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En 2015, la comunidad internacional se comprometió a construir un mundo más justo, equitativo y sostenible . Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) nacieron como una promesa colectiva: erradicar la pobreza, proteger el planeta, garantizar la paz. Pero esa promesa, que parecía inquebrantable, se ha hecho añicos en Gaza. Desde octubre de 2023, tras el ataque de Hamás y la respuesta militar israelí, Gaza se ha convertido en el epicentro de una ofensiva que ha desbordado todos los límites de la legalidad internacional. Más de 44.000 personas han sido asesinadas, según datos de Naciones Unidas. Hospitales, escuelas, viviendas, redes vitales: todo ha sido arrasado . La población vive atrapada entre el fuego, el hambre y el abandono. Y lo que se está desmoronando no es solo una región: es el pacto ético que sostenía la Agenda 2030. La Corte Internacional de Justicia ha ordenado medidas cautelares para evitar el exterminio de la población palestina . Amnistía Internacional ha concluido que Israel ha cometido actos prohibidos por la Convención sobre el Genocidio. El Comité Especial de la ONU ha denunciado el uso de la hambruna como método de guerra. No son daños colaterales: es una estrategia militar que desmantela los ODS uno por uno. Una demolición sistemática del desarrollo Cada ODS vulnerado en Gaza representa una línea borrada del pacto ético global . No es una crisis más. Es una fractura moral que nos interpela como humanidad. ODS 1 – Fin de la pobreza La emergencia humanitaria ha alcanzado niveles que desafían toda noción de humanidad. Según Save the Children, más del 93% de los niños y niñas de Gaza —unos 930.000 menores— corren un riesgo crítico de hambruna. El 80% de la población depende exclusivamente de ayuda humanitaria . El colapso económico, el bloqueo comercial y el desplazamiento forzado han instaurado la pobreza extrema como norma. ODS 2 – Hambre cero Si no se levantan el asedio y las restricciones a la entrada de alimentos y medicinas, casi un millón de niños y niñas podrían morir de hambre en los próximos meses. Este escenario no es hipotético : más de 62.000 personas han muerto de hambre, la mayoría niños y niñas pequeñas, según una estimación publicada por el Instituto Watson de Asuntos Internacionales y Públicos de la Universidad Brown. La ONU ha documentado el uso del hambre como arma de guerra, una práctica prohibida por el derecho internacional humanitario. ODS 3 – Salud y bienestar La salud en Gaza no está en crisis: está siendo desmantelada. Según el informe de Naciones Unidas de febrero de 2025, el sistema sanitario está “al borde del colapso” . Solo 19 de los 36 hospitales siguen funcionando, y la mayoría apenas ofrece atención básica. La OMS ha documentado 697 ataques contra la atención médica. Más de 1.500 profesionales sanitarios han sido asesinados. La falta de agua potable, higiene y medicamentos ha disparado el riesgo de epidemias. El acceso a la salud, derecho humano inviolable, ha sido convertido en objetivo militar. ODS 4 – Educación de calidad Más de 300 escuelas han sido bombardeadas . La infancia gazatí ha perdido el acceso a la educación, y con ello, a su futuro. Universidades y centros de formación han sido arrasados. La destrucción no solo es física: es simbólica. Se está atacando la posibilidad misma de imaginar otro mañana. ODS 5 – Igualdad de género La guerra ha tenido un impacto devastador sobre las mujeres y niñas. Según el informe de la Comisión Internacional Independiente de Investigación de la ONU, Israel ha empleado violencia sexual, reproductiva y otras formas de violencia de género como parte de una estrategia de guerra. Más de 3.000 mujeres han muerto, muchas embarazadas sin acceso a atención médica. Maternidades y clínicas han sido bombardeadas . Más de 690.000 mujeres y niñas han sido privadas de productos básicos de higiene menstrual. La guerra ha borrado los espacios de liderazgo y autonomía para las mujeres. ODS 6 – Agua limpia y saneamiento La población