El periodista y escritor Sergio V. Jodar publica 'Moreno paleta', un libro que recuerda el verano en el que nos hicimos mayores, ahondando en la desigualdad de la que no se libran ni las escapadas a la playa Joan Didion aborda las dudas sobre la maternidad en sus diarios inéditos: “Usted no cree que pueda amar sin preocuparse” “El curso que viene seréis mayores”. Esta fue la frase con la que a tantas generaciones nos desearon “felices vacaciones” al acabar sexto de primaria, lanzándonos al verano previo a la ESO sumando un nuevo cuadernillo de deberes: el de hacerse adulto. Como si la madurez se activara con un interruptor, como si existiera un manual de instrucciones universal, como si en ese momento entendiéramos qué es. Pero sí, en ese verano terminaban pasando cosas, como le ocurre a Alberto Chavarría, el joven protagonista de Moreno paleta (Plasson e Bartleboom), la tierna y crítica novela en la que el escritor y periodista Sergio V. Jodar viaja al –y desde– el corazón a los veranos en la playa en familia, a las partidas al Continental, el sabor de la Fanta, el olor a colonia Brummel del abuelo, el boom de Melendi , las siestas bañadas en sudor y las interminables tardes a remojo para sobrellevar el calor. Lo hace enmarcándolo en un telón de fondo empapado de nostalgia, que convive con el clasismo, la desigualdad, la corrupción, la crueldad y lo sumamente influidos que estamos por las personas que nos rodean; en la adolescencia con aún más consecuencias si cabe. “Lo que nos marca con 12 o 13 años es mucho, una edad en la que solo mirábamos. Éramos como un libro abierto, todo te iba entrando por los poros”, explica el autor a elDiario.es. Una edad en la que los veranos se medían por una unidad temporal diferente, lento, largo, intenso. El escritor y periodista Sergio V. Jodar, autor de 'Moreno paleta' “Hay un verano en el que a todos se nos rompe algo dentro, en el que la brújula cambia un poco, y el norte deja de apuntar a donde pensábamos”, valora. Le ocurre a Alberto, que opta hasta por cambiarse de nombre, dejando atrás su apodo de Beto, porque suena a “niño pequeño”, por Chava, acudiendo a su apellido. Lo hace para lograr con su nuevo 'alias' tachar algunos de los puntos de la lista de objetivos que se marca para conseguir la supuesta 'madurez'. Fumar, beber, robar y dar un beso estarán también entre los propósitos que va intentando cumplir mientras las olas del mar en el que se baña se comportan igual que los miles de dudas que le asaltan. Van y vienen, se revuelven, traicionan, se gozan, se aprende poco a poco a sortearlas, se temen. Clasismo, ciudad de vacaciones Alberto veranea en un camping de bungalós junto a sus padres, hermanos y abuelos, al lado de 'La Fama', la lujosa urbanización a la que todos quieren pertenecer, y que cuenta con su propia playa, llamada 'Mágica', porque en ella, “hace sol hasta cuando está nublado”. Dos mundos opuestos separados por una selectiva verja, que tratará de cruzar para intentar ser “como ellos”, el séquito de 'amigos' ricos del hijo de un alcalde corrupto, que viven con toda clase de lujos e impunidad. Una verja que cada mañana amanece con pintadas en rotulador lila con mensajes como: “ Aznar lleva farlopa en el bigote”. “Quería plasmar que si hay privilegiados y gente sin dinero, es porque hay gente que se lo está quedando”, comenta el escritor y periodista. En la novela hay un caso de corruptela en el que el desigual capital en los bolsillos de sus implicados provoca que las consecuencias en caso de ser pillados sean completamente diferentes. “La vida es como una carrera de 10 kilómetros, hay gente que la empieza a los ocho con zapatillas buenas, y otros en el cero y descalzos”, comenta Sergio V. Jodar. “Nacemos con las cartas marcadas”, opina, tanto quienes tienen más, como los que tienen menos, “hay familias que nacen con 1000 balas y otras con una, con diferentes oportunidades para acertar. Si tienes una bala y no aciertas, se acabó”. El escritor y periodista reflexiona sobre la clase “más social o trabajadora”, que considera que ahora se ha perdido “un poco”. “Todos decimos que somos clase media. Los pudientes para blanquear su riqueza y los de obrera que lo dicen con orgullo para intentar subir. Como hacemos un viaje al año y tenemos Netflix , ya somos de clase media, pero si trabajamos 40 horas y no nos da para el alquiler, somos clase obrera”. El autor de Moreno paleta quiso plasmar la desigualdad social en la novela porque “está en todas partes”, y como contraposición a la “meritocracia que se está imponiendo”: “Intentar llegar a ser lo que no eres, o lo que incluso te es imposible por tu clase social”. Sin caer en una posible generalización basada en distinguir 'buenos' y 'malos', en una simplificación que tampoco sería realista, sí que en el libro son los hijos de las familias adineradas, aunque no los únicos, los que muestran comportamientos más reprochables. “Cuando hay un chaval problemático, se dice que es que viene de una familia desestructurada, pero aquí los que dan más problemas son los de las estructuradas. Está esa cosa de que los que vienen de buena familia se portan bien, y los otros no. No es que los ricos sean malos y los pobres buenos, no hay maniqueísmo, hay muchos grises. Pero sí quería mostrar que la gente que tiene dinero hace cosas malas”, valora. Cuando hay un chaval problemático, se dice que es que viene de una familia desestructurada. Está esa cosa de que los que vienen de buena familia se portan bien, y los otros no. Y no es que los ricos sean malos y los pobres buenos, hay muchos grises. Pero sí quería mostrar que la gente que tiene dinero hace cosas malas Sergio V. Jodar — Escritor y periodista “Cogemos nuestras pertenencias cuando vemos a alguien sin hogar, que es un gesto de clasismo, y a lo mejor tendría que darnos más miedo una persona con corbata y maletín”, propone al reflexionar sobre por qué hay una tendencia a “tener más miedo a alguien que ni siquiera tiene dinero, que a alguien que lo tiene y a lo mejor te lo ha robado”. Sergio V. Jodar ha querido poner el foco en ellos como protagonistas de los episodios “más macabros”, para ahondar en los porqués y en las derivas de la desigualdad. Uno de estos episodios es una situación de acoso hacia una de las chicas del grupo en la fiesta de cumpleaños del hijo del alcalde. “Se ven con unos privilegios por la familia de la que vienen que llegan acosar a una niña, porque se creen que por darle dinero es suya. Son personajes que por tener dinero creen que pueden andar por el mundo como si fueran dueños del mundo, del sol, de la playa y de las personas”, expone el autor sobre una escena en la que también participa el protagonista que de verdad es de clase obrera: “No quería blanquearlo, también hace cosas mal y está malinfluencidado, pero son otros los que llevan la voz cantante”. Jugar con el lenguaje Más allá de la historia, Moreno Paleta está impregnado de oralidad tanto en los diálogos como en la propia narración en sí, para la que terminó eligiendo usar la tercera persona, pero una tercera persona “muy metida en la cabeza del protagonista”. Las conversaciones sí que han sido escritas de forma más directa, “como habla la familia Alberto, e incluyendo algunos catalanismos”. Sergio V. Jodar comenta que siempre había querido “jugar con el lenguaje” y que este libro se convirtió en la oportunidad perfecta para hacerlo, porque su primer impulso fue que “la voz estuviera dentro de la cabeza de un preadolescente de doce años”. La playa de La Barceloneta, durante la última verbena de Sant Joan “Como escritor era un reto ponerse en la mente de alguien que vive cosas de las que igual no se entera, pero que están igualmente pasando”, comenta sobre aquello que un niño de doce años igual no es capaz de ver, pero que el adulto que vaya a aproximarse a la novela sí. “Intentar que aunque el protagonista no se entere, el lector sí sea consciente de los secretos de su familia”, reconoce sobre la manera en la que eligió aproximarse a ellos, “desde un costado”, como él describe. Y sin dejar por ello hablar de esas escenas que vivimos cuando teníamos esa edad, y que solo comprendimos mucho tiempo después, como las discusiones de nuestros padres a puerta cerrada en su dormitorio o las enfermedades de familiares. La experimentación con el lenguaje que Sergio V. Jodar quiso incluir en el libro es un acierto. Su estilo confiere una cadencia a la lectura y genera un tobogán de emociones que, por un lado, da ligereza; ya a la vez enternece, porque conecta directamente con los 'yoes' que fuimos en la época en la que todavía no teníamos ni idea de lo que era ser yo. Moreno paleta funciona como un viaje al tiempo encapsulado que se mantiene intacto en nuestros corazones.

• Canarias Ahora
• 3 gün, 9 saat, 7 dakika

El Ayuntamiento inició la revisión de oficio de la licencia, ordenada por la Justicia, con un relato de los hechos en el que vuelve a señalar que el terreno “era y es” urbanizable, obviando que estaban protegidos en el Parque Natural y que los planos habían sido alterados Ni abril ni julio de 2025: el Gobierno central y el andaluz incumplen las promesas de derribo de El Algarrobico Ecologistas en Acción cree que el Ayuntamiento de Carboneras (Almería) está volviendo a enredar la ya enmarañadísima madeja en torno a El Algarrobico, el gigantesco hotel a medio construir en la playa del mismo nombre, con la finalidad de seguir demorando su pretendida demolición. En esta ocasión, el Ayuntamiento ha echado mano de unos planos de los que ya se sabe, desde hace años, que fueron burdamente manipulados. Basándose en esos planos, el Consistorio concluye que El Algarrobico “era y es” urbanizable. Recurrir nuevamente a esa cartografía alterada podría tener el efecto de facilitar que la licencia de obras del hotel, vigente desde marzo de 2003 y actualmente en trámites de revisión, acabe siendo declarada válida, alertan los ecologistas. “Afirmar que en la actualidad El Algarrobico es urbanizable no tiene justificación alguna”, señalan desde Ecologistas en Acción, que ha pedido, igual que Greenpeace, que se la tenga por parte interesada en el expediente y pide recibir copia de todas las actuaciones. Cree que hay “ausencia de buena fe municipal” al no mencionar resoluciones sobre el deslinde marítimo-terrestre ni las limitaciones legales que pesan sobre el paraje. La sospecha de los ecologistas tiene un anclaje histórico. Desde hace décadas, todo cuanto acontece en los tribunales en torno a El Algarrobico tiende de forma inevitable a no producir el mínimo efecto material, gracias a la conjunción de varios factores: la falta de voluntad constatada por parte de los sucesivos gobiernos municipales de Carboneras para demoler la mole; el intrincado expediente administrativo y judicial ; la incapacidad y/o laxitud de los tribunales para hacer ejecutar lo juzgado ; y, ahora, las desavenencias entre Gobierno central y autonómico sobre cuál es la mejor fórmula para poner fin a la aberración. El Gobierno de Moreno es partidario de impulsar la revisión de la licencia, mientras que el Ejecutivo central intenta desde febrero expropiar al menos la mitad de los 32.000 metros cuadrados sobre los que se levanta el hotel. Unos planos alterados Hace 15 días el Consistorio dio un paso supuestamente histórico: acordó empezar a tramitar el expediente para revisar la licencia de obra, cuatro años después de que se dictara la sentencia que le obliga a ello. Sin embargo, los ecologistas denuncian que el movimiento tiene truco, visible en los documentos preparatorios de ese expediente. Tanto el acta de la comisión municipal que preparó el acuerdo de apertura del expediente de revisión (firmada el pasado 7 de julio) como la propuesta (23 de junio) recogen un relato basado en unos planos alterados. Tras remontarse a las primeras normas de ordenación urbanística del municipio, los dos documentos llegan al punto clave: el 22 de diciembre de 1994 entró en vigor el Parque Natural del Cabo de Gata, coincidiendo con la publicación en BOJA de su Plan de Ordenación de Recursos Naturales (P.O.R.N.), en el que se recogen los límites del parque, que se extiende hasta El Algarrobico. Plano publicado en BOJA, donde consta su clasificación C1 Sin embargo, los planos que en 1997 aportó la Consejería de Medio Ambiente al Consistorio calificaban El Algarrobico como Subzona D-2, en la que los usos y actividades permitidos, entre otros, “era y es el Uso Hotelero”, señalan los dos documentos elaborados ahora por el Consistorio. Los ecologistas denuncian que ese relato obvia un hecho determinante: los planos del P.O.R.N. de Cabo de Gata remitidos por la Junta de Andalucía al Ayuntamiento habían sido alterados. A mano alzada alguien había sustituido en aquellos planos la referencia C1 [que constaba en el PORN publicado en BOJA el 22 de diciembre de 1994] por D2. Es decir, había pintado como zona urbanizable (D2) lo que era área de recursos naturales (C1). Plano remitido al Ayuntamiento, donde la zona aparece clasificada D2 En 1997, estos planos sirvieron al Consistorio para concluir que los terrenos eran urbanizables, cuando en realidad estaban en pleno Parque Natural. El cambiazo dio lugar a que en 2003 se pudiera expedir la licencia de actividad y la licencia de obra, que empezó poco después y se ejecutó hasta febrero de 2006, cuando un juzgado de Almería dio la orden de parar, dejando El Algarrobico en el punto en el que sigue casi veinte años después. “Una tomadura de pelo” Desde entonces, múltiples resoluciones judiciales han constatado la ilegalidad de la obra por invadir dominio público y zona del parque natural, y en varias de ellas se recoge explícitamente el papel clave que jugaron los planos alterados. En 2008, el propio juez que había paralizado la obra calificó aquello de “inaceptable e inviable modificación por la vía de hecho” de un plano aprobado oficialmente, rechazó que hubiese sido un mero error y dio traslado por un posible delito de prevaricación a Fiscalía, que archivó. “Ha habido siete sentencias que han quitado validez a esos planos”, apunta José Ignacio Domínguez, abogado de los ecologistas, quien ha dado cuenta de esta “maniobra” al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), quien debe vigilar que se cumple la sentencia que obliga al Consistorio a revisar la licencia. “A estas alturas, es como mínimo una tomadura de pelo, y quizás prevaricación si adoptan la resolución”, protesta Domínguez, quien advierte que ese relato de los hechos puede llevar a una revisión infructuosa de la licencia. El abogado, que lleva ya 20 años con este asunto, hace años que denuncia que ninguno de los presuntos errores y omisiones en torno a El Algarrobico es casual. Por eso ha llevado el caso ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, invocando una posible vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva. Ninguna de las dos sentencias claves del TSJA (la que obliga a clasificar el suelo como no urbanizable -dictada en 2016 y firme desde 2018- y la que obliga a revisar la licencia -dictada en 2021 y firme desde 2022-) ha sido ejecutada. A pesar de que el TSJA ha ido advirtiendo a los sucesivos alcaldes de que los multaría si no actuaban, ninguno ha llegado a ser sancionado, y ninguna de las dos sentencias se ha cumplido. Siempre hay un error, un obstáculo, falta un secretario municipal, un trámite que no se cumple. De fondo, lo que subyace es una patente falta de voluntad, que el propio alcalde actual (Salvador Hernández, Ciudadanos) ha verbalizado en los últimos meses, pidiendo un acuerdo que permita dar uso al hotel, señalando que revisa la licencia “no por gusto” sino por obligación o advirtiendo de que “van a pasar años” hasta el derribo del hotel. Si es que llega. Ahora, la revisión de la licencia acaba de empezar, mientras que la reclasificación del suelo, ya acordada tras una corrección de errores que ha llevado un año, sigue pendiente de la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y en el Registro de Instrumentos Municipales de la Junta de Andalucía, a pesar de que el 28 de junio venció el plazo que el TSJA dio al Ayuntamiento para hacerlo.

