moncloa eran los conservadores. El resultado: las pocas iniciativas que han llegado al Congreso para regular la actividad de los grupos de presión nunca llegaron a buen puerto. Ahora, el caso Montoro ha resucitado el debate. De llevarse a cabo la regulación, argumentan los que la invocan estos días, el escándalo que afecta al Ministerio de Hacienda durante el Gobierno de Mariano Rajoy no se hubiese producido. Es verdad que regular los grupos de presión significaría, de llevarse a cabo, establecer un marco legal que garantizase la transparencia, integridad y rendición de cuentas en las relaciones que mantienen los lobbies con los responsables públicos (Gobierno, parlamentos, altos cargos, asesores…). No se trataría de prohibir los intentos de ejercer influencia —que es legítima en democracia—, sino de hacerlos visibles y trazables para dificultar las prácticas corruptas y el tráfico de influencias. Hacerlo, sin embargo, ha sido hasta ahora una tarea imposible en España. Ni el PP ni el PSOE han hecho realidad la regulación de las relaciones del poder con empresas, patronales, ONG, sindicatos, colegios profesionales o cualquier organización o particular que quiera influir en los responsables públicos. Si se hiciese, dispondríamos de un registro obligatorio y público donde debería constar la identidad de cualquier grupo de estas características, así como sus objetivos, clientes, presupuesto y las actividades que realizan. No sería algo original. Pero tampoco borraría la corrupción de un plumazo. En la Unión Europea existe desde 2021 y no ha evitado la aparición de escándalos relacionados con la compra de voluntades de servidores públicos (el más reciente, este mismo año, el que afecta a la empresa china Huawei, que está siendo investigada por pagar supuestamente a eurodiputados para influir en la legislación del Parlamento Europeo). Pero sí la ha hecho más difícil. La legislación sobre lobbies de la Unión Europea establece un marco voluntario, pero cada vez más exigente, que afecta a la Comisión, el Parlamento y el Consejo . En primer lugar, obliga a que la agenda de comisarios, directores generales y eurodiputados sea pública y a que su paso al sector privado (las famosas puertas giratorias) no solamente esté restringido entre dos y tres años, sino que deba evaluarse y pueda ser sometido a veto. No obstante, inscribirse en el registro de grupos de presión ni siquiera es obligatorio en todos los casos: muchas actividades de lobby indirecto, como la redacción de informes o las relaciones públicas, no están completamente reguladas. Los más críticos con la normativa europea señalan la existencia de otros agujeros: faltan sanciones efectivas en el caso de que un lobista mienta o incumpla sus obligaciones; no hay una verdadera “huella legislativa” obligatoria que identifique a todos los actores que han influido en una ley; y faltan controles sobre la actividad de los grupos de presión financieros, tecnológicos y energéticos, que son los más poderosos en Bruselas. Es verdad que ha mejorado la trazabilidad de la toma de decisiones en Bruselas y ha hecho posible conocer el nombre de actores privados y organizaciones que influyen en normativas clave como el Pacto Verde. Pero no hay manera de vigilar qué está pasando cuando se trata de los primeros borradores de las normas o cuando tienen lugar las llamadas negociaciones informales. Al final, la regulación de los lobbies no elimina el riesgo de corrupción asociado con estos grupos. Si España tuviese una legislación en vigor, al nivel de la europea, en esta materia, no hubiese impedido el caso Montoro. Veamos por qué. Si estuviese inscrita en un registro de lobbies , Equipo Económico, la empresa fundada por el exministro que supuestamente hacía de puente con las empresas que pagaban mordidas a cambio de modificaciones legales que les favoreciesen , nunca habría hecho constar que las reformas fiscales se hacían a cambio de dinero que, supuestamente, acabaría llegando a los bolsillos de quienes las impulsaron desde el Gobierno. Se habría limitado a hacer constar que defendía los intereses de determinadas empresas ante la administración. Eso sí: habría llamado la atención de los medios sobre sus actividades, a la vista de que había sido fundada por Montoro. Pero Equipo Económico podría también haber optado por no inscribirse y mantenerse así fuera del foco de periodistas y ONG