sobrevive con menos de tres litros de agua al día . Las aguas residuales contaminan calles y fuentes subterráneas. El acceso al agua potable ha sido saboteado como parte de la estrategia militar. UNICEF ha alertado que los niños y niñas reciben menos de la mitad del mínimo vital recomendado. ODS 7 – Energía asequible y no contaminante La infraestructura energética ha sido destruida. Gaza ha vuelto a depender de generadores contaminantes, lo que incrementa la huella ecológica y el riesgo de incendios . La energía, que debería ser motor de vida, se ha convertido en un lujo inalcanzable. ODS 8 – Trabajo decente y crecimiento económico El desempleo alcanza el 79%. La economía se ha contraído un 24%. El tejido productivo ha sido desmantelado . No hay posibilidad de recuperación sin justicia. Y sin justicia, no hay desarrollo. ODS 11 – Ciudades y comunidades sostenibles El 70% del entorno urbano ha sido reducido a escombros . Se han generado más de 39 millones de toneladas de residuos tóxicos. Gaza se ha vuelto prácticamente inhabitable. La ciudad, como espacio de vida, ha sido convertida en ruina. ODS 13 – Acción por el clima La guerra ha generado más de 60 millones de toneladas de CO₂. La destrucción masiva, los incendios y la reconstrucción futura agravan la crisis climática en una región ya vulnerable. La sostenibilidad ambiental ha sido sacrificada en nombre de la violencia. ODS 14 y 15 – Vida submarina y terrestre La contaminación por municiones, metales pesados y residuos afecta gravemente los ecosistemas. El humedal costero de Wadi Gaza, restaurado con esfuerzo en años recientes, ha sido devastado. La guerra no solo mata personas: mata paisajes, hábitats, memorias. ODS 16 – Paz, justicia e instituciones sólidas El derecho internacional se vulnera sistemáticamente. La ONU ha documentado ataques a hospitales, convoyes humanitarios y personal médico. La impunidad se ha convertido en norma . Gaza es hoy el lugar donde la justicia ha sido suspendida. Gaza como prueba de fuego del sistema multilateral Gaza no representa un fallo del desarrollo: representa su sabotaje . La destrucción de hospitales, escuelas, viviendas y redes vitales no es accidental, sino parte de una estrategia militar que viola el derecho internacional más básico y pisotea los principios que sostienen los ODS. No estamos ante una crisis más. Estamos ante una fractura moral global. Cada bomba que cae, cada convoy humanitario bloqueado, cada niño o niña que muere de hambre, es una línea que se borra del pacto ético que la comunidad internacional prometió defender. Y cada silencio diplomático, cada cálculo geopolítico que antepone intereses a vidas humanas, nos acerca al abismo de la indiferencia institucionalizada. Como advirtió António Guterres, “lo que está ocurriendo en Gaza es contrario a la humanidad”. Pero si lo contrario a la humanidad se tolera, se normaliza y se financia , entonces no solo Gaza está en peligro: lo está el alma misma del multilateralismo. Es hora de romper el silencio . De exigir un alto el fuego inmediato, el fin del asedio, el acceso irrestricto a la ayuda humanitaria y la rendición de cuentas ante los crímenes cometidos. Pero esta exigencia no puede ser fragmentada ni tímida. La Unión Europea debe estar a la altura de sus principios fundacionales y hablar con una sola voz. No basta con declaraciones aisladas ni con acuerdos técnicos que no cuestionan el fondo del problema. Si Europa se define como defensora del derecho internacional y de los derechos humanos, debe actuar en consecuencia. Como advirtió George Katrougalos, experto independiente de la ONU, “lo que pase en Palestina será la prueba de fuego para la supervivencia del derecho internacional” . Y si Gaza cae en el olvido, no solo habremos perdido una región: habremos perdido el derecho a llamarnos comunidad internacional. Y Europa habrá perdido el derecho a llamarse conciencia democrática global. ______________________ Estefanía Suárez es experta en Sostenibilidad Ambiental y colaboradora de la Fundación Alternativas.