• Canarias Ahora
• 3 gün, 9 saat, 7 dakika

El Consejo de Ministros autorizó en 2006 una partida de 42,6 millones para revestir este tramo y hacerlo impermeable a las filtraciones. Desde 2023 hay vigente un contrato para revisar su estanqueidad El pueblo que se quedó sin acuífero por el AVE a Málaga busca agua tras perder el pleito con el Estado El túnel que atraviesa la malagueña sierra de Abdalajís para franquear el paso al AVE entre Málaga y Madrid ha sufrido desprendimientos de cascotes y filtraciones de agua que este martes han provocado retrasos en la circulación de los trenes . Por los antecedentes y el entorno, no se trata de una incidencia cualquiera. Ese tramo es un punto negro en las infraestructuras ferroviarias desde que el 23 de marzo de 2005 una tuneladora perforó el acuífero que hasta entonces nutría al municipio de Valle de Abdalajís. Aquello empezó a brotar a razón de 800 litros por segundo y el pueblo se quedó sin agua , porque ahora se pierde por la boca del túnel la que le llegaba del acuífero. Es un túnel que, además, debía ser objeto de una especial vigilancia para garantizar que su revestimiento, veinte años después, sigue siendo estanco. En varios vídeos a los que ha tenido acceso este medio, supuestamente grabados durante la noche del lunes, se observa cómo mana abundante agua desde la base de la vía, inundando unos 300 metros del túnel a la altura del punto kilométrico 113. La altura llega al nivel del raíl. En otro de los vídeos se observa cómo surge de una de las paredes laterales. La huella del deterioro es visible, quedando al descubierto el forjado metálico de las paredes del túnel. En 2006, el Consejo de Ministros autorizó una partida excepcional de 42,6 millones de euros para revestir e impermeabilizar el tramo que ahora ha sufrido los desprendimientos. “La actuación permitirá la completa recuperación de los acuíferos en los caudales que éstos presentaban con anterioridad al inicio de las obras”, señalaba el anuncio. Pero el acuífero nunca se recuperó ni volvió a servir a los vallesteros, y ahora la impermeabilización está en cuestión. “El túnel hoy ha hablado como veníamos anunciando desde hace décadas. ¿Qué explicación tiene que el agua irrumpa en el túnel en pleno mes de julio? ¿Qué va a pasar cuando caigan 700 litros como el pasado invierno? Ahora que investiguen”, apunta José Romero, que antes de ser alcalde de Valle de Abdalajís (2019-2023) fue parte activa de la Plataforma ProManantiales, constituida precisamente para reclamar la responsabilidad por el daño al acuífero. El desprendimiento provocó este martes demoras que se suman a las múltiples incidencias de las últimas semanas, y sirvió al PP para acumular munición contra el ministro Óscar Puente, al que acusan de abandonar la red ferroviaria en su extensión hacia el sur. El secretario general del PP de Málaga, José Ramón Carmona, acusó al ministro de “degradar” la infraestructura ante el “abandono inversor y la ausencia de mantenimiento”. Un vídeo remitido por una fuente local y registrado a última hora del martes muestra que a esa hora los trenes circulaban por el túnel oeste en ambos sentidos. El daño se habría registrado en el tunel este. Un contrato para revisar la estanqueidad Nada más conocerse la incidencia, ADIF admitió que se había producido un “desprendimiento de cascotes” que tiene su origen en la “presión hidrostática del acuífero próximo a la infraestructura”. El administrador de infraestructuras añadió que la incidencia “no compromete la estructura y seguridad del túnel”. En el vídeo que publicó ADIF no se observa el agua abundante que sí se ve en otros a los que ha tenido acceso este medio. Los vídeos, tanto el publicado en su cuenta de X como otros a los que ha tenido acceso este medio, cuestionan el estado actual de la infraestructura, que estaba siendo analizada. ElDiario.es Andalucía ya informó en octubre de 2022 de que ADIF tenía la intención de revisar el estado del túnel y, en particular, su revestimiento, porque tenía dudas de su estanqueidad transcurridos 18 años del revestimiento millonario autorizado por el Gobierno. Para eso, licitó y adjudicó un contrato que justificó en la necesidad de “estudiar el estado estructural del revestimiento estanco (…) para asegurar que no se producen filtraciones que puedan ocasionar daños en la vía y resto de instalaciones de los túneles”. “Para una explotación ferroviaria segura es necesario restituir, mantener y reparar el sistema de auscultación de los túneles, ya que a través de este sistema se obtiene información indispensable del estado de los túneles y de la necesidad de acometer reparaciones”. El contrato fue adjudicado en mayo de 2023 a Instrumentación Geotécnica y Estructural, S.L., por un total de 700.521,73 euros, IVA incluido. Su objeto es el “control y auscultación del revestimiento estanco de los túneles de Abdalajís” y está vigente hasta 2027. Preguntada por los resultados de este encargo, ADIF no ha respondido a este medio. El contrato también recogía la posibilidad de realizar ensayos para conocer el estado del hormigón armado que forma las bóvedas de refuerzo, “si se considera necesario”. El túnel de Abdalajís es el más largo de Andalucía, con una longitud total de 7,3 kilómetros. Cuenta con un revestimiento teóricamente estanco que no se prolonga a lo largo de toda la galería, sino que tiene una longitud aproximada de 1.125 metros en el tubo Este y de 1.165 en el tubo Oeste, ocupando el tramo donde atravesó los acuíferos afectados durante la perforación. El revestimiento se construyó como un anillo de hormigón in situ, formando un refuerzo en el interior del anillo de dovelas prefabricadas. Tiene un espesor de 35 centímetros y se utilizaron hormigones de distinta resistencia en dos tramos diferentes, con un doble objetivo: de un lado, formar una barrera estanca para las filtraciones de agua del terreno hacia el interior del túnel, “permitiendo la recuperación de niveles en los acuíferos afectados por la perforación del túnel”, según el pliego. De otro, soportar la presión del agua del trasdós de la barrera impermeable, mediante la estructura de hormigón. El pueblo que perdió su acuífero La línea de alta velocidad Madrid-Córdoba-Málaga se inauguró en 2007. El túnel que unió la Costa del Sol con la capital de España y, de paso, con el resto de capitales con alta velocidad, alteró para siempre la vida de Valle de Abdalajís. Aquel 23 de marzo de 2005, el pueblo perdió de sopetón el acceso a una fuente de agua tan abundante que, hasta entonces, se le conocía como Villa de los Manantiales. El acuífero, que hasta entonces almacenaba 7.000 millones de litros de agua, acabó perdiendo la mitad de su volumen. Desde entonces, el agua brota por la boca del túnel a una altura inferior, y acaba desembocando en el Río Guadalhorce sin que sea aprovechada por Valle de Abdalajís porque ya no sería apta para el consumo humano. Entonces empezó también una relación tormentosa entre ADIF y el pueblo, que exigió y obtuvo una compensación que, según los sucesivos alcaldes, nunca ha paliado el daño producido. Durante todos estos años, ADIF ha sufragado el envío diario de veinte camiones cisterna que palían la carencia de otras infraestructuras suficientes para dar de beber al pueblo. El servicio fue interrumpido bruscamente en febrero de 2021 , pero la Audiencia Nacional ordenó retomarlo de inmediato. Sin embargo, el pasado mayo la Audiencia acabó por dar la razón a ADIF , al considerar que ya no está obligado a seguir prestando ese servicio. ADIF calcula que ha gastado en torno a 40 millones de euros en la zona, entre camiones cisterna, depósitos, perforaciones y obras accesorias. Valle de Abdalajís ha recurrido, y los camiones seguirán llegando hasta que la sentencia sea firme o se encuentre una solución alternativa. En las últimas semanas se ha producido al menos una reunión entre la alcaldesa, Virginia Romero, altos cargos de ADIF y técnicos de la Diputación Provincial, que presta asistencia al municipio.

