Las amenazas y sanciones del Gobierno estadounidense a Brasil han intensificado el declive de la familia del expresidente, condenado esta semana a 27 años de prisión Qué ha destapado el juicio a Bolsonaro sobre el plan golpista contra Lula y otras claves de una condena histórica Minutos después de que el Tribunal Supremo Federal (STF) condenara a Jair Bolsonaro a 27 años y 3 meses de prisión, un grupo de unas cincuenta personas se congregó en la puerta de su casa. Envueltos en banderas de Brasil, Estados Unidos e Israel rezaron con pose triste para transmitir su apoyo al expresidente. Para sorpresa de los analistas políticos que esperaban una marea bolsonarista , las calles de Brasilia permanecieron desiertas durante toda la madrugada. Por el contrario, la fiesta estalló en múltiples rincones de Brasil para celebrar la condena. Multitudes espontáneas se desgarraban la garganta cantando en bares y calles Vou festejar , una canción de samba de Beth Carvalho: vou festejar o teu sofrer (“voy a celebrar tu sufrimiento”) . La lista Canciones para celebrar la prisión de Bolsonaro , que circula como la pólvora en la whatsappfera brasileña , encierra importantes claves geopolíticas del proceso judicial contra la trama golpista. En la primera canción, Ô Trump , la artista Amanda Magalhães remezcla con ritmo bailable frases de Lula da Silva en las que se mofa de Eduardo Bolsonaro, hijo del expresidente, pidiendo ayuda a Donald Trump: “Trump, Trump, defiende a mi padre / Por el amor de Dios, Trump, libera a mi padre / dime que no vas a tasar a Brasil si me padre no entra en la cárcel” . El apoyo del Gobierno de Estados Unidos al expresidente de Brasil ha sido un verdadero abrazo del oso para el bolsonarismo. Unir su destino a la bandera estadounidense mientras Trump aplica un tarifazo a todo Brasil, no solo ha trazado un callejón (casi) sin salida para la extrema derecha brasileña, sino que ha provocado la (casi) recuperación de la bandera nacional para la izquierda. El pasado domingo, día de la independencia de Brasil, una bandera estadounidense gigante flotaba sobre las cabezas de los manifestantes de la protesta bolsonarista de São Paulo. Mientras, las banderas brasileñas reinaban en el desfile presidencial del 7 de Setembro , una ceremonia cívico-militar cuyo lema fue “Brasil soberano”. ¿Brasil, capital Washington? The New York Times publicó un texto el pasado martes, día inaugural del juicio contra la trama golpista, titulado El nuevo símbolo de la derecha brasileña: la bandera estadounidense . Jack Nicas, corresponsal en Brasil del rotativo neoyorquino, destacaba en el texto cómo la bandera estadounidense se ha convertido en improbable símbolo del bolsonarismo durante el aniversario de la independencia del país sudamericano. Este abrazo de la bandera de EEUU en un momento en el que el gigante norteamericano amenaza la soberanía brasileña, también ha irritado a muchos bolsonaristas. Hasta el pastor Silas Malafaia, ventrílocuo radical y (casi) impune del bolsonarismo , insinuó que la bandera estadounidense gigante había sido llevada a las calles de São Paulo por izquierdistas. Dos diputados progresistas denunciaron que la bandera de la avenida Paulista tenía el mismo tamaño que la usada en un partido de la liga de fútbol americano (la NFL) celebrado en São Paulo. Si la bandera hubiera sido cedida por la NFL o cualquier otra empresa internacional, violaría las leyes brasileñas, que impiden la participación de entidades extranjeras en la política nacional. El bolsonarismo, acorralado en su callejón, puede acabar siendo apuntillado, técnica y moralmente, por crímenes de lesa patria. El fervor trumpista de la extrema derecha brasileña, salpicado de simpatías sionistas, está directamente relacionado con el juicio contra la trama golpista que el Supremo concluirá en unas semanas (falta juzgar a otros núcleos del golpe). Por primera vez en la historia, militares brasileños del alto rango han sido condenados. A parte de Jair Bolsonaro (capitán en la reserva), los generales Augusto Heleno, Paulo Sergio Nogueira, Braga Netto y el almirante Almir Garnier fueron condenados y se quedarán, con casi total seguridad, sin su cargo militar. La condena marca un antes y un después en la impunidad de los militares brasileños. Y supone una venganza contra Estados Unidos, que financió y apoyó el golpe militar de 1964 y que ha llegado a amenazar a Brasil hace unos días con el uso de la fuerza militar. En el artículo Mi tío embajador, el periodista Fred Melo Paiva ironiza que los perfiles en redes sociales de la embajada de Estados Unidos en Brasil parecen tomados por los grupos de familia de Whatsapp (donde siempre hay un tío que lava la cara a la extrema derecha con argumentos bizarros). El abrazo a la bandera de EEUU en un momento en el que el gigante norteamericano amenaza la soberanía brasileña ha irritado a muchos bolsonaristas A comienzos de abril de 2019, el Gobierno de Jair Bolsonaro envió un telegrama a la ONU afirmando que no hubo golpe de Estado en Brasil el 31 de marzo de 1964. En los días previos, el argentino Fabian Salvioli, relator especial de la ONU en cuestiones de memoria histórica, había sacado los colores a Bolsonaro por celebrar en las calles el aniversario del golpe. “Los intentos de justificar graves violaciones de derechos humanos del pasado deben ser claramente rechazados por todas las autoridades y por la sociedad como un todo”, había escrito el argentino. Para Jair Bolsonaro, su clan familiar y los militares que se unieron a la radical huida hacia adelante de la extrema derecha brasileña el golpe de 1964 fue “una revolución”. Y el intento de golpe de Estado coordinado por el expresidente Bolsonaro no era más que la continuación de aquella intervención revolucionaria de 1964 bendecida por la democracia estadounidense. En esa pirueta imposible de intentar ser patriota abrazado la bandera del golpista externo reside la tumba del clan Bolsonaro. Y también el fracaso de la ley de amnistía que el bolsonarismo intenta que avance en Congreso y Senado. Bye bye, Eduardo La condena de Jair Bolsonaro deja una laguna en la extrema derecha brasileña. Si antes del tarifazo de Trump Eduardo Bolsonaro, hijo más internacional del expresidente, tenía posibilidades de heredar el trono electoral, a día de hoy es inviable. Incriminado por la Policía Federal por su involucración en las sanciones en Estados Unidos y considerado antipatriota por la opinión pública, Eduardo Bolsonaro es un nombre a evitar en cualquier encuesta electoral. Puede hasta perder su cargo de diputado. El senador Flávio Bolsonaro, que sigue defendiendo que su padre será candidato presidencial en 2026, tampoco se libra de la oleada tóxica de su apellido. Carlos Bolsonaro, Carluxo, el mago de las fake news que auparon a Jair al poder, está desaparecido : hace meses que no aparece ni en las manifestaciones para defender a su padre ni por el pleno de Río de Janeiro, donde ejerce como concejal. Renan Bolsonaro, el menor del clan, sobrevive sin pena ni gloria como concejal de Balneário Camboriú, una tosca y contaminada Dubái brasileña con mucha presencia ultraconservadora. Quedaría una última carta: Michelle Bolsonaro, la ex primera dama, diva del evangelismo y amada por el presidente del Partido Liberal (PL), pero odiada por todos los hijos del condenado patriarca. El declive del clan Bolsonaro deja a la derecha brasileña extraviada. El centrão —ese bloque conservador que controla el poder legislativo y que todavía cuenta con algunos ministerios del gobierno Lula— sueña con lanzar un candidato presidencial propio. Sin embargo, en el momento en el que el poderoso partido União Brasil estaba empezando a salir del Gobierno, Lula se recupera en las encuestas. Tarcísio de Freitas, actual gobernador de São Paulo, el candidato natural del bolsonarismo en 2026, intenta pescar en aguas revueltas, afirmando que el expresidente fue condenado sin pruebas. No lo tiene fácil. En todas las encuestas, Lula lo derrota. Su patriotismo made in USA es su talón de Aquiles. La memesfera no perdona. Un montaje fotográfico en el que Tarcísio usa una gorra con el lema Make America Great Again y Lula una con Brasil é dos brasileiros se expande como la espuma y acaba de inaugurar la precampaña electoral.

