Su libro se convirtió en un fenómeno desde que fue publicado en 2019. El Gobierno argentino intentó boicotearlo y ahora se reestrena como éxito que tiene adaptación en formato de serie Joan Didion aborda las dudas sobre la maternidad en sus diarios inéditos: “Usted no cree que pueda amar sin preocuparse” En 2019, la argentina Dolores Reyes publicó su primera novela, Cometierra . Trata de la historia de una adolescente que tiene visiones acerca de dónde y cómo están las personas desaparecidas cuando traga el material del que está hecho el suelo que pisa. Gracias a esa capacidad descubre que fue su padre quien mató a su madre a golpes, la primera de las mujeres –la mayoría de las víctimas lo son– a la que encuentra. Su poder sobrehumano la convierte en el recurso de los vecinos que buscan a alguien, que son muchos en su barrio de la periferia. Numerosos medios internacionales la escogieron uno de los mejores libros de aquel año y con el tiempo llegó a incluirse en las lecturas recomendadas de los cursos de secundaria en su país. La editorial Alfaguara la acaba de publicar de nuevo en España (la primera edición corrió a cargo de Sigilo) y la adaptación a televisión llegará a Amazon Prime en otoño. Todo era éxito para Cometierra hasta que, a finales de 2024, comenzó un ataque contra el título promovido por la Fundación argentina Natalio Morelli, que denunció que el libro –además de otros– no era adecuado para los adolescentes por su contenido sexual. La vicepresidenta de Argentina Victoria Villarruel alentó la persecución de la autora con una publicación en internet de dos fragmentos de la novela (aunque uno de ellos era de un trabajo de la escritora Gabriela Cabezón Cámara) acompañados por el comentario: “¡Dejen de sexualizar a nuestros chicos, saquen de las aulas a los que promueven estas agendas nefastas y respeten la inocencia de los niños!”. Reyes dice a elDiario.es que aquella experiencia fue “terrible”. “Al principio fue muy difícil porque recibía 400 o 600 mensajes por día, no solo insultos, sino con amenazas. Había fotos mías con mis hijos [tiene siete] y que terminaban diciendo ‘esto se soluciona con una bala’. Y es muy duro porque no se sabe cuándo van a pasar a la acción”, rememora. La única parte buena de todo este asunto fue el apoyo que recibió por parte de sus compañeros de la escena cultural, que organizaron una lectura colectiva de Cometierra en el Teatro Picadero y presentaron un comunicado de apoyo con 2.400 firmas. “Había muchísima gente, muchos lectores, estaba explotado. Nos dieron incluso las salas de abajo y el bar para que se pudiera habilitar con pantallas. Pero alguna gente decía que no importaba si no podían entrar, porque querían mostrar su apoyo y rechazar la censura en Argentina”, explica. Como el teatro no tenía más capacidad, se organizaron lecturas en plazas públicas, bibliotecas, clubes de lectura y en universidades de todo el país y durante meses le llegaron vídeos de estos actos. Sin embargo, jamás recibió una disculpa por la atribución de un texto que no era suyo ni por ninguno de los agravios que sufrió. “Nunca pensé que se iba a identificar un libro como un objeto peligroso, como si fuese una bomba. Pensé que esa discusión había quedado 50 años atrás”, afirma. Tampoco esperaba que la extrema derecha fuese a llegar al gobierno de Argentina, algo que señala como muy doloroso, aunque es optimista: “Yo siento que no es definitivo, ni mucho menos. Hay que construir alternativas que tengan que ver con la integración y el bienestar de toda la ciudadanía”. Reyes confía en que los adolescentes actuales tienen la posibilidad de establecer lazos que no estén tan atravesados por la violencia histórica que arrastra Argentina. Pero para ello es necesario que los adultos de ahora les enseñen a debatir y dialogar sin tratar de destruir al otro “como se ven en este tipo de palizas digitales”, afirma. A pie de calle La escritora conoce de primera mano los temas principales de su novela: los feminicidios, las desapariciones y la desigualdad social que lleva a la violencia. Es profesora de primaria desde hace décadas en el conurbano [la periferia] de Buenos Aires y cada día se enfrenta a esa realidad: “La escuela tiene primaria y secundaria, y absolutamente todos los años estamos buscando una niña de la escuela o una mamá”. Solo hace tres meses, siguieron el rastro de una madre que llevaba una semana sin localizar. Esas situaciones fueron, en parte, las que la impulsaron a escribir. “Siempre le estamos buscando la vuelta para activar y bajar estos índices tan enormes de violencia y por momentos nos juntamos, nos movilizamos y exigimos a nuestros gobernantes que se hagan cargo de esta problemática”, denuncia y añade: “Mi herramienta personal para cambiar algo es la escritura”. La figura de Cometierra, que da nombre a la novela, surgió en un taller de escritura. Hacía tiempo que escribía cuentos sobre feminicidios y cuando un compañero leyó un texto que terminaba con las palabras “tierra de cementerio”, se le apareció la imagen de una niña de unos ocho años de pelo largo en un campo de tumbas. “Ahí me surgió la idea de que la experiencia o la memoria pasara a la tierra, como los huesos y la carne”, afirma. Así, cuando la protagonista mastica el terreno, vuelven a ella los recuerdos de aquellos a los que buscan. Ese camposanto de la novela existe en la vida real, a 150 metros de la entrada de su centro de trabajo. Hay que construir alternativas que tengan que ver con la integración y el bienestar de toda la ciudadanía Dolores Reyes — Escritora Aunque se resiste, los vecinos acuden a ella para que busque a sus desaparecidos y empieza a ganar mucho dinero. Cometierra y su hermano ya no son pobres, pero no consiguen salirse de ese compartimento social que parece estanco. Ese determinismo de la clase en la que se nace es otro de los cimientos de la estructura de la novela. “El conurbano puede ser más grande que la ciudad misma. El distrito de La Matanza puede llegar a tener tres millones de habitantes y los niveles de pobreza, sobre todo en la adolescencia, son altísimos. Como los de la violencia contra las chicas jóvenes”, comenta la autora. Esa realidad la llevó a moldear la figura de la protagonista, que es hija de una víctima de un feminicidio. “Me interesaba que lo contara ella, que descubre su don en el momento en el que pierde a su madre. Me parece que la perspectiva era otra en comparación a varios libros que yo había leído que tocaban este tema en Argentina”, sostiene. Cometierra se enamora de un policía, un detalle que quizá choca porque las fuerzas de seguridad no siempre están del lado de las víctimas en la vida real. Y menos en un país donde la palabra ‘desaparecido’ aún es demasiado habitual 40 años después del fin de la dictadura. Pero la escritora matiza que es algo que resulta raro para la clase media argentina, pero que en los barrios entrar en la policía es quizá la única manera de conseguir un trabajo ‘en blanco’. Además, el origen de Cometierra y su enamorado es el mismo, por lo que no están tan alejados. “Hay algo de mi amor por el policial, por el investigador, que está puesto a jugar en el personaje, con todas las contradicciones que tiene también”, completa Reyes. El futuro de 'Cometierra' Aunque aún no se ha confirmado la fecha de estreno, la imagen promocional de la adaptación a la pantalla de Cometierra ya está en las redes sociales. El cineasta Daniel Burman es el responsable de esta serie de siete episodios que se alojará en la plataforma de streaming Amazon Prime Video. Estará protagonizada por la actriz mexicana Lilith Curiel y también contará con la presencia de Yalitza Aparicio, intérprete nominada al Óscar en 2019 por su papel en Roma , la película de Alfonso Cuarón. La autora de la novela no puede revelar demasiado acerca de la producción por un acuerdo de confidencialidad. Comenta que tuvo un papel activo al principio de la producción, porque trabajó con el equipo de guionistas para dar forma a los personajes y afirma que está muy contenta con el casting. “Fui a algunas localizaciones y vi filmar algunos casos. Fue una experiencia muy linda pensar que de una pequeña idea que salió de un taller literario, se llegaron a juntar 100 personas trabajando”, sostiene. También explica que está en contacto con la actriz principal y se juntan las veces que pueden, aunque llegó un punto en el que se desvinculó del proyecto: “Por mi lado me responsabilizo absolutamente por los libros, pero la serie le corresponde a los productores, al equipo de escritura que siguió y demás”. En ese momento, además, se encontraba en pleno proceso de escritura de Miseria , la segunda (y celebrada) parte de Cometierra y declara que “necesitaba volver a [su] universo”. Ahora mismo está en una situación parecida, ya que tiene en marcha una tercera entrega de esta historia que ya se ha convertido en una saga. “Lo que pasa es que esto me lleva cuatro o cuatro años y medio. Trabajo muchísimo en la trama y en el cómo, en las voces, los intercambios, quién cuenta y qué cuenta”, desgrana. Con esa forma primorosa de escribir ha gestado dos novelas que han levantado tantas pasiones que merece la pena esperar por la tercera, aunque solo sea por curiosidad.

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Poco después del éxito de ‘Superman’, su competencia superheroica busca la misma jugada persiguiendo una ingenuidad y un escapismo que (casi) nunca le funcionan James Gunn lucha contra la fatiga superheroica en un ‘Superman’ delicioso que desborda política y amor por el cómic Una escena clave define el cine de superhéroes del siglo XXI, y es aquella que en Los 4 Fantásticos de 2005 halla a Mr. Fantástico en el cuarto de baño. El personaje interpretado por Ioan Gruffud se ha quedado sin papel higiénico, pero no hay problema porque puede utilizar sus poderes para estirar el brazo y resolver tan delicada situación. Es un gag memorable en la medida que resume toda una forma de acercarse al género, de la que Josh Trank iba a querer alejarse por completo 10 años después al darle a su versión de Cuatro Fantásticos un tono oscuro y solemne. Quizá se quería parecer a Christopher Nolan , y el enorme fracaso de la película le demostró que no era la mejor idea. Quizá los tiempos habían cambiado, y el público estaba receptivo a un tono más dicharachero. Lo curioso es que la anterior 4 Fantásticos tampoco había llegado a cuajar. Es decir, desde luego ganó el dinero suficiente como para que produjeran una secuela ( Los 4 Fantásticos y Silver Surfer ), solo que envuelta en unas críticas pésimas. En los comienzos del siglo XXI no había una tendencia clara para el cine de superhéroes, si bien los éxitos de X-Men, los dos primeros Spider-Man de Sam Raimi o el Batman Begins de Nolan que se estrenaba ese mismo 2005 apuntaban al predominio de enfoques más serios, pendientes de extraerle épica y romanticismo al género superheroico. Frente a estos enfoques, Los 4 Fantásticos hacía chistes escatológicos y se burlaba de la condición de sus protagonistas de celebridades con su propio merchandising . ¿Por qué, sin embargo, no podemos hablar de una obra desconectada de su tiempo, como sí ocurre con la versión de Trank? Fácil, porque ese tono iba a ser algo así como pionero. Aquella 4 Fantásticos fue contemporánea al ascenso de Joss Whedon y de lo que se ha convenido en llamar “whedonismo”: dícese de un estilo de humor sarcástico, presto a rebajar cualquier situación dramática gracias a personajes que solo se comunican entre ellos con pullas y parecen ser conscientes de habitar una ficción. Whedon empezó a cultivarlo en Buffy, cazavampiros —en paralelo a una actitud abusiva que años más tarde le expulsaría de la industria— y se valió de él para blindar el estilo central del Universo Cinematográfico de Marvel, a través de la primera Vengadores . El humor desmitificador de Los 4 Fantásticos confluyó con el whedonismo a la hora de engrasar una maquinaria que aplastara cualquier inquietud creativa en favor de un molde fructífero, prorrogable a oleadas de películas cortadas por un mismo patrón. Ese es el legado de la primera 4 Fantásticos y del apretón de Mr. Fantástico, nada menos: superhéroes cercanos a fuerza, irónicamente, de distanciarse de las situaciones. Una vez transcurren 20 años, el inevitable regreso de Los 4 Fantásticos (ahora dentro del UCM oficial) debería ser orgánico, como una vuelta a casa. El problema es que, en esta Los 4 Fantásticos: Primeros pasos , hay mucho más en juego. El objetivo central es entregar por fin una película de Los 4 Fantásticos decente tras el desastre de Trank, de la mala reputación de las películas de los 2000 y de aquella adaptación de serie B que Roger Corman solo produjo allá por 1994 para que sus jefes no perdieran los derechos de adaptación (y ni siquiera llegó a tener un estreno propiamente dicho). Gracias a que Disney absorbió Fox hace seis años, es posible hacerlo en el seno del UCM. El problema es que Primeros pasos también surge en un contexto de fatiga superheroica, a la que se opone con una estrategia análoga a la de Superman hace solo un par de semanas : apartarse de los posibles motivos por los que parte del público está hastiada del género, y volver a las raíces con unos personajes clásicos y amados. Se le atribuye a los 4 Fantásticos, en efecto, la consolidación de Marvel en la industria del cómic de los años 60. Su creación a manos de Jack Kirby y Stan Lee allanaría el camino para Spider-Man, Hulk... los Vengadores, en definitiva. Así que se les conoce como la Primera Familia, incidiendo con ello en su gran particularidad como equipo superheroico: forman, propiamente, una familia. Reed Richards y Sue Storm (Mr. Fantástico y la Mujer Invisible) son pareja, Ben Grimm y Johnny Storm (la Cosa y la Antorcha Humana) su mejor amigo y su hermano respectivamente. Sus lazos afectivos son esenciales y parte de esta estrategia regresiva por parte de Marvel consiste en subrayarlo con actores igualmente simpáticos. El omnipresente Pedro Pascal con Vanessa Kirby, y Ebon Moss-Bachrach y Joseph Quinn llegados de los fenómenos televisivos The Bear y Stranger Things . El propio cásting ya denota un esfuerzo porque la película sea “encantadora” —pasando por alto lo cerca que está Pascal de quemar su rédito artístico a fuerza de acumular franquicias—, y porque lo sea en unas coordenadas sencillas. Frente a ellas se dibuja el motivo central de aquella fatiga superheroica, y un motivo que el propio Kevin Feige como líder de Marvel reconoce : hay demasiadas películas, con demasiados personajes y líneas narrativas interconectadas, que obligan al fan no tanto a disfrutar de sus historias como a hacer deberes. Gracias a este barullo se han dado satisfacciones extra como la afloración de cameos nostálgicos —también con su cuota de distancia irónica—, aunque todo tiene un límite. La grotesca Deadpool y Lobezno acaso mostró cuál era. Los 4 Fantásticos a punto de enfrentarse a Galactus Así que Primeros pasos quiere ser independiente. La estrategia para ello es hábil: aprovechar que el MCU se ha establecido como multiverso con varias realidades, y situar en una de ellas a los 4 Fantásticos como superhéroes estrella. Además, en una versión retrofuturista de los años 60, la época que les vio nacer y por la que resulta oportuno el fichaje de Matt Shakman como director: él viene de Bruja Escarlata y Visión , una elogiada serie de Marvel, donde ya jugueteaba con imaginarios de mediados del siglo XX a base de colocar a los personajes en una recreación de la sitcom estadounidense. Con estos mimbres, debieron pensar los directivos de la Casa de las Ideas, solo faltaría mantener las esencias en cuanto a escritura y retazos del whedonismo, y lo lograrían. La gente volvería a tener fe en los superhéroes. Triunfarían justo donde acaba de hacerlo Superman . Y aquí es cuando viene lo delicado. Cuando Los 4 Fantásticos: Primeros pasos acumula los chistes sarcásticos con el ritmo habitual, y no le entra ni uno. Intenta que sus personajes sean carismáticos, pero solo vemos a intérpretes aguardando el cheque. Cuando intenta ser romántica y naíf , solo vemos una fría y mecánica operación quirúrgica. Vamos, que no cuela. Un mundo que no apetece salvar Hay que apuntar que la jugada de Los 4 Fantásticos en el marco global del UCM no es excepcional, ni implica una promesa de que vengan después más películas únicamente comprometidas con su propia historia. En 2019 Capitana Marvel desplazó la mirada a los años 90 de forma que pudiera incorporar al personaje de Brie Larson en la inmediatamente posterior Vengadores: Endgame , y es tal cual lo que va a suceder ahora: los 4 Fantásticos se unirán al catálogo habitual de personajes en Vengadores: Doomsday , a estrenarse en 2026 con la promesa de traer de vuelta a varios de los antiguos actores de X-Men . No es que haya exactamente un propósito de enmienda por aquí. Lo que sí que hay, podemos reconocerlo, es un intento de armar una película a la antigua usanza. No una “entrega”, ni un “reboot” ni cualquier otra palabra inhumana de esas. Al igual que en Superman , lo intenta sin recurrir a las sobadas historias de orígenes y reflexionando sobre qué hay de especial en estos personajes. Primeros pasos proclama que es la familia, y si acaso el modo en que este amor interno puede entrar en conflicto con el ejercicio superheroico cuando además no se cuenta con una identidad secreta, cuando el superhéroe es una figura pública. Estos apuntes, interesantes sobre el papel, nunca llegan a rendir del todo por la inercia con que están escritos los personajes. Pedro Pascal suma otra IP tras DC, Star Wars y The Last of Us También por la rutina que rastreamos en la narración de Los 4 Fantásticos , de un ritmo muy deficiente. Parte de esta operación de reavivar el alma marvelita con electroshocks pasa por dejarle a Michael Giacchino que componga una nueva y eufórica banda sonora, continuando aquello que hizo tan bien en el Batman de Robert Pattinson . Y en efecto el tema principal de Los 4 Fantásticos es excelente, puede mirar con arrogancia la cobardía del vecino Superman (donde Gunn se resignó a reciclar la música de John Williams). El problema es que las imágenes de la película de Shakman nunca son lo divertidas ni emocionantes que promete esta banda sonora. Hay una llamativa carencia de acción en Los 4 Fantásticos , cuyo armazón dramático podríamos resumir como la difícil negociación de los héroes con el villano intergaláctico Galactus para que no devore la Tierra. En el marco de esta larga negociación podemos divisar alguna que otra virtud — Primeros pasos , persiguiendo cierto rigor sesentero, juguetea mucho con la ciencia ficción vintage a través de las ocurrencias pseudocientíficas de Mr. Fantástico o de, sobre todo, cierta persecución a través de un agujero de gusano que supone la cumbre del film—, así como la falta de ideas para que brillen los poderes tan supuestamente fantásticos de los personajes. En esto cabe acordarse, por contraste, de las posibilidades que sí supo divisar la animación cuando Brad Bird se inspiró sin sonrojo en los 4 Fantásticos para Los increíbles —solo comparar los estiramientos de este Mr. Fantástico con Elastigirl da la medida del fracaso expresivo del filme que nos ocupa—, y asumir que el atractivo del envoltorio retro no es suficiente. La película es incapaz de transmitir una alegría genuina por el lecho cultural en que se enmarca, enfangándose en lo que parecía que eran los materiales primordiales y al final solo resultan integrar un vacío ominoso. Un vacío que pudo disimular la película de los 2000 o más tarde Joss Whedon, gracias seguramente a que tenían la época de su parte… pero esta, en definitiva, no es época para Los 4 Fantásticos: Primeros pasos . Y definitivamente los superhéroes incapaces de defender por qué deberían importarnos lo más mínimo merecen todo nuestro rechazo. En eso consiste la fatiga superheroica.