• Canarias Ahora
• 3 gün, 9 saat, 7 dakika

La figura de la empresaria y estrella de la televisión estadounidense, que erigió su imperio como pionera prescriptora de estilo de vida, resurge como modelo aspiracional en un Internet donde proliferan los contenidos de vida doméstica conservadores Cómo la píldora anticonceptiva se ha convertido en la última herramienta de desinformación ultraconservadora “No estamos en el verano de las chicas sexys, estamos viviendo el Martha Stewart Summer ”, escribe Presley, una creadora de contenido en TikTok, en un vídeo en el que se la ve cuidando de su jardín y recogiendo flores. Si en ese vídeo presume de estar “creando un jardín del que Martha Stewart se sentiría orgullosa ”, en otro, que acumula casi 200.000 visualizaciones, enseña cómo es tener grandma hobbies (aficiones de abuela, en castellano) en su veintena. Cocinar, coser, decorar tu hogar con manualidades o cuidar de las gallinas son algunos de los clips que aparecen en el vídeo. Todos ellos con una estética cuidada en un entorno rural campestre que se presenta como idílico. Lexie, otra creadora de contenido que está “transformando su vida en una vida al estilo de Martha Stewart”, muestra cómo llena su cocina de nuevos accesorios hasta darle un cambio completo de imagen, y cómo eso le ha hecho “amar su cocina y querer pasar más tiempo en ella”. Mientras que Katie Marie, una artista de acuarela que publica en TikTok, aparece dibujando en su casa, en un vídeo en el que todo combina —la decoración, las acuarelas y su propia ropa— y en el que asegura que la lección vital que ha aprendido de Martha Stewart es que “el único ingrediente esencial para triunfar es la pasión”. Estos vídeos, publicados en estas últimas semanas, bien podrían ser estampas de los muchos libros que publicó la empresaria estadounidense Martha Stewart durante los años ochenta y noventa. Una mujer blanca de clase media que se hizo multimillonaria y se convirtió en un icono cultural al ser la primera persona en ver el potencial de hacer negocio de su vida personal, algo por lo que hoy es conocida como “la primera influencer ”. Stewart, que es un ejemplo del modelo neoliberal de mujer empoderada “hecha a sí misma”, y que no ha estado exenta de polémicas en su vida, es recuperada hoy por la generación Z como un modelo aspiracional. Pero, ¿qué quiere decir esta recuperación de la figura de Stewart? ¿Y por qué hay chicas jóvenes que desean vivir un Martha Stewart Summer ? Del brat summer al verano Martha Stewart Si el verano pasado se popularizó la estética brat a raíz del nuevo disco de la cantante Charlie xcx —un estilo de vida y un tipo de feminidad caótica, desenfadada, rebelde, sexy, segura de sí misma y que no le importa nada—, este verano parece que está marcado por la estética campestre inspirada en Martha Stewart. Numerosas jóvenes están apareciendo en TikTok en casas decoradas en tonos beige y pastel, llenas de flores, con jardines impecablemente cuidados de los que recogen verduras y frutas que, más tarde, utilizan para hornear tartas. La estetización de este estilo de vida no supone una novedad, sino más bien una continuación de otras tendencias que han surgido en los últimos años: la estética cottagecore , que celebra un regreso idealizado de las mujeres a los oficios y habilidades tradicionalmente asociadas a lo femenino; la tendencia #stayathomegirlfriend, donde se performa una vida doméstica hiperfeminizada, pulida y cuidadosamente “curada”, en la que mujeres jóvenes —normalmente heterosexuales, sin hijos, de clase media-alta y con una pareja masculina que las mantiene económicamente— documentan su día a día en casa; o las tradwives (abreviatura de “esposas tradicionales” en inglés), en la que una comunidad digital de mujeres promueve un ideal de feminidad basado en los roles tradicionales de género, en el que el hombre provee y la mujer debe comportarse como una madre y esposa entregada y devota. Todas estas tendencias, aunque diferentes, están enmarcadas dentro del mismo universo estético, y comparten un subtexto político conservador a través del cual se busca devolver a la mujer al hogar. El modelo individualista de mujer exitosa que encarnaba Stewart promovía una versión conservadora del feminismo. En su artículo Mrs Hinch, el auge de las cleanfluencers y la reformulación neoliberal del trabajo doméstico: ¿Fregando la crisis?, las investigadoras Emma Casey y Jo Litter reflexionan sobre el auge de este tipo de contenido en relación a una incomodidad y frustración persistentes en la sociedad contemporánea. Cuando habitas un contexto sociopolítico y económico convulso, el regreso al hogar —el espacio personal— se percibe como el único lugar que proporciona una sensación de orden y control. Sin embargo, en esta estetización y romantización de la domesticidad, el modelo de mujer que es representada se encuentra bajo unos parámetros muy determinados, aquellos que delimitan a la “buena mujer”: la que encaja dentro de los cánones hegemónicos de belleza, viste con tonos neutros y no llama demasiado la atención. La hiperfeminidad llamativa, ruidosa y deseante —aquella que se asocia a la sexualidad visible, al cuerpo exuberante o a lo provocador— desborda estos límites y resulta incómoda en este marco estético. Es percibida como excesiva, inapropiada y, por tanto, amenazante. En contraste, lo que se celebra es una feminidad contenida, suave y agradable de mirar. Todo debe ser pulcro, “curado”, emocionalmente estable y visualmente armonioso. Esta presentación idealizada erige lo que Isabel Sykes, investigadora en Ciencias y Políticas y Sociales de la Brunel University of London, ha denominado una “feminidad mágica del trabajo doméstico”, es decir, aquella que resulta agradable de ver para el espectador. Un tipo de feminidad que casi siempre es performada por un reducido porcentaje de mujeres occidentales blancas de clase alta privilegiada que vende un estilo de vida inalcanzable para la mayoría de mujeres, especialmente las que no cuentan con capital económico. Estas narrativas de la domesticidad —altamente privilegiadas y poco realistas— “replican a menudo una división histórica del trabajo doméstico: por un lado, las labores estéticas y feminizadas del homemaking (las que sí aparecen en redes sociales) y, por otro, el llamado 'trabajo sucio' de las tareas menos agradables o visualmente atractivas del hogar, que rara vez se muestran”, explica Sykes, quien también es autora del artículo De la girlboss a la #stayathomegirlfriend: la romantización del trabajo doméstico en TikTok . En esta dicotomía, las actividades que resultan indeseables, es decir, aquellas que sostienen verdaderamente un hogar y a las personas que en él habitan, son invisibilizadas. Por lo tanto, esta romantización de la domesticidad mediada por las redes sociales “refleja y perpetúa la negación del trabajo de reproducción social realizado por las mujeres y oculta la realidad turbulenta de la vida doméstica, directamente relacionada con lo que se conoce como 'crisis de los cuidados”, asegura Sykes. Esta crisis alude al colapso de los sistemas que aseguran la vida cotidiana y el bienestar humano, que, en la mayoría de ocasiones, acaba siendo sostenido por mujeres racializadas y de clase trabajadora en condiciones de precariedad. Una realidad doméstica muy diferente a la que siempre ha representado Martha Stewart: estetizada, blanca, ordenada y rentable. Y cuya imagen pública —construida sobre la monetización de la vida privada— la ha convertido en el modelo aspiracional de una figura híbrida: la girlboss doméstica. La girlboss doméstica Aunque el término girlboss no existía cuando Martha Stewart alcanzó la cima de su fama en los años noventa, su figura anticipó muchas de las lógicas que más tarde definirían ese modelo de empoderamiento femenino neoliberal. En su documental Soy Martha Stewart , estrenado en Netflix en 2024, la empresaria habla de cómo se concebía a sí misma como una “feminista moderna” que podía tenerlo todo: un hogar perfecto, una imagen cuidada y un negocio propio. El modelo individualista de mujer exitosa que encarnaba Stewart promovía una versión conservadora del feminismo, en la que el empoderamiento no pasaba por romper con los valores tradicionales, sino por dominarlos desde dentro. “El feminismo conservador juega a la ambigüedad y defiende que si tu marido te engaña, lo dejes. Forma parte del ideario conservador porque no estás en la relación perfecta heterosexual. No solo está basado en los roles de género más tradicionalistas, sino en cierta igualdad, en que el hombre sea complementario a ti, en que tú seas complementaria al hombre, que haya amor, que haya respeto mutuo”, explica Silvia Díaz Fernández, investigadora en género y política en la Universidad Complutense de Madrid. Todas estas actividades tienen un subtexto político de aislar a las mujeres en sus casas, de que no formen tejido social, de que no formen amistades, de que no compartan experiencias y de que no hablen entre sí Silvia Díaz Fernández — investigadora en género y política en la Universidad Complutense de Madrid El atractivo de Stewart residía en que no necesitó a una figura masculina para alcanzar el éxito: lo hizo por sí misma, y lo hizo desde el hogar. Transformó el espacio doméstico —tradicionalmente asociado a la sumisión femenina— en una plataforma de autonomía y autoridad. Tal y como se afirma en su documental: “Los sueños y los miedos sobre los que Martha Stewart se erige no son los de la domesticidad femenina, sino los del empoderamiento. Es la mujer que se sienta y discute con los hombres sin tener que quitarse el delantal”. Este modelo de empoderamiento no solo está profundamente imbricado con los valores del feminismo conservador, sino también con una lógica de hiperconsumo individualista que la convierte en la precursora de la influencer contemporánea. El hogar no es solo el refugio, sino el escenario de una constante optimización estética que no se alcanza de cualquier forma, sino a cambio de una constante inversión económica —con objetos de diseño de alto valor— y de tiempo, ya que el “hogar ideal” no se construye en pocas horas. Y esa optimización, como recuerda Díaz Fernández, está atravesada por una forma muy concreta de soledad: “Todas estas actividades tienen un subtexto político de aislar a las mujeres en sus casas, de que no formen tejido social, de que no formen amistades, de que no compartan experiencias y de que no hablen entre sí”. La investigadora es consciente de que, hoy en día, existe una intención política feminista por revalorizar estas actividades que vimos hacer a nuestras abuelas, y que hay mujeres que se reúnen para practicarlas, pero en trends como el de Martha Stewart “se presentan como algo que forma parte de un proyecto personal de mejora que no tiene nada que ver con la comunidad, sino con pensarse a una misma como mujer, y ver qué puedes hacer para ser mejor”, explica. Lejos de fomentar vínculos, amistades o redes de apoyo entre mujeres, muchas de estas prácticas fomentan una lógica de introspección permanente que, bajo el disfraz del self-care , funciona como una forma de desmovilización. De esta forma, y ante el panorama de creciente cansancio provocado por la incertidumbre política y económica, tiene sentido que la figura de Stewart, —a menudo leída como “apolítica”, aunque atravesada por una ideología concreta— resurja con fuerza. Incluso su paso por prisión —por un caso de fraude financiero en 2004— ha sido absorbido por el relato del éxito individual: una caída seguida de redención que refuerza su imagen de mujer “hecha a sí misma”. Quizá por eso su éxito resulta tan contundente: porque ofrece una respuesta estética, privada e individual a malestares profundamente políticos.

• Canarias Ahora
• 3 gün, 9 saat, 7 dakika

Cada uno podrá hacer sus cálculos sobre si vivirá para verlo, y sobre todo, para verlo desclasificado. En cualquier caso, que el secreto tenga fecha de caducidad es un principio de higiene institucional y en ese sentido la propuesta del Gobierno lanza una señal positiva Todas las democracias tienen secretos, pero demasiados secretos pueden acabar con cualquier democracia. Esto es especialmente cierto cuando, como en España, la ley que regula los secretos de Estado procede de una dictadura y no se ha adaptado plenamente a las exigencias de una democracia avanzada como la española. El Gobierno de Pedro Sánchez se ha propuesto acabar con esta anomalía al presentar su anteproyecto de Ley de Información Clasificada aprobado en el último Consejo de Ministros. Comparar este texto con el de la Ley franquista de Secretos Oficiales de 1968, reformada en 1978, sería poner demasiado bajo el listón. Tiene más sentido ver qué cambia respecto al anterior proyecto del Gobierno, presentado en 2022, criticado por jueces, periodistas, archiveros e historiadores, y finalmente enterrado con el abrupto final de la legislatura y la convocatoria de elecciones anticipadas en 2023. Que es conveniente que España cuente con una Ley de Información Clasificada –mejor que una ley de secretos oficiales–, plenamente adaptada al marco constitucional y democrático, es algo que no se discute. Mejor aún sería si viniera acompañada de una Ley de Libertad de Información, pero eso es otro tema. Sin duda, hay elementos positivos en la propuesta del Gobierno. El secreto pasará a ser la excepción, y no la norma, y los poderes públicos deberán justificar que la restricción que establece es necesaria, idónea y proporcional. Las cuatro categorías de clasificación (alto secreto, secreto, confidencial y reservado) están en línea con estándares de otras democracias occidentales y de organismos internacionales, incluyendo la OTAN y la Agencia Espacial Europea. Se definen mejor que hace tres años los ámbitos de aplicación, las autoridades competentes, y la necesidad de justificar la clasificación, que ya no podrá encubrir vulneraciones de los Derechos Humanos, atendiendo a una reivindicación histórica de numerosas ONG y siguiendo los tratados internacionales. El secreto dejará de proteger a los perpetradores de los peores crímenes del franquismo y la transición, o así debería ser. Por otra parte, también aspectos menos luminosos. Se alude a la Ley de Transparencia de 2013, pero solo en la exposición de motivos –no en el articulado– y en la disposición adicional cuarta, para indicar que no se aplica a la información clasificada: ninguna sorpresa por aquí. Se acota mejor el concepto de “información” clasificada, pero se sigue prefiriendo este amplio término al de “documento” o “documentación”, más específico. Se mantiene la posibilidad de reclasificar lo ya desclasificado, eso sí, de manera excepcional y motivada, pero creando la posibilidad de generar secretos (casi) eternos. La posibilidad de prorrogar la clasificación queda al albur de la decisión discrecional de la “autoridad”. Y por supuesto, aspectos importantes deberán desarrollarse en leyes y reglamentos, a cuya letra y espíritu habrá que estar muy atentos. El proyecto no parece ajeno, por suerte, a lo que la historiadora francesa Arlette llamó “la atracción del archivo”, pues a diferencia del texto de 2022, menciona a estos lugares en los que, a fin de cuentas, los ciudadanos ejercen el derecho de acceso a la documentación pública. No es estrictamente novedoso, pero sí digno de aplauso, que se prevean registros públicos de documentos, que deberían permitir a cualquier usuario saber a qué atenerse en cuanto a qué está clasificado y qué ya no, y cuáles son los plazos establecidos para la consulta. Sobre todo, el texto señala que, para poder desclasificar, hay que saber qué está clasificado, lo que no siempre ocurre. Es más, la documentación debe estar “perfectamente identificada, organizada, ordenada y descrita”, algo imposible sin aumentar considerablemente los recursos humanos y materiales con que cuentan los archivos públicos. Como la norma dice que hay que dar a estos centros “los medios necesarios” para que cumplan su función, es de esperar que todo ello tenga su reflejo en los Presupuestos Generales del Estado. Sin personal ni recursos suficientes en los archivos, gran parte de la desclasificación que prevé la ley será papel mojado. Por supuesto, para los historiadores (al menos los contemporaneístas), periodistas, archiveros y otros profesionales que trabajan con documentación sensible, la cuestión de los plazos de desclasificación es crucial, pues marca el límite entre lo que se puede conocer basándose en fuentes públicas y lo que no, dibujando el contorno de nuestra reconstrucción del pasado, e incluso del presente. Es del todo oportuno y necesario establecer, como hace la ley, unos plazos de desclasificación automática, plazos que ahora, sencillamente, no existen, lo que provoca que lo secreto puede serlo para siempre. La propuesta actual es un poco más generosa que la de 2022, pero tampoco tanto: un máximo de 45 años prorrogables por 15 (60 en total) más para el “alto secreto”, 35 más 10 (45 en total) para el “secreto”, de 7 a 9 para lo “confidencial” y de 4 a 5 para lo “restringido”, estas dos últimas categorías sin posibilidad de prórroga. Es decir, se ha acortado el plazo de clasificación en cinco años en las dos primeras categorías, y en uno en las otras dos respecto a lo prepuesto en 2022. Esto nos situaría en niveles similares a los de otros países europeos, pero no desde luego entre los más aperturistas, ni en la vanguardia internacional de la transparencia. Queda lejos, en todo caso, del máximo de 25 años (prorrogables a 10) para los secretos de Estado, propuesto tenazmente –y en vano– por Aitor Estaban (PNV) en el Congreso. Sobre todo, se trata de aquilatar qué significan estos plazos para la investigación histórica, por una parte, y para el control ciudadano sobre la actuación de los poderes públicos, por otra. Por una parte, la desclasificación automática de toda la documentación de más de 45 años, y por tanto de todos los documentos del franquismo, como prevé una disposición transitoria, es una excelente noticia. Por otra parte, debería resolverse el espacio de ambigüedad que introduce la equiparación del antiguo “secreto” al actual “alto secreto” por los efectos contradictorios que podría tener sobre lo anterior. ¿Este tipo de informaciones también será desclasificado a los 45 años, o se le aplicará la posible prórroga de 15 años más, llegando a los 60? De ello depende el acceso a documentos de la última década del franquismo tan importantes como los de la descolonización del Sáhara en 1975. Por otra parte, pueden hacer sus cálculos: el intento de golpe de Estado del 23-F de 1981 podrá estar cubierto por el secreto hasta 2041, las acciones del GAL hasta 1987 lo estarían hasta 2047, y los atentados del 11-M de 2004, hasta 2064. Cada uno podrá hacer sus cálculos sobre si vivirá para verlo, y sobre todo, para verlo desclasificado. En cualquier caso, que el secreto tenga fecha de caducidad es un principio de higiene institucional y en ese sentido la propuesta del Gobierno lanza una señal positiva. Ahora falta ver si todo ello se convierte en ley –y cómo cambia la norma en el trámite parlamentario–, y se implementa con medios, voluntad política y garantías suficientes. Profesor Titular de Historia Contemporánea en la Universidad Complutense de Madrid