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La maquinaria está en marcha y Ceuta, gobernada por el PP, enviará la semana que viene a niños y adolescentes migrantes a otras comunidades, en aplicación del sistema de reparto obligatorio aprobado por el Gobierno en marzo tras más de un año de tensas negociaciones Andalucía, Madrid y Comunitat Valenciana tendrán que acoger a casi la mitad de los menores migrantes de Canarias Son muchos los gobiernos del Partido Popular que han intentado evitarlo, pero las primeras reubicaciones de menores extranjeros no acompañados son ya “inminentes”. La maquinaria está en marcha y Ceuta, gobernada por el PP, será la primera autonomía en enviar a niños y adolescentes migrantes a otras comunidades , en aplicación del sistema de reparto obligatorio aprobado por el Gobierno en marzo tras más de un año de tensas negociaciones . Según marcan los plazos de la normativa, los traslados empezarán la semana que viene. Las llegadas de menores a las costas ceutíes durante las últimas semanas y la rapidez de la tramitación de expedientes por parte del área de menores de la ciudad explican que Ceuta vaya a ser la autonomía que estrenará el nuevo sistema de reubicación. La norma obliga a ejecutar el traslado de los menores llegados tras la declaración de contingencia migratoria durante los siguientes 15 días naturales desde su entrada a España. La declaración de emergencia le fue reconocida a Ceuta el pasado 29 de agosto y, tras esa fecha, el contador empezó a correr desde el registro de los primeros adolescentes que entraron a nado a la ciudad. Desde entonces y hasta el pasado miércoles, ya lo han hecho 43 menores, según las cifras que maneja el Gobierno local. El nuevo sistema de reparto divide el procedimiento en dos vías. Por un lado, una fórmula “exprés”, destinada a quienes llegan después de la declaración de emergencia. Estos envíos son más rápidos, con el objetivo de evitar aumentar la saturación ya existente en los centros de acogida. La segunda vía está dirigida a los chavales que ya estaban en estas autonomías antes de pedir oficialmente la contingencia. Para ellos, aunque los trámites son similares, existe un mayor plazo (cuatro meses) para ejecutar la reubicación desde la solicitud inicial, aunque en ningún caso se podrán realizar más allá del próximo 18 de marzo, tal y como marca la legislación. Debido a ese plazo más corto para los recién llegados, los últimos chavales en llegar a Ceuta, Melilla y Canarias serán los primeros en salir. En concreto, el sistema de reparto lo estrenarán aquellos que entraron en Ceuta entre el 29 y el 31 de agosto. Tras su registro el 1 de septiembre, el Gobierno local y la Subdelegación del Gobierno en la ciudad activaron el procedimiento de traslado, que deberá materializarse en un máximo de 15 días, tal y como establece el protocolo. En el transcurso de esas dos semanas, la Subdelegación ha solicitado a Ceuta un informe individualizado de cada menor, para cuya realización es imprescindible una entrevista personalizada para tener en cuenta las circunstancias concretas de cada caso en la elección del destino . En el proceso, el menor puede hacer alegaciones o rechazar el traslado y la decisión final no puede tomarse sin el visto bueno de la Fiscalía. Para cumplir con los plazos marcados por la legislación, estos primeros menores deben ser trasladados, como tarde, el próximo martes 16 de septiembre. El Ministerio de Infancia prefiere no desvelar la fecha concreta ni los destinos de las reubicaciones de los chavales para proteger a los niños y adolescentes, especialmente en un momento de aumento del discurso del odio y de los ataques xenófobos. Fuentes ligadas al proceso recalcan que los primeros traslados son “inmediatos”. Desde la declaración de la contingencia migratoria hasta el pasado miércoles, han llegado a Ceuta 49 menores, aunque el proceso se encuentra más avanzado con 19, a los que la Administración ceutí ya ha realizado las correspondientes entrevistas. “Nos han mandado instrucciones el ministerio, pero son muy parecidas a las que nosotros hacemos habitualmente”, explica Antonia Palomo, responsable de menores en la ciudad autónoma, quien trabaja a destajo para sacar adelante los expedientes de cada menor en los plazos marcados. El colapso de la red de acogida ceutí les empuja a gestionar de manera rápida no solo los expedientes de los menores que acaban de llegar, sino también los casos de quienes ya estaban acogidos en la ciudad antes de la declaración de contingencia. Según los datos del Área de menores, el Gobierno local ya ha enviado los informes de alrededor de 90 chavales más. “Todo el mundo está coordinado para sacar adelante estos traslados. Delegación del Gobierno, Extranjería, Policía Nacional, el Ministerio Fiscal… Estamos trabajando en un equipo cohesionado para conseguir el objetivo de cumplir la legislación vigente y conseguir que se cumpla el interés superior del menor”, indica Palomo. En los últimos meses, el goteo de llegadas de chavales a Ceuta vuelve a ser constante. Especialmente durante la noche, decenas de personas jóvenes se echan al mar desde las costas marroquíes con la intención de rodear el espigón fronterizo del Tarajal y alcanzar alguna de las playas ceutíes. La ciudad fronteriza acoge a más de 590 menores migrantes, cuando tiene una capacidad ordinaria -la que debería ser la ideal en base a su población- de 27 plazas. Aunque el foco ha estado siempre en Canarias, que alberga a más de 4.000 menores, las características de la pequeña ciudad fronteriza, de apenas 84.000 habitantes, explican la saturación de sus escasos recursos de acogida. “Estamos gestionando su atención con mucha dificultad. Vivimos una situación de alarma total. Es insostenible que podamos sostener este nivel de ocupación en los centros para atender a estos niños como necesitan”, indica la jefa de menores de la ciudad. El primer menor llegado a Canarias En Canarias, la cuenta atrás para comenzar con los traslados de menores empezó el pasado miércoles. Ese día, un atunero encalló en la costa del pueblo de Órzola, en el norte de Lanzarote. Entre los cinco migrantes que viajaban a bordo, uno declaró ser menor de edad. Ese adolescente marroquí será el primero en salir de las islas, por lo que será reubicado en otra comunidad en el plazo máximo de 15 días, siempre que no muestre su rechazo a abandonar el Archipiélago, según ha confirmado la Consejería de Bienestar Social a elDiario.es . Tras el registro, como marca el protocolo, el Gobierno canario recibió la solicitud formal del expediente por parte de la Subdelegación. Para cumplir dicho trámite, se ha llevado a cabo una entrevista, con presencia de un mediador, para que el chico pudiese explicar sus circunstancias de origen, que serán valoradas a la hora de decidir el lugar donde será enviado. “La entrevista busca que el menor manifieste todo aquello que quiera decir: por qué ha venido, si tiene familia o no, para poderlo tenerlo en cuenta a la hora de decidir a qué comunidad va a ser trasladado para su acogimiento definitivo una vez sea culminado todo el proceso”, explica Sandra Rodríguez, directora general de infancia en Canarias. Además de este primer menor llegado tras la declaración de contingencia, que será tramitado por la vía exprés, la Consejería de Canarias ha comenzado la tramitación de unos 80 casos de adolescentes que ya se encontraba en el Archipiélago, según los datos trasladados por el Ejecutivo insular. Ellos deberán ser reubicados en un plazo de cuatro meses. En las últimas dos semanas, también han llegado menores a Melilla (también gobernada por el PP), la tercera de las autonomías a las que fue concedida la declaración de contingencia por parte del Gobierno central, por lo que se acogerá al sistema de reparto obligatorio. elDiario.es ha preguntado al Gobierno local por el número de expedientes tramitados, pero por el momento no ha recibido respuesta. Fuentes del Ministerio de Infancia confirman que también se han empezado a tramitar los primeros casos, de unos seis adolescentes, desde suelo melillense. Parte del equipo técnico del Ministerio ha mantenido diversas reuniones durante las últimas semanas en los distintos territorios desde donde partirán los menores trasladados para “coordinar a todas las partes implicadas”. El Ministerio ha acordado establecer un sistema de seguimiento semanal de los casos, según afirmó la Delegada del Gobierno en Melilla. En todos los expedientes tramitados, la Subdelegación del Gobierno de cada territorio realiza en un primer momento una propuesta de destino para cada menor, seleccionada en un primer momento de manera automática por una herramienta creado por el Ministerio de Infancia a partir del número de menores que corresponde recibir a cada comunidad, aunque esa propuesta puede cambiar a lo largo de la instrucción del caso, dependiendo de las circunstancias individuales de cada menor. Así, las primeras reubicaciones pretenden que se distribuyan de manera equilibrada por todo el territorio. Según el Ministerio, aunque se empezará por las comunidades a las que corresponda la acogida de más chavales - Andalucía, Comunidad Valenciana y la Comunidad de Madrid-, la idea no es enviar de golpe a todos los chavales que les corresponde a cada autonomía, sino que se pretende hacer de manera escalonada. Ante el rechazo manifestado por la mayoría de gobiernos autonómicos del PP contra el sistema de reparto obligatorio, la normativa ofrece como posibilidad de solicitar el acompañamiento policial durante el trayecto a las comunidades autónomas de origen, encargadas de gestionar el traslado de cada menor a su lugar de destino. Pese a las constantes declaraciones contrarias a al sistema que busca apoyar a los territorios declarados en emergencia humanitaria (paradójicamente todos gobernados o cogobernados por el PP), el Ministerio de Infancia confía en que todos los gobiernos cumpla la normativa y acojan a los menores que correspondan. “Más allá de la performance política, la realidad es que muchas de ellas han asumido que tienen que acoger a los menores”, concluyen fuentes del departamento dirigido por Sira Rego.

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Más de 600 organizaciones piden al Gobierno español que apruebe un embargo integral a Israel, retroactivo, que afecte al tránsito de armamento por puertos y que cancele los acuerdos de compra suscritos durante el genocidio Rastreando a los francotiradores fantasma: cómo una unidad de Israel masacró a una familia desarmada en Gaza El veto a la compraventa de armamento con Israel, anunciado el lunes por el presidente del Gobierno español, no ha sido aprobado esta semana -se pospone hasta el próximo martes- y se desconoce si su contenido definitivo tendrá alguna modificación. Las medidas anunciadas hasta ahora, tanto por el presidente del Gobierno como por el ministro de Exteriores, dejan fuera algunas cuestiones esenciales solicitadas por la relatora de Naciones Unidas y por la Corte Internacional de Justicia. Así lo resaltan las seiscientas organizaciones que integran la Campaña por el Fin al Comercio de Armas con Israel, entre las que hay movimientos como la Red Estatal de Solidaridad contra la Ocupación de Palestina o el BDS, organizaciones como Greenpeace, Ecologistas en Acción, Novact, Mundubat o Entrepueblos y centros de derechos humanos y de paz como FundiPau, Iridia o el Centre Delàs de Estudios por la Paz. Estos colectivos temen que finalmente el embargo no tenga un carácter integral y retroactivo, ya que el Gobierno no ha mencionado públicamente, por el momento, los más de cuarenta acuerdos de compra de armamento a empresas israelíes o sus filiales suscritos durante el genocidio, la compraventa de material militar de doble uso o la prohibición formal del tránsito de armamento por puertos españoles o por las bases estadounidenses de Rota y Morón. Por ello han lanzado una campaña en la que demandan la aprobación inmediata de “un embargo formal e integral” de armas, sin excepciones, de carácter retroactivo, que afecte “a la contratación pública y privada”, a los contratos suscritos con armamentísticas israelíes -o sus filiales- durante los 23 meses de genocidio, y que incluya mecanismos de control que garanticen su cumplimiento. La relatora de la ONU solicita "un embargo total" de armamento que suponga 'no comprar, no vender, no tránsitos directos o indirectos' También solicitan, en consonancia con las obligaciones internacionales, suspensión de relaciones comerciales que contribuyan a la ocupación israelí, ruptura de relaciones diplomáticas y sanciones amplias, como las aplicadas contra Rusia. En ese sentido, la relatora de Naciones Unidas para Palestina, Francesca Albanese, lleva tiempo solicitando a los países un embargo integral con las características mencionadas y recuerda que la Convención sobre Genocidio exige a los Estados “prevenir y sancionar”, lo que supone adoptar todas las medidas posibles para prevenir el genocidio y para castigarlo, impulsando también la rendición de cuentas. Además, la Corte Internacional de Justicia pide a los países , desde julio de 2024, “medidas que impidan las relaciones comerciales o de inversión que contribuyan” a la ocupación israelí, lo que no afecta solo al comercio de armamento. La Asamblea General de la ONU aprobó en septiembre de 2024 una resolución que incluía esta demanda. España votó a favor de dicha resolución , pero no ha anunciado la suspensión de este tipo de relaciones comerciales que contribuyen a la ocupación israelí, en la que participan algunas empresas españolas, con proyectos vinculados a la misma. Las organizaciones temen que no se apruebe un embargo total, ya que las medidas anunciadas no incluyen el veto a todos los tipos de comercio y tránsito de armas con Israel El tránsito de armamento En la descripción de las medidas de embargo anunciadas por el Gobierno español -y pendientes de aprobación- se menciona la prohibición de la compra y venta de “armamento, municiones y material militar” a Israel, así como la denegación del tránsito de “aeronaves del Estado que transporten material de defensa destinado a Israel” y el veto a “los barcos que transporten combustibles destinados a las fuerzas armadas israelíes”. Queda fuera de ese anuncio el embargo al tránsito de aeronaves con armamento que no sean “del Estado” y tampoco se menciona la prohibición específica al tránsito por puertos españoles de barcos con armamento destinado a Israel. Desde el Gobierno señalan que ya había un embargo de facto a ese tipo de tránsitos, pero “sin una prohibición por ley y sin mecanismos específicos de vigilancia y transparencia, estos pueden producirse”, denuncian los colectivos de la campaña. Desde octubre de 2023 se han registrado tránsitos de buques con material militar para Israel tanto en la base estadounidense de Rota como en el