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La Inspección de Trabajo resuelve que el gigante tecnológico actúa de forma “arbitraria” e ilegal al no reconocer un mes de trabajo sindical, correspondiente a 40 horas, a los delegados del centro logístico de Corvera Catalunya multa a Amazon por ocultar los algoritmos con los que mide la productividad de sus trabajadores Una resolución emitida este martes por la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Murcia ha dictaminado que la filial de Amazon conocida como Amazon Spain Fulfillment S.L. no está respetando los derechos sindicales de sus delegados en el centro logístico de Corvera (Murcia), al no reconocerles 40 horas de trabajo sindical al año, equivalentes a una semana de trabajo. Las multas derivadas de este tipo de incumplimientos, que se imponen tras las resoluciones, van desde los 3.000 hasta los 8.000 euros, con la posibilidad de elevarse hasta los 12.500 dependiendo de lo recurrentes que sean las infracciones, según explica a esta redacción Óscar Jover, delegado sindical de CGT en el centro de Amazon en Corvera, que emplea a unas 2.000 personas. Las cuantías, explica, están recogidas en el texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social (TRLISOS). La denuncia, interpuesta por el propio Jover, señala a Amazon por interpretar que el crédito horario sindical, que son las horas que los delegados dedican a tareas sindicales -40 mensuales por delegado-, es aplicable solamente durante once meses al año, dejando un mes sin reconocimiento de este derecho, presumiblemente agosto. Sin embargo, argumenta Jover, la empresa no cierra durante ningún mes al año su centro logístico murciano y, los trabajadores, en su mayoría empleados a turnos, casi nunca tienen la posibilidad de coger las vacaciones de forma continuada, por lo que se ven obligados a fraccionarlas. “Esta práctica supone una limitación arbitraria y unilateral de los derechos sindicales”, denuncia Jover. La Inspección de Trabajo, tras concluir su investigación del asunto, coincide y asegura que “no hay base legal para suprimir este derecho durante un mes al año”. Una práctica contraria al Estatuto de los Trabajadores que, sin respaldo del convenio colectivo o un acuerdo expreso con los sindicatos, es ilegal, según el organismo público. Malestar en Corvera “Como norma general, Amazon hace y deshace, sin preguntar. Tú denuncias y, cuando llega la resolución, vuelves a lo que debería ser normal”, explica Jover a elDiario, que añade que aún no ha mantenido comunicación con la empresa tras conocer la resolución, pero que este tipo de actas de infracción son “constantes”. “Estamos en desacuerdo con la resolución de la Inspección de Trabajo y nos reservamos el derecho a recurrir. Seguiremos colaborando para responder a sus preguntas y peticiones al respecto”, han apuntado a esta redacción fuentes de Amazon. El delegado sindical también ha denunciado ante la Inspección de Trabajo que, a veces, los días festivos se solapan con días de descanso en el centro logístico de Corvera, inaugurado en 2021 en las inmediaciones d el aeropuerto Internacional de la Región de Murcia . Una denuncia interpuesta hace nueve meses, al mismo tiempo que esta otra, y de la que espera pronto una resolución, también favorable. No es la primera multa al gigante tecnológico A principios de junio, se conoció otra multa impuesta a Amazon por parte de la Generalitat de Catalunya por no compartir con los sindicatos el funcionamiento del algoritmo encargado de monitorizar la productividad de los más de 2.000 empleados que trabajan en su centro logístico de El Prat de Llobregat, situado en las inmediaciones del aeropuerto de Barcelona. El juzgado de lo Social nº 42 de Madrid también condenó al gigante logístico en 2024, tras una denuncia de UGT, por emplear repartidores como falsos autónomos . Según fuentes del sindicato, los repartidores eran obligados a trabajar con su propio vehículo para entregar paquetes utilizando una app de la compañía denominada ‘Amazon Flex’ que les marcaba la forma de trabajar. Las cuantías de estas sanciones son prácticamente simbólicas para una de las empresas pertenecientes al grupo de los '7 Magníficos' de la bolsa estadounidense, formado por compañías tecnológicas de gran capitalización en el Nasdaq y el SP&500, como Google o Microsoft. Las acciones de Amazon se han revalorizado cerca de un 25% en el último año pese a las tensiones geopolíticas y arancelarias. En España, la empresa emplea a alrededor de 28.000 personas entre todas sus filiales, según datos de principios de año, lo que la convierte en una de las compañías que más empleo ha generado en el sector privado en los últimos años. La multinacional elevó sus ingresos brutos un 12,6% en España durante el último ejercicio, alcanzando los 8.000 millones de euros en 2024.

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El Consejo de Administración de Sepes aprueba la licitación para comenzar las obras, con el objetivo de que las máquinas no salgan de los terrenos hasta que no se haya terminado la operación Las claves de la Operación Campamento y cómo el Ministerio de Vivienda busca “hacer barrio y no solo casas” La Operación Campamento es una vieja conocida en Madrid. El desarrollo urbanístico lleva desfilando por despachos y administraciones durante casi tres décadas, pero el acuerdo entre el Ministerio de Vivienda y el Ayuntamiento de Madrid, el pasado mes de septiembre, para desbloquear la situación dará vía libre a la construcción de 10.700 pisos sobre unos antiguos terrenos militares, que pertenecían al Defensa. Este lunes, el Consejo de Administración de Sepes, la entidad pública del suelo, ha aprobado la licitación para las obras de demolición de algunas de las edificaciones sin uso en los terrenos sobre los que se levantará el nuevo barrio. El contrato, que se publicará estos días en la Plataforma de Contratación del Sector Público, tiene un valor de 4,66 millones de euros. A la espera de la empresa adjudicataria, las tareas por delante incluyen la demolición de 37 naves en desuso, destinadas a almacenamiento, labores logísticas de acuartelamiento o para los soldados; 10 garitas de vigilancia; y 10 cerramientos que delimitan el perímetro del recinto anterior. Algunas edificaciones se conservarán, por su valor arquitectónico o por estar protegidas, como el Cuartel Alfonso XII o la Torre de Tiro del Polígono Experiencias, que se levantó en 1870. La idea es que estos edificios sirvan para usos dotacionales del futuro barrio, que se construirá en tres fases y que incluirá el soterramiento de la A5. El objetivo de Sepes, la empresa pública adscrita al Ministerio de Vivienda sobre la que el Gobierno quiere vertebrar la nueva empresa pública con capacidad para promover y construir vivienda, es que los trabajos de demolición comiencen cuanto antes y que, una vez que entren las máquinas en los terrenos las obras ya no se frenen hasta que las 10.700 viviendas no estén listas para entregar a los inquilinos o propietarios, todas ellas a precio asequible y garantizando que serán públicas para siempre. Desde Vivienda consideran el nuevo barrio de Campamento como “la actuación de regeneración urbana pública más importante a nivel estatal, con más de 211 hectáreas que albergarán más de 10.700 viviendas a precios asequibles en el suroeste de Madrid”. Un proyecto de urbanización que, según destacan desde Sepes, “recoge los principios fundamentales de un urbanismo acorde con los objetivos de desarrollo sostenible”, al contemplar “una apuesta por la movilidad sostenible y la mejora de todas las redes de servicios e infraestructuras urbanas”. Para continuar con las obras una vez finalicen las demoliciones, Sepes necesita la aprobación definitiva del proyecto de urbanización, presentado al Ayuntamiento de Madrid, que ya ha dado el visto bueno inicial. De los 2,1 millones de metros cuadrados, que el Gobierno central comparte con el Consistorio, el 25% se destinarán a esas 10.700 viviendas, con manzanas semiabiertas y bloques con locales comerciales. El 34,4% estarán destinados a carreteras, el 17,3% a zonas verdes y el 15,4% a distintos equipamientos. Como indicaron la directora general de Sepes, Leire Iglesias, y el gerente técnico Jorge Arévalo en mayo, en torno a un 60% de las viviendas serán públicas y el otro 40%, libres. Pero no al 100%, puesto que todas ellas contarán con algún tipo de protección, en línea con el compromiso de la Ministra Isabel Rodríguez, de que todo suelo o euro público destinado a vivienda lo sea para siempre. En este sentido, este departamento trabaja en fórmulas que permitan blindar la asequibilidad de las viviendas que se vendan, para que no se pueda especular con esta operación.