• Canarias Ahora
• 3 gün, 9 saat, 7 dakika

El Gobierno establece un máximo de 60 años para la información clasificada en la nueva ley de secretos oficiales

• Canarias Ahora
• 3 gün, 9 saat, 7 dakika

Zuhal, refugiada en Barcelona y lejos de su familia, trabaja con una ONG catalana que apoya una red clandestina de escuelas cuatro años después de la vuelta al poder del régimen talibán La ley de los talibanes que está matando a mujeres y bebés en Afganistán: “Les supliqué, mi hija se estaba muriendo” Cuando Zuhal tiene un mal día o se siente sola, le reconforta leer una cita de su padre que ha colgado en la pared de su habitación: “No seas la hija de tu padre, sino la hija de tu sabiduría, ya que tu sabiduría hará que el nombre de tu padre perdure”. Zuhal vive desde hace medio año en Sant Cugat del Vallès, una ciudad situada a media hora de Barcelona, y participa en un programa de protección de defensores de derechos humanos de la Agencia Catalana de Cooperación al Desarrollo . Su padre, profesor de biología en un instituto, permanece en Kabul junto al resto de la familia. Foto de la transcripción que ha guardado Zuhal de la cita de su padre: “No seas la hija de tu padre, sino la hija de tu sabiduría, ya que tu sabiduría hará que el nombre de tu padre perdure” El 15 de agosto se cumplirán cuatro años desde que los talibán retomaron el poder , cuando entraron en Kabul sin resistencia militar significativa y provocaron la huida del entonces presidente Ashraf Ghani. Ese día marcó el colapso del gobierno respaldado por Occidente y el inicio del segundo régimen talibán en el país, 20 años después de haber sido derrocado en 2001 por la invasión liderada por Estados Unidos. El colapso coincidió con la retirada de las tropas estadounidenses y aliadas, como parte del acuerdo firmado en Doha en 2020. Borradas de la vida pública Han sido cuatro años marcados por profundos retrocesos en los derechos humanos, especialmente para las mujeres y las niñas , que han sido borradas de la vida pública y han sido privadas de sus derechos más básicos. El Ministerio de la Mujer ha sido disuelto y en su lugar se ha creado el “Ministerio para la Propagación de la Virtud y la Prevención del Vicio”. No hay ninguna mujer en el gabinete talibán ni en altos cargos públicos, ni en la judicatura, fiscalía o en cargos municipales. Human Rights Watch y otras organizaciones hablan de “ apartheid de género” . Esta represión ha desencadenado una grave crisis de salud mental entre las mujeres del país: Afganistán es el único país del mundo donde las tasas de suicidio o de intentos de suicidio son más altas en mujeres que en hombres. Zuhal, que cumplirá 22 años en agosto, nació y creció en Kabul. A los 14 años, empezó a colaborar con la ONG catalana Ponts per la Pau (Puentes para la Paz), que proporciona formación profesional y educación a mujeres y niñas, hasta convertirse en la coordinadora de toda la red nacional. La activista creció en una familia numerosa: es la cuarta de cinco hermanos. Su hermana mayor, de 30 años, es abogada, aunque ya no puede ejercer. La menor, de 14, tiene prohibido ir a la escuela. Uno de sus hermanos es farmacéutico y el otro, informático. Todos siguen en Kabul. “Mis padres siempre me han apoyado. Son mis amigos, mi modelo a seguir. Cuando tomé la decisión de marchar, me dijeron, 'confiamos en tus decisiones. Nosotros sentamos las bases; ahora tienes libertad para elegir tu camino'”, explica Zuhal en un encuentro que tuvo lugar en una cafetería de Sant Cugat. Zuhal en la cafetería Somewhere Cafe de Sant Cugat Desde su llegada a esta tranquila localidad, la joven ha ido adquiriendo hábitos que ahora mismo son impensables en Kabul: desplazarse sola en bicicleta, cruzar parques de noche o ir a la biblioteca a estudiar. Llega al encuentro en bicicleta, cargada con una moderna mochila impermeable llena de libros. En un perfecto inglés, cuenta que está aprendiendo castellano y catalán para poder estudiar Ciencias Políticas en Barcelona. “Mi padre siempre me decía que si hablas un idioma piensas como una persona, si hablas dos idiomas, piensas como dos personas, si hablas muchos idiomas, tu mente se abre al mundo”, explica. Antes de la vuelta de los talibán al poder, Zuhal quería estudiar Ciencias Políticas en la Universidad de Kabul y se formó en violencia basada en género, protección, salud mental, gestión de conflictos y liderazgo. De la noche a la mañana, y a golpe de edictos, los talibán acabaron con su sueño de poder estudiar en la universidad: “Primero pensamos que se trataba de un cierre temporal, una medida provisional, ahora visto con la perspectiva de cuatro años, fuimos un tanto ingenuos”, lamenta. Su labor como activista le abrió la puerta a poder entrar en el programa de protección de defensores de los derechos humanos. Reconoce que fue muy duro para ella tomar la decisión de marcharse de Afganistán porque está muy unida a su familia: “Pero pensé: si comparo la cifra de familiares que echo de menos con la cifra de personas a las que puedo ayudar alzando mi voz, la decisión está clara. Escogí entre mi familia y las niñas y jóvenes de mi país. Me decanté por la cifra más alta”. Sin derecho a la escuela Afganistán es ahora el único país del mundo donde las niñas no tienen derecho a asistir a la escuela secundaria. Hasta la fecha, estas restricciones han afectado a alrededor de 1,5 millones de niñas afganas. Según un informe de la UNESCO , si la prohibición continúa hasta 2030, más de cuatro millones de niñas se verán afectadas. La organización denuncia que el régimen talibán ha anulado dos décadas de progresos, amenazando el futuro de toda una generación. A ello se suma la prohibición de que mujeres trabajen, salvo en unos pocos sectores. Se les impide desplazarse si no son escoltadas por un mahram , un pariente masculino, como padre, marido o hermano. No pueden acceder a parques o gimnasios. El código de vestimenta es estricto y sanciona a los hombres en caso de incumplimiento de las mujeres y las niñas de la familia, lo que ha convertido, en muchas ocasiones muy a su pesar, a los padres y hermanos en colaboradores del sistema policial para esquivar sanciones que podrían suponer la ruina para la familia. La ONG Ponts per la Pau impulsa programas de apoyo psicosocial a las mujeres, alfabetización y también les da herramientas para que puedan ser emprendedoras, ya que hoy por hoy todavía tienen permiso para hacer trabajos artesanales. “Tenemos que apoyar a las mujeres para que puedan tener una fuente de ingresos. Los talibanes les permiten hacer trabajos artesanales así que disponemos de un pequeño espacio que les permitirá ganar dinero para tener pan”, explica Zuhal. Asimismo, la organización ha tejido una red de escuelas y bibliotecas clandestinas para las niñas; aulas en los sótanos o en las despensas de algunas casas, para que puedan estudiar en grupos reducidos o, cuando no es posible, sin moverse de su casa. Cuentan con el apoyo de muchas profesoras que perdieron el trabajo con la llegada de los talibán. Más de 700 niñas estudian hoy en estos espacios ocultos, con la complicidad de sus familias. “Deberíamos conseguir que cada hogar en el que vive una niña se convierta en una escuela”, afirma Zuhal. “Si un miembro de la familia recibe educación, toda la familia se beneficia. Y si transformamos una sola mentalidad, ya es un logro”. “La mentalidad talibán ocupa el espacio público, pero también penetra en los hogares. Es importante no normalizar esta situación y repetir una y otra vez que no se puede privar a las mujeres y a las niñas de sus derechos”, señala. “La cifra de 700 niñas no es suficiente; tiene que crecer exponencialmente. Cada niña que estudia influye en su familia. Si tenemos en cuenta que las familias afganas son muy numerosas, tenemos un gran impacto en la comunidad cada vez que logramos que una niña o una mujer entre en nuestro programa”, subraya la activista. “Cambiar la mentalidad de una persona ya es un logro. Mis tíos, al ver lo que he conseguido gracias a la educación, animan ahora a mis primas y sobrinas a seguir mi ejemplo”. Profesor da una clase a niñas en Kabul, Afganistán En un país donde muchos jóvenes sueñan con dejar los estudios para emigrar, los padres de Zuhal les enseñaron a priorizar la educación sobre el dinero. “Aunque a veces apenas había dinero en casa, siempre había para pagar la matrícula y el material escolar”. Su madre, que huyó a Pakistán durante el primer régimen talibán, terminó secundaria pero no pudo ir a la universidad: “Ella y mi padre querían cruzar la frontera con mis dos hermanos mayores. Mi madre, que es muy fuerte, logró cruzar embarazada de mi tercer hermano, y con los dos pequeños de la mano”, explica Zuhal: “Mi padre no pudo cruzar, se quedó atrás”. El exilio generación tras generación La experiencia del exilio se repite en Afganistán generación tras generación. “Yo soy la semilla que plantó una mujer afgana que se exilió muchos años antes que yo”, indica Zuhal. Esa mujer es Nadia Ghulam, una activista y escritora afgana que desde 2006 vive en Badalona y que es la fundadora de Ponts per la Pau. La vida de Nadia cambió en 1991, durante la guerra civil afgana, cuando una bomba destruyó la casa familiar. Nadia resultó gravemente herida y pasó seis meses en el hospital, donde fue sometida a catorce operaciones. En ese momento, los talibanes habían tomado el control del país y su familia había quedado en la ruina. Su hermano había muerto, su padre estaba enfermo y ninguna de las mujeres de la familia podía trabajar ya que les estaba prohibido. Fue en ese momento cuando Nadia, que tenía once años y todavía se recuperaba de las secuelas del ataque, decidió suplantar “por unos días” a su hermano para poder trabajar y mantener a la familia. Terminó viviendo como un hombre durante diez años. Hizo trabajos físicos muy duros, a pesar de su edad y constantemente cambiaba de pueblo para que nadie descubriera su secreto, que se hacía cada vez más difícil de ocultar. La activista recuerda que “las mujeres, las niñas y las personas vulnerables siempre son los más afectados por las guerras y la violencia” y la historia de Afganistán en el último siglo es una sucesión de guerras, intervenciones extranjeras, regímenes inestables y una población atrapada en un conflicto casi permanente. “Generación tras generación, las mujeres de Afganistán han luchado para defender sus derechos, mejorar sus vidas y las de sus hijas. Mi madre y la madre de Zuhal han luchado para que nosotras nos convirtamos en lo que somos”, dice Ghulam. Zuhal en la libreria ReRead de Sant Cugat