especializadas en transparencia. Nada le hubiese impedido seguir con sus actividades, supuestamente fraudulentas. En el peor de los casos, al ser descubierta, apenas añadiría un cargo adicional a los muchos delitos que supuestamente ha cometido. Este hecho pone el foco en que, para que una ley de lobbies fuese eficaz, la clave no solo es que esté estructurada, garantice la trazabilidad pública y establezca un régimen riguroso de incompatibilidades, sino que edifique mecanismos de control independiente . Solo así se habría dificultado la operativa que ahora investiga la justicia y que conocemos como caso Montoro. Control independiente significa varias cosas. En primer lugar, supervisión externa a través de una autoridad independiente del Gobierno y del Parlamento como ya existe en otros países, con capacidad sancionadora, recursos suficientes y autonomía funcional. Puede adoptar la forma de una agencia de integridad pública, como las oficinas antifraude, con autoridad para verificar la veracidad y exhaustividad de los datos aportados por los lobistas, auditar las agendas de altos cargos públicos, imponer sanciones reales por incumplimientos y evaluar los conflictos de interés en fichajes y puertas giratorias. Es decir: con capacidad de vigilar de verdad si lo que dicen as autoridades y los grupos de presión es cierto. Su trabajo, para ser eficaz, tiene que poder cruzar datos con el Tribunal de Cuentas y la Agencia Tributaria con el fin de permitir que estos órganos tengan acceso a los datos de relaciones entre lobistas y decisores públicos y así detectar financiaciones irregulares, enriquecimientos injustificados y contrataciones sospechosas. La otra pata de un modelo eficaz de control independiente pasan por dar facilidades a los medios de comunicación y a las ONG especializadas en integridad pública (como Access Info, Transparencia Internacional o la Fundación Civio) para que puedan acceder a los datos sin trabas burocráticas, además de una verdadera protección para los denunciantes, de manera que cualquier empleado público o privado que alerte sobre prácticas indebidas de influencia tenga garantizado el anonimato y disponga de una vía protegida para denunciar. En España, sin embargo, ni PP ni PSOE han tenido hasta ahora verdadero interés en aprobar una legislación así, a pesar de que el tema ha ido y venido en el debate público durante décadas. Muy a menudo, cuando se iniciaba una tramitación, acababa decayendo por la disolución anticipada de las Cortes y no se recuperaba en la legislatura siguiente. En 2014, el PP no lleva buen término su intento por reformar el reglamento del Congreso para incluir un registro de este tipo de grupos de presión. Dos años después, en 2016, el Grupo Mixto presentó una propuesta similar y, aunque dio algunos pasos en el Congreso, la proposición terminó decayendo por la disolución de las Cortes. Hubo otros dos intentos en 2017: uno a iniciativa de Ciudadanos y otro de nuevo del PP Sin éxito. Los pocos avances que se han producido han mostrado enseguida sus limitaciones. En 2020, el Congreso aprobó un código de conducta que obliga a publicar las agendas de reuniones con lobbies , pero en 2023 solo un 10% de los diputados lo cumplía íntegramente, sin que el 90% restante fuese objeto de reproche o castigo alguno. En la actualidad, tanto el Congreso como el Gobierno han reactivado sus esfuerzos. La Cámara Baja ha aprobado un plan para crear un registro obligatorio de lobbies , con definición legal, condiciones de inscripción, trazabilidad de reuniones y normas de conducta. Y, en paralelo, el Gobierno ha reactivado un proyecto de ley que pretende establecer un registro con código de buenas prácticas, sanciones y la exclusión de lobbies que no se registren. Este proyecto ha superado su primer trámite parlamentario tras el rechazo de Vox y la abstención del PP , y ahora debe proseguir su tramitación después del verano. El texto, sin embargo, no prevé sanciones importantes para los grupos de presión que incumplan las normas ni una autoridad de supervisión independiente que vigile su cumplimiento. Sobre este asunto, el PP guarda silencio y no responde a las preguntas de infoLibre . Pero el PSOE, a través de su portavoz, Montse Mínguez, ha dicho: “Vamos a recuperar este tema y lo vamos a llevar al Congreso de los Diputados en cuanto volvamos a empezar el periodo de sesiones, sin ninguna duda”.