puerto de Algeciras. Tras la publicación por este diario de varias investigaciones , en noviembre de 2024 España desvió tres barcos, impidiendo su escala en territorio español. Aun así, las rutas de material militar a Israel continúan haciendo escala en puertos españoles, donde los buques, aunque no porten armamento en ese momento, adquieren combustible e insumos con los que se dirigen hacia puertos como el de Tánger, donde cargan material militar para Israel. Sin las medidas que solicitamos y sin mecanismos de transparencia, las relaciones armamentísticas entre España e Israel podrán continuar Campaña Fin al Comercio de Armas con Israel La Campaña Fin al Comercio de Armas con Israel advierte de que, con esas escalas, se facilita la continuación de la cadena de suministro de armamento a Israel. Sin un embargo formal a este tipo de tránsitos, el trabajo de vigilancia recae en los movimientos sociales y en las organizaciones internacionales que investigan esta red comercial. “No podemos ir barco a barco”, lamentan. Además, señalan que la falta de un embargo formal que prohíba el tránsito de armas deja espacio a una posible escala de material militar por territorio español, ya que sin una prohibición específica que establezca protocolos de inspección con coordinación ministerial, “no hay forma de asegurar el fin de este tipo de tránsitos”. Esto facilita la opacidad en el tránsito de armamento por las bases militares de EEUU en Rota y Morón. Pese a tratarse de territorio español, el Convenio de Cooperación para la Defensa suscrito entre España y Estados Unidos permite a Washington no desvelar el destino final de la carga que transporta a través de sus bases. Barcos de la naviera Maersk han hecho uso de puertos españoles en una ruta de suministro a Israel Contratos, relaciones y sanciones En la descripción de las medidas anunciadas públicamente por el Gobierno -en las comparecencias de Sánchez y Albares y en los comunicados- tampoco se hace mención a los más de cuarenta acuerdos de compra de armamento empresas israelíes o sus filiales suscritos por España durante el genocidio, entre octubre de 2023 y mayo de 2025. Entre estos contratos se incluye, por ejemplo, la adquisición del “diseño POD para combate aéreo” a la empresa pública israelí Rafael, suscrito en abril de 2024 -cuando ya había más de 30.000 muertos en Gaza- y con un plazo de ejecución hasta 2027 . Este pasado martes la Plataforma de Contratación del Estado hizo pública la “anulación de la publicación de la adjudicación” de dos de los más de cuarenta acuerdos de compra vinculados a empresas israelíes. Son los relativos a la adquisición del lanzacohetes SILAM y de los misiles SPIKE, en programas en los que participan empresas europeas, entre ellas, españolas. Aunque aún no estaba formalizado con la firma final, el SILAM ya está en marcha, en la base de Córdoba. Fuentes de Defensa argumentan que con esta “anulación” ambos contratos quedan cancelados, pero investigadores del Centre Delàs de Estudios por la Paz indican que “no es lo mismo la anulación de la publicación que la anulación de la adjudicación”. En el mismo sentido se pronuncia, consultado por este medio, el Catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de A Coruña, Carlos Amoedo. El también profesor de Derecho Administrativo, Eduardo Melero, de la Universidad Autónoma de Madrid, señala que “la anulación del anuncio de adjudicación no afecta a la validez de los acuerdos de adjudicación del contrato” y recuerda que no ha habido una revocación de los contratos de compra suscritos desde 2023 hasta mayo de 2025, tampoco del referido a la compra de balas a Israel. “En definitiva, sin estas medidas que solicitamos y sin mecanismos de control y transparencia, las relaciones armamentísticas entre España e Israel podrían continuar”, señalan desde la Campaña Fin al Comercio de Armas con Israel. “El Gobierno ha señalado en varias ocasiones en el pasado que ya había un embargo de facto, pero la realidad es que el comercio y el tránsito de armamento han seguido produciéndose”, añaden. Entre febrero y mayo de este año España aumentó sus importaciones de armas y municiones (código Taric 93) de Israel. La Convención sobre Genocidio obliga a "prevenir y sancionar" con todas las medidas posibles para ello Relaciones comerciales Por último, lamentan que España no suspenda relaciones comerciales “que contribuyan a la ocupación israelí” – como solicita la Corte Internacional de Justicia– pese a que existen negocios en este sentido, con la participación de empresas españolas, israelíes o sus filiales. En sus demandas, la relatora de Naciones Unidas para Palestina, Francesca Albanese, también subraya la necesidad de esta medida. En sus mensajes públicos, la relatora de la ONU solicita a los países “sanciones a Israel”, “un embargo total” que suponga “no comprar, no vender, no tránsitos directos o indirectos” de armamento, “romper el bloqueo de Gaza, enviar embarcaciones en vez de arrojar comida sobre las cabezas de los supervivientes hambrientos del genocidio”, “suspender todos los acuerdos comerciales con Israel hasta que termine el genocidio, la ocupación y el apartheid” o “investigar y procesar a individuos y organizaciones que hayan cometido crímenes en Palestina”, entre otras exigencias. Albanese indica que estos pasos son obligación internacional sobre la base de la Convención sobre Genocidio. La principal organización internacional de expertos legales en genocidio, la International Association of Genocide Scholars , ha concluido que Israel está llevando a cabo un genocidio en Gaza. Del mismo modo se han expresado los relatores de Naciones Unidas u organizaciones de derechos humanos, como Amnistía Internacional o Human Rights Watch.

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Los operadores de los pocos planetarios analógicos que quedan en España tienen el secreto para hacernos viajar a otros mundos con una tecnología que acaba de cumplir un siglo Hemeroteca - Pamplona pierde su planetario, “único” en España, tras un incendio: “Es el final de una era” José Antonio lleva tantos años manejando el universo en la oscuridad que puede hacerlo con los ojos cerrados. Con sus manos colocadas sobre el panel de control, arrastra sutilmente una palanca para mover el firmamento y hace avanzar los días o las estaciones con un movimiento de los dedos. Solo por el tacto sabe dónde están los botones que encienden cada uno de los planetas del sistema solar y ese interruptor con el que puede encender el sol “como una lamparita de noche”. A sus 62 años, es el más veterano de los cinco operadores que manejan el proyector optomecánico del planetario de la Casa de las Ciencias de A Coruña, uno de los últimos que quedan en servicio en España. José Antonio Pérez entró aquí en 1985, a los pocos días de inaugurarse las instalaciones, y le gusta recordar que por entonces “no sabía ni dónde estaba la estrella polar”. Cuarenta años después, se ha convertido en una especie de DJ de las estrellas, que domina el arte de mover cada lucecita del cielo a la velocidad y el ritmo adecuados, hasta llegar al punto culminante, ese que los operadores de los planetarios analógicos conocen como el ‘momento ¡ooooh!’. Como manejar la Enterprise “Coloco el sol en lo alto y luego lo voy llevando hacia el horizonte, mientras voy bajando la luz blanca y todo va desvaneciéndose”, explica José Antonio. “Para hacerlo bien, las estrellas tienen que ir apareciendo poco a poco”. “El ¡ohhh! se oye cuando se queda todo en negro y aparecen las estrellas”, añade Inés Carvallo, que lleva 25 años manejando el viejo proyector con lentes Zeiss del planetario de A Coruña y usa el mismo truco. El planetarista José Antonio Pérez, durante una de las sesiones en directo. En la primera parte de la sesión en directo, todos usan el proyector digital, que permite viajar a las profundidades del universo o meterse dentro de un agujero negro en menos de un segundo. Pero el plato fuerte llega gracias a ese viejo mecanismo que rota en el centro de la cúpula y que solo juega con la luz de las lámparas y la oscuridad de la sala. “Con el planetario óptico, el negro es negro y produce una sensación de que el cielo es real, algo que no consigues con el mejor digital”, explica Inés. “Esos minutos de oscuridad estrellada suelen ser lo que más recuerdan los visitantes”. Con el planetario óptico, el negro produce una sensación de que el cielo es real que no consigues con el mejor digital. El ¡ohhh! se oye cuando aparecen las estrellas Inés Carvallo — Planetarista de La Casa de las Ciencias de 2000 El diseño clásico de este tipo de proyector es un eje con dos bolas en los extremos, explica el director de los Museos Científicos Coruñeses, Marcos Pérez . “La bola de arriba proyecta el hemisferio norte celeste y la de abajo las estrellas del hemisferio sur”, detalla. “En su interior hay unas lámparas cuya luz pasa por unas placas que tienen perforadas las posiciones de las estrellas y una lente que hace que la luz que atraviesa esos orificios se proyecte enfocada en la cúpula”. Los alrededor de 40 mandos de la mesa hacen girar el proyector sobre su propio eje (para moverse en el tiempo) o de arriba a abajo (para viajar más de norte a sur). “Y luego tienes botones para encender y apagar la luna, el sol o los planetas individuales, que se proyectan con una serie de tubos colocados en el eje del proyector, independientes de las estrellas”, indica Pérez. Detalle del panel de control del proyector optomecánico. “Estos aparatos son una obra de arte, producen una magia especial”, asegura Germán Peris Luque , que manejó el proyector de Castellón en los años 90. “Era como manejar la nave Enterprise”, recuerda. “Es lo más parecido a ser Dios, es jugar a mover el universo y crearlo para que lo vea la gente”, confiesa el astrofísico Fernando Jáuregui , con 40 años de experiencia en estos planetarios. Una maravilla de cien años Hace ahora poco más de cien años , el 7 de mayo de 1925, un grupo de espectadores privilegiados contempló las luces del primer planetario optomecánico, en el Deutsches Museum de Múnich, y la experiencia de ver el movimiento del sol y los planetas proyectados sobre un falso cielo nocturno fue tan impactante que lo bautizaron como la “ Maravilla de Jena ”. Desde entonces los planetarios se multiplicaron y se convirtieron en una de las atracciones más populares. Estas máquinas de luz han seguido hasta nuestros días, pero han sido sustituidos poco a poco por una tecnología más barata y moderna, menos manual y más automatizada. En 2025, los 147 proyectores optomecánicos que siguen activos en los planetarios del mundo, de marcas clásicas como Zeiss, Goto o Minolta, son una minoría frente a los más de 4.300 proyectores digitales. En España, además del proyector A Coruña, quedan activos el del Parque de las Ciencias de Granada, el del Museo de las Ciencias de Castilla-La Mancha y el del Planetario de Madrid, y todos se usan en combinación con el digital, cuya versatilidad lo hace imprescindible. Imagen del interior del planetario de Pamplona tras el incendio. En algunos casos, como el del planetario de Castellón, el proyector Zeiss se conserva en la sala, pero lleva sin usarse desde 2015, aunque no descartan recuperarlo. El caso más dramático es el del Planetario de Pamplona, conocido como el Pamplonetario. El 14 de enero, un incendio destruyó la cúpula y el proyector Zeiss VI optomecánico quedó calcinado. “Una parte de mí se quemó ese día”, asegura Fernando Jáuregui, que fue el responsable de la sala de proyecciones desde 1992. La lista de máquinas de luz en activo se redujo de la noche a la mañana y las estrellas eléctricas se apagaron para miles de pamplonicas. Los que cuentan las estrellas Ya sea por destrucción, deterioro o falta de renovación, el temor de planetaristas y aficionados es que esta dinámica haga desparecer este viejo oficio y los equipos digitales acaben de barrer del mapa a los viejos dispositivos. “Hoy día, si alguien tiene previsto renovar el planetario o construir uno nuevo, no tiene opción de no poner un proyector digital, mientras que añadirle uno analógico es opcional y depende de gustos o presupuestos”, señala Jáuregui. “Es una pena, porque se pierde una de las sensaciones más potentes que uno puede vivir en público”. Los planetaristas Jose Antonio Pérez, Irene Baspino Fernández , Inés Carvallo, Miguel López y José Luis Soto. “Yo puedo contratar a cualquiera para que le dé al botón de play y te enseñe una película en formato planetario digital”, asegura Marcos Pérez desde la Casa de las Ciencias. “Ahí no hay un oficio. Sin embargo, enseñar el cielo, explicarlo, entender el calado de las preguntas y con esa herramienta buscar cómo responderlas, eso es un oficio y viene de muy lejos, una tradición que nosotros en gallego le llamamos la cofradía de los estreleiros , los que cuentan las estrellas”. Esto es un oficio que viene de muy lejos, en gallego les llamamos los 'estreleiros', los que cuentan las estrellas Marcos Pérez — Director de los Museos Científicos Coruñeses “Esto es pura electricidad y mecánica”, resume Inés. A veces se les funde una bombilla y tienen que salir a cambiarla en mitad de la sesión, circunstancia que aprovechan para explicar cómo funciona. “El planetario es una idea genial, a mí me recuerda un poco al invento del cine”, apunta. Pero, a diferencia de los proyectistas, que tuvieron su homenaje en la película Cinema Paradiso , no hay tanta gente que se acuerde de la figura del planetarista, a pesar de que son los guardianes de un cielo perdido, cada vez es más difícil de observar fuera de este recinto. José Antonio Pérez señala al cielo del planetario. “Notas comentarios de gente más mayor, que recuerdan que antes el cielo se veía así y que ahora no se ve”, dice Inés. “Notas también diferencia entre los colegios del mundo rural, que saben más, y los de las ciudades”. En todo caso, niños y mayores siguen disfrutando con el descubrimiento de la oscuridad, cuando la cúpula se apaga y José Antonio les habla de los “países del cielo” o les muestra la carrera de los planetas entre ellos, como en una pista de atletismo. “El de la calle número uno va que se las pela, pero el de la calle número seis, el pobriño, no da para más”, bromea. Los planetarios no van a desaparecer, defiende Marcos Pérez, porque siguen siendo una cápsula del tiempo en la que realizar un viaje imposible, pero sí peligra esa oscuridad perfecta, como la de nuestros propios cielos. “Al terminar una sesión, a mí me han preguntado ¿pero esto es real? Y no sabes qué decirles”, comenta José Antonio. “Hay niños que vienen y me abrazan”, resume Inés, a quien las reacciones de la gente le han dado algunos de los momentos más emocionantes de su vida. “Una vez, mientras la gente bajaba las escaleritas de salida —recuerda—, escuché a una mujer decir: ¡qué trabajo tan bonito!”.