• Canarias Ahora
• 3 gün, 9 saat, 7 dakika

Reconocer que este caso ha llegado aquí como consecuencia de una suma de decisiones en las que han influido sesgos de género, prejuicios, adultocentrismo y técnica jurídica muchas veces ajena a cómo opera la violencia de género es necesario para abordar todos los procedimientos, presentes y futuros, que no tienen ni tendrán este eco mediático La jueza aplaza al viernes la entrega del hijo menor de Juana Rivas a su padre Corría 2017 y era, como ahora, finales de julio. Juana Rivas desaparecía con sus dos hijos, entonces de 3 y 11 años, para evitar cumplir la resolución de un juzgado, que había decidido que debían volver con su padre, Francesco Arcuri, a Italia, de donde había huido. Sobre él pesaba una denuncia por violencia de género que Rivas había interpuesto al llegar a España, y también una condena previa por el mismo motivo. Nada de eso evitó la decisión del juzgado italiano de conceder la custodia a Arcuri. La huida de Rivas duró un mes y marcó un punto de inflexión: tras reaparecer, los niños se marcharon con su padre, y ella comenzó un tortuoso camino judicial que terminó en condena por sustracción de menores, indulto parcial, y en el intento de demostrar, mediante partes médicos y denuncias, que los niños sufrían malos tratos por parte de su padre. Acudir a la justicia no ha marcado una gran diferencia para Rivas y sus hijos, al menos hasta el momento. Finalmente, en diciembre de 2024, la Fiscalía italiana acusaba a Arcuri de maltrato físico y psicológico habitual a sus hijos. El hombre se sentará en el banquillo el próximo septiembre. Los hijos de Rivas, Gabriel y Daniel, que hoy ya tienen 19 y 11 años, respectivamente, han manifestado su deseo de permanecer con su madre y han relatado algunas de las situaciones vividas con su padre. Nada de eso ha hecho que la historia cambie sustancialmente, al menos de momento. Este julio, ocho años después de aquella huida, el Tribunal de Apelación de Cagliari insistía en que Daniel debía volver con su padre a Italia, aun contra su voluntad y así lo ha acatado la justicia española. Aunque este martes la jueza aplazaba la entrega hasta el viernes, la decisión de fondo no ha cambiado. El hijo mayor, Gabriel, permanece con su madre desde que hace dos años, a los 16, pudo decidir. Dos jurisdicciones implicadas El caso es complejo porque hay dos jurisdicciones implicadas, la italiana y la española, pero también porque la cascada de decisiones que se han ido produciendo parecían ajenas las unas de las otras: el procedimiento civil sobre la custodia de los hijos y la patria potestad ha estado desconectado de las denuncias, primero, y de la acusación formal y próximo juicio, ahora, contra Francesco Arcuri. En España, en 2018, un año después de desaparecer con sus hijos, Juana Rivas fue condenada por sustracción de menores cuando su denuncia por violencia de género ni siquiera había sido investigada ni enviada con la diligencia debida a la justicia italiana. Por cierto, desde entonces, magistrados del Tribunal Supremo, abogadas, y la reciente fiscal de sala de violencia sobre la mujer, Teresa Peramato, han alertado de la necesidad de repensar y de aplicar el delito de sustracción de menores con perspectiva de género . Peramato pidió a los fiscales investigar si, en los casos de sustracción de menores por parte de la madre, las mujeres han actuado en un contexto de violencia machista y analizar la posibilidad de aplicar circunstancias eximentes. También recordaba la obligación de escuchar a los menores en este tipo de procedimientos. Silencios y estereotipos Sin embargo, la cascada de decisiones que ha llevado el caso Rivas a este punto ha ignorado sistemáticamente la palabra de los niños, su derecho a ser escuchados, y ha aplicado, con igual constancia, estereotipos de género : durante estos años, tanto en Italia como en España, los juzgados han dado por hecho que Juana Rivas era una mujer manipuladora y mentirosa , cuyas acciones estaban guiadas por intenciones oscuras. Esos prejuicios, insisten expertas, relatoras de la ONU y organismos internacionales, influyen en las decisiones de los tribunales e impiden que la justicia sea eficaz y proteja adecuadamente a mujeres, niños y niñas. En su sentencia condenatoria por sustracción de menores, el juez Manuel Piñar se inmiscuía en la denuncia por violencia de género de Rivas al hacer afirmaciones como que la mujer “explotó el argumento del maltrato” con “la malcalculada creencia de que así obtendría ventajas a su favor”. Otras frases de esta sentencia, que ignoraban todo el conocimiento existente sobre cómo opera la violencia machista, fueron: “Pudo haber denunciado [la violencia de género] en su momento”, “No explicó ni se comprende que si fue maltratada en Italia entre 2012 y 2016, al nivel que ella dijo, de tortura y terror, no denunciara allí al momento” o que ella perjudica a sus hijos por su “incapacidad de salir de papel de víctima de violencia”. En 2021, varios relatores de Naciones Unidas lanzaron un comunicado en el que alertaban de que el sistema judicial español no protege suficientemente a los menores de “padres abusivos” y señalaban que existe un “sesgo discriminatorio” que hace que el testimonio de las mujeres se perciba como menos creíble que el de los hombres, aun teniendo pruebas de haber sufrido maltrato. “Incluso en los casos en los que existen antecedentes de violencia doméstica o pruebas de maltrato, las decisiones judiciales a menudo favorecen a los padres varones, incluso en aquellos casos en los que existen motivos razonables para sospechar que abusan hacia los niños y sus madres”, decían. Los expertos también advertían de la aplicación del falso síndrome de alienación parenta l que, aunque carece de apoyo científico, “refleja la idea de que cuando un niño o niña teme o evita a su padre o madre, se debe a la influencia del otro progenitor, más que a las propias experiencias del niño”. “Las investigaciones han demostrado que en varios países, entre ellos España, las madres han sido acusadas regularmente de recurrir a la alienación parental, acusando a los padres de sus hijos erróneamente de cometer abusos contra ellos en los litigios por la custodia”, proseguían. En 2023, la ONU volvió a interpelar a España por el uso de este falso síndrome contra madres que, después de denunciar violencia o abusos de los padres a sus hijos, terminaban sin la custodia e incluso condenadas. Violencia institucional En estos ocho años han pasado muchas cosas. El de Juana Rivas ha sido el más mediático, pero por el camino hemos conocido muchos otros casos en los que las mujeres se ven atrapadas en un callejón institucional sin salida, presas de procesos llenos de prejuicios, omisiones, indefensión, de la falta de investigación en profundidad de sus denuncias por violencia de género (en muchas ocasiones, las denuncias solo recogen episodios puntuales y las investigaciones no ahondan en el maltrato continuado) o de la falta de esa denuncia porque optaron por abandonar esa relación mediante el divorcio y evitar el trago -y todas las dificultades asociadas- de acudir a lo penal. Hay un nombre que define este callejón sin salida, este peregrinaje por administraciones sin lograr amparo sino todo lo contrario; desprotección, revictimización: violencia machista institucional , un concepto cada vez más visible y respaldado y la ley catalana de violencia de género reconoce ya oficialmente. Reconocer que el caso de Juana Rivas ha llegado a este punto como consecuencia de una suma de decisiones en las que han influido sesgos de género, prejuicios, adultocentrismo, y normas y técnicas jurídicas muchas veces ajenas a cómo opera la violencia de género es necesario para abordar no solo este procedimiento, sino todos los demás, presentes y futuros, que no tienen ni tendrán este eco mediático. Mientras, un niño de once años se levantaba un 22 de julio sin saber si esa noche dormiría con su madre o con su padre. Lloraba y se resistía a las puertas de un punto de encuentro, hasta el punto de que la jueza paralizaba la entrega a su padre. Pero solo unos días. 'Denuncia, confía en la justicia' es un eslogan bonito y esperanzador que, eso sí, debería ir acompañado de la práctica.

• Canarias Ahora
• 3 gün, 9 saat, 7 dakika

La subdirección general de emergencias remite un informe a la instructora en el que detalla que dos de las copias se almacenan en "discos presentados a servidores" y la tercera en "cinta magnética" La jueza de la DANA pide a la Generalitat conservar “íntegra” la 'caja negra' con las comunicaciones durante la emergencia La Generalitat mantiene tres “copias idénticas” del 'CoordCom', la caja negra que registró todas las decisiones operativas ante la catástrofe del pasado 29 de octubre. Así lo explica un informe remitido a la jueza de la dana por parte del Centro de Coordinación de Emergencias, al que ha tenido acceso elDiario.es. El informe, firmado por una funcionaria de la subdirección general de Emergencias, detalla que dos de las copias se almacenan en “discos presentados a servidores” y la tercera en “cinta magnética”. Las tres copias se suman a las copias de seguridad “habituales” en las que “se respalda periódicamente toda la información del sistema”. Así, las comunicaciones escritas y los registros de audio del sistema 'CoordCom' “se han custodiado de manera segura y redunda”, según abunda el departamento de Emergencias de la Generalitat. “Esta información tiene asociada entradas en diferentes bases de datos de las que también se ha procedido a realizar copia de seguridad, tanto en disco como en cinta magnética”, agrega el informe. Se trata de un sistema tecnológico de una empresa sueca, tal como informó este diario , que se erige en “columna vertebral” de la operativa ante emergencias como la dana o los incendios forestales y que integra y coordina a decenas de agencias policiales, de Bomberos o de servicios sanitarios, entre otras. La Generalitat Valenciana opera con este sistema, propiedad de la empresa Omda Emergency AB, desde 2009. La información que almacena, según la normativa autonómica , se custodia durante un periodo máximo de dos años, una vez finalizada la gestión del incidente de cualquier emergencia. La “obtención concreta de datos” del 'CoordCom' La magistrada ha rechazado varias veces (la última, en un auto del pasado 21 de julio ) solicitar toda la información almacenada en el 'CoordCom', tal como ha pedido la acusación popular que ejerce Acció Cultural del País Valencià y la defensa de la exconsellera Salomé Pradas, investigada en la causa junto con el exsecretario autonómico de Emergencias, Emilio Argüeso. El hecho de obtener la copia íntegra del 'CoordCom' implicaría, tal como argumenta la instructora, el acceso a “elementos que no poseerían relación con la investigación” y comunicaciones “de cualquier naturaleza y medio de manera indiscriminada”. Aun así, para curarse en salud, la jueza ordenó a Emergencias el pasado 9 de julio que conservara la copia íntegra por si acaso. La jueza explicó que la instrucción “puede exigir” en cualquier momento la “obtención concreta de datos” almacenados en el 'CoordCom', como ha sido en el caso del despliegue y la retirada de los Bomberos encargados de vigilar los caudales del barranco del Poyo, cuyo desbordamiento causó la mayoría de las víctimas mortales de la dana ( una de ellas embarazada de ocho meses ).