Raquel Catalá, hermana del exministro, señalada por enviar datos fiscales en la causa del ‘caso Montoro’

Raquel Catalá, hermana del exministro, señalada por enviar datos fiscales en la causa del ‘caso Montoro’

Raquel Catalá , hermana del exministro de Justicia y exmiembro del consejo de administración de Codere, Rafael Catalá , aparece en el sumario del caso Montoro por su papel como delegada de la Agencia Tributaria (AEAT) en el ‘sablazo’ de Hacienda a las operadoras de juego extranjeras. La hermana del exdirigente del PP, según la propia Agencia Tributaria, también le facilitó a uno de los imputados de la trama , entonces director de la AEAT, datos fiscales sobre los también imputados socios de Equipo Económico, el despacho de Cristóbal Montoro en el centro de la trama. A petición del juzgado de Tarragona que instruye la causa, la AEAT entregó en junio de 2023 un informe sobre la participación de algunos de sus funcionarios en la “red de influencias” que presuntamente tramitó reformas legislativas para favorecer a clientes del despacho de Montoro. Según este informe, en noviembre de 2017, Raquel Catalá, entonces delegada especial de la AEAT en Madrid, envió a Santiago Menéndez Menéndez , en aquel momento director de la AEAT, e imputado en la causa , un correo con cuatro documentos adjuntos con datos fiscales de los cuatro principales socios de Equipo Económico: Ricardo Martínez Rico, Manuel de Vicente Tutor Rodríguez, Salvador Ruiz Gallud y Francisco Piedras Camacho, todos ellos imputados en la causa. La persona destinataria de ese email, Santiago Menéndez, según un informe de los Mossos d’Esquadra contenido en la causa, al que ha tenido acceso infoLibre , recibió entre 2010 y 2011, 4.700 euros del entorno de Equipo Económico . 2.200 euros procedían directamente del despacho y otros 1.500 de la empresa Econodos, propiedad de Martínez Rico a través de Falumar Inversiones SL . Martínez Rico es el actual presidente de Equipo Económico y fue secretario de Estado con Montoro. El informe no detalla el motivo de los pagos. El contenido de los archivos adjuntos enviados por Raquel Catalá a Santiago Menéndez no es accesible, según declara la AEAT en su informe, pero el texto del correo hace referencia a “datos con fechas liquidadas y datos de recaudación y de tribunales" . La AEAT asume que los documentos son “relativos a procedimientos dirigidos frente a los principales socios de Equipo Económico” y sugiere al juzgado “indagar sobre su trazabilidad, contenido y finalidad, considerando la coincidencia temporal con los procedimientos de inspección” a los socios del despacho. Como delegada especial, Catalá tenía acceso a toda la base de datos fiscales de contribuyentes , aunque estaba "sujeta al mismo sistema de control que todos los funcionarios de la agencia, y podía ser auditada y tener que justificar los accesos", según aclaran fuentes de la AEAT. Este medio se ha puesto en contacto con Raquel Catalá para consultar sobre el contenido de los adjuntos que envió, pero a fecha de publicación de este artículo no ha obtenido respuesta. En la causa también se cita a Raquel Catalá por su participación en la maniobra de Hacienda mediante la cual se gravó a las operadoras de juego extranjeras, que fue ejecutada por la delegación especial de Madrid, de la que Catalá fue jefa de 2012 a 2018 . La causa recoge un correo electrónico enviado por Catalá a Santiago Menéndez con las previsiones de cifras a liquidar por parte de las empresas extranjeras. La decisión de Hacienda de gravar a las operadoras radicadas fuera de España con más de 150 millones de euros fue recogida por la agencia estadounidense Bloomberg , que hizo notar que Codere, cliente de Equipo Económico y de cuyo consejo de administración formó parte Rafael Catalá , era la “principal potencial beneficiada”. El artículo desencadenó el rechazo del Ministerio de Hacienda, que solicitó a Bloomberg una rectificación, según consta en la causa. El medio estadounidense, lejos de corregir su información, la respaldó en un burofax enviado al ministerio, en el que volvió a hacer hincapié