Manicuras seguras en el salón de belleza: desde los esmaltes TPO-free a las lámparas de secado

Manicuras seguras en el salón de belleza: desde los esmaltes TPO-free a las lámparas de secado

En los últimos años las manicuras han vivido una auténtica revolución. Si hace 20 años el número de salones que ofrecían este servicio era mínimo, ahora es difícil pasear por alguna calle céntrica de cualquier ciudad española por la que no haya al menos uno. En la sociedad actual, a la imagen personal se le da una gran importancia y hacerse la manicura forma parte de ese ritual de cuidados, como lucir una piel joven y radiante o un cabello perfecto. A la hora de pintarse las uñas se pueden elegir los esmaltes tradicionales, que duran entre cinco y siete días o los semipermanentes. Estos últimos (que pueden llegar a durar hasta tres semanas) han sido objeto de una nueva... Ver Más

Más de 3.500 letrados se beneficiarán de condiciones preferentes gracias al acuerdo entre el Colegio de Abogados y Caja Rural Granada

Más de 3.500 letrados se beneficiarán de condiciones preferentes gracias al acuerdo entre el Colegio de Abogados y Caja Rural Granada

El Presidente de Caja Rural Granada, Antonio León y el Decano de la Abogacía granadina, Leandro Cabrera, han suscrito un nuevo convenio de colaboración que consolida la estrecha relación que une desde hace más de dos décadas a ambas instituciones. El acuerdo, vigente para el ejercicio 2025/2026, permitirá seguir ofreciendo a los más de 3.500 colegiados granadinos, a los despachos profesionales y al propio Colegio, así como a sus empleados, una completa oferta de productos y servicios financieros en condiciones preferentes. “Esta colaboración refleja nuestro compromiso con los profesionales del Derecho que realizan un papel esencial en la sociedad. Nuestro objetivo es estar a su lado, adaptándonos a sus necesidades y ofreciendo soluciones financieras que les ayuden en su desarrollo personal y profesional”, ha destacado Antonio León. “El convenio que hoy renovamos es una muestra palpable de cómo la colaboración entre entidades granadinas puede generar un valor real para la abogacía y, en consecuencia, para la sociedad en general”, ha manifestado Cabrera, destacando que “Caja Rural Granada ha sabido adaptarse siempre a las necesidades del colectivo y lo hace, una vez más, en un momento clave para la profesión”. El acto de rúbrica, celebrado en los Servicios Centrales de Caja Rural Granada, ha contado además con la presencia del vicedecano de la Junta de Gobierno, Antonio Mir; el tesorero, José Miguel Zurita; y el secretario, Guillermo Padilla, por parte del Colegio. Además, en representación de la entidad financiera han asistido su director general, Jerónimo Luque; el director de Negocio, José Aurelio Hernández; y el responsable de Colectivos, Ángel Aguilera. Ventajas y condiciones exclusivas El convenio contempla una amplia gama de beneficios que abarcan, en el caso de colegiados y despachos profesionales, desde cuentas corrientes con condiciones especiales hasta pólizas de crédito, soluciones de gestión integral de despachos con garantía hipotecaria o personal, seguros frente a ciberataques o incapacidad laboral transitoria, anticipo de liquidaciones del Turno de Oficio y adquisición preferente de inmuebles de la Entidad, entre otros. Por su parte, los letrados por cuenta ajena, el personal del Colegio y los empleados de los despachos profesionales y colegiados podrán acceder igualmente a una cuenta nómina con ventajas específicas y a la posibilidad de solicitar anticipos de la misma. Además, los nuevos colegiados seguirán disfrutando de la bonificación en la cuota de alta de colegiación. A todo ello se suma la oferta de préstamos de consumo y para adquisición de vivienda, seguros, planes de pensiones, fondos de inversión y cartera de valores con descuentos, bonificaciones y condiciones especiales, así como servicios exclusivos para la propia institución colegial. Compromiso más allá de lo financiero A parte de las condiciones económicas, Caja Rural Granada continuará respaldando la actividad de la Abogacía granadina a través del patrocinio, organización y desarrollo de iniciativas formativas, culturales y sociales y pondrá a disposición del Colegio infraestructuras como el Auditorio, las Salas de Exposiciones y las Aulas de Formación. Además, la institución financiera granadina, a través de su Fundación, también colabora en el impulso de actividades culturales puntuales promovidas por el Colegio.