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En los próximos días, el Vaticano comunicará el dictamen final sobre el 'complejo' ideado por el fundador del Opus en un enfrentamiento inédito entre el obispo de Barbastro-Monzón y las autoridades de la Obra, que el papa Francisco empezó y deberá culminar León XIV El Papa Francisco advirtió al obispo de Barbastro de “intrigas mafiosas” en medio de la disputa con el Opus Dei por Torreciudad “La decisión está prácticamente tomada, y la sabremos en unos días”. La respuesta, lacónica, resuena entre los muros del Vaticano. La pregunta es sencilla: ¿Cuándo habrá dictamen de Roma sobre el conflicto por Torreciudad? Cinco años después de las primeras conversaciones, y tras una montaña de acuerdos y desacuerdos, todo parece indicar que está al caer la resolución del comisario pontificio plenipotenciario nombrado por el papa Francisco, Alejandro Arellano, para dirimir el pulso entre la diócesis de Barbastro-Monzón y el Opus Dei sobre el ‘complejo’ fetiche del fundador de la Obra, Josemaría Escrivá de Balaguer. Y que seguramente no satisfará, al menos por completo, a ninguna de las partes. Este sábado, el vicario del Opus Dei en España, Ignacio Barrera, preside la tradicional Jornada Mariana de la Familia en Torreciudad. Y lo hace después de que el pasado lunes el obispo de Barbastro-Monzón, Ángel Pérez Pueyo, haya advertido de las “intrigas mafiosas que están en curso” en torno a este asunto, tal y como le confesó, por carta –una carta que existe, pero que el prelado, al menos hasta ahora, no tiene intención de hacer pública– el propio Papa Francisco. El pontífice fallecido fue uno de los grandes apoyos de Pérez Pueyo a la hora de emprender una batalla desigual contra la Prelatura, nada más y nada menos que por el control de una de las ‘joyas de la corona’ del Opus Dei: un ‘santuario’ dedicado a la Virgen que, según las biografías oficiales, curó a Escrivá de Balaguer siendo un niño. Nadie espera una respuesta pública de Barrera a Pérez Pueyo, aunque tampoco nadie la descarta. “Si el obispo usó la homilía del lunes, ¿por qué no lo va a hacer el vicario?”, plantean, enigmáticas, fuentes cercanas a la Obra. 50 aniversario Esto ocurre en mitad de los fastos del 50 aniversario de la muerte de Escrivá, y de la construcción de Torreciudad, una onomástica que el Opus pretendía celebrar con el conflicto solucionado. La Obra no supo valorar el impulso de un obispo que ya logró vencer resistencias, eclesiásticas y civiles, para la devolución a Aragón de los ‘bienes de la Franja’ y que tampoco en este tema parece dispuesto a tirar la toalla. Al menos, mientras Roma no oficialice su fallo final. En un escenario que difiere mucho del que había cuando vivía Bergoglio. El actual Papa no es precisamente un entusiasta del Opus Dei, pero Francisco 'degradó' a la Obra al considerarla una asociación clerical, sin sus anteriores atribuciones y privilegios –hasta el 'prelado', Fernando Ocáriz, dejó de tener rango episcopal–. Ahora Prevost debe aprobar los nuevos estatutos del Opus para adecuarse a su nueva condición. ¿Qué dirá, finalmente, Roma? Según las fuentes consultadas por elDiario.es, el dictamen del comisario Arellano será muy similar al borrador de acuerdo presentado a las partes en junio, y que filtraciones cercanas al entorno de la Obra tiraron por tierra. Esto es: Torreciudad se convertiría en santuario diocesano, dependiente de la diócesis, y el obispo podría nombrar al rector, pero entre una terna propuesta por la prelatura, a la que se cedería la gestión de Torreciudad. A cambio, el Opus incrementaría sustancialmente la aportación que anualmente ofrece a la diócesis, mientras que la talla original de la Virgen, venerada desde hace mil años en la zona, peregrinaría dos veces al año hasta la ermita original. La filtración de ese posible acuerdo motivó una última propuesta de la diócesis muy parecida a la actual, excepto en una cuestión capital: que fuera la Santa Sede, y no el Opus, quien se haga cargo de todo lo referente a la gestión, incluida la patrimonial, del complejo, que se convertiría así en un santuario internacional. Una auditoría para Torreciudad Con esta premisa, además, se cumpliría uno de los cometidos que Francisco encargó al comisario Arellano al nombrarlo comisario pontificio para Torreciudad, y que no era únicamente dilucidar quién controlaría el complejo: abordar una auditoría del mismo, para desentrañar posibles irregularidades financieras o patrimoniales en el entorno. De hecho, se esperaba que la labor de Arellano fuera más allá de una mera mediación (no era esa su función) entre el Obispado y el Opus, y se centrara en un análisis de la realidad de Torreciudad en todas sus aristas. Algo que no ha hecho. A lo largo de este año, Arellano apenas ha acudido a la zona en dos o tres ocasiones, no ha dirigido los actos del 50 aniversario ni ha encargado una auditoría externa para desentrañar las finanzas del complejo. Simplemente se ha limitado a escuchar las razones de ambas partes, sin entrar en los asuntos de fondo. Porque lo económico también está en la raíz de este conflicto. Y no, como se han empeñado en asegurar los medios afines a la Obra, porque la diócesis quisiera incrementar la donación anual (unos ridículos 19,32 euros al cambio) del Opus por la cesión a perpetuidad de la imagen de la Virgen, ni mucho menos con el montante de 600.000 euros que apuntaron algunos, sino por los rumores sobre posibles operaciones financieras relacionadas con la zona, así como por la falta de transparencia sobre el origen de los fondos que sostienen Torreciudad, uno de los santuarios más visitados de Aragón. Con todo, la razón última de la diócesis es una cuestión de dignidad. Como apuntó esta semana Pérez Pueyo, “desde hace ya cinco años venimos pidiendo, casi suplicando, que se respete la dignidad de nuestro pueblo: humilde y pequeño, sí, pero con una dignidad gigante y una fidelidad inquebrantable, como ha sabido demostrar a lo largo de los siglos”. Una lucha entre David y Goliat que, si nadie lo remedia, parece decantarse por el lado del gigante. ¿Castigo para el obispo? En el trasfondo del conflicto, también, está un proyecto de unificación de diócesis, que conllevaría, a medio plazo, la desaparición de los obispados de Barbastro-Monzón y Jaca, para su inserción en la diócesis de Huesca, una decisión que se tomaría teniendo en cuenta la falta de vocaciones al sacerdocio y la adecuación a los límites provinciales, pero que no se lleva a cabo en otros lugares, como Guadalupe que, pese a ser la patrona de Extremadura, sigue perteneciendo canónicamente a la diócesis de Toledo. También, un posible traslado del propio obispo, que ya se negó en dos ocasiones a salir a un destino diferente sin que se solucionase el conflicto. En Roma hay cierto malestar por las últimas declaraciones de Pérez Pueyo apelando al papa fallecido. “Ha puesto a León y al comisario en una dura tesitura: si fallan en su contra, es como si lo hicieran contra Francisco”, señalan estas fuentes, que matizan que es posible que, a última hora, se pueda encontrar un resquicio para un acuerdo que parece más difícil que nunca. El tiempo se agota. “Nuestra Señora de los Ángeles de Torreciudad ha de ser venerada en su pequeña y humilde morada de donde nunca debió salir tras mil años de historia en manos de un pueblo que la venera con enorme devoción”, culminaba este lunes Pérez Pueyo, clamando, al menos, por la devolución de la milenaria talla a su emplazamiento original. “Y es por ello que quiero transmitiros la seguridad de que vuestro pastor siempre se mantendrá fiel a su pueblo, a esa pequeña grey de dignidad gigante a la que es mi mayor orgullo servir. Y así será hasta el final”. Aunque le cueste el cargo (él ya ha dicho que no piensa renunciar). “Ángel, no cedás”, le dijo Bergoglio. No lo ha hecho. Al menos, hasta que llegue la decisión final. Toda la información en www.religiondigital.org

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El responsable de la gran operación del momento rechaza la acusación del consejo del Banco Sabadell de que infravalora la entidad y que cree que su oferta es muy atractiva. "El Sabadell ha agotado su recorrido al alza" Leer

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Varios empleados a los que la ley iba a subir el salario o reducir su jornada explican cómo les iba a afectar la norma, mientras pequeños empresarios argumentan por qué temían sus efectos PP, Junts y Vox tumban la ley para reducir la jornada laboral a 37 horas y media Desde el lunes, cuando Junts confirmó que tumbaría la reducción de la jornada laboral , la “decepción” fue extendiéndose en muchos trabajadores, como Raúl Rodríguez y sus compañeros de una gran cadena de comida rápida. Se habían ilusionado con la jornada máxima de 37 horas y media a la semana. “Como tenemos muchas jornadas parciales, nos suponía un aumento de salario. Ha sido un bajón”, cuenta. En el lado opuesto, Patricia (nombre ficticio), que tiene una pequeña empresa de instalaciones eléctricas, reconoce que prefería que la ley no saliera adelante. “Habríamos tenido unas horas sin cubrir y no nos podemos permitir contratar otro trabajador. Creo que habríamos aumentado precios”, explica. Son las dos caras de una misma moneda: la caída de la ley para reducir la jornada máxima de trabajo que tuvo lugar el miércoles en el Congreso, con los votos de la derecha de PP y Junts y la ultraderecha de Vox. El Ministerio de Trabajo, que tras la derrota parlamentaria ha defendido que volverá a presentar la medida en el futuro, estimó que la reducción de la jornada iba a alcanzar a 12,5 millones de trabajadores y trabajadoras. Sobre todo, el 55% del total, en los sectores del comercio, la industria manufacturera, la hostelería y la construcción. Es el caso de Raúl Rodríguez, trabajador de la hostelería en una multinacional y representante de CCOO, que tiene un contrato parcial de 35 horas sobre un total de 40 horas a la semana. “Casi todos tenemos contratos parciales, salvo un 10% a tiempo completo, que son el equipo gerente”, explica. Con un salario de referencia cercano al mínimo, tiene un segundo trabajo para los dos días que libra a la semana. “Solo descanso dos días al mes. Con estos salarios y contratos parciales, no soy ni el primero ni el último que tiene dos trabajos”, sostiene el joven. “Me iba a suponer un aumento de sueldo” Como representante de la plantilla, Raúl Rodríguez había estado informando a sus compañeros de los efectos de la ley. Al tratarse de trabajadores a tiempo parcial, esperaban un aumento en la nómina que había generado ilusión en muchas personas, como él mismo. “Calculé que podía suponerme unos 110 euros al mes. A lo mejor con este incremento podría trabajar solo dos o tres días al mes extra, y descansar casi como todo el mundo”. “Yo lo daba un poco por hecho, hasta que oí a los partidos esta semana”, reconoce. En cambio, Eugenia Sánchez, trabajadora de una residencia de mayores y representante de UGT, pensaba “que no iba a salir, era bastante escéptica”. La trabajadora considera que en su sector “es muy difícil reducir la jornada si no cambian un montón de cosas más”. “Media hora menos al día en una residencia es inviable, porque está todo tan cuadriculado con los turnos, somos tan poca gente, no encontramos gente que quiera trabajar… Aunque mantuviéramos horarios y nos dieran algún día libre más, tendríamos problemas. Ahora no encontramos gente para cubrir bajas, para días de asuntos propios o cubrirnos en una prueba médica. Esta es la situación”, argumenta Sánchez. “No encontramos a gente, de verdad. Yo mismo he visto que no hay un CV en la bandeja de entrada. Pero, claro, ¿quién va a querer venir con lo que ganamos y con lo que se trabaja en una residencia de ancianos?”, dice Sánchez, que pone como ejemplo su salario. “Llevo 21 años en la empresa, voy a hacer mi séptimo trienio y mi sueldo es de unos 1.100 y poco”, afirma. Aunque ella