• Canarias Ahora
• 3 gün, 9 saat, 7 dakika

"Si no nos ponemos de acuerdo, nos van a matar por separado políticamente", dijo Rufián en el Congreso a todas las izquierdas. El debate del decreto del apagón, que acabó con la derrota del Gobierno, demostró que las fuerzas de izquierda no son capaces de defender una posición común sobre la energía PP, Vox, Podemos y Junts tumban el decreto del Gobierno que buscaba evitar un nuevo apagón Gabriel Rufián se presentó en el Congreso con un corte de pelo rebajado en los lados, casi rapado al cero. Nasío pa' matá, es decir, dispuesto a pelear con todo con tal de sacar a la izquierda radical o plurinacional del pesimismo o simplemente del ensimismamiento. De estar tan centrada en sus diferencias, en discutir sobre lo que les separa, que no ven lo que se les viene encima. Siempre dispuesto a subir el termómetro del drama cuando es necesario, el portavoz parlamentario de Esquerra no se cortó nada: “Si no nos ponemos de acuerdo, nos van a matar por separado... políticamente”. Rufián lleva varias semanas empleando este argumento, que ha tenido un eco favorable en redes sociales, pero no así en ninguna formación política. El martes, día de votaciones importantes en el Congreso, la bola creció un poco con un artículo de El Mundo, que sostenía que ERC había iniciado contactos con Compromís, BNG, Bildu y Adelante Andalucía para formar “un frente común de la izquierda nacionalista” de cara a las urnas, al que también intentaría atraer a Podemos. El titular quedó radicalmente desmentido sólo unas pocas horas más tarde. Rufián se había ocupado de seguir remando en esa dirección. Por un lado, está el PSOE desangrado por los escándalos de Ábalos y Cerdán, antiguos hombres de la plena confianza de Pedro Sánchez. Al otro, Sumar y Podemos profesándose un sincero desprecio mutuo, mientras Izquierda Unida prefiere resistirse a la idea de que todo está perdido. Los partidos nacionalistas no tienen tan malas expectativas electorales y conservan casi todo su electorado, aunque saben que no pueden aportar al Congreso muchos más diputados que los que ya tienen. Ante ese panorama, Rufián apuesta por la unión de “las izquierdas soberanistas, independentistas, autodeterministas, federalistas o confederalistas”. Se refirió como ejemplo al pacto con el que concurrieron ERC, Bildu, BNG y Ara Mès en las elecciones europeas, que se juegan en una circunscripción común. Obtuvieron el 4,9% de los votos. Ahora, la izquierda periférica, en sus palabras, debe intentar pilotar esa unión, porque “a la izquierda del PSOE no hay nada”. Ya se sabe que Rufián nunca ha sido un gran fan de Yolanda Díaz y de Sumar. Por la tarde, la dirección de Esquerra despejó cualquier duda. Ese proyecto de alianza preelectoral “no forma parte de la agenda” del partido. “ERC está donde siempre ha estado”, dijo la portavoz de los republicanos en el Parlament, Ester Capella. Se presentarán por Catalunya en solitario, como es previsible, de la misma forma que EH Bildu lo hará por Euskadi y Navarra. No tienen pensado hacer experimentos en las urnas en unas elecciones en las que la circunscripción electoral es la provincia. El martes fue el día en que surgieron motivos para preguntarse si existe una izquierda que puede mantener posiciones y lenguaje comunes. Se votaba la ratificación del decreto que recoge medidas con las que evitar un nuevo apagón total como el de abril. Sumar votó a favor junto a los socialistas. Se sabía que Podemos iba a votar en contra al no incluir sanciones contra las eléctricas. “Es un decreto que podría haber firmado Sánchez Galán” (presidente de Iberdrola), dijo Ione Belarra. El BNG también se opuso. Sumar fue especialmente duro con la posición conocida de Podemos. Verónica Martínez dijo que el decreto promueve el autoconsumo eléctrico y beneficia a las energías renovables para terminar atacando a sus antiguos aliados: “Cuando se trata de avanzar en una transición (energética) justa, Podemos es parte del problema para España, para la ciudadanía y para el planeta”. Es de suponer que pensará lo mismo del diputado de Sumar Jorge Pueyo, que representa a Chunta Aragonesista, que votó en contra del decreto. EH Bildu defendió las medidas, porque las han pedido “asociaciones de pequeños productores de fotovoltaica, la Fundación Renovables Greenpeace y sectores industriales enteros”, explicó Mikel Otero. Bildu dejó claro que “el lobby profósiles y el lobby pronuclear agradecerán cada voto en contra de este decreto”, lo contrario de lo que había afirmado Podemos. Esquerra también votó a favor. Con el rechazo de Podemos y Junts, el destino del decreto quedaba en manos del PP. Al partido, convencido de que necesita justificar que la legislatura está muerta, le dio igual los posibles beneficios que pudiera suponer para el sistema eléctrico y específicamente para las inversiones españoles e internacionales en las energías renovables. Se impuso la posibilidad real de propinar una derrota al Gobierno en un asunto de gran relevancia tanto para los ciudadanos como para las empresas. Su portavoz, Guillermo Mariscal, ni siquiera se molestó en concretar las razones del rechazo, más allá de destacar que no ha habido dimisiones tras el apagón. Pesaba mucho más cerrar el curso político antes de las vacaciones de verano con la imagen de un Gobierno incapaz de que el Congreso apruebe un decreto tan importante. No se abren las ventanas cuando al enemigo le falta el aire, sino que se le echa la mano al cuello. Las inversiones en renovables también pagarán un precio alto, pero eso no está ahora mismo en las prioridades de la oposición.

• Canarias Ahora
• 3 gün, 9 saat, 7 dakika

Naciones Unidas carga contra el sistema de reparto de comida israelí en la Franja, que tacha de "sádica trampa mortal" mientras aumentan las muertes por malnutrición La OMS denuncia que Israel bombardea un edificio con personal de la agencia y su principal almacén en Gaza Repudiada desde su génesis por Naciones Unidas y la práctica totalidad de las ONG dedicadas a la ayuda humanitaria por su diseño contrario a las nociones más básicas sobre el reparto de alimentos a poblaciones necesitadas, la Fundación Humanitaria de Gaza (GHF, por sus siglas en inglés) comenzó a operar en la Franja el 19 de mayo. Lejos de resolver los acuciantes problemas de acceso a la comida de la sitiada población palestina, el sistema centralizado de distribución patrocinado por Israel y EEUU ha provocado más muertes: ir en busca de harina puede significar morir acribillado a balazos de soldados israelíes o mercenarios. Las autoridades sanitarias de Gaza indicaron este martes que en las 48 horas previas habían muerto de hambre 33 personas, de las cuales 12 eran niños. Esto eleva a 101 (80 menores) los fallecidos así desde el comienzo de la invasión israelí, en octubre de 2023. Exasperado ante la masacre cotidiana, el comisionado general de la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos (UNRWA), Philippe Lazzarini, calificó el lunes el mecanismo de “sádica trampa mortal”. El martes fue más allá: “Es el infierno en la Tierra”. El comisionado señaló que ya han muerto en las inmediaciones de los puntos de reparto de la GHF, fuertemente protegidos por francotiradores de gatillo fácil, más de 1.000 personas. Al secretario general de la ONU, António Guterres, se le acaban los términos comparativos y las metáforas. “Es un espectáculo de terror”, dijo el jueves sobre la situación general en Gaza. “Estamos viendo las últimas bocanadas de un sistema humanitario construido sobre principios humanitarios”, señaló tras el bombardeo de un edificio de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en Deir al Balah , en el centro de la Franja, en medio de una ofensiva terrestre que ha provocado otro éxodo interior de gazatíes, empujados ya casi literalmente hasta el Mar Mediterráneo. Palestinos desplazados caminan el 20 de julio por una carretera en el oeste de Jabalia, al norte de Gaza. Médicos, voluntarios, periodistas El hambre afecta ahora a todas las capas de la población gazatí. “Muchos caen desmayados por el hambre y el agotamiento mientras cumplen con su deber: informar de las atrocidades y aliviar a los que sufren”, explicó Lazzarini, refiriéndose a los médicos, enfermeras, trabajadores humanitarios y periodistas que siguen en activo en la Franja. Quienes intentan ayudar se convierten víctimas. “Mientras el asedio del Gobierno israelí mata de hambre a la población de Gaza, los trabajadores humanitarios se están sumando a las colas para recibir alimentos, arriesgándose a ser tiroteados solo para poder alimentar a sus familias”, explica un comunicado firmado este martes por Amnistía Internacional y otras 108 organizaciones humanitarias de todo el mundo. “Con los suministros totalmente agotados, las organizaciones humanitarias están viendo cómo sus propios colegas y socios se consumen ante sus ojos”. El relato de lo que está pasando a quien intenta ayudar o contar lo que sucede coincide con el de la agencia de noticias France Presse (AFP), uno de los pocos medios que mantienen reporteros en Gaza, donde Israel veta la entrada de periodistas internacionales. “Desde que se fundó AFP en agosto de 1944, hemos perdido a periodistas en conflictos, hemos tenido heridos y prisioneros en nuestras filas, pero ninguno de nosotros recuerda haber visto morir a un colaborador de hambre”, dijo la agencia en un comunicado en el que señala que alguno de sus colaboradores vive “en la más absoluta indigencia”. La denuncia de AFP provocó la reacción del Gobierno francés, cuyo ministro de Asuntos Exteriores, Jean-Noël Barrot, pidió que Israel permita la entrada de periodistas en la Franja y dijo que la nueva ofensiva militar, lanzada el lunes contra un área en el centro de Gaza que desde el inicio de la invasión no había sido objeto de un ataque con tropas terrestres, es “lamentable” y “no tiene justificación posible”. Aunque España y otros 24 países han reclamado el fin de la operación , la Unión Europea, que representa a gobiernos divididos sobre el asunto y necesita unanimidad para actuar en política internacional, sigue sin tomar medidas para castigar a Israel por sus acciones . “Los gobiernos deben dejar de esperar a que se les permita actuar. No podemos seguir esperando que los acuerdos actuales funcionen”, pide el comunicado firmado por 109 organizaciones humanitarias. Ofensiva militar, hambre y limpieza étnica La ofensiva militar que la UE critica, pero no castiga vino precedida por la orden israelí el domingo de evacuar, con apenas unas horas de margen, un sector donde, según la Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), se encontraban en ese momento entre 50.000 y 80.000 personas. Muchos han huido hacia Mawasi, una zona de playa que se extiende al sur y donde ya sobrevivían en tiendas de campaña multitudes de desplazados. Es justamente con los supervivientes que resisten en Mawasi con los que Israel pretende poblar la supuesta “ciudad” que proyecta sobre la cercana, pero demolida ciudad de Rafah , según el plan anunciado este mes por el ministro de Defensa, Israel Katz. Un emplazamiento con características muy similares a las de un campo de concentración: con control de entrada y sin posibilidad de salida, salvo que sea fuera de Palestina. En el diseño de ese plan y en la preparación de la “sádica trampa mortal” de la GHF estuvo implicada la misma gran consultora estadounidense .