El borrador del anteproyecto de ley orgánica reguladora del secreto de los profesionales de la información que estudiará este martes el Consejo de Ministros extiende este derecho, hasta ahora considerado como exclusivo de los periodistas, “a aquellas personas que, debido a su relación privada, habitual o profesional con un profesional de la información”, con un medio o con sus “directivos, editores y responsables” , dispusieran de información susceptible de identificar a las fuentes en las que se hayan basado las informaciones. El texto retoca el borrador inicial del que se había hecho eco infoLibre y que había sido objeto de críticas por parte de los colegios profesionales de periodistas. Pero no en el sentido en que se habían fijado estas corporaciones de derecho público, las únicas que por ley tienen encomendada la tarea de representar a este colectivo. En el nuevo texto se mantiene la definición inicial de periodista, etiquetados ahora como “profesionales de la información”, sin exigir ninguna clase de titulación para el ejercicio profesional. Si la ley llega a aprobarse, para lo que queda todavía una larga travesía, primero en el Gobierno, y después en el Congreso y el Senado, por primera vez en España será periodista “toda persona física o jurídica que se dedique profesionalmente a la búsqueda, tratamiento y difusión de información veraz de interés público, a través de cualquier medio de comunicación, con la finalidad de hacer efectivo el derecho a la información”. Los criterios jurídicos y profesionales generalmente aceptados sugieren que, para considerar que hay “dedicación profesional” a la búsqueda, tratamiento y difusión de información veraz de interés público, esta debe ser habitual, no esporádica. No basta, por tanto, con publicar contenidos informativos puntuales o en redes sociales: tiene que ser una ocupación principal o una forma de vida y tiene que ejercerse, además, a través de medios a los que se pueda pedir “responsabilidad editorial” o, lo que es lo mismo, que se hacen corresponsables de lo difundido. Su trabajo debe versar, además, sobre “información veraz” de interés público. Algo que, en España, ha fijado el Tribunal Constitucional: aquella que es producto “de una investigación diligente; esto es, que el informador haya realizado, con carácter previo a la difusión de la noticia, una labor de averiguación de los hechos sobre los que versa la información y haya efectuado la referida indagación con la diligencia exigible a un profesional de la información”. Y debe ser “de interés público”, lo que exige que afecte o concierna al bien común, al funcionamiento democrático o a los derechos de la ciudadanía, más allá del simple interés o curiosidad del público (la deontología periodística exige no confundir lo que el público quiere saber con lo que el público necesita o tiene derecho a saber para ejercer sus derechos, tomar decisiones informadas o exigir responsabilidades). ¿Y qué significa que el trabajo que desarrolla deba tener como objetivo hacer efectivo el derecho a la información? Pues que quien quiera ser periodista no se dedique a la producción de contenidos orientados únicamente a entretener, persuadir, hacer propaganda, marketing o crear opinión sin base informativa. Y que se sujete a normas deontológicas (las reconocidas por los colegios profesionales, la FAPE o de organismos como la Unesco o el Consejo de Europa). Esta definición excluye, por ejemplo, a creadores de contenido o influencers que informan de temas sociales, pero sin tratamiento periodístico ni sujeción editorial; a activistas, portavoces o personas que publican información útil o relevante, pero no de forma profesional ni bajo estándares periodísticos; y a ciudadanos que difunden información, aunque sea veraz, incluso relevante, pero lo hacen sin estructura, continuidad, ni responsabilidad editorial. El borrador que llega este martes a la mesa del Consejo de Ministros reconoce el derecho a invocar el secreto profesional, reconocido por la Constitución de 1978, y al que llevan décadas acogiéndose los periodistas españoles cuando un juez les pide que revelen una fuente, a los profesionales de la información. Pero también a la empresa responsable editorialmente del medio que difunde su trabajo: Atresmedia en el caso de Antena 3, Prisa en el de la cadena SER, Prensa Libre SL en el de infoLibre . Son los llamados “prestadores de servicios de medios de comunicación”, a los que la futura ley define como “toda persona física o jurídica cuya actividad profesional consista en ofrecer información de interés público y que ostenta la responsabilidad editorial sobre la elección del contenido informativo y determina la manera en que se organiza”. El anteproyecto, en cambio, no reconoce el derecho al secreto profesional a los medios como tales, a los que define como “todo servicio cuya finalidad principal, o la de una parte disociable del mismo, consista en ofrecer información de interés público por cualquier