en el beneficio que la medida suponía para Codere . Otro informe de los Mossos d’Esquadra recogido en la causa recoge un correo de Raquel Catalá enviado en abril de 2017 en el que propone a una trabajadora del ministerio para el puesto de jefa regional de aduanas. Según el informe, en mayo de 2019, cuando cambió de destino, la trabajadora ocupaba el cargo para el que Catalá la había propuesto. Los Mossos citan este correo junto a otros cinco ejemplos bajo el epígrafe “Contratación de personas afines en puestos de relevancia dentro de la Administración”, de lo que se desprende que consideran a Raquel Catalá parte de la trama investigada. En ese email en concreto llama la atención la respuesta de Santiago Menéndez, que pide que “no le envíen ese tipo de correos”. Conversaciones de 2019 entre Juan Vicente Bonilla, el exagente de la UCO fichado por Ayuso para dirigir la seguridad corporativa del Servicio de Salud , y su confidente e investigado en la trama de los hidrocarburos, José Luis Caramés, hacen referencia a una posible interacción de los hermanos Catalá con las empresas investigadas en dicha trama. Según una información publicada por Canal Red y amplificada en X por José Luis Ábalos, Catalá ofreció a empresas de la trama hablar con su hermana Raquel, supuestamente para lograr un trato de favor de la AEAT. Sin embargo, tanto el artículo de Canal Red como el post de Ábalos presentan a Raquel Catalá como delegada especial de la AEAT de Madrid en 2019, cuando tuvo lugar la conversación que publica el medio. Pero en esa fecha y desde 2018 , ese puesto lo ocupaba Soledad Fernández Doctor y no Raquel Catalá, que había sido cesada .

El 'caso Montoro' rompe la estrategia de Feijóo con la corrupción y sitúa a Rajoy y Aznar frente al espejo

El 'caso Montoro' rompe la estrategia de Feijóo con la corrupción y sitúa a Rajoy y Aznar frente al espejo

La imputación del exministro Cristóbal Montoro ha pillado con el pie cambiado al Partido Popular, que en los últimos meses ha hecho de la corrupción su principal artillería para atacar al Gobierno de Pedro Sánchez. En un primer momento, tras levantarse el secreto de sumario sobre la causa que no solo afecta a Montoro sino también a gran parte de su equipo en el Ministerio de Hacienda, la dirección nacional del PP lo trató de minimizar asegurando que no era, ni mucho menos, tan grave como el caso Cerdán . Sin embargo, a medida que se fueron conociendo más detalles sobre la causa, el PP trató de desvincular al ex todopoderoso ministro de Hacienda de la dirección presidida por Alberto Núñez Feijóo . No lo hizo Feijóo en primera persona, ya que desde que estalló la noticia —el pasado miércoles— no ha tenido agenda pública . Se pronunció en redes con un escueto post en X en el que aseguró que "lo que haya que investigar, que se investigue" y concedió una entrevista a uno de sus medios predilectos, La Voz de Galicia, en la que sostuvo que no puede haber "dos varas de medir" con la corrupción y que el PP tenía que ser "más exigente" con aquellos que militan o han militado en su partido. El líder del PP también presumió de que en sus treinta años en política nunca "ha nombrado a nadie que esté metido en un supuesto de corrupción ". Se trata, sin embargo, de una afirmación muy matizable. Durante su etapa al frente de la Xunta de Galicia, Feijóo relativizó condenas, obvió imputaciones y evitó perseguir casos de corrupción calificados así en sentencias judiciales. La condena más significativa por corrupción durante los años de Feijóo fue la del caso Campeón , centrado en la figura del empresario lucense Jorge Dorribo . En 2017, fueron condenados por tráfico de influencias y negociaciones prohibidas el entonces diputado autonómico del PP Pablo Cobián , el director del Instituto Galego de Promoción Económica (Igape) , Joaquín Varela de Limia, y el subdirector de Información Especializada de ese mismo ente dependiente de la Conselleria de Economía, Carlos Silva. En la citada entrevista en La Voz de Galicia, el líder del PP también habló del nombramiento de Alberto Nadal , el que fuera la mano derecha