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Aquinerja S.L., una inmobiliaria del municipio malagueño administrada y participada por el exconcejal del PP, Bernardo Pozuelo, está entre las investigadas como posible "sociedad instrumental" que usaba el despacho fundado por el exministro, Equipo Económico, para el desvío del dinero que recibía de las empresas a cambio de beneficios fiscales desde el Gobierno de Rajoy La investigación judicial que mantiene imputado a Cristóbal Montoro, junto a toda la cúpula de su Ministerio de Hacienda, por ayudar a empresas privadas a pagar menos impuestos a cambio de dinero tiene ramificaciones en Andalucía. El llamado caso Montoro, que empezó a investigarse judicialmente hace siete años, revela una complicada trama donde la asesoría del despacho Equipo Económico fundado por el exministro actuaba supuestamente como intermediario entre grandes empresas –de las que recibía pagos millonarios– y el Ministerio de Hacienda, que a cambio impulsaba rebajas fiscales o influía en reformas legales en su favor. Los beneficios que obtenía Equipo Económico –epicentro de la investigación– fueron presuntamente desviados a través de “un entramado de sociedades pantalla y testaferros” para ocultar el rastro del dinero y a sus beneficiarios finales, según consta en el sumario. El juez de Tarragona que instruye el caso trata de esclarecer si estas empresas fueron utilizadas para “blanquear los beneficios obtenidos de las actividades presuntamente ilícitas” y “poner a disposición de terceras personas o entidades parte del cobro de las comisiones”. Dos de las supuestas “empresas pantalla” con domicilio fiscal en Andalucía –Econodos, SL (Nerja; Málaga) y Consultoría y Diagnóstico S.L. (Jaén) “prácticamente tenían como cliente único” a Equipo Económico, y sus ingresos en el periodo investigado (entre ambas le facturaron seis millones de euros) “provenían casi en su totalidad del despacho”. En el voluminoso sumario del caso Montoro aparecen empresas de Sevilla, Jaén y Málaga. Pero destaca, por encima de todas, la concentración de cinco “sociedades instrumentales” en el municipio malagueño de Nerja (22.000 habitantes), investigadas por sus vínculos con los socios del bufete imputados por delitos de fraude contra la administración pública, cohecho, prevaricación, tráfico de influencias, corrupción en los negocios, negociaciones prohibidas y falsedad documental. Econodos, con un único cliente: Equipo Económico Econodos, S.L., una de las empresas “relevantes” en la que los investigadores han centrado su atención, tiene su domicilio social en una urbanización de este pueblo axárquico –en un número de la Urbanización Pueblo Chimenea–, adonde lo trasladó en 2016. Hasta diciembre de 2015, uno de sus administradores era Ricardo Martínez Rico, quien, junto a Montoro, es uno de los socios fundadores del despacho Equipo Económico, presidente ejecutivo del mismo y hermano del jefe de gabinete del exministro de Hacienda. Actualmente, Martínez Rico sigue teniendo el control de la entidad, ahora a través de Falumar Inversiones, S.L. una entidad domiciliada en Madrid de la que es administrador único. Además, los Mossos investigan a Limacar, S.L como “sociedad instrumental” y por su relación con los flujos de dinero de los socios de Equipo Económico. Entre las operaciones bajo sospecha figura la compra de un inmueble en 2010 por 700.000 euros al “Grupo familiar Armijo González”. Los vendedores del inmueble fueron Miguel Armijo Platero y sus cuatro hijos: Adela Inmaculada Armijo González; Jesús María A.G; José Manuel A.G y Miguel A.G. Este inmueble en Nerja se ha convertido en el domicilio social de Limacar, según se recoge en el sumario. Miguel Armijo González fue concejal de Vox en el mandato 2019-2023, y si apoyo fue determinante para que José Alberto Armijo (cuya relación familiar no consta a este medio) retuviera la alcaldía. La empresa Econodos, SL tenía como administrador único a Ricardo Martínez Rico, socio fundador de Equipo Económico junto a Montoro. En el sumario consta un ingreso de Martínez Rico a Econodos por un total de 110.880 euros. También figura el nombre de Covadonga Gómez Garrido, trabajadora del despacho, como “perceptora de haberes” de la firma malagueña. La sede social es, según resaltan los investigadores, la misma dirección que otra de las empresas investigadas –Limacar, SL–, en el mismo número de la urbanización Pueblo Chimenea, de Nerja, una coincidencia que destacan como indicio delictivo. Pueblo Chimenea es una urbanización cerrada que desemboca en una pequeña plazoleta que hace las veces de atalaya sobre la playa de Burriana. Según ha podido comprobar este medio, no hay aquí en la actualidad signo de actividad económica alguna, ningún comercio o cartel que anuncie un despacho u oficina; solo casas adosadas, alguna con una piscina y un pequeño jardín , dispuestas sobre la ladera. La del número investigado por el juez sobresale porque su exterior con gotelé recubre una vivienda notablemente más grande y moderna que las de alrededor, pero nada indica a pie de calle que aquí desarrolle su actividad una empresa llamada Econodos,S.L. Los investigadores apuntan a Econodos SL como una de las empresas que usaba la trama para canalizar fondos desde el despacho fundado por Montoro. Se constituyó en 2008, el mismo día, con el mismo notario y los mismos protocolos que otras empresas investigadas –Tutman Fiscalía SL y Consultoría y Diagnóstico SL– lo que los investigadores interpretan como un indicio de “estrategia concertada” para usarlas como sociedades instrumentales. El análisis de esta mercantil desvela que, como otras firmas investigadas, tenía como cliente único al despacho Equipo Económico, al que le facturó 3,6 millones entre 2008 y 2017, lo que representaría el 99,24% de su cifra de ventas en ese período. “Los ingresos de dichas empresas los obtienen prácticamente de la facturación realizada a Equipo Económico, como único cliente, lo que revelaría la posible ausencia de actividad comercial y apoya la tesis de que se trataría de empresas pantalla”, concluyen los investigadores, que ven “importante” identificar a las personas que se sitúan detrás de estas sociedades “o si tapan el reparto de los beneficios con antiguos socios”. El ex concejal del PP de Nerja, Bernardo Pozuelo, entrega el bastón de mando al alcalde del municipio, José Alberto Armijo, en 2011. Arquinerja, vinculada a un exconcejal del PP Otra de las firmas investigadas como parte del entramado societario en Nerja es una promotora inmobiliaria (Arquinerja S.L), cuyo administrador único es Bernardo Pozuelo, concejal del PP y responsable del área de Turismo en este municipio de la Costa del Sol entre 2011 y 2015. Según el sumario, esta empresa también actuaba como una “sociedad instrumental” y era utilizada por los socios de Equipo Económico para “desviar fondos o blanquear capitales” de los beneficios que obtenía el despacho. Arquinerja S.L., sociedad constituida en 1998, figura en el Registro Mercantil como una pyme con sólo dos trabajadores, administrada y participada por Pozuelo, con un patrimonio neto y pasivo de 3,2 millones de euros (en el ejercicio 2023, último dato publicado) y una facturación anual fluctuante entre 2010 (190.000 euros) y 2022 (1,1 millón de euros). Pozuelo es un arquitecto muy conocido en la zona, y en el mandato 2011-2015 fue concejal de Turismo del PP del Ayuntamiento de Nerja, un municipio que lleva más de tres décadas gobernado por los populares. Fuentes del municipio recuerdan a este periódico que su recuperación para la política (tras su paso por la misma concejalía en los años 80) generó controversia. IU criticó el nombramiento por los expedientes de infracción urbanística que acumulaba, y Pozuelo llegó a firmar un acta notarial comprometiéndose “a no trabajar como arquitecto en Nerja durante el tiempo que sea concejal”. Con posterioridad, ha firmado destacados proyectos como la renovación del emblemático Balcón de Europa o de la plaza de las Carmelitas, en Vélez-Málaga. El juez ha solicitado información bancaria de su empresa para conocer sus movimientos financieros, aunque el sumario no recoge ningún pago directo por parte de Equipo Económico a Arquinerja S.L. En conversación con este periódico, Pozuelo reconoce que su empresa tuvo “una participación del 15%” en una de las sociedades ligadas al despacho fundado por Montoro –Narixa Homes, SL–, pero asegura que “a los dos meses de constituirse, se la vendió a sus socios y me salí por motivos de salud, económicos y personales”. Un cuadro aportado al sumario por la Agencia Tributaria muestra que su participación en 2017 ya no existía en 2018. Pozuelo niega haber recibido ningún pago “directo” del bufete Equipo Económico en el tiempo que fue administrador de Narixa Homes, SL –“ni siquiera recordaba cómo se llamaba la empresa”– y dice no entender por qué aparece su nombre en el sumario y su inmobiliaria entre las sociedades investigadas. El exconcejal del PP asegura que no es miembro del partido y que figuró en la lista electoral “como independiente”, también en la corporación municipal. Narixa Homes está domiciliada en Madrid, pero sus vínculos con Nerja son palmarios. Narixa es el antiguo nombre en árabe de Nerja, presente en múltiples comercios de la localidad. Según el sumario, además de Arquinerja eran socios en Narixa las entidades Falumar (12%, participada y administrada por Ricardo Martínez Rico), White Light Solutions (6,5%, controlada por Salvador Ruiz Gallud, otro de los socios de Equipo Económico), Tutpim, S.L. (12%, controlada por Manuel Vicente Tutor, socio director de Equipo Económico), Piro Yield (12%, vinculada a Francisco Piedras Camacho, socio de Equipo Económico) y, muy destacadamente, Grupo Empresarial Lual, S.L., que ostenta el 42% de Narixa Homes. Esta es una destacada promotora nerjeña dirigida por los hermanos Álvarez de Rivera Luque, promotores, constructores y gestores de alquileres inmobiliarios, según detallan fuentes locales. De esta distribución societaria se deduce que dos empresas de Nerja (Arquinerja y Grupo Lual) vinculadas a los proyectos de arquitectura y la promoción de viviendas en la localidad, se embarcaron en una entidad, Narixa Homes, en la que los otros cuatro socios eran empresas del núcleo duro de Equipo Económico. Dos inmuebles de Jaén ligados al despacho Las de Nerja no son las únicas empresas andaluzas bajo investigación. En Jaén, provincia de la que es natural el exministro de Hacienda, los investigadores señalan a la firma Consultoría y Diagnóstico S.L., cuyo administrador único entre 2009 y 2015 fue Francisco de Asís Piedras Camacho, socio director y responsable del área financiera del despacho Equipo Económico, y antes director general del Gabinete Técnico en el Ministerio de Hacienda con Montoro. Entre 2008 y 2015, esta consultora recibió casi 2,5 millones de euros del despacho Equipo Económico, que también ejercía como cliente único de esta firma. Según los investigadores, parte de ese dinero se usó para la adquisición de dos inmuebles en Jaén capital (uno de uso residencial y otro como almacén y aparcamiento) y para la compra de otras sociedades (Promociones Residenciales Lualca, en 2014). Los Mossos han solicitado información fiscal a la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) sobre esta firma. En Málaga, además del rastreo a la inmobiliaria Arquinerja S.L., aparece en el sumario Andaluza de Gases, S.A, responsable de una instalación de gas en la carretera Sevilla-Málaga, kilómetro 6,300, e identificada como una “instalación beneficiada”. La “influencia invisible” de Abengoa Una de las grandes empresas que fueron “invitadas” u “obligadas” a contratar al despacho de Montoro para obtener influencia en el Gobierno de Rajoy fue la multinaconal Abengoa, de Sevilla. Equipo Económico le facturó 4,4 millones de euros a cinco sociedades del Grupo Abengoa entre 2008 y 2017, coincidiendo con un periodo de modificaciones legislativas en beneficio de esta firma. Según el modus operandi descrito en el sumario, la empresa pagaba al despacho por “informes estratégicos” que, en realidad, no tenían el valor que se desprende de las facturas, a cambio de reformas legales que la beneficiaban. Los investigadores subrayan que se pagaba por una “influencia invisible”. Abengoa obtuvo un beneficio legislativo específico en el sector de las energías renovables que le resultó considerablemente ventajoso, según la investigación. Montoro habría “frenado” o suavizado reformas legales que buscaban reducir las ayudas a las empresas de energía renovable. Mientras la mayor parte del sector eléctrico sufría en Bolsa, relata el sumario, Abengoa protagonizó una “espectacular subida en 2014”, consecuencia, en parte, de que Montoro maniobró para que el Gobierno le otorgara un “tratamiento más suave” del inicialmente previsto para las renovables. Una de las revelaciones clave que cita el sumario es que, desde el gabinete del Ministro de Hacienda llegó una “propuesta” para suavizar la reforma energética que llevaba “el membrete de Abengoa”, algo que Montoro ha negado tajantemente. En el sumario no aparece ese documento con el supuesto membrete de la compañía.

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El primer ministro Keir Starmer dice que está buscando un momento en que el anuncio tenga “el máximo efecto” pero varios ministros y políticos laboristas dicen que la oportunidad es ahora Los palestinos se mueren de hambre en Gaza en medio de otra ofensiva israelí: “Es el infierno en la Tierra” Una de las promesas electorales del primer ministro británico, Keir Starmer, fue reconocer a Palestina como Estado. Dijo que lo haría “en el marco de un proceso de paz”, pero sin esperar a llegar al final o a que Israel diera su beneplácito. Un año después de su llegada al poder, no hay un proceso de paz a la vista, pero ahora repite que lo hará al menos cuando esa decisión tenga “el máximo efecto”. La conversación se ha intensificado en las últimas semanas en coordinación con el presidente francés, Emmanuel Macron, más inclinado a dar el paso ahora, y con una presión creciente dentro del Gobierno británico y del Partido Laborista mientras se agrava la crisis humanitaria en Gaza e Israel emprende una nueva ofensiva en el centro de la Franja. “Solemos decir que reconocer el Estado palestino es un símbolo muy importante que sólo puedes hacer una vez. Pero si no es ahora, ¿cuándo?”, dice un miembro del Gobierno británico a The Guardian . “Mientras quede algo que reconocer” La presión para que Starmer dé el paso ya es pública mientras se agrava la crisis humanitaria y crecen las denuncias de organizaciones internacionales y los pocos medios que trabajan en Gaza. Este martes el ministro de Sanidad y uno de los políticos más destacados del partido, Wes Streeting, defendió la unidad de la “comunidad internacional” para reconocer Palestina “mientras todavía quede algo de Estado de Palestina que reconocer”. En una comparecencia ante el Parlamento, el ministro de Sanidad criticó en particular el “intolerable” ataque de Israel ese día contra una residencia y un almacén de la Organización Mundial de la Salud (OMS). “Condeno los ataques de Israel contra los trabajadores sanitarios igual que contra otros civiles inocentes que intentaban acceder al cuidado médico u otra ayuda vital”, dijo Streeting. “Estas acciones van mucho más allá de la legítima defensa y dinamitan las posibilidades de paz”. Es uno de los ministros que más está insistiendo en que el Reino Unido se una a Francia para dar el paso de reconocimiento ya, pero no es el único. Además, una sesentena de diputados laboristas lo pidieron hace unos días en una carta al ministro de Exteriores, David Lammy. Y este miércoles el alcalde de Londres, el influyente y popular Sadiq Khan, también ha dicho que ha llegado el momento de que el Reino Unido haga este gesto. “El Reino Unido tiene que reconocer inmediatamente el Estado palestino. No puede haber una solución de dos Estados si no queda ningún Estado viable que se pueda llamar Palestina”, dijo Khan, también miembro de las filas laboristas, en un comunicado. Este miércoles, más de 30 ex embajadores y otros diplomáticos del Reino Unido firmaron una carta para pedirle a Starmer acciones más contundentes frente a la guerra de Gaza. “Los riesgos de la pasividad tienen implicaciones profundas, históricas y catastróficas” e Israel “no podrá estar seguro” si no hay un acuerdo político, dice el texto, que considera que las medidas del Gobierno británico hasta ahora han sido demasiado limitadas. El reconocimiento del Estado palestino sería “un primer paso para romper el statu quo mortal”, dice la carta de los diplomáticos. Algún tipo de “proceso” Starmer ya ha rebajado las condiciones para el reconocimiento de Palestina. Por ejemplo, ya no habla de la necesidad de un “proceso de paz”, sino de un “proceso”. Lammy, el ministro, dice que un alto el fuego, que el Reino Unido pide insistentemente, contaría como “proceso”. Lammy también dice que el objetivo del Reino Unido no es el reconocimiento en sí mismo sólo simbólico, sino que de verdad haya una solución que pase por dos Estados en paz, como decían los acuerdos de Oslo en los años 90. El Parlamento británico ya aprobó en 2014, durante el Gobierno conservador de David Cameron, una llamada al reconocimiento del Estado palestino: la resolución fue aprobada por 274 votos a favor y 12 en contra. Varios gobiernos han repetido desde entonces que estaban de acuerdo con la idea, pero que tomarían la decisión cuando sirviera mejor al objetivo de alcanzar la paz en la región. Más de 140 países reconocen la existencia del Estado palestino, la mayoría por decisiones tomadas en los años 80, durante la Guerra Fría. Por ejemplo, los países del centro y el este de Europa que estaban al otro lado del llamado Telón de Acero hicieron entonces ese reconocimiento. Desde el comienzo de la actual guerra de Gaza, cuatro países en Europa han dado ese paso: España , Irlanda, Noruega y Eslovenia, en primavera de 2024. Pero estos son países con poca capacidad militar, no especialmente cercanos a Israel y escasa influencia en la zona. En cambio, un reconocimiento del Reino Unido, Francia, Alemania o Estados Unidos tendría un impacto mayor por su dimensión en la escena internacional y sus lazos con Israel. Presión de la opinión pública La presión interna es uno de los factores que está haciendo cambiar a algunos de estos países. De hecho, la opinión pública británica, que estaba más dividida al principio de la guerra, ahora ha girado claramente contra el Gobierno de Israel. El 55% de los encuestados en el Reino Unido son contrarios a las acciones de Israel en Gaza y el 18% las apoya, según la última encuesta de YouGov , con datos de esta semana que muestran el aumento de críticos con Netanyahu desde febrero. Más del 80% de los que se oponen a lo que está haciendo Israel lo define como “un genocidio”. Y hay mayorías claras a favor de que el Gobierno británico aplique un embargo de armas e incluso de cualquier otro bien y sancione a más políticos y otros individuos. Incluso entre los votantes que se definen como conservadores, hay más personas que están a favor de estos castigos que en contra. El Gobierno de Starmer ya ha suspendido licencias de venta de armas, ha roto sus negociaciones comerciales con Israel y ha sancionado a colonos de Cisjordania y a ministros del Gobierno israelí por “incitar la violencia” contra los palestinos. El comunicado de más de 100 organizaciones humanitarias publicado este miércoles con la denuncia de la emergencia por “hambruna masiva” para los civiles y para sus propios trabajadores incluye a numerosas ONG británicas, que tienen un papel especial en la sociedad civil en el Reino Unido. Conferencia de la ONU La oportunidad de reconocimiento puede llegar en la conferencia ministerial sobre Palestina de Naciones Unidas que empieza el próximo 28 de julio con Francia y Arabia Saudí como anfitriones. Francia, de hecho, estaba apuntando hacia esa ocasión para el reconocimiento. Macron se reunió este mes con Starmer durante una visita de Estado de tres días, y también abordaron la cuestión. El primer ministro británico, Keir Starmer, y el presidente francés, Emmanuel Macron, durante una rueda de prensa en el 10 de julio, en Northwood, Inglaterra. Fuentes diplomáticas de la UE explican que Francia está liderando esta idea para conseguir coordinación y más apoyo de otros países en este movimiento simbólico mientras el Gobierno de Benjamin Netanyahu sigue desoyendo todas las llamadas legales y políticas a que pare la ofensiva, minimice bombardeos y tiroteos contra civiles o asegure la entrada de ayuda humanitaria. El Gobierno de Netanyahu ha respondido con dureza y desafío ante cualquier castigo, descrito como una ayuda al terrorismo de Hamás, por ejemplo las sanciones contra ministros israelíes por parte del Ejecutivo británico. Netanyahu está más seguro por la alianza con el presidente Donald Trump, que, por ejemplo, nada más llegar a la Casa Blanca suspendió las sanciones que el Gobierno de Joe Biden había impuesto contra los colonos violentos de Cisjordania. Pero, pese a las dudas actuales sobre el efecto de una declaración simbólica, reconocer formalmente un Estado que apenas existe es una herramienta diplomática que han utilizado gobiernos de manera habitual en las últimas décadas. Croacia y Eslovenia todavía están agradecidas por el reconocimiento temprano de Alemania en 1991 cuando la mayoría de sus vecinos europeos preferían esperar. Estados Unidos y Francia reconocieron Kosovo el 18 de febrero de 2008, unas horas después de la declaración unilateral de independencia de Serbia y antes que otros países europeos (España, como Rusia, China o Grecia, sigue sin reconocer a Kosovo como Estado).