medio bajo la responsabilidad editorial de un prestador de servicios de medios de comunicación”. Si la ley entra algún día en vigor , protegerá la identidad de las fuentes , el canal a través del cual suministraron la información y cualquier cosa que pueda llevar a su identificación, entre las que están el material y dispositivos tecnológicos que constituyan herramientas del trabajo periodístico, como puede ser un teléfono móvil. No obstante, habrá límites por “una razón imperiosa de interés general proporcionada, atendiendo a los principios de excepcionalidad, necesidad e idoneidad”. Por ejemplo, los periodistas no podrán invocar el secreto profesional cuando “sea el único medio para evitar un daño grave e inminente que afecte a la vida, integridad física o seguridad de las personas” o sea “el único medio para evitar un riesgo grave e inminente para la seguridad nacional o que afecte gravemente a los elementos esenciales del sistema constitucional”. Del borrador ha desaparecido otra excepción, prevista inicialmente, y que obligaba a revelar por orden judicial una fuente cuando los tribunales tuvieran “constancia de que la fuente ha falseado conscientemente la información”. Ya no estará en el anteproyecto ley. El texto, si sale adelante en estos términos, llevará al ordenamiento jurídico español la doctrina que consagra el secreto profesional como un derecho de los periodistas. Descartará, por tanto, que sea en realidad un derecho de las fuentes a conservar su anonimato que los periodistas simplemente estarían obligados a respetar, como señaló durante décadas una parte importante del mundo académico vinculado a la deontología periodística que trataba de poner el énfasis en que se trata de un elemento capital de la buena praxis profesional.
Las investigaciones policiales avanzan al compás de los narcos. Las grandes cantidades de cocaína entre Sudamérica y Europa se siguen moviendo en contenedores marítimos, pero los duros golpes asestados por las fuerzas de seguridad a las organizaciones criminales en los últimos tiempos les han llevado a modificar su modus operandi . Así, en 2025 siguen colocando grandes alijos siguiendo el esquema 'de empresa a empresa' , pero no solo ese: apuestan, y de forma mayoritaria, por un goteo de cargamentos de entre 20 y 200 kilos repartidos en cientos de contenedores , casi siempre en el mismo lugar, para su ocultamiento: el sistema de motorización y refrigeración, conocido por los narcos como 'los ojos' del citado contenedor. Como ejemplos, Narcodiario ha ofrecido muchos. Sin embargo, uno muy ilustrativo ocurrió este mismo fin de semana en el Canal de Panamá , donde fueron intervenidos cinco contenedores al mismo tiempo con droga en 'los ojos', para un total de 230 kilos incautados por el Servicio Nacional Aeronaval (Senan), en coordinación con la Procuraduría General de la Nación (PGN). La droga, como se puede apreciar en las fotografías, luce logos que la asocian a varias organizaciones criminales diferentes. Los puertos de Panamá son un enclave fundamental para comprender las tendencias del narcotráfico, pues buena parte de la droga que acaba en Europa pasa por ese enclave comercial antes de salir hacia el Caribe y el Atlántico. Y allí, en Panamá, más de la mitad de los decomisos de los últimos meses se localizan en 'los ojos'. Algo que también ocurre en Europa . Este método de ocultamiento tiene varias ventajas que le sitúan como preferente, por delante del esquema 'de empresa a empresa' y también sobre el tradicional gancho ciego. La más importante de todas ellas es que no es necesaria la apertura física del contenedor ni el cambio de los precintos, algo que sí sucede con el gancho ciego, que, como saben los lectores de Narcodiario, consiste en la colocación de los paquetes de droga junto a la mercancía legal, normalmente en mochilas de deporte encima de la misma . En ese caso, los narcos tienen que abrir los precintos y volver a colocar otros, normalmente clonados, lo que requiere cierta infraestructura logística que no necesitan los narcos cuando colocan los paquetes de droga en la zona de los motores para la refrigeración, que se sitúan en la parte trasera del contenedor y a los que se accede desde el exterior del mismo de forma clandestina. Otro punto a favor de este sistema de 'los ojos' es su rentabilidad económica , pues en el mismo no es preciso acceder a las fuerzas de seguridad del puerto, ahorrándose así los sobornos. Tampoco se necesita acceder a empresas a ambos lados del Atlántico, pues no se precisa de tapadera alguna. Así, en un momento en el que las autoridades de puertos como los de Róterdam o Amberes se preguntan los motivos del aparente descenso en la llegada de grandes alijos, una de las respuestas, tal vez la principal, radica en la diversificación a la hora de escoger los puntos de entrada y en el giro hacia la introducción de droga en menores cantidades y en puntos como 'los ojos', de fácil acceso en origen y en destino.