no estaba esperanzada, sus compañeras más jóvenes sí. “La gente joven tenía ilusión, estaban ilusionados por el hecho de conciliar. Nos decían: qué bien, podré salir antes y recoger a la peque de la guarde... Las más mayores pensábamos que esto no salía”, relata Sánchez. Mejorar la conciliación es otro de los puntos que más destacaban del proyecto de ley las compañeras a Gema Santos, educadora social en un piso tutelado en la Comunidad de Madrid y delegada de UGT. “Salir media hora, unos minutos antes a lo mejor, quiere decir que llegues a casa y puedas ver a tus hijos. Que puedas llegar al beso de buenas noches, por ejemplo, en los turnos de tarde. Parece que no es nada, pero para la gente sí que es mucho. O tener algo más de tiempo de descanso, de solventar otro tipo de situaciones. Este trabajo quema mucho”, indica la educadora. Ángel García, vigilante de seguridad y responsable del sector de UGT, también destaca la “decepción” de muchos compañeros y la gran atención que había supuesto en el sector, con una jornada de 162 horas al mes (1.782 horas anuales, unas 39 horas si se dividieran en semanas). “Se había creado un ambiente de euforia. En nuestro sector habría supuesto trabajar un día menos al mes, aproximadamente. Para un sector en el que los salarios no son gran cosa y trabajamos mucho, imagínate, trabajar un día menos al mes es una bicoca”, explica. García (UGT) considera que la reducción de jornada “es viable”, aunque haya algunas empresas que puedan tener algunas dificultades. “No podemos seguir con una jornada de otro siglo”, indica el sindicalista, que denuncia que muchas de las empresas que denuncian la medida, como el salario mínimo u otros avances, “luego ni siquiera los cumplen”. “Y hay algunos pequeños empresarios que dicen que no pueden contratar a un trabajador. Pues entonces, no son empresarios, es que son trabajadores autónomos, con problemas económicos en sus negocios que van mucho más allá de media hora de jornada”, opina. “¿Cómo hacemos esto con los horarios comerciales?” En el lado contrario, pequeños empresarios y empresarias contactadas reconocen su alivio ante la caída del proyecto de ley. Es el caso de Patricia (nombre ficticio), con 16 trabajadores contratados en una empresa de instalaciones eléctricas en proyectos de construcción, ahora con 40 horas semanales. “Son obras y tienes que acabarlas, así que si se trabajan menos horas, las acabaríamos más tarde. Tendríamos que contratar mano de obra auxiliar para cumplir plazos, pero es que no podemos contratar otro trabajador. Tendríamos que subir precios en nuevos contratos”, explica. Patricia argumenta que, en su caso, la compañía no tiene grandes márgenes, por lo que contratar a una persona más a tiempo completo, “por unos 35.000 euros con Seguridad Social”, se llevaría algo más de la mitad de su beneficio anual. “Creo que tendríamos que subir los precios. Que ya lo estamos haciendo, porque están subiendo los salarios en el sector. No hay trabajadores, sobre todo con formación, y esto está subiendo los salarios, porque si no se te va la gente a otra empresa”, relata. Carmen (nombre ficticio) tiene un pequeño comercio de ropa con su hermana y en estos momentos no tienen ningún empleado. La autónoma llama la atención sobre la contradicción de la reducción de jornada laboral con los horarios comerciales cada vez más amplios. “Los pequeños comerciantes, o tienes un trabajador, o estas ampliaciones de horario nos hacen polvo. Los que marcan las pautas son las grandes cadenas y sientes la presión de que tienes que abrir y cada vez más. Domingos, que no cierres al mediodía, festivos… Es horrible, no tienes vida, tiempo para tu familia. Si tienes empleados, algo más, pero si no, es horrible”, argumenta. Antoni Torres, farmacéutico y presidente de Federación de Asociaciones de Farmacias de Catalunya (FEFAC), también destaca la “inviabilidad” de la reducción de la jornada laboral en el sector de las farmacias, con pautas comerciales y más particularidades. “Por ejemplo, no podemos repercutir el aumento de costes en los precios, porque los fija la administración pública”, indica. “Tampoco podemos contratar a farmacéuticos a veces, aunque queramos, porque hay mucha falta de profesionales”, añade. En el caso de la reducción de jornada a 37 horas y media, Torres explica que las horas que quedan sin cubrir tampoco generan jornadas atrayentes para ningún trabajador. “Una hora al día, cinco horas a la semana. 20 al mes. ¿Quién va a querer ese trabajo?”, sostiene el empresario, que considera que este debate debería encuadrarse en la negociación colectiva de cada sector, “porque cada uno sabemos lo que hay y podemos buscar una solución que vaya bien para todos”.

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El PP niega la existencia del genocidio de Gaza en la Asamblea de Madrid y al mismo tiempo justifica todo lo que ha hecho el Gobierno de Netanyahu porque está defendiendo "la civilización" Ayuso carga contra la Agencia Tributaria tras conocer los audios de la inspectora de su pareja: “Es una máquina de expulsar fortunas, inversiones y propiedad” En el segundo día del debate del estado de la región, Isabel Díaz Ayuso y el PP de Madrid tuvieron que hablar del genocidio de Gaza y soltaron todo lo que llevan dentro. ¿64.000 muertos? ¿17.000 menores asesinados? Pocos les parecen. Israel está defendiendo a “Occidente”, y por tanto a España. Tendríamos que estar agradecidos de que hayan matado a tanta gente. “Israel es el país que nos estaba defendiendo hasta la fecha”, dijo Ayuso. ¿Contra quién? ¿Contra Hamás que no ha matado a nadie en España ni de hecho en ningún país de Europa? No importa. Israel es nuestro salvador y tiene derecho a convertir Gaza en un lugar inhabitable. El portavoz del PP en la Asamblea de Madrid mostró la misma falta de sensibilidad de un verdugo, porque los 'minions' están para eso. Para revolcarse en lo que le han ordenado y llegar mucho más lejos que la líder. Carlos Díaz Pache no sólo negó que se haya producido un genocidio, sino que se burló de los que lo denuncian. “Curioso genocidio en el que el supuesto genocida avisa por tierra, mar y aire de los objetivos que va a destruir para que no haya víctimas”. Mintió cuando afirmó que Israel avisa siempre con antelación cada vez que se produce un ataque aéreo o terrestre. Sobre la última ofensiva para eliminar la presencia de seres humanos en Ciudad de Gaza, donde aún quedaban 900.000 personas, ni siquiera eso sería una excusa admisible. Avisar antes de que vas a cometer crímenes de guerra –porque eso es expulsar a toda la población civil de una zona– no te libera de la responsabilidad de esos hechos. Para el PP madrileño, criticar la eliminación de decenas de miles de personas en Gaza es una forma de racismo: “Lo que están haciendo es puro antisemitismo”, dijo su portavoz. Ante los gritos de los diputados de Más Madrid, no se quedó ahí. “Sinvergüenzas. Estamos defendiendo la civilización”. Hay que confiar en que el PP no crea que la “civilización” europea, con independencia de lo que eso signifique, exige asesinar a niños o mutilar a 21.000 menores de edad. En ese caso, no habría ninguna diferencia con la barbarie. En realidad, no hay civilización que justifique matar a familias enteras porque entre sus miembros hay un periodista, porque eso ha ocurrido en los últimos dos meses en Gaza. Si es así, y hay muchos ejemplos a lo largo de la historia, no se está defendiendo una civilización, sino un imperio. Como escribió Tácito citando a un enemigo de Roma, “hacen un desierto y lo llaman paz” (ubi solitudinem faciunt, pacem appellant). La paz de los cementerios o de las fosas comunes. No es la historia la que interesa al PP de Madrid. Es más importante ajustar cuentas con los enemigos. En la escala de prioridades de Ayuso, los ciclistas tienen más valor que las víctimas de una matanza. “Se está atentando contra la vida de estos deportistas”, dijo sobre los participantes en la Vuelta Ciclista a España. Que se sepa, no ha muerto ningún ciclista a causa de la movilización en favor de Gaza. Pero con esa frase se puede equiparar a los que se manifiestan con los terroristas. Ayuso no necesita más para ser feliz. La presidenta de Madrid creía tener un argumento ganador cuando animó a los presentes “a pasear por las calles de Gaza y las de Tel Aviv”, refiriéndose a los derechos de los homosexuales. Si alguien paseara por las calles de la mayoría de las ciudades de Gaza, sólo encontraría un mar de ruinas y no tendría comida con la que alimentarse. Ser heterosexual no le supondría ningún alivio. A comienzos de la semana, Alberto Núñez Feijóo dijo en Telecinco que “lo que está haciendo Israel es inadmisible”. Ayuso cree que todo está justificado para sostener que el lugar de la izquierda es el infierno. Si eso supone pasar por encima de una montaña de cadáveres, le da igual. Más Madrid y el PSOE no se cortaron al denunciar la actitud del PP. Acusaron a Ayuso de “ponerse del lado de los genocidas y del lado de Netanyahu”. Manuela Bergerot, hija de exiliados argentinos, fue demasiado lejos cuando la comparó con la dictadura de Argentina. “Los suyos en Argentina son los que organizaban partidos de fútbol para que no se oyeran los gritos de los torturados. Los suyos en Argentina son los que hicieron desaparecer a 500 bebés”. Es algo más que discutible trasladar a políticos del presente a acontecimientos políticos del pasado, y es lo que hace Ayuso con frecuencia equiparando a los dirigentes actuales de la izquierda con la Unión Soviética. En el ambiente habitual en la Asamblea de Madrid, esto es lo de todos los días. Ayuso mira hacia arriba en el debate del estado de la región. Donde la oposición lo tenía fácil era con todo lo que ha dicho Ayuso sobre la investigación judicial a su novio por fraude fiscal. Ahí, la líder del PP madrileño nunca decepciona. Continúa afirmando que todo es una conspiración a pesar de que la Agencia Tributaria le pilló creando facturas falsas por valor de más de un millón de euros. “Usted y el Grupo Quirón son una sociedad con ánimo de lucro”, dijo Bergerot. La oposición fue más efectiva cuando denunció que “la vivienda social está estancada desde que usted llegó al poder”, que hay “casi un millón de pacientes en las listas de espera” sanitarias o que no se ha construido una biblioteca pública en Madrid desde 2010. España debe de ser el único lugar del mundo en que un político elogia a Florida. Hay todo un catálogo de titulares de noticias reales protagonizadas por habitantes de ese Estado a cada cual más demencial y que suelen empezar por “Florida man”. Ayuso volvió a mostrar su admiración por Miami y Florida, porque cree que todos los inmigrantes cubanos que han llegado allí a lo largo de décadas se convirtieron de inmediato en empresarios. “No queremos ser un país en que se necesita pedir un crédito para ir a la universidad o ser atendida por la sanidad”, le respondió la socialista Mar Espinar. Sobre el novio y sus facturas falsas, Ayuso estuvo a la altura de lo que le pide su afición y cargó directamente contra la Agencia Tributaria. Es algo que no haría casi ningún dirigente del PP y que demuestra hasta qué punto le pone de los nervios todo lo que tiene ver con Alberto González Amador. La calificó de “máquina de expulsar fortunas, inversiones y propiedad”, como si fuera un enemigo de la economía. “Ahora mismo en España cada vez que un ciudadano o empresa tiene que litigar con Hacienda tiene que demostrar su inocencia”, dijo, convencida de que contaba con un argumento de peso. Suele ocurrir cuando la Agencia Tributaria ha demostrado con los documentos que tú mismo has presentado que estás intentando engañar a Hacienda y pagar menos impuestos de los que te corresponden. Con los fondos que recauda Hacienda se paga el salario de Ayuso y la Administración que gobierna, así que es mejor para ella que la Agencia Tributaria haga bien su trabajo. Pero, claro, es el novio el que le pone el piso.