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Una ley que debilita la independencia las agencias anticorrupción ha provocado las primeras protestas serias contra el Gobierno La polémica ley sobre corrupción en Ucrania desata las mayores protestas desde el inicio de la invasión rusa El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, ha dado su visto bueno a un polémico proyecto de ley que, según los críticos, debilitará la lucha contra la corrupción . Su transformación en ley ha desencadenado las primeras protestas serias contra el Gobierno ucraniano. ¿A qué se deben las protestas? La Rada Suprema, como se llama el Parlamento ucraniano, aprobó que dos agencias independientes pasaran al control efectivo del Gobierno. Se trata de la Agencia Nacional Anticorrupción (NABU, por sus siglas en ucraniano) y la Fiscalía Especializada Anticorrupción (SAPO, por sus siglas en ucraniano). El fiscal general del país tiene ahora la potestad de cerrar los casos contra altos cargos y las investigaciones pueden transferirse a otros organismos. Zelenski podría haber vetado el proyecto de ley, pero lo convirtió en ley a última hora de la noche del martes. En un discurso grabado en vídeo, Zelenski explicó que necesitaba limpiar de influencia rusa a las “estructuras anticorrupción” ucranianas. Sugirió que las dos agencias eran culpables de filtrar información a Moscú y las acusó de no seguir adelante cuando los casos iban contra autoridades ucranianas residentes en el extranjero. ¿Cómo ha reaccionado la sociedad civil? Hay mucha gente furiosa. Horas antes de que Zelenski firmara el proyecto de ley, unos 1.500 jóvenes se manifestaron frente a su oficina presidencial en Kiev. ‘Veto a la ley’, ‘Vergüenza’ y ‘Nosotros somos el poder’, coreaban. Algunos ondeaban pancartas con el número 12412 tachado, en referencia a la nueva ley. También hubo manifestaciones en Leópolis, en Dnipró y en Odesa. Los activistas sostienen que Zelenski ha violado el contrato social informal que existía entre el Gobierno y la sociedad desde que en 2022 comenzó la invasión rusa a gran escala, por el que guardaban silencio sobre los errores oficiales debido a la precaria situación bélica del país. El objetivo prioritario era que Ucrania sobreviviera como Estado y como nación. Dicho acuerdo parece haber llegado a su fin, junto con el estatus de Zelenski como líder indiscutible. Los opositores sostienen que el presidente y su equipo están cayendo en el autoritarismo y advierten de un regreso a los antiguos modos del corrupto Viktor Yanukóvich, el expresidente prorruso que, antes de huir a Moscú en 2014, enriqueció a los amigos y persiguió a los rivales. ¿Qué hay detrás? Las tensiones entre la NABU y el Gobierno llevan un tiempo gestándose. La semana pasada, la agencia anticorrupción acusó de aceptar sobornos a un alto cargo del SBU [el servicio de espionaje, por sus siglas en ucraniano]. Supuestamente, había pedido 300 000 dólares (unos 255.000 euros) para deshacerse de las pruebas de un caso relacionado con la salida del país de reclutas que debían estar prestando servicio militar. La NABU también ha presentado denuncias contra el ex viceprimer ministro, Oleksiy Chernyshov. El SBU registró las oficinas de la NABU y dijo que tres empleados tenían vínculos con Rusia. También acusó al subdirector de la agencia y destacado activista anticorrupción Vitaliy Shabunin de no presentarse al servicio militar. Las personas afines a Shabunin rechazan estas acusaciones, que consideran absurdas y falsas. Shabunin ha concedido varias entrevistas en las que ha criticado a Zelenski. En el lado de los leales al presidente están las ‘antiguas’ fuerzas del orden de Ucrania, como el SBU o como la Fiscalía General. En el otro, la NABU y la SAPO, ‘nuevas’ agencias independientes que se crearon en 2014 con un fuerte respaldo occidental. Al despojar a la NABU de sus poderes, Zelenski ha agravado la disputa de una manera exponencial. ¿Cómo ha reaccionado la comunidad internacional? La respuesta no ha sido de admiración. En un comunicado publicado este martes, la organización Transparencia Internacional sostuvo antes de que se firmara el proyecto de ley que el Parlamento ucraniano estaba dejando a la sociedad ucraniana sin sus organismos de lucha contra la corrupción. Para la ONG, las dos agencias representaban uno de los mayores logros del país desde las protestas multitudinarias de 2013 y 2014 que llevaron a Yanukóvich a abandonar el poder. El Parlamento ha socavado la confianza de los socios de Ucrania, decía el texto. Varios altos cargos de la Unión Europea (UE) han expresado su profunda preocupación. Entre ellos, el comisario de Defensa y Espacio, Andrius Kubilius; y la comisaria europea de Ampliación, Marta Kos. El mensaje implícito es que el intento de Ucrania de entrar en la UE podría verse gravemente afectado. Alemania sostiene que la senda hacia la incorporación se ha visto “obstaculizada”. Otros conocidos partidarios de Ucrania también han dado la voz de alarma. No está claro si Zelenski cederá ante la presión privada que ejerzan los líderes occidentales o si hará caso omiso de sus críticos dentro y fuera del país –este miércoles, ha anunciado una nueva ley que asegurará el fortalecimiento del Estado de Derecho–. Lo que nadie duda es que los enemigos de Ucrania están encantados con la crisis política que está viviendo Zelenski, la mayor desde que asumió la presidencia. La estadounidense Majorie Taylor Green, congresista de extrema derecha y miembro del Partido Republicano, ha llamado dictador a Zelenski. Recientemente ha compartido un vídeo con las manifestaciones contra el Gobierno ucraniano de la noche del martes. Traducción de Francisco de Zárate.

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La defensa de la familia Akkouh pedirá a la jueza de Torrejón de Ardoz el visionado de estas imágenes, en las que aparece el agente de Policía Municipal de Madrid deseando la muerte a Abderrahim cuando estaba ya inerte en el suelo. Su compañero está imputado pero este agente solo está citado como testigo Falta de oxígeno: la causa de la muerte de Abderrahim en Torrejón a manos de un policía, según la autopsia Un vídeo grabado por un vecino de Torrejón de Ardoz durante el fallecimiento de Abderrahim Akkouh muestra cómo uno de los agentes que le persiguieron y agredieron le espeta “te mereces que te mueras ahora mismo, cabrón” mientras está inerte en el suelo. Los abogados de la familia pedirán que la magistrada que investiga los hechos vea las imágenes, a las que ha tenido acceso en exclusiva elDiario.es.es. Exigen que este agente jubilado de la Policía Municipal de Madrid también sea investigado por la Justicia, al igual que lo está el policía en activo del mismo cuerpo que estranguló a Abderrahim hasta la muerte el pasado 17 de junio. Uno de los abogados de la familia, Rubén Vaquero, explica que estas imágenes que ahora salen a la luz “se grabaron cuando Abderrahim estaba muerto, justo en el momento en el que practican la reanimación, que fue infructuosa”. El vídeo está filmado por un teléfono móvil desde uno de los pisos superiores de la calle Pesquera, en la que sucedió la persecución que terminó con la muerte de este hombre de 35 años y origen magrebí. Las imágenes muestran el cuerpo de Abderrahim inerte en el suelo y P. A. P. C., el policía retirado, quien se dirige a él en los citados términos. Inmediatamente después, otros agentes le alejan de Abderrahim. Este agente no está imputado, a pesar de haber participado en los hechos, y solo se le ha llamado como testigo. El Ministerio Fiscal ha defendido en un escrito que lo sucedido la noche del pasado 17 de julio en Torrejón de Ardoz se trata de un homicidio doloso, y no imprudente. También considera que el agente imputado, J.J.T.C., que estranguló a Abderrahim Akkouh hasta la muerte, debería estar en prisión preventiva. Ahora, tendrá que ser la magistrada del Juzgado de Torrejón de Ardoz número 4, donde se investigan los hechos, la que decida antes de agosto si el policía entra en prisión como medida cautelar, algo que apoya la representación de la familia, que califica los hechos como un asesinato. El letrado afirma que “lo que ahí sucedió es un asesinato” y no un homicidio imprudente, tal y como lo ha catalogado en primera instancia el Juzgado de Torrejón de Ardoz número 4. “Se dan los suficientes indicios de criminalidad como para que se le investigue. Ya no solo por las imágenes, sino por las contradicciones que cometió en base a sus propios testimonios tanto el día de la muerte de Abderrahim como después en sede judicial”, ha explicado. Desde su punto de vista, “si no fuera por lo que hizo este policía retirado, Abderrahim podría haberse defendido para salvar su vida”. Según los diversos vídeos que ya han salido a la luz tras la intervención policial, P. A. P. C. ayudó a su compañero, J. J. T. C., a retener a Abderrahim. Las imágenes muestran cómo se arrodilló para aplacar con su peso corporal los intentos de Abderrahim por zafarse de la técnica de sujeción que terminó con su vida, el mataleón. “Cuando un policía te retiene lo normal es que no espere tu muerte, como sí hizo este agente, lo que demuestra que sí quería que muriera Abderrahim”, apunta Rubén Vaquero. Miedo en el barrio Desde aquel día el miedo cunde en el vecindario. Más allá de las protestas organizadas por la Plataforma Justicia para Abderrahim que sí han recibido el apoyo de la ciudadanía, algunos torrejoneros de la zona prefieren no hablar sobre lo sucedido. Es el caso de este nuevo vídeo, cuyos autores prefieren mantenerse en el anonimato. Para el abogado, “ese miedo viene reforzado porque los que asesinaron a Abderrahim tienen la condición de autoridad”. Rubén Vaquero piensa que “es evidente que se ha dado una de las razones para decretar prisión preventiva, como es el aseguramiento del procedimiento y que no se destruyan pruebas”. Sin embargo, J. J. T. C. fue puesto en libertad tras su detención, aunque con medidas cautelares. Esto no es suficiente para el letrado, quien considera que “es un policía municipal de Madrid que vive en Torrejón, una persona con bastantes contactos en la policía, entre otras cosas por ser representante sindical”. Ante este extremo, UGT aseguró a elDiario.es.es que J. J. T. C. hacía “trabajos sindicales”. Otras informaciones indican que llevaba dos décadas siendo liberado en la organización, pero desde UGT se negaron a confirmarlo amparándose en la ley de protección de datos, y tampoco concretaron a qué “trabajos sindicales” hicieron referencia. La importancia de vídeos ante actuaciones policiales Tras la aparición de este nuevo vídeo, el equipo legal que acompaña a la familia Akkouh pedirá a la jueza que instruye el caso el visionado de las imágenes aparecidas en las últimas semanas. “No queremos que lo valore como prueba, sino como indicio de cara a la resolución del recurso del auto de incoación”, especifica Rubén Vaquero. Desde su punto de vista, la magistrada debe valorar “las contradicciones que existen entre lo declarado por el policía jubilado el día de los hechos, luego en comisaría y más tarde en sede judicial”. Y reitera: “Ahora la verdad gana gran espacio a la mentira, que cae por su propio peso porque está testimoniado en vídeo”. Ese “te mereces que te mueras ahora mismo, cabrón” que aparece en las imágenes es para el abogado “una radiografía muy clara respecto a la intención del policía retirado, que no era otra que matar a Abderrahim, lo que al final consiguió”. En esta causa, los vídeos grabados por el vecindario cada vez cobran mayor importancia debido a las explicaciones inexactas que los agentes implicados han ofrecido en diversas ocasiones. “Si no hubieran existido estos vídeos, ni siquiera se hubiera investigado el delito”, ataja Rubén Vaquero. El abogado también hace un llamamiento a la ciudadanía para que grabe “siempre que vean una actuación policial en la que piensen que no se están haciendo las cosas correctamente porque si no, a posteriori , no habrá justicia”. No es el único aspecto en el que Rubén Vaquero quiere contar con la ciudadanía. Los abogados de la familia han pedido al juzgado que el procedimiento, en lugar de abreviado, se lleve a cabo como un procedimiento de jurado. De esta manera, sería un tribunal elegido al azar entre la población quien valoraría los informes para integrar en la sentencia aquello que es más reprochable para la sociedad. “Es un caso muy bueno para hacer una suerte de test a la sociedad española, porque confiamos en ella, confiamos en que condene lo ocurrido como un asesinato”, finaliza el letrado.