• Canarias Ahora
• 3 gün, 9 saat, 7 dakika

Los anuncios alojados en Facebook, Instagram y Threads contradicen las políticas publicitarias de Meta y se han mantenido durante meses antes de ser retirados pese a las advertencias de una ONG y 'The Guardian' Israel quiso influir en congresistas de EEUU con cuentas falsas en redes sociales para que apoyaran la guerra en Gaza Meta publica anuncios en Facebook, Instagram y Threads de entidades proisraelíes que recaudan fondos para financiar equipamiento militar de los batallones de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), como drones y equipo táctico., en lo que parece una violación de las políticas de publicidad declaradas por la compañía, según una nueva investigación. “Somos el equipo de francotiradores de la Unidad Shaked, destacados en Gaza, y necesitamos con urgencia trípodes de tiro para completar nuestra misión en Jabalia”, decía un anuncio en Facebook publicado por primera vez el 11 de junio. El 17 de julio el anuncio seguía en la red. El pasado mes de marzo la organización independiente de vigilancia de grandes empresas Ekō denunció ante Meta la existencia de 117 de estos anuncios pagados en los que se pedían explícitamente donaciones para material militar destinado a las fuerzas israelíes. Era la segunda vez que Ekō informaba a Meta de anuncios patrocinados por los mismos responsables: en diciembre de 2024 ya había hecho notar a Meta la existencia de 98 de estos anuncios, tras lo cual el gigante tecnológico retiró muchos de ellos. Pero, en gran medida, la empresa ha permitido que los responsables de la campaña volvieran a publicar anuncios idénticos (las FDI no están haciendo directamente campañas de recaudación de fondos). “Esto demuestra que Meta acepta dinero de cualquiera, literalmente”, dice Maen Hammad, activista de Ekō. “Está habiendo muy poco de los mecanismos de control que la plataforma debería estar imponiendo; y cuando los hay, es después de ocurridos los hechos”. Retirada Ryan Daniels, portavoz de Meta, dijo que habían revisado los anuncios después de que el periódico The Guardian y la organización Ekō se pusieran en contacto con la empresa de redes sociales, y que los habían retirado porque violaban las políticas corporativas. Según la compañía, todas las publicidades que versen sobre temas sociales, sobre elecciones o sobre política deben pasar por un veto y añadir una aclaración que muestre quién está pagando por el anuncio. Estos anuncios no incluían esa aclaración. Según Ekō, solo en la Unión Europea y en el Reino Unido los anuncios fueron mostrados a los usuarios en al menos 76.000 ocasiones. La ONG no pudo determinar cuál era el número correspondiente para Estados Unidos. En los anuncios de la última serie había al menos 97 pidiendo donaciones para financiar modelos específicos de drones civiles (muchos de esos anuncios siguen activos). Según una investigación reciente de la revista israelí +972 , son drones que parecen haber sido utilizados por unidades israelíes de combate para lanzar granadas contra palestinos, muchos de ellos desarmados. Se trata de cuadricópteros de venta en Amazon que normalmente se emplean para hacer fotos y vídeos. Según varios soldados de las FDI que hablaron con la revista +972 , el Ejército israelí los están equipando con granadas porque son mucho más baratos que los de categoría militar. “La mayoría de nuestros drones están rotos y se caen a pedazos, y no tenemos repuestos”, dice otro anuncio. “Dona ahora: cada segundo cuenta, cada dron salva vidas”. Drones chinos No está claro si estas unidades de combate utilizaron los fondos recaudados por los anuncios para comprar drones, pero los soldados dijeron a la revista +972 que gracias a donaciones y recaudaciones de fondos, así como a grupos de Facebook, habían recibido estos drones baratos, fabricados por la empresa china Autel. La organización sin fines de lucro Vaad Hatzedaka figura entre las responsables de haber subido estos anuncios a Facebook, según Ekō. En sus publicidades pidiendo fondos hay un enlace a una página de donaciones donde se detalla el tipo de equipos que financian. Entre ellos, dos drones Autel. Según esa página de donaciones, Vaad Hatzedaka tiene como objetivo recaudar 300.000 dólares [unos 257.000 euros] para entregar estos drones y otras ayudas a varias unidades de las fuerzas armadas israelíes. Ya han conseguido más de 250.000 dólares [unos 214.000 euros]. Otro responsable de subir este tipo de publicidad es el cantautor afincado en Israel Mayer Malik. Sus anuncios enlazan a una página que ofrece la posibilidad de financiar diversas piezas de equipo táctico, entre ellas un dron térmico Autel. El total de donaciones que Malik ha recaudado para las FDI supera los 2,2 millones de dólares [en torno a 1,88 millones de euros]. Anuncios vetados Según sus políticas publicitarias, y salvo algunas excepciones, Meta tiene prohibidos los anuncios dirigidos a donar, regalar, comprar, vender o transferir “armas de fuego, piezas de armas de fuego, municiones, explosivos”. Meta retiró esta última serie de anuncios de recaudación de fondos para equipamiento militar, así como algunos de los anuncios que Ekō había señalado en otra ocasión, pero lo hizo porque carecían de la cláusula de exención de responsabilidad obligada en anuncios sobre temas sociales, sobre elecciones, o sobre política. Según Ekō, los anuncios también podrían estar incumpliendo la Ley de Servicios Digitales de la UE que obliga a plataformas como Meta a retirar contenidos que infrinjan la legislación nacional o la de la UE. Las leyes de Francia y las del Reino Unido limitan la potestad de las ONGs para recaudar fondos para militares extranjeros y regulan cómo hacerlo. En enero de 2025 hubo una muestra de esto cuando la agencia del Gobierno británico encargada de la filantropía amonestó a una ONG de Londres que recaudaba fondos para un soldado israelí porque no era “legal ni aceptable”.

• Canarias Ahora
• 3 gün, 9 saat, 7 dakika

UGT denuncia "una escalada de discursos de odio" en la institución que nace en un grupo de Telegram. CCOO dice que se llama a "la caza del sindicalista". Gestha señala que se está sacando de contexto un cabreo "que está justificado". Mientras, los inspectores de Hacienda piden la dimisión de la ministra La investigación a Montoro incluye correos de maniobras de Hacienda para salvar al PP y atacar a Podemos “Nos plantamos 600 en la reunión, llamamos a Vito Quiles, llevamos pancartas: 'Pedro Sánchez hijo de puta, nos queremos ir a casa, sindicatos corruptos'. Al día siguiente estamos en todas partes”. Este es uno de los mensajes del grupo de Telegram 'Técnicos enfurecidos', en el que hay más de mil funcionarios de la Agencia Tributaria, y que UGT incluyó en una carta de denuncia dirigida a la directora de la institución, María Soledad Fernández Doctor, registrada el 15 de julio y a la que ha tenido acceso elDiario.es. El sindicato advierte de “una escalada en los discursos de odio” en este tipo de foros, en los que se ha filtrado el tono ultra fomentado por la extrema derecha en otros ámbitos , como reacción al conflicto enquistado en la Agencia Tributaria respecto a la movilidad de sus trabajadores, especialmente de los técnicos. A las preguntas de este periódico, Comisiones Obreras (CCOO) dice que en ese grupo de Telegram de “nombre tan llamativo” se llama a “la caza del sindicalista”, y lamenta que algunos de los técnicos “más jóvenes y que más se significan están alineados con la extrema derecha”. Por su parte, Gestha ( el sindicato de los técnicos de Hacienda ) señala que UGT ha cometido “un error” y ha sacado de contexto unos mensajes en un grupo independiente “en el que ese sindicato no está, y nosotros tampoco” y en el que se pone de manifiesto un cabreo “que está justificado. ”Es un chat que lleva años, y en el que el volumen de comentarios es enorme. No es un Forocoches. No son ultras. No hay adscripción política, ni a ningún sindicato“, inciden desde esta organización. ”Lo publicado no representa a esas personas, aunque lo hayan dicho“, añaden. “Algún que otro escrache a la directora no estaría mal”, comenta uno de los participantes del grupo de Telegram. “Si a algunos sindicalistas les llovieran escupitajos, y a recursos humanos les lanzaran huevos antes de la reunión, igual empezaban a cambiar las cosas”, eleva el tono otro técnico 'enfurecido'. “La huelga no va a servir para nada. Hay que hacer sangre”, incide otro. “Porque además los conocemos, con nombres y apellidos: AEAT, SIAT, UGT, CCOO y CSIF. Defensores de que haya técnicos de primera y de segunda. Leña. De la buena”, remata otro más. La Agencia Tributaria declina valorar estos mensajes y también la denuncia registrada por UGT, en la que se pueden leer estos textos en pantallazos del grupo de Telegram y en la que el sindicato pide a la directora general que tome medidas disciplinarias contra sus autores, aunque la mayoría utiliza seudónimos. En este contexto, la Asociación de Inspectores de Hacienda se ha saltado su tradicional equidistancia y el pasado 16 de julio pidió la dimisión de la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, por el acuerdo sobre “la financiación singular de Catalunya” entre el Gobierno y la Generalitat. Un pacto que se conoce desde hace un año, pero sobre el que la presidenta de esta asociación, Ana de la Herrán Piñar (nieta del histórico líder de la extrema derecha Blas Piñar), ha decidido endurecer su oposición ahora. El conflicto por los traslados La financiación singular de Catalunya y el supuesto músculo que ganaría la Agència Tributària de esta comunidad si este acuerdo —impulsado por ERC y el PSC para investir a Salvador Illa como presidente de la Generalitat— sigue adelante es uno de los agravantes de la tensión que existe en la Agencia Tributaria estatal (AEAT). La incertidumbre sobre el traspaso de funcionarios de una a otra institución, que bloquearía cualquier oportunidad de traslado a otros destinos, exacerba un problema que se arrastra desde hace años por otros motivos y sobre el que unos sindicatos y otros tienen posturas muy diferentes. “Si en Barcelona conseguimos algo cuando nos retuvieron es porque el adjunto del delegado especial y compañía temieron por su vida. Mínimo éramos 80 tíos en los pasillos gritando y aporreando las paredes”, recuerda otro mensaje en el grupo de Telegram de los 'Técnicos enfurecidos', y que recoge la misma carta de UGT. Este funcionario se refiere a las negociaciones de hace un año entre los sindicatos y los directivos de la Agencia Tributaria, en las que la tensión saltó de las pantallas y las comunicaciones y alcanzó su punto máximo. “Hay que reventarlo todo”, arguye otra voz de los 'técnicos enfurecidos' en referencia a las negociaciones que ha habido en la institución en las últimas semanas, siempre con el asunto de la movilidad de fondo —un problema que existe en toda la Administración General del Estado—. El meollo del conflicto está en que algunos técnicos de la Agencia Tributaria, principalmente los que han entrado tras las últimas oposiciones, quieren trasladarse de Catalunya, Madrid o Balears, donde han comenzado su carrera porque son destinos “deficitarios” (donde hay más plazas libres), a otros destinos más cercanos a sus familias o a sus orígenes, pero tienen que esperar durante años. Por esta razón, se dan situaciones en las que un técnico, después de aprobar una oposición muy dura, ve que el salario no le da para vivir en las condiciones que podía esperar por las dificultades para acceder una vivienda en Catalunya o Madrid, mientras permanecen alejados de sus provincias de origen, teniendo que gastar en viajes frecuentemente. Estos técnicos sienten que es una injusticia que los agentes de la Agencia Tributaria, un rango por debajo de ellos, tengan el derecho de reservar su plaza cuando promocionan, bloqueando posibles traslados. Al mismo tiempo, consideran a los inspectores, que están un rango por encima, también unos privilegiados porque consiguen mayores incrementos salariales a lo largo de su carrera y cuyo techo está mucho más arriba. “En ese caldo de cultivo de problemas personales se enmarca el tono agresivo de los mensajes del grupo de los 'Técnicos enfurecidos'. Pero mientras los sindicatos firmamos acuerdos para mejorar la movilidad a través de paneles [el último se ha pactado estos días], ellos no aportan soluciones”, comentan a elDiario.es desde SIAT (Sindicato Independiente de la Agencia Tributaria). “No es un grupo oficial de Gestha, pero está movido por este sindicato corporativista”, prosiguen. Algo en lo que coinciden UGT y CCOO. “Eso sí, una cosa es lo que dicen en redes sociales, y otra hacerlo en persona, que no ocurre”, explican en SIAT . “La Agencia Tributaria no pone soluciones. No está a la altura de las circunstancias”, opinan en CCOO. Lo cierto es que todos los sindicatos reconocen que hay problemas con la movilidad, con la falta de teletrabajo, que hay desequilibrios... “Pero la solución no está en respuestas individualistas”, insisten en CCOO. “Entre otras cuestiones relevantes, desde Gestha venimos planteando desde 2007 que exista promoción profesional y concursos de traslados con amplias convocatorias, como las que se tenían con anterioridad a esa fecha”, argumenta este sindicato de técnicos. La Agencia Tributaria alcanzó en 2007 un acuerdo con UGT, COO, SIAT y CSIF denominado de “carrera profesional y administrativa” que Gestha no firmó. “A partir de entonces, no se han convocado concursos (sustituidos por un acuerdo de paneles derivado del anterior), salvo para inspectores, y la carrera se paralizó desde la crisis en 2010 y no se ha recuperado hasta la fecha”, concluyen en Gestha.