Los casos Montoro y Cerdán han zarandeado el tablero político español. Las tramas que implican al exministro de Hacienda de la época de Mariano Rajoy y al ex secretario de Organización del PSOE han vuelto a colocar la corrupción abriendo todos los telediarios y las portadas de los periódicos. Y el país se asoma otra vez al balcón de la desconfianza hacia parte de sus dirigentes a la hora de ejercer la labor pública. Después de años en puestos bajos, la corrupción ha irrumpido con fuerza entre los problemas del país para los ciudadanos, colocándose ya en la segunda posición , sólo por detrás de la vivienda, según el último barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas. Supera a cuestiones como la migración, los partidos políticos, la situación económica y el desempleo. Hace un año estaba en el puesto número quince y apenas lo citaba el 6% de los sondeados (hoy ese porcentaje es superior al 25%). Los casos, además, tienen modus operandi similares a los que azotaron España en las últimas décadas antes del 15M. El debate político entre los dos grandes partidos ha vuelto a caer en el “y tú más” , dejando una sensación de dèja vu . Con un lenguaje asimismo durísimo por parte de Génova 13 hablando todo el día de “puteros” . Ahora, los socialistas sostienen que esa estrategia tan brusca de Alberto Núñez Feijóo se le ha vuelto con toda la fuerza de un bumerán. Este escenario marcado por sumarios y declaraciones ha revivido el discurso contra el bipartidismo que cambió la dinámica política a raíz de la crisis económica de hace más de una década, las protestas multitudinarias al calor del 15M en todo el país y la irrupción de nuevos partidos como Podemos y Ciudadanos. Y en el origen de la “corrupción sistémica” de los grandes partidos centran ahora sus discursos tanto de Vox como Podemos y Sumar. El partido de ultraderecha de Santiago Abascal es la formación que, según los últimos sondeos, está capitalizando más el descontento y subiendo en intención de voto (con factores como el caso Cerdán pero también el debate migratorio). Esos sondeos dejan lejos el deseo proclamado por Alberto Núñez Feijóo de gobernar en solitario pensando en una mayoría absoluta. A la ultraderecha el caso Montoro le ha pillado en plena operación para sacar rédito del debate migratorio y el clima de Torre Pacheco (Murcia) , pero ahora apunta al bipartidismo para hacer mella a los dos partidos por la supuesta trama en Hacienda. El partido ha criticado durante estas horas: “La realidad es que de todas las tropelías de Sánchez y su mafia, la política fiscal es simple herencia del PP. Y probablemente también les copiaron algunas de sus prácticas, que eran igual de mafiosas que las de ahora”. La estrategia de la ultraderecha pasa por cebar esa crítica al bipartidismo y no señalar directamente a Feijóo y Rajoy por el caso Montoro . Abascal ha trasladado esa idea en sus mensajes desde este fin de semana: “Tengo la sospecha bien fundada de que algunas de las mafias de Sánchez son solo continuación de las mafias del PP. Que nos quieran vender lo de Montoro como un hecho aislado es tan ridículo