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Nadie sabe nada de la vida de Andy Byron ni de Kristin Cabot. Pero el juicio moral que se ha extendido conforme sus imágenes se hacían virales se sostiene sobre normas sociales que dan todo por hecho y que remiten a un único modelo válido de lo que debe ser una 'buena' pareja, una 'buena' familia, y de lo que es, también, una infracción intolerable Lo que 'La isla de las tentaciones' puede enseñarnos sobre el amor Andy Byron era, hasta hace unos días, el CEO de la empresa Astronomer Inc. El 18 de julio, su compañía anunció, consternada, su dimisión. Byron no estaba involucrado en un caso de corrupción. No sabemos nada de cómo era su gestión empresarial, su trato con la plantilla. Tampoco era (que sepamos) sospechoso de mal comportamiento con ningún empleado o empleada, ni estaba siendo investigado por un caso de acoso sexual o laboral en la empresa. La renuncia de Byron y el comunicado público de su empresa tiene que ver con algo muy diferente: una infidelidad. La kiss cam (cámara del beso) del concierto de Coldplay al que asistió le pilló abrazado a una mujer, compañera de trabajo, que, al parecer, no es su esposa. Las imágenes se hicieron virales y generaron una especie de escarnio público: el mundo ha decidido que Andy Byron y Kristin Cabot (así se llama ella) son culpables y que merecen un castigo. Nadie sabe nada de la vida de Byron. No sabemos cómo era su matrimonio, sus condiciones, sus pactos, sus arreglos. No sabemos qué es lo importante para Andy Byron y su mujer. Tampoco sabemos qué tipo de relación tiene exactamente con Kristin Cabot. Pero el juicio moral que se ha extendido conforme las imágenes corrían como la pólvora se sostiene sobre valores y normas sociales que dan todo eso por hecho, que remiten a un único modelo válido de lo que debe ser una 'buena' pareja, una 'buena' familia, y de lo que es, también, una infracción intolerable. Tanto como para despedir a una persona o como para que una persona se vea en la tesitura de renunciar y su empresa de dar explicaciones. Tanto como para que la difusión internacional de esas imágenes nos parezca aceptable, algo entre el castigo y el chiste. La sexóloga Flor Arriola cree que la reacción que hemos visto ante esas imágenes grabadas durante el concierto de Coldplay tiene ver con una “idea universalizada” de lo que es ser una pareja y de lo que significa la fidelidad. “La fidelidad se ha venido entendiendo como exclusividad erótica, no compartirse con otros sujetos, da igual si esto forma parte de un pacto o acuerdo porque, en pareja, la exclusividad erótica se da por hecha. Por ese motivo 'tenemos que hablar' para abrir nuestras relaciones”, afirma. Aunque a la pregunta de qué es la infidelidad, prosigue, la mayor parte de personas responden que es la ruptura de un pacto, deberíamos, primero, pensar cuál es ese pacto y cómo se traduce, según cada una de las partes. “El 'pacto de pareja' muchas veces lleva intrínseca y de manera tácita la exclusividad erótica y existe una idea de que romper ese pacto es lo peor que puede pasarle a una pareja, más allá de todo lo demás que pueda ocurrirles o de todo lo que ya tuvieran construido”, explica Arriola, que está detrás del perfil de Instagram @loresexología. Tenemos un ejemplo en horario de máxima audiencia: el reality show La isla de las tentaciones , en el que varias parejas permanecen separadas durante semanas y rodeadas de hombres y mujeres que son su 'tentación'. ¿El objetivo? Comprobar si se resisten a un encuentro erótico con otras personas porque será así, y solo así, como sabrán si están hechos el uno para el otro, si son su gran amor. En La isla de las tentaciones , los besos, achuchones o roces pueden ser peligrosos, pero aún perdonables. La línea roja es el encuentro genital. El programa obvia todo lo demás: en cada capítulo vemos cómo miembros de esas parejas relatan faltas de respeto constantes, insatisfacciones profundas, ninguneos e incluso maltrato emocional. También vemos cómo comparten conversaciones relevantes e intimidad con otras personas. Nada de eso parece romper ese 'pacto de pareja' social, porque lo importante es que tu novio o tu novia no se encuentre con nadie en una cama. Esa es la prueba de amor que debe valernos. ¿Y si la mujer de Andy Byron perdonara o tolerara un encuentro de su pareja con otra persona, pero prefiriera no saberlo? ¿Y si hubieran establecido como condición que sus encuentros fuera de la pareja no fueran conocidos para sus allegados? ¿Y si Andy Byron no se ha acostado con Kristin Cabot? ¿Y si quien estaba transgrediendo algún acuerdo era Cabot y no Byron? Incluso si la historia es exactamente como el mundo la ha interpretado -pillan a un hombre siendo 'infiel' a su pareja en un concierto, dando por hecho todos los significados-, ¿a qué responde esta exposición pública, este juicio social?, ¿vamos a asumir que una persona puede ser despedida -o invitada a marcharse- por algo así? El sexólogo Bruno Fernández alerta de una especie de nuevo puritanismo sexual en el que el control social ya no procede de instituciones y lugares concretos sino que se convierte en una “acción colectiva” en la que participamos todos y todas. “Ellos se convierten en personajes públicos sobre los que todo el mundo opina, y se convierten en objetos, porque ya no son sujetos: no sabemos si su relación es una mierda o no, qué tratos tienen con sus parejas, si están engañando o no... lo que sabemos es que empieza un juego de juicio colectivo”, señala Fernández. Un juego en el que parece existir una competición por ver quién señala más y con más rotundidad. En ese juego, mujeres, disidencias sexuales y prácticas no normativas tienen, por supuesto, las de perder. “Todo el mundo sabe que estamos jugando con reglas falsas y dañinas pero todo el mundo simula que son reglas buenas y que funcionan. Y parece que quien más critica, opina y señala con el dedo es quien más las cumple”, prosigue el sexólogo. En lugar de reflexionar sobre qué es una pareja, cuáles son las condiciones que las sostienen, qué necesita cada persona o qué es una infidelidad; en lugar de ser conscientes de que 'pareja' o 'infidelidad' son conceptos construidos culturalmente que pueden ser pensados, transformados y adaptados a cada cual, jugamos a reforzar una moral sexual puritana (no vaya a ser que alguien piense algo raro de nosotros o que nosotrxs mismos no sepamos qué queremos). Lo que llamamos infidelidad, dice la sexóloga Flor Arriola, se convierte en reclamo, escándalo, espectáculo, sospecha, fiscalización, intrusión, escarnio. Friendly reminder : el delito de adulterio se derogó en España en 1978, después de que la dictadura franquista lo recuperara con un tremendo sesgo de género. “Cometen adulterio la mujer casada que yace con varón que no sea su marido y el que yace con ella, sabiendo que es casada”, decía entonces el Código Penal. El delito ya no existe, tampoco la pena de cárcel ni las sanciones económicas asociadas, pero el caso de la kiss cam de Coldplay o aquel otro en el que alguien difundió un vídeo íntimo (esto sí es delito) del presentador Santi Millán y las redes se llenaron de juicios y prejuicios, bien podrían servirnos para pensar si no hemos sustituido el Código Penal por la furia colectiva y el hasthtag para señalar a los desviados y apuntalar la rectitud amorosa y sexual. “Hacemos juicios de valor y tratamos a la persona infiel como a un delincuente. Aun estando en pareja, se pueden tener deseos o fantasías y llevarlas a cabo no convierte en monstruo a ningún sujeto. Con esto no quiero negar el dolor de ninguna de las partes (probablemente ese dolor provenga también de una idea preconcebida de pareja o matrimonio), pero creo que existe una idea preconcebida de lo que es la pareja y yo solo invito a las personas a hacerse preguntas: ¿Les contamos todo a nuestras parejas? ¿Por qué estamos obligadas a contar nuestras interacciones eróticas? ¿No puede formar esto parte de mi intimidad? ¿Es una persona ”infiel“ un delincuente que merece todo el escarnio del mundo? Yo, desde luego, creo que no. Me parece peor la idea de ser grabada y publicada sin mi consentimiento porque esto es otras circunstancias nos horrorizaría y aquí parece que existe una idea revanchista de 'les han pillado, que se jodan'”, reflexiona Flor Arriola. Astronomer Inc anunciaba la apertura de una investigación interna para esclarecer lo sucedido y decía estar guiada por “valores” y preocupada por la conducta y la responsabilidad de sus trabajadores. Una contundencia empresarial sorprendente en tiempos en los que muchas empresas se muestran extremadamente prudentes a la hora de abordar el acoso sexual o la brecha salarial e incluso, en EEUU, dan marcha atrás en sus programas de diversidad LGBTIQ e igualdad. Pero rectitud sexual, siempre.

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La institución monetaria quiere tener más visibilidad sobre la guerra comercial y este jueves frenará el ciclo de abaratamientos de las hipotecas y los préstamos tras ejecutar ocho bajadas del 'precio' oficial del dinero desde el 4% en el que estaba en junio de 2024 Los banqueros centrales asumen que la avaricia de las empresas disparó la inflación y que es otra vez el mayor riesgo Algunas de las voces más importantes del núcleo duro del consejo de gobierno del Banco Central Europeo (BCE) han rechazado durante las últimas semanas una nueva bajada de los tipos de interés “preventiva”. Después de recortar el 'precio' oficial del dinero en ocho ocasiones hasta el 2%, desde el 4% en el que estaba en junio de 2024, y con la inflación cerca del objetivo teórico del 2% interanual, el BCE quiere más visibilidad sobre la guerra comercial y su impacto en el crecimiento de la zona del euro ante de continuar este ciclo de abaratamiento de las hipotecas y los préstamos en general. “El listón para un nuevo recorte de tipos es muy alto”, dijo Isabel Schnabel, la representante de Alemania en el comité ejecutivo de la institución monetaria, en una entrevista reciente . Efectivamente, este jueves, todos los expertos apuntan a que el consejo de gobierno del BCE —formado por el comité ejecutivo que preside Christine Lagarde, el vicepresidente Luis de Guindos, Isabel Schnabel y otros, junto con los gobernadores de los bancos centrales de cada país de la zona del euro— dejará los tipos de interés oficiales en el 2%. En junio, tras la última bajada del 'precio' del dinero , la propia Christine Lagarde ya avisó de que el ciclo de bajadas de los tipos de interés estaba llegando “a su final”. Estos tipos que fija la institución monetaria se trasladan al Euríbor —al fin y al cabo es una media del tipo de interés al que se prestan dinero los bancos entre sí—. Este índice respecto al que se fija el coste de las hipotecas incluso va adelantando las decisiones del BCE. En junio, el Euríbor se estancó en el 2,08% de media , frente a mayo, y rompió una racha de catorce meses de bajadas consecutivas. En lo que va de julio, el promedio mensual apenas se ha movido de esa cifra. Tras la pausa del BCE antes de las vacaciones de agosto, “las dudas en relación a la guerra arancelaria y su efecto sobre la economía europea nos lleva a anticipar que todavía asistiremos antes de fin de año a una bajada adicional por parte del BCE que hará que finalicemos 2025 con la facilidad de depósito [los tipos de interés de referencia] en niveles del 1,75%”, señala Cristina Gavín, jefa de renta fija y gestora de fondos de Ibercaja. Esta misma opinión la comparten muchos expertos. Este jueves, “Christine Lagarde probablemente tendrá que reconocer que los últimos acontecimientos han agravado los riesgos ya señalados en la reunión de junio [la amenaza de la debilidad del crecimiento económico, sobre todo en Alemania y Francia, y con la excepción de España]. No obstante, insistirá en que el BCE se encuentra en una buena posición para afrontar las condiciones de incertidumbre que se avecinan. Es probable que se mantenga firme en su decisión de actuar reunión a reunión y no comprometerse de antemano”, explica Rubén Segura-Cayuela, economista jefe de Bank of America para Europa, quien concluye que “seguimos convencidos de que la institución recortará los tipos en diciembre”. ¿Habrá más bajadas de los tipos de interés? El consejo de gobierno de la institución llevó los tipos de interés oficiales en la zona de euro hasta ese máximo de las últimas décadas, el 4%, para encarecer la financiación, ahogar a la capacidad de consumir y de invertir de familias y empresas y luchar así contra la inflación, aunque el origen de la crisis de precios estuviera en la energía (el petróleo y el gas por la invasión rusa de Ucrania) y en la salida de la pandemia, y no en la demanda. La estrategia del BCE desde 2022 se basó en la respuesta ortodoxa de la política monetaria de matar moscas a cañonazos . Desde hace un año, el BCE está desandando ese camino porque la inflación se ha moderado, principalmente por la energía. Este nuevo ciclo acomodaticio —en la jerga de la política monetaria quiere decir ciclo de abaratamiento de la financiación— se da en un contexto de desaceleración del crecimiento de la actividad económica, por una parte. Por otra, en un escenario en el que hay necesidades de inversión y de aumento del gasto público acuciantes: en defensa, en la transición energética, en la digital... “La tendencia desinflacionaria en la eurozona depende principalmente de un escenario en el que los precios de la energía sigan estabilizándose, o incluso caigan ligeramente, mientras que los precios de las demás materias primas se mantengan bajo control”, explica Eric Dor, director de estudios económicos del IESEG. Este experto introduce también el factor del tipo de cambio entre el euro y el dólar como una de las claves de las próximas decisiones del BCE. “El euro se ha apreciado casi un 12% frente al dólar desde principios de año. Esto ya está teniendo el efecto de deprimir las exportaciones de la zona del euro [las encarece]. Añadiéndose a los aranceles de la misma magnitud. Esta apreciación también reduce el coste en euros de las mercancías importadas a un precio inicialmente determinado en dólares [una gran parte petróleo o gas]. Esta apreciación del euro es, por tanto, desinflacionaria y constituye un argumento a favor de seguir recortando los tipos de interés del BCE”, comenta Eric Dor. El problema en el corto plazo es que la institución no sabrá qué aranceles aplicará finalmente Estados Unidos a sus importaciones de bienes europeos hasta el 1 de agosto. “Dada esta incertidumbre es probable que el BCE espere hasta septiembre para obtener mejor información”, remata este último economista.