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La candidata del PSOE a la Junta de Andalucía arranca este domingo la precampaña acompañada de Pedro Sánchez en un acto en Málaga Moreno acelera su ley estrella de vivienda en Andalucía para aprobarla de urgencia ante un posible adelanto electoral El próximo ciclo electoral se acerca y los grandes partidos comienzan a tomar posiciones. Salvo sorpresa, el pistoletazo de salida a la sucesión de comicios lo darán Castilla y León y Andalucía. Y esa cita, la de la Junta andaluza, tiene ya implicaciones políticas nacionales. No solo por su posible resultado, sino porque la apuesta del PSOE para competir el bastión perdido es una de las figuras clave del Gobierno central. La vicepresidenta segunda y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, arrancará oficialmente este domingo su precampaña como candidata en un gran acto en Málaga y acompañada por Pedro Sánchez. Y encara ese rol de cartel electoral al frente de un ministerio inmerso de lleno en los grandes asuntos políticos del país. Lo más inmediato son los Presupuestos Generales del Estado . Sin fuerza parlamentaria suficiente para impulsar unas nuevas cuentas durante los dos primeros ejercicios de la legislatura, Pedro Sánchez ha comprometido su palabra a que esta vez sí, al menos, presentará ese proyecto de Presupuestos independientemente de tener garantizados o no los apoyos. Todos los ministerios trabajan desde la vuelta del verano con la orden política de afinar con Hacienda esa propuesta de cuentas y tenerla lista para las próximas semanas. Un trabajo ingente en el que se volcará el departamento de María Jesús Montero durante lo que queda de mes de septiembre. Y todo ello sin que exista, por el momento, la más mínima señal de que esta vez sí los partidos catalanes, principalmente, pero también otros socios reticentes como Podemos, estén dispuestos a apuntalar la segunda parte de la legislatura con el respaldo a unos Presupuestos. Una falta de expectativas que en el equipo de Montero hace recelar de la conveniencia o no de jugarse una tramitación parlamentaria de las cuentas que pueda acabar en sonora derrota política. Un duro castigo para el Ejecutivo, en general, y para la propia candidata a Andalucía, en particular. Los mensajes que llegan de Catalunya hasta la fecha no son, precisamente, alentadores. “Con Pedro Sánchez, de presupuestos, no hemos hablado. Ellos ya lo saben, no los hemos engañado, se lo hemos dicho muchas veces, hace casi dos años de los Acuerdos de Bruselas. Para negociar presupuestos deben acreditar el cumplimiento de los actuales, no nos sentaremos a negociar sobre la base de una estafa”, dijo el secretario general de Junts, Jordi Turull, el jueves en la Cadena SER. Desde ERC, el discurso es parecido. “No habrá negociación presupuestaria mientras no se resuelva el modelo de financiación y el de la recaudación fiscal [por parte de la Agència Tributaria de la Generalitat]”, sentenció Junqueras en una rueda de prensa tras la vuelta del verano. El problema es que, a juicio de algunos socios parlamentarios del Ejecutivo, el doble papel de María Jesús Montero como ministra de Hacienda y candidata, con un ojo puesto ya en su carrera electoral, dificulta algunas negociaciones. Ya hay aliados del PSOE que señalan, de hecho, que la interlocución con Montero se ha visto sensiblemente afectada de unos meses a esta parte. No por falta de voluntad política, sino simplemente porque la ministra ahora tiene la agenda dividida entre su ministerio y su encargo en Andalucía. En ese contexto, en el seno del independentismo existe el convencimiento de que no se podrán dar pasos definitivos ni en el modelo de financiación y en el de recaudación hasta que Montero no abandone el Ejecutivo. Porque todo el mundo da por hecho que el PSOE no contempla presentar a la Junta a una candidata que acabe de ejecutar un plan de singularidad fiscal catalana que pondría en bandeja la campaña a Juanma Moreno y al PP. Por eso, explica ERC, Oriol Junqueras y Gabriel Rufián han decidido mover ficha esta semana de manera unilateral. Los republicanos anunciaron el lunes una proposición de ley para hacer posible la gestión íntegra del IRPF desde Catalunya, ya que consideran que el PSOE está frenando la necesaria modificación legislativa estatal para facilitar el traspaso de la recaudación. Sin el apoyo del PSOE en el Congreso a esta nueva ley, que Hacienda descarta, ERC asegura que no se plantean comenzar a negociar los Presupuestos Generales de 2026. “Mientras no se avance en cuestiones relevantes como el modelo de financiación y el modelo de recaudación fiscal, no habrá negociación presupuestaria”, volvió a insistir Junqueras. El texto de ERC abre la puerta también a que otras comunidades autónomas puedan reclamar la recaudación de este impuesto que ahora corresponde al Estado. “Lo que intentamos es que el PSOE se mueva”, explicó Rufián, que considera que por ahora mantienen bloqueados los cambios legislativos que requieren esta medida. Sin embargo, el plan inicial de Pedro Sánchez es apurar los plazos con los relevos en su Consejo de Ministros, repleto de candidatos territoriales a las próximas autonómicas. Y especialmente en el caso de su vicepresidenta primera, una de las personas de mayor confianza del presidente tanto en el partido como en el Gobierno. Arranque de la precampaña en Málaga En principio, los comicios andaluces deben celebrarse en el mes de junio. El mensaje oficial de Moreno y su equipo, hasta la fecha, es que se apurará la legislatura hasta el final , aunque desde el entorno del presidente no se descarta la opción de llamar a las urnas en marzo, algo que en la calle Génova también verían con buenos ojos para arropar políticamente a Alfonso Fernández Mañueco, el presidente de Castilla y León, mucho más débil políticamente sobre todo a partir de la gestión de los incendios. Esta posibilidad de adelantar las elecciones en Andalucía al inicio de la primavera, obligaría a Juanma Moreno a convocarlas oficialmente en enero. Preguntada por su salida del Ejecutivo y su doble faceta como ministra y candidata, Montero defendió este viernes su continuidad en el Gobierno central. “Hago un buen trabajo al frente del Ministerio de Hacienda y de la Vicepresidencia por Andalucía. Es muy importante que los nuevos presupuestos tengan también el sello andaluz y contribuir al desarrollo de Andalucía desde el Gobierno de España en creación de empleo, en creación de riqueza, en infraestructura, en inversiones. Cualquier persona en su sano juicio al frente de la Junta de Andalucía querría que un andaluz estuviera al frente de los ministerios más importantes, dijo la vicepresidenta, que intentó zanjar el debate sobre una posible salida inmediata. ”Mientras crea que mi trabajo es útil para Andalucía al frente del Gobierno, seguiré“, dijo. Para los socialistas andaluces, el acto de este domingo en Málaga, con María Jesús Montero arropada por Pedro Sánchez, es el primer paso de la larga precampaña, teniendo en cuenta además que este sábado Alberto Núñez Feijóo hará lo propio con Juanma Moreno en la misma ciudad. Según el equipo de Montero en el PSOE andaluz, el partido ha puesto ya está “modo campaña” por mucho que la candidata mantenga intacta su agenda de trabajo como vicepresidenta primera del Gobierno, como ministra de Hacienda y como vicesecretaria general del PSOE.