como los argumentos del PSOE para desligarse de Ferraz”. Para el líder de Vox, Génova y Ferraz son “las dos caras de una moneda falsa y corrupta”. “Son lo mismo”, remacha. Las críticas del bipartidismo también las ha utilizado la ultraderecha en la última semana respecto a la política migratoria de populares y socialistas. El discurso contra el bipartidismo ha cogido mucha fuerza en los últimos días en Podemos , que nació al calor de las protestas del 15M contra el sistema dominado por el PSOE y el Partido Popular durante décadas. Este partido, que logró romper el bipartidismo institucional a partir de su irrupción en las elecciones europeas de 2014, vuelve a retomar esa idea. El portavoz morado, Pablo Fernández , hizo este lunes una reflexión a partir de la revelación del caso Montoro por el que se benefició fiscalmente a empresas gasistas: "Recortes y sufrimiento social para el pueblo y favores y beneficios para las empresas corruptas que pasan por caja, así como dinero a montones para los bolsillos de esos políticos corruptos que llevan demasiados años lucrándose de ese sistema de la corrupción del bipartidismo". Podemos pone sobre la mesa el sistema de “comisiones”, “mordidas” y “puertas giratorias”, lo que, en sus palabras, evidencia "cómo funciona la política del bipartidismo en España y la necesidad que tienen de pagar y de establecer relaciones con los políticos del bipartidismo a cambio de hacer los correspondientes pagos". “ El problema se llama bipartidismo ”. Esta ha sido también una frase que ha utilizado la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz , desde que irrumpiera el caso Cerdán y pusiera al Ejecutivo contra las cuerdas. El ala a la izquierda de los socialistas en la coalición marca diferencias con Ferraz y tiene un discurso que pasa, como ha expresado la dirigente, por: "La corrupción cero sí existe. No somos iguales de ninguna manera. Nosotras somos limpias, tenemos cinco ministerios limpios y tenemos un espacio político que ha gobernado y nunca ha robado". IU ha tomado la delantera en el Congreso, de la mano de Movimiento Sumar, para constituir una comisión de investigación sobre Montoro en el Congreso de los Diputados. En el último ciclo electoral precisamente el bipartidismo ha vuelto a tener mayor vigor tras la época a la baja después de la crisis económica y la aparición de la nueva política . En las últimas generales del 23J el PP y e l PSOE sumaron un 65,27% de los votos, un porcentaje que no se veía desde la cita de 2011, cuando los dos partidos tuvieron un 74,4%. Las peores cifras las obtuvieron en los dos comicios de 2019, cuando no llegaron ni al cincuenta por ciento: 45,71% en abril y 49,24% en noviembre. En las europeas del año pasado el bipartidismo llegó al 64,86% una cifra que no recordaban los dos grandes partidos desde la cita continental de 2009 (con un 82,05%). Desde ese momento las cifras se había movido así: 2014 (50,25%) y 2019 (53,53%). Asimismo, en las municipales de hace dos años el PP y el PSOE sobrepasaron el 60%, lo que evidenció un crecimiento conjunto respecto a 2015 (52,96%) y 2019 (52,5%).