El brutal asesinato de Iryna Zarutska en medio del metro agita EEUU: el sospechoso fue detenido 14 veces

El brutal asesinato de Iryna Zarutska en medio del metro agita EEUU: el sospechoso fue detenido 14 veces

La tensión en Estados Unidos es cada vez mayor tras el asesinato de Iryna Zarutska, una joven refugiada ucraniana de 23 años que fue apuñalada mortalmente en un tren ligero en Charlotte (Carolina del Norte) el pasado 22 de agosto. El crimen, registrado por las cámaras de seguridad, ha generado una fuerte ola de indignación … Continuar leyendo "El brutal asesinato de Iryna Zarutska en medio del metro agita EEUU: el sospechoso fue detenido 14 veces"

Varapalo a la Generalitat: el TSJC anula artículos clave del decreto de régimen lingüístico educativo que blindaba el catalán como lengua vehicular

Varapalo a la Generalitat: el TSJC anula artículos clave del decreto de régimen lingüístico educativo que blindaba el catalán como lengua vehicular

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha asestado un duro golpe al decreto de régimen lingüístico educativo de la Generalitat de 2024, que pretendía blindar el catalán como lengua vehicular, al anular parcialmente varios de sus artículos clave.  Todo ello, después de que haya estimado parcialmente el recurso contencioso-administrativo presentado por la Asamblea por una Escuela Bilingüe de Cataluña (AEB). La sentencia, que aún puede recurrirse, declara nulos de pleno derecho los artículos 2, 4, 6, 7.2, 9.3b, 10, 18.a, 19, 24, 33 y 34.1, que establecían, entre otras cuestiones, que el catalán y el aranés (en la Vall d’Aran) eran las lenguas normalmente vehiculares en la enseñanza, la administración escolar, los materiales didácticos, las evaluaciones y las relaciones con las familias. El tribunal también ha anulado disposiciones que priorizaban el catalán como lengua auxiliar para enseñar idiomas extranjeros o como única lengua de acogida para el alumnado recién llegado, sin prever mecanismos para garantizar un aprendizaje equilibrado del castellano. Asimismo, se elimina la obligación de que los docentes utilicen exclusivamente el catalán en actividades lectivas y no lectivas, formales e informales, y que el personal no docente o de actividades extraescolares deba cumplir con el proyecto lingüístico del centro en catalán. Entre los artículos anulados, destaca también la eliminación de aquellos que, aunque garantizaban una “presencia adecuada” del castellano para asegurar la competencia lingüística al finalizar la educación obligatoria, no establecían medidas concretas para lograrlo. Igualmente, se han anulado disposiciones que equiparaban la lengua de signos catalana al catalán o al aranés para alumnos sordos. El decreto parcialmente anulado se amparaba en la ley de 2022 sobre el uso y aprendizaje de las lenguas oficiales en la enseñanza no universitaria y en un decreto ley del mismo año que regulaba los proyectos lingüísticos de los centros educativos. Estas normativas buscaban blindar el modelo de inmersión lingüística frente a resoluciones judiciales previas que exigían un mínimo del 25% de enseñanza en castellano. Sin embargo, el TSJC ya había suspendido cautelarmente este decreto en el verano de 2024, a petición de la AEB, argumentando que podía relegar el castellano a un papel marginal en el sistema educativo. La sentencia actual se apoya en abundante jurisprudencia del Tribunal Constitucional y del propio TSJC, que han insistido en la necesidad de un “equilibrio real y efectivo” entre las lenguas cooficiales. Los magistrados critican que el decreto no mencione al castellano como lengua vehicular, a diferencia del aranés, y consideran que no garantiza la competencia lingüística en esta lengua ni establece mecanismos para compensar posibles deficiencias en su aprendizaje. “La declaración de normalidad de una lengua no puede comportar la primacía sobre otra en el territorio de Cataluña”, subraya la sentencia, destacando que el sistema de conjunción lingüística exige que todos los alumnos alcancen una competencia plena y equivalente en catalán y castellano al finalizar la enseñanza obligatoria. La Asamblea por una Escuela Bilingüe ha celebrado la sentencia como un “golpe” al intento de la Generalitat de excluir el castellano como lengua vehicular. En un comunicado, la AEB ha exigido al Govern que cumpla “sin demora” la resolución y reforme el modelo educativo para garantizar los derechos lingüísticos de todos los alumnos. Según la entidad, el fallo confirma que el sistema actual vulnera la Constitución, el Estatuto y la jurisprudencia de los tribunales superiores. “El castellano debe ser también lengua vehicular, no solo una asignatura, y los centros no pueden imponer proyectos lingüísticos monolingües en catalán”, apunta. Además, la AEB ha instado al Gobierno a ejercer sus competencias a través de la Alta Inspección de Educación para asegurar el cumplimiento de la sentencia en los centros públicos y concertados de Cataluña. “La escuela catalana debe dejar de ser un instrumento ideológico al servicio del nacionalismo y convertirse en una herramienta pedagógica al servicio de los alumnos”, concluye. Aunque el TSJC ha desestimado la impugnación de algunos artículos relacionados con aspectos organizativos internos, como la rotulación o la proyección externa de los centros en catalán, la sentencia supone un nuevo revés para el modelo de inmersión lingüística. La Generalitat aún puede recurrir la decisión, pero el fallo refuerza la obligación de garantizar una presencia equilibrada del castellano en las aulas catalanas, alineándose con resoluciones previas que exigían un mínimo del 25% de enseñanza en esta lengua. Y, además, según la AEB, los centros educativos deberán reformar sus proyectos lingüísticos para adaptarlos a la sentencia.