• Canarias Ahora
• 3 gün, 9 saat, 7 dakika

El texto eran "apenas cuatro líneas en las que se obvió el verdadero impacto económico que la aprobación de la medida". El entonces ministro de Economía, Luis de Guindos, fue cofundador de Equipo Económico y tuvo un 5% del despacho hasta 2008 270.000 euros por un informe de doce páginas: el pago a Equipo Económico que ahorró a las gasísticas 4,7 millones al año en impuestos La Unidad Central Anticorrupción de los Mossos d'Esquadra sospecha que Equipo Económico desplegó en 2017 su labor de “asesoramiento cualificado” en “defensa” de los “intereses” de la Asociación de Fabricantes de Gases Industriales y Medicinales (AFGIM) más allá del Ministerio de Hacienda que dirigía Cristóbal Montoro durante el último Gobierno de Mariano Rajoy. Un informe incorporado a la causa, al que ha tenido acceso elDiario.es, detalla los correos electrónicos de Óscar del Amo Galán , subdirector general de Tributos Locales, investigado en el procedimiento, para conseguir una rebaja fiscal en los Presupuestos Generales del Estado de 2018 propuesta por AFGIM. A pesar de algunos cambios menores en la redacción inicial de la asociación empresarial, el texto final fue en esencia el que perseguían las gasísticas, en perjuicio de la capacidad recaudatoria de los ayuntamientos, según la tesis de los Mossos. La presunta trama instalada en el Ministerio de Hacienda habría maniobrado para obtener una suerte de “nota de valoración técnica” por parte del Ministerio de Economía e Industria que validara la modificación normativa propuesta por AFGIM. “En realidad”, explica el informe, “todo este procedimiento, en lo relativo a la modificación de los epígrafes de aplicación del IAE, quedó reducido a un mero trámite”, que fue “resuelto” con “apenas cuatro líneas en las que se obvió el verdadero impacto económico que la aprobación de la medida causaría sobre la capacidad recaudatoria de las haciendas locales y, por consiguiente, en el objetivo de mantener la estabilidad presupuestaria de estas administraciones”. El “proponente” de la modificación, Óscar del Amo, recientemente destituido a consecuencia de su imputación en la causa, “utilizó la nota emitida exprofeso” por un subdirector general del Ministerio de Economía e Industria, con quien supuestamente había “acordado” su contenido, para “exponer que la propuesta era de carácter técnico”. Revistiendo la modificación con un halo de naturaleza técnica, logró justificar que la medida no afectaba a los ingresos municipales, “cuando en realidad, no se hizo mención alguna a la realización de un auténtico estudio económico con la comparativa del impacto de aplicar unos u otros epígrafes en la tributación por la actividad económica desarrollada por los socios de la AFGIM”. Una vez recibido el informe, la asociación gasística presentó la propuesta de modificación “a efectos de su inclusión” en la Ley de Presupuestos Generales del Estado. La rebaja fiscal no había sido fácil. Previamente, una consulta vinculante planteada por AFGIM y firmada por Óscar del Amo, había quedado anulada a consecuencia de la reclamación del Ayuntamiento de Tres Cantos. El “segundo intento”, según los investigadores de los Mossos, se inició con el “supuesto aval técnico” aportado por el alto funcionario del Ministerio de Economía e Industria, quien “supuestamente desde un punto de vista neutral debía aportar luz sobre el asunto sopesando los antecedentes argumentados por las partes”. “Es obvio”, según abunda el informe, que la afectación de la medida para los ayuntamientos implicados “iba a suponer un importante quebranto económico con una sustancial pérdida en la capacidad recaudatoria”. Además, la falta de estudio económico o de una “simple comparativa del resultado de aplicación de las tarifas previstas” en los epígrafes del IAE “acredita la falta de rigor técnico y de veracidad en las afirmaciones que apuntaban a que no había afectación para el erario público”. Así, la propuesta enviada por el secretario general de AFGIM que incluía en uno de los epígrafes la “fabricación de gases comprimidos y de anhídrico carbónico solidificado (hielo seco)” quedó plasmada en el redactado final. La redacción final, con unas leves modificaciones puntuales respecto a la propuesta inicial de AFGIM, fue consultada con el secretario general de la asociación gasística, Carlos Romero, según se desprende de los correos electrónicos de los altos cargos de Hacienda analizados por los Mossos. Uno de los 'e-mails' llamó la atención de los investigadores. El 12 de junio de 2017, Romero, envió un correo electrónico indicando las personas que asistirían a una reunión convocada por la Dirección General de Tributos para tratar de la modificación. En la lista, se incluyó a Reyes Gil, “destacada colaboradora” de Equipo Económico “como si formara parte de la propia AFGIM”, en un momento, destaca el informe, en que la supuesta influencia de la empresa en altos cargos del Ministerio de Hacienda ya tenía “eco mediático”. El exministro y actual vicepresidente del Banco Central Europeo, Luis de Guindos La venta de las participaciones de Luis de Guindos El ministro de Economía e Industria en la época de la modificación normativa era Luis de Guindos, actual vicepresidente del Banco Central Europeo . De Guindos fue uno de los socios iniciales de Equipo Económico. Otro informe de los Mossos detalla que De Guindos, de quien destaca que fue ministro del Gobierno de Rajoy con Montoro en la cartera de Hacienda, ostentaba el 5% de las participaciones de la empresa (300 de las 6000 en total, con un valor nominal de 10 euros) entre 2006 y 2008. El exministro de Economía mantuvo su participación hasta el 6 de mayo de 2008, fecha en que las transmitió a otros socios de la mercantil: Miguel Crespo Rodríguez; Salvador Ruiz Gallud, director general de la Agencia Tributaria de 2001 a 2004; Manuel de Vicente Tutor, director de gabinete de éste último, y Francisco Piedras Camacho, director de gabinete de Cristóbal Montoro en su etapa como ministro del Gobierno de José María Aznar. El informe del Área Central de Análisis de la Criminalidad de los Mossos, detalla que las 300 participaciones de Luis de Guindos se vendieron por un total de 3.000 euros (el valor nominal). Sin embargo, según apuntan los investigadores, “siguiendo el criterio de la AEAT [Agencia Estatal de la Administración Tributaria] respecto a la valoración de las participaciones sociales, estas se hubieran tenido que transmitir por el valor teórico contable del ejercicio 2007”. Con esos cálculos, el valor de las participaciones habría ascendido a 4.716 euros. Aunque los investigadores de los Mossos reconocen que determinar el valor potencial de una empresa es “muy complejo” y “en muchas ocasiones difícil desde el punto de vista objetivo”, también reseñan que el valor teórico contable de Equipo Económico en el ejercicio 2015 era “30 veces superior a su valor nominal”.

• Canarias Ahora
• 3 gün, 9 saat, 7 dakika

La ley que el Gobierno ha remitido al Congreso desclasifica automáticamente la documentación de los últimos años de la dictadura y la Transición, por lo que, de aprobarse y desarollarse, permitirá acceder a información oculta sobre los casos de represión policial de la época El Gobierno establece un máximo de 60 años para la información clasificada en la nueva ley de secretos oficiales Levantar el secreto del franquismo y la Transición. Es una de las implicaciones prácticas de la nueva Ley de Información Clasificada que el Gobierno acaba de remitir al Congreso en el enésimo intento por reformar la norma que rige los secretos oficiales en España –y que proviene de la dictadura–. El texto, al que aún le queda el trámite parlamentario, contempla la desclasificación automática de todos los documentos que lleven clasificados 45 años o más, es decir, los fechados hasta 1980. Esto quiere decir que, en teoría, la documentación vinculada a la dictadura y los primeros años de democracia hasta ahora oculta e inaccesible podrá ver la luz. La ley también especifica que aquella información relativa “a graves violaciones de derechos humanos” no puede ser clasificada, un tipo de documentos que, según el ministro de la Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, se refieren “a la dictadura” y que ante el “ingente volumen” de secretos que hay “en el seno de los ministerios” el Gobierno va a “priorizar”. Eso sí, la ley contempla una excepción: la revelación no puede suponer una “amenaza o perjuicio para la seguridad y defensa nacional”. Para el resto de documentos, se crearán cuatro categorías con plazos asociados de desclasificación, como máximo de 60 años. La norma afecta a los documentos posteriores a 1968, año en que entró en vigor la ley actual, puesto que lo anterior ya está desclasificado. Son esos 12 años –hasta 1980– de tardofranquismo y Transición los que se verán plenamente afectados. Y son estas también dos épocas de dura represión policial contra un movimiento obrero y estudiantil en auge, por un lado, del régimen franquista todavía vivo hasta 1977, por otro, de un inicio de democracia marcado por excesos que en ocasiones llegaron a acabar con la vida de ciudadanos. Por eso, los historiadores, que miran con cautela la nueva ley, ven en los fondos del Ministerio del Interior uno de los focos clave. “Es quizá de lo que más interesa porque es donde se custodia la documentación policial. A nivel de la naturaleza del régimen y su praxis no vamos a descubrir cosas deslumbrantes, pero quizá podamos concretar más y ver cosas interesantes sobre los responsables del aparato represivo, continuidades de la dictadura a la democracia, cómo fue la toma de decisiones en determinados casos o cómo es la ejecución de órdenes sobre el terreno... Es valioso teniendo en cuenta que no se han podido judicializar los crímenes del franquismo”, ejemplifica el historiador David Alegre, que se refiere a casos de represión, detenciones y torturas policiales a manos de la Brigada Político Social del régimen o, ya en la Transición, a situaciones de violencia policial. El historiador Nicolás Sesma, autor de Ni una ni grande ni libre (Crítica), coincide. “Podríamos quizá acceder a investigaciones policiales internas o a detalles que permitan esclarecer qué pasó en algunos casos, si había una orden y en qué sentido o si se incumplieron instrucciones”, explica nombrando sucesos como la matanza de cinco obreros en huelga en Vitoria en 1976 o la intervención policial en los Sanfermines de 1978 , que dejó más de 150 personas heridas –11 de ellas de bala– y un muerto. Aun así, creo que hay que huir de la lógica del cofre del tesoro en el sentido de que es improbable que vaya a haber un documento que vaya a revelarlo todo“, añade el experto. El secreto de lo que es secreto Porque las sospechas de los historiadores sobre lo que puede haber o no clasificado son eso, sospechas. Detrás de los secretos de la dictadura nadie sabe exactamente qué puede emerger. “Este es uno de los principales problemas, que no se sabe qué secretos oficiales hay en España. Podemos intuir cosas, pero realmente no hay un listado o una enumeración que nos guíe”, sostiene el historiador Pablo Alcántara. La técnica superior de Archivos del Archivo General Militar de Ávila, Henar Alonso, destaca lo mismo. “La cuestión es que no sabemos qué documentación existe ni en qué condiciones, no hay todavía un censo de fondos documentales de la Guerra Civil y el franquismo”. Haciendo un ejercicio de suposición, Alcántara, que ha estudiado a fondo la Dirección General de Seguridad de Franco – ubicada en la Puerta del Sol – cree que, si finalmente se desclasifica esta documentación, pueda en ella haber información sobre la formación de la policía franquista a manos de la Gestapo alemana o el FBI, algo que “sabemos gracias a archivos extranjeros, pero no españoles”. También sobre “la relación” de fuerzas terroristas ultraderechistas en la Transición “con el aparato del Estado”, entre ellas el Batallón Vasco Español o la Triple A. “Creo que sería interesante ver la financiación o qué vínculo podían tener con algunos policías, por ejemplo”. El experto nombra también casos como el de la matanza de los abogados de Atocha o el asesinato a manos de la extrema derecha de Yolanda González, sucesos sobre los que “es posible que sea revelador acceder a las investigaciones policiales internas”. Otro caso que puede verse afectado es el del asesinato de Manuel José García Caparrós, un joven malagueño sindicalista que murió de un disparo de la policía mientras participaba en una manifestación por la autonomía andaluza en diciembre de 1977. El Congreso acordó en febrero el acceso a las actas que habían investigado su muerte, pero tachando los nombres propios alegando que los documentos eran secretos. Este martes, Izquierda Unida ha dado por hecho que la nueva norma contribuiría a la desclasificación completa y a “conocer la verdad” sobre el asesinato de Caparrós. También optimista se muestra Andoni Txasko, de la Asociación de Víctimas 3 de Marzo. “Llega tarde, pero lo celebramos porque creemos que tiene que haber documentación que nos permita apuntalar la planificación de la masacre: tenemos constancia de que hubo reuniones de empresarios con representantes políticos o entre los ministerios para hablar de lo que estaba ocurriendo en Vitoria. Incluso parece que se informaba puntualmente al rey Juan Carlos. Pensamos que puede haber actas o comunicaciones de aquello”. Lo que no es secreto, pero tampoco accesible Sin embargo, la prudencia reina entre los historiadores y archivistas, que tienen en general muchas dudas de que la ley acabe desplegándose de forma eficaz aunque sí la consideran “un paso adelante”. Por un lado, David Alegre califica de “trampa” que el texto siga otorgando “discrecionalidad al Gobierno de tuno para decidir qué debe ocultarse o no” y, más allá del texto, pone sobre la mesa “la falta de recursos humanos y materiales” que llevan a que, ya actualmente, haya barreras al acceso. “Puede haber cosas muy interesantes, pero si no hay una inyección económica, no valdrá para nada”, describe el experto, que señala que en algunos casos el problema no es el secreto, sino que los documentos no son accesibles. Es algo a lo que hacen referencia todas las voces consultadas, que apuntan a la falta de procesamiento archivístico de mucha de la información existente. “Hay que tener medios para encontrar, controlar, describir y clasificar toda la documentación y para eso hacen falta recursos y personal. Cuestión aparte es que toda la destrucción que ha podido destruirse porque era legal hacerlo”, esgrime Henar Alonso, que apunta: “Publicar una ley en el BOE es una cosa, y en este caso ni siquiera ha ocurrido aún, pero que sea eficaz a efectos prácticos es algo muy diferente”. Pablo Alcántara también pone sobre la mesa las largas demoras a las que suele someterse el acceso a archivos y recuerda que, por ejemplo, Interior tardó “más de un año y medio” en enviarle un expediente de un policía que solicitó. El historiador pone el foco además en “otro obstáculo” más allá del secreto, la Ley de Protección de Datos, que hace que la documentación en la que aparecen datos personales de alguien que esté vivo o no haya muerto hace más de 25 años “o directamente no te la den o lo hagan pero con los nombres tachados”. Con todo, Alcántara espera que las vulneraciones de derechos humanos a los que se refiere la ley, es decir, los crímenes del franquismo, sean excepcionados.

• Canarias Ahora
• 3 gün, 9 saat, 7 dakika

La entidad ha remitido al supervisor bursátil un documento con información solicitada en relación a la operación.

• La Información
• 3 gün, 7 saat, 8 dakika