Marcial Dorado ya ha cumplido la condena por narcotráfico que el Tribunal Supremo le impuso en 2011 por vender una embarcación para una descarga de cocaína. Sostiene que ha recibido una carta de Roberto Leiro, el narcotraficante considerado el eje central de aquella operación, en la que aporta nueva información que lo exculpa y demuestra, asegura, que sus negocios ilícitos nunca fueron más allá del contrabando de tabaco. Con esta base de actualidad —la carta de Leiro que, según anuncia, está sirviendo para que su abogado ultime un recurso con el que intentar desvincular de forma definitiva su nombre del narcotráfico—, Marcial Dorado acaba de conceder una entrevista al diario El Confidencial en la que, como ya hizo en 2020 con laSexta , especifica fechas de su amistad con el expresidente Alberto Núñez Feijóo . Lamenta, como entonces, que no insistiera más en que él no es un narco, e insiste también en que emisarios del PSOE, pero también cargos del PP, le ofrecieron ventajas e, incluso, dinero en distintos momentos a cambio de información comprometida para el actual líder del Partido Popular. En la entrevista con El Confidencial , Dorado dice tener una nueva prueba que va a presentar ante los tribunales para intentar que sea revocada su condena por narcotráfico y repite que recibió ofertas de cargos del PP y del PSOE para que ofreciera detalles sobre su relación con el expresidente. Como ya explicó El País en 2013 tras publicar el diario las fotos que evidencian la amistad entre ambos —y como también se señaló en el Parlamento de Galicia—, Dorado explica que conoció a Feijóo a principios de los años noventa “a través de Manuel Cruz”, chófer de altos cargos de la Xunta en aquella época y, según ese diario, también testaferro. “Yo lo conocí siendo algo de Agricultura” y “después, cuando Romay [Beccaría] pasa de Agricultura a conselleiro de Sanidade, es cuando Romay lo lleva ahí, y luego es cuando Romay lo lleva a Madrid, es ahí donde empieza”. Esas referencias de Dorado se refieren a los pocos meses en los que Feijóo fue secretario general de la Consellería de Agricultura para, justo después, irse a la Consellería de Sanidade de la mano de Romay, quien lo puso al frente del recién creado Servizo Galego de Saúde. En 1996, cuando el PP de José María Aznar gana las elecciones generales, Romay es nombrado ministro de Sanidad y repite el esquema situando a Feijóo como máximo responsable del Insalud. En la segunda legislatura del gobierno de Aznar , dirigiría Correos bajo las órdenes de Francisco Álvarez-Cascos. Ocupó el cargo hasta que, en enero de 2003, la cúpula estatal del PP lo envía como conselleiro de Política Territorial al gobierno de Fraga en plena crisis del Prestige para sustituir a Xosé Cuíña. Según Dorado, la intención era “limpiar” el PPdeG. “En 2002, más o menos”, responde Dorado, fue cuando terminó su relación con Feijóo y, por entonces, insiste, él todavía no tenía “ninguna condena” , aunque ya había sido detenido en la operación Nécora y eran abundantes las noticias en la prensa sobre sus vínculos con el contrabando. Fue, por tanto, una década en la que viajaron, relata, a los Picos de Europa, “pasando la Nochevieja” en Estoril —“yo podía permitírmelo e íbamos allí”, detalla— o “dos viajes a Ibiza” en su barco. Atribuye la divulgación de las fotos que evidencian la amistad a un intento de perjudicar a Feijóo “justo cuando sean las elecciones”, aunque en realidad fueron publicadas meses después de que lograse revalidar la presidencia de la Xunta. “Nunca hubo nada más; es que dicen tonterías de que estuvo en Andorra. Vieron la nieve y pensaron que era Andorra ”, critica. El propio Feijóo contribuyó al equívoco al responder en 2013 que “creía” que no había ido a Andorra: “Recuerdo que había nieve, parece ser que eran los Picos de Europa”, había dicho. Junto a esta descripción de la amistad, Dorado sostiene que han existido intereses coincidentes entre cargos del PP y del PSOE en distintos momentos para divulgar la relación y las mencionadas fotografías tras ser condenado. Sugiere en la entrevista que “interesaba que fuese narcotraficante” para publicarlas “justo cuando sean las elecciones” y así perjudicar al expresidente. En realidad, la publicación de las imágenes por El País , el 31 de marzo de 2013, se produjo después de que Feijóo revalidase la presidencia de la Xunta en 2012 y cuando faltaba más de un año para la siguiente cita electoral, las europeas de 2014.
El estallido de la burbuja inmobiliaria y la posterior crisis económica provocó el cierre casi inmediato del flujo de crédito bancario, ante los problemas que acumulaban los balances de la mayoría de entidades. En especial en provincia como Alicante, consideradas como la zona cero de aquel desastre económico.
La propuesta ha sido presentada por el ministerio de Derechos Sociales y se espera que sea aprobada este martes en el Consejo de Ministros