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Los documentos del que fue considerado uno de los creadores de Comisiones Obreras se han encontrado en un doble fondo ubicado en la pared de la cocina de la casa familiar de Terrassa, a la que se mudó en 1951, para que los franquistas no localizaran la información del sindicato, entonces clandestino Los historiadores miran con prudencia el fin de los secretos del franquismo: “Es valioso, pero puede quedar en nada” Octavillas, panfletos, cartas, carnets del PSUC, documentación clandestina y hasta tres libros sobre la lucha de clases. Estos documentos pertenecían a Cipriano García, considerado uno de los fundadores de CCOO y posterior diputado en el Congreso y el Parlament de Catalunya. Se han hallado en su casa de Terrassa, a la que se mudó en 1951, en un doble fondo que escondía la pared de su cocina. Este escondite sirvió para burlar los registros del régimen franquista y para proteger la información del sindicato que en aquel momento era clandestino. Ahora, en la casa familiar vive una de sus hijas, quien decidió hacer obras en la cocina. Paco, el hijo mayor de Cipriano, avisó de que picaran a la altura de un metro cincuenta, porque tenía constancia de que ahí había existía un zulo donde su padre escondía toda la documentación prohibida de la época. Cipriano Garcia Sánchez, diputado del PCE, en el Congreso en 1978 Entre todos los papeles encontrados, se destaca una carta que le envió el abad de Montserrat a Cipriano para agradecerle las condolencias que este le había dado —también mediante una carta previa— por la muerte del anterior padre, Aureli Escarré, datada el 23 de noviembre de 1968. “Que una institución legal y formal, de la envergadura eclesiástica del Monasterio de Montserrat, reconozca en un papel formal la legitimidad de una organización clandestina, ilegal y obrera tiene un valor importantísimo”, destaca el Secretario de Comunicación, Cultura y Estudios de CCOO Catalunya, Marc Andreu. Otro de los papeles más significativos es el convenio colectivo con la empresa La Maquinista, donde pudieron intermediar entre los empleados y la patronal. “Al fin y al cabo, a la empresa le hacía falta negociar porque necesitaba a los trabajadores, no se podían permitir cuatro semanas de huelga”, afirma. Ahora, esos documentos recientemente hallados se preservan en el Archivo Histórico de CCOO Catalunya, cuya fundación lleva el nombre del militante. “Estos documentos no han aportado nada que no conozcamos, pero sí se reafirma la importancia de CCOO y la pluralidad del propio sindicato manteniendo contacto con varios ámbitos”, concluye Andreu. La figura de Cipriano García Cipriano García Sánchez (Manzanares, Ciudad Real, 1927) fue un sindicalista, militante comunista y político catalán. Asentado en Terrassa desde los 24 años, tuvo una trayectoria política por la que llegó a cumplir alrededor de seis años de prisión, divididos en varias detenciones por su actividad sindical clandestina. García es considerado uno de los fundadores de CCOO y durante un tiempo llegó a dirigir el sindicato en Catalunya y, después, a nivel estatal. Además, desde los años 50 estuvo vinculado al Partit Socialista Unificat de Catalunya, partido por el que sería diputado en el Congreso. -Los diputados comunistas Cipriano Garcia Sánchez, Simón Sánchez Montero, Juan Ramos Camarero y Marcelino Camacho, (de izda a dcha) Fiel defensor de la clase obrera, Cipriano trabajó en el impulso del Estatuto de los trabajadores. A pesar de ser nacido en Castilla y la Mancha, fue también un defensor de la normalización de la lengua catalana así como de la unidad de la clase trabajadora catalana más allá de la lengua y el origen. “Todo esto define el carácter de Cipriano, tenía una conciencia de clase brutal, rechazó las dietas como diputado y se llevaba su fiambrera con comida o durmió en bancos para que no le pagaran el hotel”, afirma Andreu.

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La diputada del PP ha dimitido tras incluir en su trayectoria vital una licenciatura que no tiene; Roldán, exdirector de la Guardia Civil, fue de los primeros en ser cazado y abrió una 'tradición' que siguieron la expresidenta madrileña Cifuentes, la exministra Carmen Montón o el expresidente del PP, Pablo Casado La dirigente del PP Noelia Núñez dimite de todos sus cargos “orgánicos” e “institucionales” por falsear su currículum Siempre acaba siendo “un error”. Cuando a un político le pillan inflando su currículum para, habitualmente, incluir estudios que no ha finalizado, la primera reacción suele ser intentar negarlo o matizarlo. “Empecé el grado” o “cursé x asignaturas” son excusas comunes. Luego, cuando la evidencia es palmaria y no se puede negar más, llegan las disculpas. Las dimisiones son más raras, aunque la diputada nacional del PP Noelia Núñez hizo una excepción este miércoles y sí dejó sus cargos . “Nunca he tenido intención de engañar a nadie”, había afirmado el martes la diputada del PP Noelia Núñez, última profesional de la política cazada con un currículum falso : tiene tres versiones de su trayectoria vital en tres webs diferentes (Ayuntamiento de Fuenlabrada, Congreso de los Diputados y la Universidad Francisco Marroquín –sus títulos no tienen reconocimiento oficial en España–, donde se supone que es profesora) y ninguna de ellas es cierta. “Admito la equivocación que consta en la ficha personal publicada en el Congreso de los Diputados sobre mis estudios. Recalco que ha sido una equivocación y que no ha habido ánimo alguno de engaño por mi parte”, intentó despejar balones en un hilo en X en el que en 11 mensajes no acertó a explicar por qué ha pasado años presentándose como licenciada sin serlo o permitiendo que otros lo hicieran. Finalmente, en la tarde del miércoles acabó dimitiendo. “Tras haber presentado una información incorrecta en el Congreso de los Diputados, asumo toda la responsabilidad de mis propios actos. En coherencia con ello, voy a presentar la dimisión de todos mis cargos orgánicos e institucionales”, explicó en un comunicado. “Pido disculpas a aquellos que se sientan decepcionados, pero también creo que pedir perdón no es suficiente”, añadía. Núñez, estrella emergente en el PP bajo el ala de Isabel Díaz Ayuso, no es la primera en inflar un currículum. De hecho, la lista es larga y transversal: uno de los primeros en ser pillados fue Luis Roldán, exdirector general de la Guardia Civil con Felipe González que presumía de tener una ingeniería, una licenciatura en Ciencias Económicas y un máster de especialización en la materia, todo ello falso ; sonado fue el de la expresidenta madrileña Cristina Cifuentes, que contaba entre sus méritos un máster que obtuvo falsificando notas; el expresidente del PP Pablo Casado obtuvo su licenciatura en Derecho de modo exprés , se sacó un máster “sin efectivamente cursarlo, sin mérito académico alguno” ( según dijo la jueza que investigó el caso ) y alardeaba de un posgrado en Harvard que acabó siendo un curso de cuatro días en Aravaca; la exministra socialista Carmen Montón obtuvo otro máster tras plagiar parte de su trabajo de fin de máster y desconocer cuestiones básicas del curso; al actual presidente andaluz, Juan Manuel Moreno Bonilla, se le cayó del currículum en 2004 la licenciatura en Administración y Dirección de Empresas que en el 2000 decía tener; el exdiputado del PP Tomás Burgos puso en la web del Congreso que se había licenciado en Medicina pese a que nunca la acabó ( ahí sigue colgado el currículum); el exsecretario general del PSOE en Madrid José Manuel Franco decía ser graduado en Matemáticas siendo falso ; la alcaldesa de Santander, Gema Igual, se apuntó una diplomatura de Magisterio que no existía ; algo parecido hizo la exvicepresidenta de la Generalitat catalana Joana Ortega , de CiU, en este caso con Psicología; el antiguo diputado en el Congreso Miguel Gutiérrez, de Ciudadanos, se autoadjudicó un doctorando en una ingeniería que tampoco tenía. Se podría escribir un libro solamente enumerando casos. De los citados en este párrafo, solo dimitieron Monzón y Cifuentes, y esta lo hizo por un motivo no relacionado con el máster. Pero la lista no pasa de ser un papel. Inflar el currículum no tiene reproche social en España, como se ha demostrado en la inmensa mayoría de los casos, que se han aferrado al puesto sin consecuencias. En otros países es diferente. Theodor zu Guttenberg, ministro del gobierno alemán de Angela Merkel, dimitió tras probarse que había plagiado parte de su tesis. Lo mismo le sucedió a Annette Schavan, colega suya en el Ejecutivo. En EEUU, John Walsh, senador demócrata, también dejó la carrera electoral por el mismo motivo. Pal Schmitt dejó de ser presidente de Hungría (un cargo representativo, no ejecutivo) tras ser acusado de haber plagiado su tesis. No era necesario Ninguno de estos engaños era estrictamente necesario. Los cargos que ocupaban estas personas son por designación directa o por votación (en el caso de los diputados) y no tienen requisitos académicos. Ningún puesto “político” en la administración lo requiere, sí los funcionariales. ¿Por qué lo hicieron? Sergio García Magariño, profesor de sociología y ciencia política de la Universidad Pública de Navarra, cree que “el postureo excesivo, rompiendo incluso los límites de la decencia y la veracidad, es una consecuencia natural del tipo de sociedad y de cultura al que han sido abocadas las democracias liberales. La verdad casi no importa, ni las razones. Solo la emoción, la imagen y la apariencia”. Para este experto, “el clima cultural y el contexto social favorecen estas situaciones en las que una persona intenta proyectar una imagen excelsa de sí misma”, explica en alusión a “un contexto posmoderno en el que predomina la comunicación, las redes sociales y la happycracia . Los medios de comunicación de masas trajeron un culto por la imagen y las redes sociales han exacerbado la búsqueda de reconocimiento público constante, a través de la tiranía de los likes y los seguidores”, elabora. Todo ello se junta con “una expansión de la oferta universitaria y de la educación formal”, que “ha producido algunas distorsiones como la reducción de la valía de algunos estudios, lo que hace que siempre que quiera mostrar que se poseen más títulos”. Cifuentes: 36 días peleando lo inevitable Este diario reveló en marzo de 2018 que la entonces presidenta madrileña Cristina Cifuentes se había sacado un máster en la Universidad Rey Juan Carlos falsificando notas. Lo estuvo negando con firmeza durante 36 días, lapso en el que el partido la respaldó públicamente en un Congreso. Hasta que alguien decidió que la situación era insostenible y filtró un vídeo antiguo en el que aparecía robando unas cremas en un supermercado que acabó forzando su dimisión. Pablo Casado no se contentó con un máster. Ya obtuvo su licenciatura con prácticas dudosas, como sacarse el 70% de cinco años de estudios, 18 de 25 asignaturas, en un par de cursos a la vez que era ya diputado autonómico y presidente de Nuevas Generaciones del PP. También había obtenido un máster, similar al de Cifuentes, del que no recordaba si había ido a clase o si había hecho los exámenes. Tampoco sabía quiénes eran sus profesores . El curriculum de Juan Manuel Moreno Bonilla ha sufrido el inhabitual caso de perder méritos con los años en vez de ganarlos . En el 2000 la trayectoria vital del entonces futuro mandatario incluía una licenciatura en Administración y Dirección de Empresas y un máster en la misma materia. El grado pasó en 2004 a ser solo unos estudios en el área y cuatro años después había desaparecido la referencia, aunque se mantenía la del máster (no se puede cursar un máster sin una licenciatura). La socialista Carmen Montón fue otra (auto) víctima de la titulitis. En plena ola del caso Cifuentes, pero a diferencia de la presidenta madrileña, la entonces Ministra de Sanidad fue de las pocas que dimitió sin resistirse demasiado cuando se hizo público, tras una entrevista con este medio , que desconocía varias cuestiones básicas del máster que contaba entre su formación, como en qué campus se cursaba o que había sacado varios sobresalientes. También había plagiado 19 páginas de su trabajo de fin de máster (TFM). Tomás Burgos fue diputado nacional del PP durante 23 años, ocho legislaturas. Cuando Mariano Rajoy alcanzó el Gobierno en 2011 fue nombrado secretario de Estado de la Seguridad Social, un puesto que casaba (aunque no lo requiere) con la licenciatura en Medicina que decía poseer. Solo que Burgos no es médico. El ministerio reconoció en su momento que había cursado estudios en la Universidad de Valladolid, pero nada más . La web del congreso de la V legislatura aún recoge que es “licenciado en Medicina y Cirugía”. Gema Igual también se escudó en “un error”. La alcaldesa de Santander incluyó durante 14 años en su currículum una diplomatura en Magisterio que pasó, de la noche a la mañana, mutó siguiendo la fórmula clásica en “estudios de magisterio”, arrastrada por una ola que se había llevado por delante justo antes a Estela Goikoetxea, directora del Observatorio de Salud Público del Gobierno cántabro tras admitir que no era licenciada en Biotecnología como afirmaba. Igual no siguió los pasos de Goikoetxea: se aferró a su “error” porque no había sido “a mala fe”. Esta relación de políticos y políticas que inflaron sus currículums no es exhaustiva ni pretende serlo. La lista de representantes públicos que se han atribuido méritos que no tenían –y otros cargos, como el exrector de la Universidad Rey Juan Carlos, Fernando Suárez – recoge decenas de casos, desde ministros hasta concejales de pequeñas localidades y además siempre está abierta a nuevas incorporaciones, como la de Noelia Núñez.