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Juristas consultados por elDiario.es discuten la cantidad impuesta a Álvaro García Ortiz en el auto de apertura de juicio oral, tanto por ser muy superior a indemnizaciones incluso para víctimas de violación como también no haber sido argumentada correctamente De un bulo al banquillo del Supremo: juicio al fiscal general sin pruebas de quién filtró el correo de la pareja de Ayuso La causa abierta contra el fiscal general en el Tribunal Supremo por la filtración de un correo de la pareja de Isabel Díaz Ayuso afronta su fase final. En poco más de dos meses Álvaro García Ortiz se sentará en el banquillo acusado de revelación de secretos y el último movimiento del juez Ángel Hurtado , la previsible apertura de juicio oral, ha dejado nuevas incógnitas de camino al juicio más relevante del Supremo desde el procés independentista: una instrucción que no sobrevivió íntegra a la Sala de Apelaciones, un voto particular que impugna su criterio y una fianza de 150.000 euros que diversos expertos consideran abiertamente desmesurada. Joaquim Bosch, magistrado en València, explica que “no es habitual” que, por ejemplo, un tribunal supervisor como una Audiencia Provincial “esté dividida en este tipo de resoluciones”, aunque la existencia de votos particulares, como ha ocurrido en el Supremo, “no genera ninguna cuestión problemática desde el punto de vista formal”. Lo que “pasa muy poco”, reconoce, es que haya “una división de argumentos tan marcada como en este caso con el voto particular, que es muy contundente”. Puede haber discrepancias pero lo que no vemos apenas en este tipo de resoluciones es que haya divisiones tan marcadas por escrito“, explica a elDiario.es. La apertura de juicio oral en el caso sobre la confesión de Alberto González Amador ha llegado, como es habitual, después del procesamiento. El magistrado Hurtado decidió enviar a juicio tanto al fiscal general como a Pilar Rodríguez, fiscal provincial de Madrid, afirmando que ambos urdieron un plan para perjudicar al empresario y su pareja, la presidenta de la Comunidad de Madrid. La Sala de Apelaciones confirmó la decisión sobre García Ortiz pero adelgazó el auto de Hurtado: no había indicios para juzgar a Pilar Rodríguez. Un voto particular, del magistrado Andrés Palomo, que inicialmente tenía encomendado ejercer de ponente, directamente rechazó que el fiscal general tuviera que ser juzgado. “No es nada normal que haya un voto particular y lo que realmente llama la atención sobre esta instrucción es que el discrepante se exprese en unos términos tan tajantes y críticos como lo hizo el magistrado Andrés Palomo”, explica a este periódico Manuel Cancio, catedrático de Derecho Penal en la Universidad Autónoma de Madrid. “Eso sí que no lo había visto jamás y es una anomalía que, a mi modo de ver, refleja que este es un proceso muy peculiar donde se han cruzado varias líneas rojas, eso Palomo lo señala en su voto particular”. Que un tribunal supervisor deje fuera del juicio a uno de los imputados, explica el magistrado Miguel Pasquau, del Tribunal Superior de Andalucía, es “habitual”, más allá de este caso, cuando hay varias partes con representaciones e intereses distintos y “no resulta sorprendente que la solución para unos y otros sea diferente”. Si las diligencias hechas en la investigación “no son especialmente elocuentes” o si hay “disputas jurídicas razonables”, añade, “tampoco resulta muy sorprendente” que una sala supervisora pueda corregir al instructor. Sí lo considera “menos frecuente” aunque no “insólito” y es “reflejo de un debate de intensidad ya celebrado en fase de instrucción”. Una fianza por encima de lo habitual Diversos expertos coinciden en señalar que la fianza de 150.000 euros impuesta por Hurtado al fiscal general bajo amenaza de embargo es excesiva. Tanto en comparación con otros casos de revelación de secretos -como los 2.000 euros que un mando policial tuvo que pagar a Jordi Pujol Ferrusola- como en casos de violencia sexual -los 100.000 euros pagados a la víctima de la Manada de Pamplona- donde también se indemniza el daño moral. “Primero, está mal que se haga referencia a la posible multa a imponer, eso es inadecuado, ese cálculo sobre la posible pena de multa, como ha dicho el Tribunal Constitucional, supone desconocer la presunción de inocencia”, explica Cancio. En su auto, el juez Hurtado explicaba que esa cantidad de 150.000 euros -la mitad de lo que pedía González Amador- respondía al daño reputacional sufrido por la publicación de su confesión e incluía posibles multas y costas del proceso. A la vista de las pruebas y las circunstancias del caso, añade, cabe cuestionarse la cantidad: “Tiene una muy alta estima del honor de este sujeto”, zanja. La fijación de estas fianzas, salvo cuando el coste del delito -por ejemplo, el robo de un coche con un valor determinado- es una “decisión discrecional”, explica Pasquau. Un magistrado, añade, “no puede incurrir en el automatismo de calcular en función de lo que piden las partes” sino que “al propio instructor tiene que parecerle razonable”. “Lo que hacemos con frecuencia es mirar a qué cantidades se ha condenado en supuestos más o menos similares”, añade, e incluso para los delitos más graves las indemnizaciones “son moderadas comparadas a las que en este caso se han impuesto”. Entiende Pasquau que en un caso como este el magistrado tiene en cuenta “no tanto la gravedad del hecho”, es decir un dato como la confesión que “en todo caso iba a ser conocido”, sino la amplia difusión que tuvo: “Todo esto ha atraído mucho la atención del público y cualquier que veamos ahora mismo a González Amador nos acordamos del incidente, entonces me imagino que será esa la razón por la que se ha puesto una fianza muy superior a la que se pone en casos de delitos contra la libertad sexual, incluso de niñas”. En el mismo sentido se pronuncia Bosch. “No hay unas reglas tasadas en la ley para este tipo de resoluciones y un criterio razonable son los casos precedentes”. Cita también el ejemplo de los baremos en accidentes de circulación, en los que la familia de un fallecido puede reclamar cantidades cercanas a los 100.000 euros. “Si un caso de muerte se valora de esta manera, me parece que un daño reputacional siempre tendría que ir por debajo” y solo en “supuestos muy justificados” explicar fianzas del calibre de la impuesta al fiscal general. También incide en la necesidad de separar la posible indemnización de otras responsabilidades como una multa. Varios de estos expertos recuerdan que la Audiencia Nacional impuso una fianza de 120.000 euros al exministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, por su papel en la operación Kitchen, el operativo policial que supuestamente destinó recursos públicos y policiales a espiar a Luis Bárcenas y robar pruebas que comprometieran al Partido Popular. “Es muy raro que superen los 30.000 euros. Además aquí, sobre el daño reputacional, no hay datos que digan que es especialmente elevado y el Constitucional ha dicho que no procede incluir la multa”, explica Bosch. “La indemnización nos parece un despropósito” Félix Martín es portavoz de Unión Progresista de Fiscales (UPF), asociación de la que también fue portavoz García Ortiz y que desde el arranque de las diligencias ha sido crítica con la gestión del juez Ángel Hurtado. “La indemnización nos parece un despropósito en todos los niveles. No solo porque incluye la cuantía de la multa sino por los 150.000 euros, es más alta que las fianzas para delitos contra la vida”, explica este fiscal especializado en homicidios y asesinatos. Afirma que Hurtado no ha tenido en cuenta “elementos esenciales”, como por ejemplo que García Ortiz es un funcionario público y no “un gran empresario con un gran patrimonio”. Además, la acusación que pesa sobre él no incluye ningún “beneficio personal o provecho económico” y, finalmente, critica que la cifra final se haya establecido sin ningún razonamiento. “¿De dónde sale este cálculo? En un delito contra la vida, el daño está acreditado, pero no puedes actuar con el mismo automatismo”, critica. Las críticas de esta asociación se extienden al resto del auto de apertura de juicio oral y la fase final del caso antes del juicio. Que el procesamiento de Pilar Rodríguez , fiscal provincial de Madrid, fuera revocado y que un voto particular cuestionara toda la causa es algo “nada habitual”, explica Martín, y el relato judicial de Hurtado sobre la filtración del correo de González Amador queda ahora cuestionado. “Gran parte del relato ha sido una connivencia entre el fiscal general y la fiscal provincial para perjudicar a este señor, y ahora resulta que no, que no ha cometido ningún delito. ¿Dónde está la connivencia?”, se pregunta.

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El coordinador general de Izquierda Unida avanza que pedirá en la negociación de Presupuestos expropiar las casas vacías a los grandes tenedores para incorporarlas al parque público de vivienda PP, Junts y Vox tumban la ley para reducir la jornada laboral a 37 horas y media Antonio Maíllo (Lucena, 1966) acaba de volver de Las Médulas , uno de los parajes naturales más devastados por los incendios que asolaron gran parte de la península ibérica en agosto. Las ideas de Izquierda Unida para evitar catástrofes como esta, la respuesta al Estado de Israel, la reducción de jornada o la unidad de la izquierda centran la conversación en el inicio de un curso político que se anticipa agitado para el Gobierno y también para su espacio político. Como novedad, para la negociación de los presupuestos, propone expropiar el uso de las viviendas vacías en manos de grandes tenedores para colocarlas en el mercado de alquiler asequible. El líder de IU lanzó hace algo más de un año una propuesta para el reencuentro de todas las fuerzas de la izquierda, incluido Podemos. De sus palabras en esta entrevista se desprende que las cosas no van bien y llama a todos los líderes políticos de los partidos a dejar de lado sus intereses personales y sus egos en favor de una propuesta para ganar al fascismo, tal y como describe la previsible alianza de gobierno entre PP y Vox. “¿Estamos todos de acuerdo en que tenemos que renunciar si para ello conseguimos el objetivo básico de seguir construyendo la esperanza democrática en España frente al fascismo? ¿Respondemos esa pregunta? Yo ya la respondo y digo que sí”, lanza a Yolanda Díaz, Irene Montero o Mónica García. También critica a quienes “están ya esperando que llegue el PP y Vox para construir no sé qué resistencia”, en referencia velada a Podemos, como luego reconoce. Y señala a los ególatras instalados en algunas formaciones “que son costra para conseguir los objetivos políticos”, aunque esta vez prefiere no poner nombres directamente. “A quien se siente aludido o aludida”, dice. Y esboza un mensaje de optimismo hacia el futuro: “Nada está perdido, todo está por construir”. Acaba de volver de visitar las zonas afectadas por los incendios. Izquierda Unida ha presentado un documento recientemente sobre este tema, ¿qué están proponiendo para que una catástrofe como esta no se vuelva a repetir? La visita a los territorios asolados te encoge el corazón. El entorno de Las Médulas deja un rastro que te impacta. Gente a la que le ha afectado incluso a la salud mental ante la hecatombe que se le ha venido encima y la destrucción de un medio donde han vivido siempre. Izquierda Unida tiene una propuesta, los incendios no se apagan en verano, sino que se previenen en invierno. Hay razones de carácter político que han provocado estos incendios. Se llama desregulación y privatización de los servicios de mantenimiento forestales, incapacidad de tener, como hacen los gobiernos como el de Castilla y León, plantilla permanente durante todo el año. Y luego un abandono de la España rural. Hay una proporción directa entre las zonas devastadas por el fuego y las zonas vaciadas de población, donde aumenta la masa forestal, se abandona el cultivo de la agricultura o de la actividad ganadera. Tenemos un plan de trabajo garantizado con salarios de 1.500 euros brutos mensuales y que supondría el 1% del PIB de inversión para garantizar en torno a un millón de puestos de trabajo dedicados al mantenimiento y preservación del medio rural. Es la única fórmula para que los jóvenes puedan quedarse, para fijar población y evitar un mayor vaciamiento, que junto con las olas de calor, la crisis climática o los vientos que en ese momento ocurran es pasto para nuevos incendios. Todo lo incendiado en España equivale a la mitad de la Comunidad de Madrid. El Partido Popular, como siempre, como hizo en la DANA, como hizo ya hace muchos años en el Prestige, oculta, echa la culpa por doquier y es la principal mecha y fósforo