de Montoro la última etapa del Gobierno de Rajoy, al que Feijóo ha ascendido a la vicesecretaría de Economía. “Si hubiese alguna persona sospechosa de algo y que la explicación que me da no me convence, dejaría de trabajar con él . Pero a la persona a la que usted se refiere es que ni estaba ni tenía ninguna responsabilidad en los hechos que están siendo investigados”, alega. Fuentes de la dirección del PP consideran que el caso "no va a ir a más" y se muestran tranquilos respecto a Nadal. Es más, dudan de que el caso escale al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña bajo el argumento de que es "sorprendente e inusitado que esté imputado el equipo de un ministerio entero": " Eso ya te indica que tienen sospechas pero poco hecho contrastado ", señalan fuentes conservadoras a infoLibre . Aún así, admiten que quieren distanciarse todo lo posible de Montoro, al que desde la derecha mediática ya tratan de vincular con "el sanchismo", por la lista de enemigos internos que acumula : "Me temo que hay mucho ruido por la cantidad de gente que le tiene guardadas cosas", reflexionan. Quien sí aparece como investigado en el caso Montoro es Miguel Ferre , ex secretario de Estado de Hacienda, que " asesoró a título individual" a Feijóo cuando aterrizó en Madrid y también colaboró en la redacción del programa electoral para el 23J. En Génova argumentan que no tienen ningún tipo de "relación contractual" con él en la actualidad y tampoco Montoro, que, sin embargo, sí estuvo presente en el reciente congreso que el PP celebró para encumbrar a Feijóo y que también ha participado este año en otros actos como la presentación del libro de Rajoy en el Congreso. En ese cónclave hubo dos figuras que tuvieron mucho protagonismo : los expresidentes José María Aznar y Mariano Rajoy, a los que Feijóo reunió para tratar de exhibir unidad en el PP, y que se mostraron muy contundentes contra la corrupción pese a haber estado rodeados de escándalos. En un discurso muy aplaudido y que el propio Feijóo utilizó como referencia , Aznar censuró la “golfería estructural del ‘sanchismo”, y pidió “que los delincuentes dejen de estar en los despachos legislando y pasen a estar en la cárcel”  hasta el punto de llegar a pronosticar que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, acabará en la cárcel por el caso Cerdán . Por su parte, Rajoy presumió de la lucha "contra la corrupción" que, según él, llevó a cabo durante sus cerca de siete años de mandato. " Esto es algo increíble. Es alucinante. Es asombroso. No se conocen precedentes de algo así ni parecido ”, dijo, en referencia a los casos que afectan al PSOE. Lo cierto es que tanto Rajoy como Aznar situaron a Montoro en la cúpula del Ministerio de Hacienda durante sus respectivos gobiernos y su antecesor en el cargo en la época de Aznar, Rodrigo Rato , acabó en prisión tras ser condenado por delitos fiscales, blanqueo de capitales y corrupción entre particulares. Es decir, las dos referencias económicas del PP, señaladas. Aun así, el PP no considera necesario que Aznar y tampoco Rajoy den explicaciones ahora sobre la imputación de Montoro. Según su portavoz parlamentaria, Ester Muñoz, en "esta primera fase", el que debe dar la cara es el propio exministro. Un argumento que contrasta con las incesantes explicaciones que le han demandado a Sánchez tras el informe de la UCO que llevó a su número tres, Santos Cerdán, a prisión. Sin embargo, para Muñoz la actitud que está teniendo el partido conservador con este caso "no tiene nada que ver" con la que está mostrando el PSOE ante sus escándalos. Muñoz acabó admitiendo que "ha podido haber compañeros que han usado al partido y al Gobierno para enriquecerse", pero presentó al PP de Feijóo como víctima. "Eso nos afecta a la gente honrada. Lo que quiero es que se investigue y que se llegue hasta el final, eso es lo que nos diferencia a unos y a otros". La portavoz también negó que la imputación de Montoro suponga "un empate" o equilibre "la balanza" respecto al caso de Cerdán y Ábalos. "Conviene no insultar la inteligencia de los españoles", zanjó.