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Los candidatos propuestos por los conservadores acceden a la presidencia de lo Penal y lo Contencioso mientras los nombramientos en la cúpula judicial siguen favoreciendo a las asociaciones del mismo corte El Poder Judicial otorga la presidencia de dos salas clave del Supremo a los candidatos de los conservadores El sector conservador del Consejo General del Poder Judicial se ha apuntado una de las victorias más importantes a las que podía aspirar en este mandato: colocar a sus candidatos en las presidencias de las dos salas clave del Tribunal Supremo . Andrés Martínez Arrieta y Pablo Lucas estarán al frente de los departamentos de lo penal y lo contencioso-administrativo después de que sus rivales progresistas, Ana Ferrer y Pilar Teso, se hayan apartado de la contienda ante la incapacidad el órgano de gobierno para llegar a un acuerdo . La estrategia de bloquear y esperar prevalece mientras los nombramientos, decenas y muchos de ellos por unanimidad, siguen favoreciendo a las asociaciones conservadoras de la judicatura. La última renovación del CGPJ fue pactada por PSOE y PP delante de las cámaras hace un año y un mes. Félix Bolaños y Esteban González Pons ponían fin a cinco años de bloqueo del Partido Popular a negociar la renovación del organismo con un reparto equitativo de vocales: diez con el visto bueno de los socialistas y otros diez con el del PP. Y controlando el precario equilibrio entre sectores, una presidencia que recayó en la progresista de perfil bajo Isabel Perelló. El proceso para elegir a la presidenta recayó sobre el pleno y ya anticipó lo que iba a suceder con las decisiones delicadas. El sector conservador se negó en redondo a hacer presidenta a Pilar Teso o a Ana Ferrer y propuso nombres tan originales como Carmen Lamela hasta que la nueva presidenta fue una magistrada progresista de su gusto: Isabel Perelló . La rueda de los nombramientos volvió a girar y las estadísticas muestran un dominio conservador que suele imponerse por unanimidad pero que, cuando las votaciones afectan a puestos clave, se impone por pertinacia. El actual CGPJ, con empate de vocales y una presidenta progresista, ha sacado la mayor parte de sus nombramientos sin mucho ruido e, incluso, ha renovado sin problemas dos salas del Tribunal Supremo. El pasado mes de enero el tradicional cambio de cromos desembocó en el nombramiento del conservador Ignacio Sancho Gargallo como presidente de la Sala de lo Civil y de la progresista Concepción Ureste de la Social. Decisiones unánimes que incluyeron el ascenso de Juan Manuel Fernández, exvocal conservador, como nuevo presidente de la Audiencia Nacional. Los problemas, al menos para el sector conservador, llegaron cuando fue el turno de las dos salas del Supremo con más relevancia política: la de lo Penal y la de lo Contencioso-Administrativo. La primera es la que investiga, juzga y sentencia a aforados. Desde el caso Koldo, con José Luis Ábalos y Santos Cerdán en la nómina de imputados, hasta la aplicación de la amnistía a Carles Puigdemont. La segunda es la que decide sobre algunas de las medidas más relevantes del Gobierno y la Administración: el impuesto hipotecario , los traspasos de competencias, nombramientos como el de Dolores Delgado o incluso la exhumación de Franco. La estrategia del sector conservador para los puestos de mayor relevancia ha sido la misma que cuando hubo que negociar la presidencia: proponer a sus candidatos y esperarse a que sean los progresistas o sus aspirantes los que muevan ficha o, en su defecto, se muevan ellos mismos. Lo que ya funcionó en el anterior mandato al nombrar magistrados en el Constitucional, funcionó con la presidencia del CGPJ y ha vuelto a funcionar ahora. El candidato de los conservadores para todo El Consejo General del Poder Judicial ha afrontado varios plenos en los últimos meses sin llegar a un acuerdo sobre estos dos puestos y Perelló se ha visto obligada a retirar las votaciones del orden del día para dar margen a un consenso que nunca llegará. La presidencia de estas dos salas necesitaba de 13 votos favorables y ninguno de los dos sectores estaba dispuesto a ceder ni un centímetro al rival. Los progresistas plantearon a Ana Ferrer para la sala segunda y a Pilar Teso para la tercera. Los conservadores a dos magistrados, Andrés Martínez Arrieta y Pablo Lucas, que ya presidían ambas salas en funciones y sin un perfil claramente conservador. La preferencia del sector conservador por Martínez Arrieta, el magistrado que observa a toda la carrera desde lo más alto del escalafón judicial, ha surgido con este nombramiento. Pero su prioridad por ascender a Pablo Lucas no es nueva. Ya fue el candidato conservador durante el anterior mandato para ascender al Constitucional y también durante el actual para presidir el CGPJ . El sitio finalmente elegido para este catedrático de Derecho Constitucional es la presidencia de la sala tercera, que ocupará durante menos de un año antes de su jubilación. Los conservadores se han sentado a esperar y el resultado ha sido que las dos candidatas progresistas se han retirado ellas mismas del último puesto al que optaban, al menos hasta que Martínez Arrieta y Lucas se jubilen en los próximos dos años. Ana Ferrer y Pilar Teso ya fueron las aspirantes del sector progresista a presidir el Poder Judicial hasta que llegó la solución de Isabel Perelló. Teso ya se enfrentó sin éxito a Carlos Lesmes hace más de una década. El ascenso de Martínez Arrieta y Lucas ha tapado la magnitud de la victoria que se ha adjudicado este miércoles el monolítico sector conservador del CGPJ teniendo los mismos vocales que un sector progresista cuya unidad varía por semanas. También ha sido nombrado como magistrado de la sala tercera Antonio Narváez. Exmagistrado conservador del Tribunal Constitucional, fue uno de los fiscales que, según informó El País , llegó a expresar su deseo de que Alberto Núñez Feijóo llegara al Gobierno. Los datos muestran cómo la etapa del CGPJ con igualdad de vocales de ambos sectores y una presidenta progresista se salda, por el momento, con un amplio dominio del sector conservador a la hora de designar los nombramientos de máxima relevancia. El pleno ha adjudicado casi un 40% de las plazas del Supremo y los tribunales territoriales a afiliados de la Asociación Profesional de la Magistratura, más que las otras tres asociaciones juntas. El balance del Tribunal Supremo también deja tocada la balanza de la paridad. Los nombramientos realizados en la cúpula judicial desde la última renovación dejan un 42,2% de mujeres, pero la cuenta se descompensa en la punta de la pirámide del Tribunal Supremo. Después de esta victoria conservadora por incomparecencia del rival, cuatro de las cinco salas del alto tribunal pasan a estar presididas por hombres y una sola, la de lo social, por una mujer.

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El PP intenta dar una imagen de limpieza con la dimisión de Noelia Núñez por haber mentido en su currículum universitario. La diputada y Feijóo coinciden en destacar que eso demuestra que los niveles de ejemplaridad del PP no son como los del PSOE La dirigente del PP Noelia Núñez dimite de todos sus cargos por falsear su currículum En una de esas peleas en Twitter que forman parte del estilo de vida de algunos diputados, Noelia Núñez atizó fuerte en marzo de este año a José Luis Ábalos, que había cuestionado los sueldos que disfruta con 33 años, muy lejos de las retribuciones que reciben los jóvenes de esa edad. La diputada madrileña fue directa a la yugular: “Mis méritos, José Luis, son: plantar cara en el Congreso a puteros y corruptos como tú”. Así se hacen méritos en el grupo parlamentario del Partido Popular, a pesar de que Feijóo dijo al llegar a Madrid que valoraba más una buena enmienda a los presupuestos que un tuit ingenioso. En una sesión de control, Núñez aplicó el mismo desprecio a alguien que no ha cometido ningún delito: “Usted no está capacitada para nada, ni para dar lecciones de democracia, ni de transparencia, ni de integridad, ni de nada”, le dijo a Yolanda Díaz. Ya no vale con atacar las ideas del adversario. Hay que masacrarlo. Núñez apuntaba maneras. La transparencia y la integridad que Núñez exigía en el hemiciclo le han pasado factura finalmente. En la tarde del miércoles, presentó la dimisión de todos sus cargos en el partido y en las instituciones. En varias webs, había incluido datos falsos sobre su currículum universitario con titulaciones de las que carece. Lo más grave es que en su ficha de diputada del Congreso, con información facilitada por ella –hasta aparece el nombre del colegio donde hizo el bachillerato–, se afirma que cuenta con un “doble grado en Derecho y Ciencias Jurídicas de la Administración Pública”, lo que es falso. Es la misma información que facilitó el PP cuando Feijóo la eligió como miembro de la dirección del partido en noviembre de 2023. Una estrella en ascenso, dijeron los medios. Una imagen diferente en la cúpula del partido para representar a los jóvenes y ocuparse de las nuevas tecnologías digitales. Precoz y dependiente de los sueldos públicos desde que dejó los estudios que no terminó. Comenzó con 23 años como concejal en Fuenlabrada. Catorce tatuajes, según confesión propia, y 180.000 seguidores en Instagram. Procedía del PP madrileño y formaba parte de la cantera de nuevos dirigentes promocionados por Isabel Díaz Ayuso. Personas dispuestas a acusar a la izquierda de todos los males conocidos. Núñez explicó en Twitter en la noche del martes que había cometido “una equivocación” en la ficha del Congreso y que nunca había tenido la “intención de engañar a nadie”. “No he acabado estos estudios, pero pretendo retomarlos”, dijo. En cierto modo, llevaba una doble vida, presumiendo de cosas desmentidas por su currículum real. “Me gusta estudiar. Me he sacrificado como tantos y tantos jóvenes del país”, había comentado en una entrevista anterior. La política exige unos cuantos sacrificios, pero lo malo es que ahí se refería a los estudiantes que sí habían completado sus años de universidad. Su honestidad quedó algo malparada cuando aprovechó la lista de mensajes para cerrarla con ataques al PSOE y a Pedro Sánchez, que no tienen nada que ver con la información que ella ha dado de su formación universitaria: “No me voy a dejar amedrentar por la izquierda ni voy a aceptar lecciones del partido de ese Pedro Sánchez que copió su tesis y que es marido de esa 'catedrática' que es Begoña Gómez”. Begoña Gómez nunca ha dicho que sea catedrática, por mucho que el PP lo repita con frecuencia. Ha sido directora de una de las decenas de cátedras externas que existen en la Universidad Complutense, como forma de relación del centro con empresas y también fuente de financiación. Un trabajo por el que la esposa de Sánchez cobró cantidades bastante exiguas de dinero. El caso de Núñez plantea una vez más el nivel de calidad de las nuevas universidades privadas autorizadas en Madrid y otras comunidades. El centro con el que colaboró –aparecía como “profesora” en vídeos de esa universidad– otorga grados que sólo tienen validez en Guatemala. Se desconoce cuál es su aportación al sistema universitario madrileño. El PP guardó silencio todo el tiempo que pudo. Era consciente de que no podía dejar abierta esa vía de agua que los socialistas machacaron desde el primer minuto. Incluso desde antes de que Núñez diera su primera explicación, porque Óscar Puente insistió varias veces en el tema en los días anteriores. Si no hay carreteras que inaugurar u obras que anunciar, el ministro de Transportes se aplica a fondo en su tarea de martillo digital. No cabe duda de que lo hace por placer. Díaz Ayuso hizo un amago de intentar salvar la carrera de su ahijada. En respuesta a preguntas de este diario, el PP de Madrid ofreció una respuesta con la intención de dar por cerrada la polémica. Sólo era un error “sin mala intención” y Núñez había dado las explicaciones oportunas. Como nota de color, añadió que la atacaban por ser mujer: “Creemos que este asunto tiene un tufo machista”. No está claro que falsificar una titulación universitaria tenga mayor o menor gravedad por ser hombre o mujer. Moreno Bonilla, Núñez y Díaz Ayuso en un mitin del PP en Fuenlabrada en abril de 2023. El PP no esperó mucho más. Antes de comer, Alberto Núñez Feijóo podía haberse visto obligado a dar su opinión en el programa de Cuatro 'En boca de todos'. En un evidente gesto de complicidad, que no de periodismo, su presentador, Nacho Abad, se abstuvo de preguntarle por la polémica. Prefirió hacerlo por la inmigración y la delincuencia. Por la tarde, la diputada anunció la dimisión de sus cargos y explicó que pedir perdón no era suficiente. “Los niveles de ejemplaridad de mi partido no son como los del PSOE”. Eso hace pensar que Feijóo le exigió la renuncia. “No hay cosa que menos le guste a Feijóo que le mientan”, habían dicho antes fuentes cercanas al líder del PP a El Confidencial. Otros admitían que el engaño del currículum falso desprestigiaba al PP. Con los ataques al PSOE, Núñez prestaba su último servicio al partido refiriéndose a los dirigentes socialistas que “sobreviven en política confiando en la amnesia de la gente o el engaño a los ciudadanos”. Todos nos equivocamos y lo que cuenta es cómo afrontamos la responsabilidad de esos errores, escribió Miguel Tellado. “Ya quisieran muchos socialistas tener la dignidad y el valor de Noelia Núñez”. Habría estado bien que la dignidad le hubiera llevado a no tratar de engañar con sus inexistentes títulos universitarios. Que hubiera dicho la verdad al entrar en el Congreso o en la dirección de su partido. A veces, lo que ocurre es que la dignidad llega demasiado tarde. No es una defunción política, que es algo siempre trágico. Es casi seguro que el partido no la dejará tirada y que tendrá una segunda oportunidad en el futuro. Feijóo aprovechó de inmediato esa línea argumental para incidir en lo mismo y elogiarse a sí mismo: “Por conductas francamente más graves, e incluso delictivas, el PSOE le habría dicho que aguantase. Ni Noelia es como ellos ni yo soy como Sánchez”. Alguien a quien Feijóo ha permitido que aguante es Carlos Mazón. Coincidiendo con la noticia de que ya está en condiciones de recibir la pensión de los expresidentes –94.000 euros anuales durante dos años– al superar los dos años en el cargo, le preguntaron si piensa seguir al frente de la Generalitat hasta el final de la legislatura en 2027. “Ese es el plan, siempre”, dijo. Mientras tanto, va encadenando actos de desagravio en los que están presentes dirigentes del partido en la Comunidad Valenciana y representantes de la patronal de obra pública. Las obras de emergencia de la dana permiten adjudicar contratos millonarios a dedo con criterios desconocidos y todos saben dónde hay que estar si aspiran a conseguirlos. Noelia Núñez ha tardado 24 horas en dimitir. Con el apoyo de Feijóo, Carlos Mazón lleva 268 días en el cargo desde que la Dana se llevó las vidas de 228 personas.

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Desde el 7 de octubre de 2023, España no ha impuesto ninguna medida administrativa que reduzca, limite, condicione, obligue o elimine las relaciones armamentísticas con Israel España es el país de la UE que más ha importado armamento desde Israel de febrero a mayo de 2025 El pasado lunes 14 de julio, el PSOE y Sumar anunciaron un acuerdo para “impulsar” una ley que, afirmaban, establecería un embargo de armas a Israel. Ese mismo día, más de 1.200 profesionales de la cultura firmaban una carta en la que pedían un “embargo integral”. Aunque ambas iniciativas estaban estrechamente relacionadas, no pedían lo mismo de la misma forma. PSOE y Sumar han acordado “impulsar” una modificación de la Ley 53/2007, sobre el control del comercio exterior de material de defensa y de doble uso. Esa iniciativa, según señalaron , “permitirá incorporar la figura del embargo a la legislación española y habilitar así su aplicación efectiva para el caso de Israel”. Es decir, no es una ley para el caso de Israel, sino una modificación motivada por ese caso. La actual Ley 53/2007 no prevé la opción de un embargo, y la proposición de ley pretende cubrir ese vacío. El acuerdo es una consecuencia de la proposición de ley llevada al Congreso por Sumar y Podemos el 20 de mayo, que contó con el apoyo del PSOE, ERC, EH Bildu, PNV, Junts y el BNG: 176 votos a favor por 171 en contra (del PP y Vox). Esa aprobación apenas suponía admitir a trámite la adopción de una proposición de ley que había sido presentada diez meses antes : el 19 de julio de 2024, por los grupos parlamentarios Republicano, Plurinacional Sumar y Mixto. En la base de la iniciativa se encontraba una petición de la Red Solidaria contra la Ocupación de Palestina (RESCOP) y la Campaña Fin al Comercio de Armas con Israel, que cuenta con 632 entidades sociales adheridas. Un trámite lento Es decir, PSOE y Sumar acaban de acordar “impulsar” en septiembre una modificación de la ley propuesta hace un año cuya “admisión a trámite” fue aprobada hace dos meses. ¿Qué falta para completar el proceso? Que el impulso se materialice, se discuta tanto en el Congreso como en el Senado, se propongan enmiendas y se cambie el texto, se acuerde una proposición del agrado de la mayoría, se vote, se apruebe, se hagan los procedimientos para modificar la Ley 53/2007 y se haga el trámite para el caso de Israel, todo respetando los tiempos correspondientes. El mejor de los casos es que esa modificación de la ley se realice en los términos que está propuesta. El más probable es que quienes aprobaron en mayo su admisión a trámite no estén de acuerdo con formalizar todos sus contenidos y soliciten cambios. Algunos partidos ya se han manifestado favorables a una prohibición de las exportaciones, pero no de otras medidas incluidas en la proposición de ley, como las que figuran en relación con las importaciones o el tránsito. El proceso llevará, en el mejor de los casos, meses, y ya vamos dos años tarde. Lo que pidieron los firmantes del mundo de la cultura fue un embargo integral de aplicación inmediata a través de un decreto ley, algo que, como indicó el investigador y profesor Eduardo Melero , puede aprobarse el próximo martes en el Consejo de ministros y entrar en vigor al día siguiente una vez publicado en el Boletín Oficial del Estado. Esa misma medida es la que llevan solicitando desde hace muchos meses centenares de organizaciones de la sociedad civil. La Campaña Fin al Comercio de Armas con Israel “pide al gobierno que declare un embargo militar completo a Israel que incluya compra, venta, tránsito y cualquier otra relación militar”. “Cualquier relación militar” parece una petición proporcional, responsable y coherente con quien se acusa de cometer todos los delitos más graves que la humanidad haya conseguido tipificar: los crímenes de agresión, contra la humanidad, guerra y genocidio. Esos son, precisamente, los supuestos que la proposición de modificación de la Ley 53/2007 quiere introducir para la activación automática del embargo. A Israel se le acusa de cometerlos todos, y todos ellos son crímenes que requieren respuesta inmediata. El procedimiento en curso tiene todo el sentido si –y solo si– corre paralelo a la imposición, por decreto ley, de un embargo que haga efectivo de manera inmediata todo lo que pretende conseguirse con la modificación de la Ley 53/2007. Tanto PSOE como Sumar siguen afirmando que ha habido “un bloqueo comercial por el que no se compra ni se vende armamento ni munición a Israel desde el 7 de octubre de 2023”. Eso no es verdad y sorprende con la evidencia existente , sustentada en información oficial y pública. Como ejemplo destacado, España exportó cartuchos a Israel en noviembre de 2023, valorados en 987.000 euros. Así lo reconoce Nammo –la compañía exportadora–, el Gobierno y los medios de comunicación noruegos [Nammo es noruega, y cuenta con una filial en Palencia], la autoridad aduanera de Israel y las estadísticas oficiales de la Secretaría de Estado de Comercio de España. ¿Qué más evidencia hace falta? En cuanto a las importaciones, desde octubre de 2023 el volumen en España es de nada menos que 29 millones de euros, según DataComex, solo considerando el código 93, que se denomina, precisamente, “armas y municiones”. Un embargo habría impedido todo esto . También el grueso de las adjudicaciones de contratos armamentísticos a la industria israelí o el tránsito de armas con destino a Israel a través de territorio español. Los intereses de Defensa con Israel Acaban de salir los datos en DataComex correspondientes a mayo, precisamente el mismo mes en el que se realizó la votación en el Congreso. En mayo, España importó desde Israel 6,5 millones de euros de los códigos 93 (“armas y municiones”, 5.963.585€) y 8710 (“carros y vehículos blindados”, 548.623€). Se trata del mes con la mayor cantidad importada por el código 93 desde octubre de 2023. Es muy fácil comprobarlo en DataComex, les adjuntamos los pantallazos para facilitarlo: Captura de pantalla recortadas de DataComex, datos en euros. Captura de pantalla recortadas de DataComex, datos en euros. También es el quinto mes en la historia con más importaciones por el código 93, después de marzo de 2009, diciembre de 2011, julio de 2013 y diciembre de 2022. Entre octubre de 2023 y mayo de 2025 España ha importado de Israel al menos 54.370.124 euros (29.150.592 euros por el código 93 y 25.219.532€ por el 8710). Decimos “al menos” porque existe mucho material de defensa con otros códigos cuya aplicación militar no podemos determinar hasta que así lo haga la Secretaría de Estado de Comercio dentro de bastantes meses. 17.655.431 euros de los 29 millones del código 93 se han importado desde diciembre de 2024, en los últimos seis meses con registros. Según DataComex, entre ese mes de diciembre y mayo de 2025, España ha sido la tercera máxima importadora en la Unión Europea (UE) de material de código 93 procedente de Israel [tras Países Bajos y Estonia]. Desde enero, la segunda [tras Estonia]y, desde febrero, la primera, con un tercio del total importado por la UE. En mayo, España importó el 78% del total de la UE por el código 93. En cuanto al código 8710, España ha sido la principal importadora de la UE desde diciembre, con el 69% del conjunto de los países miembros. La práctica totalidad de lo importado desde diciembre de 2024 y también en septiembre de aquel año corresponde al subcódigo 9306 (“bombas, granadas, torpedos, minas, misiles, cartuchos y demás municiones y proyectiles, y sus partes”), concretamente el 9306901000, que excluye los cartuchos y especifica “de guerra”. El 99,94% de los 21,1 millones importados por 9306 entre octubre de 2023 y mayo de 2025 se ha realizado desde septiembre de 2024. En los cinco meses de 2025 en DataComex aparece un mensaje que indica que el “flujo de importación está asociado a programas estratégicos del Ministerio de Defensa, para uso por el propio Ministerio de Defensa de España”. Por el tipo de producto, por el volumen económico y por los tiempos, todo parece indicar que esas importaciones pueden estar directamente relacionadas con dos programas: los misiles Spike y/o los lanzacohetes SILAM. Ambos programas se desarrollan en España, a través de empresas españolas que cuentan con un acuerdo con las fabricantes israelíes [Rafael para el Spike, Elbit para el SILAM] o de sus filiales en España [PAP Tecnos es una empresa española, pero también la filial de Rafael]. Pero los acuerdos de tecnología no lo ceden todo, y una parte continúa siendo exportada desde Israel. En junio, autoridades del Ministerio de Defensa anunciaron el “plan de desconexión” de la tecnología militar israelí, lo que habría incluido –así lo anunciaron los medios– los proyectos relacionados con el Spike y el SILAM, aunque la secretaria de Estado de Defensa aclaró que “no está en riesgo absolutamente ningún programa”. Unas medidas que se necesitan ahora Es posible que para septiembre se haya importado de Israel todo lo que se pretendía importar. Quizá se completaron las entregas justo antes de que se anunciara el plan de desconexión o quizá se completen mientras se tramita la modificación de la ley. Es posible que se hayan acelerado esas entregas, pero también que simplemente se haya completado el calendario. En el Centre Delàs no tenemos manera de saberlo. En el Parlamento, tampoco. En cualquiera de estos supuestos, el procedimiento en curso que se espera (desea) que concluya con un embargo afectará al futuro, a pesar de que los crímenes son del presente y hace tiempo que vienen produciéndose. El Gobierno de España ha tenido iniciativas y gestos que merecen reconocimiento, sobre todo cuando se comparan con las de sus aliados en la UE y la OTAN. De hecho, ese reconocimiento ha sido patente en todo el mundo, incluyendo, también, a una parte de la población palestina. Esas iniciativas y gestos han tenido un impacto en las relaciones armamentísticas con Israel, pero no en la forma que se ha comunicado. Desde octubre de 2023, la confusión ha sido frecuente en los medios de comunicación, los partidos políticos y entidades de la sociedad civil. Desde el 7 de octubre de 2023, España no ha impuesto [todavía] ninguna medida administrativa que reduzca, limite, condicione, obligue o elimine las relaciones armamentísticas con Israel. Se está “impulsando” la primera –y la más importante– de esas medidas: el embargo. Pero llegamos muy tarde y las maneras propuestas sugieren que, en el mejor de los casos, vamos a tardar todavía más.

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Datos de la Secretaría de Comercio de España muestran que solo en mayo de este año el 78% de las armas y municiones israelíes importados por la UE correspondieron a importaciones españolas ANÁLISIS - ¿Se está “impulsando” un embargo de armas mientras se importan desde Israel? España importó en mayo de este año el 78% de las armas y municiones enviadas por Israel a la UE en ese mes de 2025. Este porcentaje corresponde a una cifra de casi 6 millones de euros en “armas y municiones” del código Taric 93. A ello se suman otros 548.623 euros en importaciones en mayo de 2025, pertenecientes al código 8710, es decir, a “carros y vehículos blindados”. Estos datos son proporcionados por el propio portal DataComex de la Secretaría de Comercio de España, en el que se puede observar que este pasado mayo fue el mes con la mayor cantidad importada por España de “armas y municiones” de Israel -código 93- desde octubre de 2023. Así lo subraya el investigador del Centre Delàs de Estudios por la Paz, Alejandro Pozo, quien ha realizado una comparativa con los datos facilitados por DataComex, analizados también por elDiario.es. En total, entre octubre de 2023 -mes en el que el Ejército israelí inició el bloqueo y las masacres contra población civil en Gaza- hasta mayo de 2025 España ha importado de Israel al menos 54 millones de euros en armas, municiones, carros y vehículos blindados, de los que 29 millones corresponden a “armas y municiones”. España ha incrementado las importaciones de 'armas y municiones' de Israel desde diciembre a mayo de 2025, por un valor total de 17,6 millones de euros en ese periodo “Bombas, torpedos, misiles...” De las cifras públicas ofrecidas por la Secretaría de Comercio se extrae que, lejos de haber menguado las importaciones de armamento desde Israel, España las ha incrementado en el último semestre del que constan datos, es decir, desde diciembre de 2024 a mayo de este año. En esos seis meses han llegado importaciones de Israel por 17,6 millones de euros bajo el código Taric 93, correspondiente a “armas y municiones”. Esto supone que España ha sido el tercer máximo importador en la Unión Europea de material de código 93 -“armas y municiones”- procedente de Israel entre diciembre de 2024 y mayo de 2025 -solo superado por Países Bajos y Estonia- y el segundo desde enero hasta mayo, solo superado por Estonia. A partir de febrero ha adelantado un puesto más, colocándose como el primer Estado de la UE con importaciones de material militar de código 93 desde Israel, lo que supone un tercio del total importado por la Unión Europea en ese periodo. En cuanto al código 8710 -“carros y vehículos blindados”- España ha sido el principal país de la UE importador de ese tipo de material militar desde diciembre de 2024 hasta mayo de 2025, con el 69%. El investigador Pozo destaca que “la práctica totalidad” de lo importado desde diciembre de 2024 -y también en septiembre de ese año- corresponde al subcódigo 9306 -“bombas, granadas, torpedos, minas, misiles, cartuchos y demás municiones y proyectiles, y sus partes”-, concretamente el 9306901000, “que excluye los cartuchos y especifica 'de guerra'”. Extracto de la tabla del portal DataComex de Comercio de España, en la que se pueden comparar los datos de importaciones de todos los países de la UE De octubre de 2023 a mayo de 2025 España ha importado de Israel al menos 54 millones de euros en armamento Además, existe más material de defensa con otros códigos, “cuya aplicación militar no podemos determinar hasta que así lo haga la Secretaría de Estado de Comercio” de España “dentro de bastantes meses”. En el portal DataComex de la Secretaría de Comercio aparece un mensaje relativo a los cinco primeros meses de 2025, en el que se indica que el “flujo de importación está asociado a programas estratégicos del Ministerio de Defensa, para uso por el propio Ministerio de Defensa de España”. El investigador del Centre Delàs destaca que, por el tipo de producto, por el volumen económico y por los tiempos, “todo parece indicar que esas importaciones pueden estar directamente relacionadas con dos programas”: los misiles Spike y/o los lanzacohetes SILAM . Ambos programas se desarrollan en España, a través de empresas españolas que cuentan con un acuerdo con compañías armamentísticas fabricantes israelíes o con sus filiales en España. Se trata de las empresas Rafael, Elbit o PAP Tecnos, filial de la israelí Rafael. Aunque la fabricación se realiza en España, “los acuerdos de tecnología no lo ceden todo, y una parte sigue siendo exportada desde Israel”, indica Pozo. Imagen de archivo de la empresa PAP Tecnos, filial de la israelí Rafael: lanzamiento de un misil Spike Más de 40 acuerdos de compra a Israel El pasado 30 de mayo la secretaria de Estado de Defensa de España anunció lo que denomina un “plan de desconexión” de la tecnología militar israelí, pero no especificó si esto significaría la suspensión de algún proyecto en concreto y sí señaló que “no está en riesgo absolutamente ningún programa”. El investigador del Centre Delàs de Estudios por la Paz, Alejandro Pozo, señala que “es posible que, el próximo mes de septiembre, se haya importado de Israel todo lo que se pretendía importar” en relación con estos dos programas armamentísticos y destaca que, en caso de que finalmente se apruebe un embargo de armas, éste “afectará al futuro, a pesar de que los crímenes son del presente y hace tiempo que vienen produciéndose”. En los últimos veintiún meses, desde que comenzó esta oleada de ataques israelíes contra población civil en Gaza hasta mayo de 2025 España firmó o adjudicó más de cuarenta contratos de compra a empresas armamentísticas israelíes o a sus filiales o mediadoras. Así se puede comprobar en la Plataforma de Contratación del Estado, accesible a la ciudadanía sin necesidad de registrarse. El Centre Delàs de Estudios por la Paz indica que el valor de estos contratos asciende a más de 1.041 millones de euros. Entre estas compras, está la del designador láser POD para aviones de combate, adquirido a través de la empresa armamentística israelí Rafael, firmado en abril de 2024 -cuando el Ejército israelí ya había matado a más de 30.000 personas en la Franja de Gaza- y con un plazo de ejecución hasta noviembre de 2027, por 207 millones de euros. Datos de importaciones españolas de armamento de Israel, portal DataComex La relatora de la ONU demanda embargo no solo de exportaciones, también de tránsitos e importaciones, ya que contribuyen a reforzar “la economía de la ocupación y el genocidio israelí” Peticiones de embargo inmediato El pasado mes de mayo el Congreso aprobó iniciar los trámites para imponer un embargo de armas a países investigados por crímenes de guerra, lesa humanidad o genocidio, sin que esté totalmente claro cuál será aún el texto definitivo, es decir, si ese futuro embargo afectará solo a las exportaciones de armamento a Israel o también a las importaciones, acuerdos, tránsitos y transbordos. Esto, unido a la demora en la aprobación, ha sido denunciado por colectivos de la sociedad civil, que demandan medidas inmediatas. Más de seiscientas organizaciones -integradas en la Campaña por el Fin al Comercio de Armas con Israel - insisten en pedir “un Real Decreto Ley que el Gobierno puede aprobar mañana mismo” para establecer el “embargo integral ya”. En el mismo sentido se pronunciaron la pasada semana más de mil firmas del mundo de la cultura , solicitando al presidente Pedro Sánchez un embargo a través de un decreto urgente que lo ponga en marcha sin más demora. Desde octubre de 2023 hasta hoy, 52 relatores y relatoras de la ONU han solicitado sanciones y embargos a Israel. Además, el dictamen de julio de 2024 de la Corte Internacional de Justicia demanda a los países de la ONU medidas para impedir relaciones comerciales que contribuyan a la ocupación ilegal israelí, lo que afectaría no solo a las relaciones armamentísticas. La relatora de Naciones Unidas, Francesca Albanese, insiste a los países europeos para que cumplan dicho dictamen de la Corte de La Haya y denuncia “la complicidad” de la UE con los crímenes israelíes, con su Acuerdo de Asociación aún vigente. Además, explica que las compras a empresas armamentísticas israelíes o sus filiales contribuyen a engrosar sus arcas y refuerzan “la economía de la ocupación y el genocidio israelí”, al igual que los tránsitos y las exportaciones de armamento a Israel. Desde el Centre Delàs lamentan la tardanza en la adopción de medidas por parte de España, recuerdan que las relaciones armamentísticas con Israel continúan y solicitan que el embargo sea integral y se apruebe de forma inmediata por el Gobierno, sin necesidad de esperar más. “Ya llegamos muy tarde y las maneras propuestas sugieren que, en el mejor de los casos, vamos a tardar todavía más”, resalta Pozo.

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