de los incendios que han ocurrido en sus territorios. Es el camino adecuado, pero a los nueve puntos le faltó un décimo, que es la ruptura de las relaciones diplomáticas, comerciales y económicas con Israel Hemos empezado el curso hablando de Israel. Lo hemos visto con las protestas en la Vuelta a España y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunciaba esta semana un paquete de medidas contra el Estado de Israel, entre ellas un decreto para imponer un embargo de armas. ¿Cómo lo ve? ¿Creen que este es el camino correcto? Es el camino adecuado, pero a los nueve puntos le faltó un décimo, que es la ruptura de las relaciones diplomáticas, comerciales y económicas y posicionar a España en la causa de genocidio junto al Grupo de La Haya, ante el Tribunal Internacional de Justicia o el Tribunal Penal Internacional de La Haya. Siempre se intenta desdeñar esa opción, pero las coordenadas morales de un país se definen siempre por las posiciones que se tomaron en momentos de exterminio, de genocidio. Por fin ya se habla de genocidio, de exterminio de la población. El Gobierno de México, de Lázaro Cárdenas, rompió relaciones con la España de Franco y yo creo que eso definió favorablemente a un gobierno al que le tenemos gratitud eterna desde la España democrática. España tiene que dar ese salto para dar ejemplo. Lo más importante es que la población, no solo española sino europea, está a favor de las medidas que se han adoptado desde España. Antonio Maíllo, coordinador general de IU. Hemos empezado el curso también con una votación importante para el Gobierno, para Sumar, que es la reducción de jornada que se perdió el pasado miércoles. ¿Cree que queda dañada la coalición después de esta derrota parlamentaria? ¿Por defender unas ideas que nos parecen justas? En modo alguno. Un proyecto se consolida cuando se defiende aquello que se dice que se va a defender. Un proyecto se debilita cuando se pueden obtener victorias sobre tesis políticas que no compartimos, cuando traicionas tus principios. En este caso se ha sido enormemente coherente. Hay una correlación de fuerzas que es la que es, y ahora tiene que haber una voluntad de volver a iniciar el proceso, corregir las necesidades de mayor interlocución para garantizar una victoria la próxima vez que se lleve al Congreso. Y poner en marcha medidas que no necesitan el trámite de ley y que pueden suponer una mejora a los 12 millones de trabajadores y trabajadoras de nuestro país. ¿Y cree que hay margen para volver a llevarla y poder aprobarla? Yo creo que hay que situarse en un margen que significa lo mismo que con Palestina: si hay movilización popular, sin lugar a dudas las fuerzas que ofrecen ahora resistencia no la ofrecerían. Vamos a proponer la expropiación forzosa de uso a los grandes tenedores de viviendas vacías, para incorporarlas al parque público de alquiler asequible ¿Cómo cree que queda el liderazgo de Yolanda Díaz tras esta votación? Le digo lo mismo. Creo que defender lo que se cree no tiene que condicionar, no hay un cambio de nada. Lo único que a nosotros nos interesa desde Izquierda Unida es una perspectiva de que la lucha contra el fascismo —y hay que nombrarlo así– necesita de la unión y fuerza de un proyecto político que se lance y que reconecte con mucha gente que está ahora mismo en su casa. Y eso no tiene nada que ver con una votación popular, sino con la necesidad de que todos, tanto partidos como liderazgos, antepongamos nuestras legítimas aspiraciones personales a un proyecto común y colectivo que decida de manera amplia y democrática quién debe encabezarlo. La derrota de la reducción de jornada ahonda en la idea de que este gobierno tiene muy difícil sacar cosas de políticas de izquierda. ¿Cree que tiene sentido aguantar la legislatura si va a haber esa imposibilidad o esas dificultades para sacar medidas progresistas adelante? Cada vez estoy más convencido de que hay razones para mantener la legislatura hasta 2027 y hacerlo en una táctica ofensiva. Hay que presentar los Presupuestos Generales del Estado. El Gobierno no puede esconderse y renunciar a la ley más importante del año. Hay que afrontar ese debate e impregnarlo en la sociedad. Que la sociedad conozca cuáles son los avances que puede desarrollar un presupuesto y quién se opone a ello. Y hay que normalizar que, aunque se pierdan votaciones, el Gobierno está mandatado para llegar a 2027 y va a seguir haciendo política a través de reales decretos o de cualquier otra fórmula, aunque no sea la deseada. Los debates de presupuestos son una oportunidad para afrontar de manera descarnada el mayor problema que tenemos en nuestra sociedad en estos momentos materiales, que es el de la vivienda. Es fundamental que se pongan encima de la mesa las propuestas que hay y quién se opone a ellas. Nosotros no vamos a apoyar un presupuesto que invite a un gasto militar que ya no se puede dar Vamos a proponer la expropiación forzosa de uso a los grandes tenedores de viviendas vacías, para incorporarlas al parque público de alquiler asequible. Y veremos quién se lleva las manos a la cabeza, quién está por los especuladores y quiénes estamos por resolver de manera inmediata las cuestiones de vivienda. Si al final de la legislatura no llegamos a medidas que supongan una concreción en la vida particular de las familias y los trabajadores y trabajadoras de nuestro país, difícilmente vamos a poder tener la renovación del gobierno. Nos la jugamos todas en ese debate. Por eso se justifica apuntar con el dedo a quienes se opongan a determinados avances públicos y sociales. Se acabaron ya las caretas diplomáticas del debate versallesco y hay que apuntar a quienes con su voto, con su actitud o con su falso izquierdismo, evitan que haya mejoras objetivas y materiales a gente que lo necesita con imperiosa urgencia. Y si el proyecto de presupuestos se presenta y el PSOE lleva un incremento del gasto militar, ¿qué va a hacer Izquierda Unida? Lo que hemos hecho siempre. Usted sabe que dijimos que de gasto militar nada, de 5%, nada ni de 3%. Y nosotros no vamos a apoyar un presupuesto que invite a un gasto militar que ya no se puede dar. Entre otras cosas porque creo el margen de maniobra que tenemos en España para desmarcarnos de las directrices de [Donald] Trump y de la OTAN se debe seguir empujando. No vamos a apoyar el aumento de gasto militar, lo tenemos clarísimo. Maíllo, en un momento de la entrevista. Aunque eso suponga tumbar los presupuestos. No es que suponga tumbar los presupuestos, es que no debe ir en los presupuestos. Hace un año aproximadamente lanzaba Convocatoria por la Democracia, hablaba de cambiar el estado de ánimo de una izquierda acobardada, si no recuerdo mal. ¿Cómo ha culminado ese proceso? ¿Cree que en este año ha conseguido mejorar ese estado de ánimo de la izquierda? Ha habido dos fases. Una primera, antes de 2025, en la que prácticamente me dediqué a hacer, si me permite, terapia colectiva, de reencuentro de mucha gente, incluso de gente que no era de Izquierda Unida, que estaban muy preocupados por el avance de la extrema derecha y querían tener instrumentos de análisis de por qué se estaba produciendo esa sacudida. Había un estado de shock muy generalizado. Y una nueva etapa a partir de enero, febrero, donde la gente, asumiendo esa aparente nueva hegemonía reaccionaria en lo social, quería instrumentos de disputa para no asumir resignadamente que los espacios del fascismo se tengan que abrir de manera irremediable. Y la gran conclusión de esta convocatoria es la existencia de numerosos colectivos ciudadanos y gente a título individual que no va a arrojar la toalla y asumir resignadamente que lleguen PP y Vox por una suerte de destino divino. Por tanto, esos que están ya esperando que llegue el PP y Vox para construir no sé qué resistencia pueden seguir esperando, porque va a haber multitud de gente que no está dispuesta a asumir resignadamente esa llegada. Y si llegaran no va a ser por desistimiento nuestro. Y creo que es importante saber que hay una gente que aunque ha pasado del shock a la preocupación, no está dispuesta a ceder. Y movilizaciones como la de Palestina creo que son un aldabonazo en la reactivación y en la chispa que es necesaria para que la izquierda reconecte y pase a la ofensiva. Estoy proponiendo que si hace falta que nos vayamos todos y que vengan otros. Y que esos otros configuren y construyan un edificio desde la frescura, la ausencia de mochilas y de piedras en la mochila que está ya para mucha gente demasiado cargada En el CIS que salió ayer, el espacio de la izquierda alternativa no llega al 12%. Está un poco por debajo del resultado del 23J. Y eso en un escenario de división de la izquierda. Mientras tanto, Vox sigue bastante fuerte, por encima del 15%. ¿Qué se está haciendo mal? ¿Qué debe cambiar la izquierda para recuperar esa confianza de la que hablaba? España es el único país en la Unión Europea en el que gobierna una coalición de izquierda. Y sin embargo tenemos un estado de ánimo de preocupación o de pesimismo. Imagínese en los países donde ni siquiera se gobierna. Vox bebe y vive —porque no hace nada–del estado natural o del momento geopolítico, del trumpismo, de la hegemonía de la derecha y extrema derecha en la Unión Europea, de los debates racistas que han introducido. E igual que viven y beben de ese momento, ese momento puede pasar. Y en esa clave nos tenemos que concentrar en la izquierda, de aquí a 2027. Nada está perdido, todo está por construir. Los dirigentes tenemos que asumir posiciones en las que se anteponga el bien común a nuestras ambiciones personales. Y la gran etapa de futuro tiene que tener, si se hace bien, una correspondencia con nuevos liderazgos que a lo mejor nos tienen que superar a todos los que hemos estado en este ciclo político tan intenso y tan largo. A lo mejor el refresco de liderazgos colectivos y de una gran renuncia de todos nosotros puede hacer una reconexión que aborde lo que no somos capaces de abordar, que es la unidad de todo un espacio para garantizar que haya un gobierno que no sea reaccionario en nuestro país. Usted está proponiendo que... Estoy proponiendo que si hace falta que nos vayamos todos y que vengan otros. Y que esos otros configuren y construyan un edificio desde la frescura, la ausencia de mochilas y de piedras en la mochila que está ya para mucha gente demasiado cargada. Y sobre todo, anteponer un principio que es el del bien común. ¿Estamos todos de acuerdo en que tenemos que renunciar si para ello conseguimos el objetivo básico de seguir construyendo la esperanza democrática en España frente al fascismo? ¿Respondemos esa pregunta? Yo ya la respondo y digo que sí, y me gustaría que todos la respondieran, que antepusieran en un ejercicio colectivo de honestidad política que aquí estamos todos para servir a los demás y a un proyecto democrático. Lo que está ocurriendo es muy gordo y puede destrozar y echar por las cañerías de la historia los derechos conquistados durante muchos años. Tenemos que asumir una escenificación de que esa lucha por el bien común también cuenta con nuestra disposición a ponernos a un lado si ayudamos a ello. ¿Y cree que el resto de formaciones políticas están en eso? ¿Sumar, Podemos...? Pregúnteselo a ellos, pero hay cada ególatra ahí instalado que son costra para conseguir los objetivos políticos. ¿A quién se refiere? A quien se siente aludido o aludida. Ha lanzado muchos mensajes. Antes decía que cree que está esperando a que llegue la extrema derecha para jugar en ese terreno. No sé si se refería a Podemos. Evidentemente, lo están diciendo ellos. hay cada ególatra ahí instalado que son costra para conseguir los objetivos políticos Lo digo porque cuando usted asumió el liderazgo de Izquierda Unida hizo una amplia llamada a la unidad, se puso el objetivo de trabajar por esa unidad, de restablecer el diálogo con Podemos, y los mensajes que le escucho no sé si describirlos como pesimistas en este sentido. ¿El diálogo con Podemos no ha fructificado? ¿Cree que hay que dejar de lado la tarea de tratar de atraerles a una candidatura de unidad? Mi discurso es de un optimista bien informado, vamos a decirlo así. Cada uno se está definiendo en este momento tan importante en la vida de nuestra sociedad. Lo que no podemos hacer es estar paralizados. Hay elementos de esperanza que nos deben llevar a la responsabilidad, no a la frivolidad. La respuesta en Brasil, institucional, seria, solvente, de un país que se niega a ser humillado por Estados Unidos en la política de aranceles, que se niega a asumir los las presiones de Trump para absolver a [expresidente brasileño Jair] Bolsonaro y que condena a 27 años y medio a un antiguo jefe de Estado por dar un golpe de Estado. Es un país que te dice cuál es el camino. Un Brasil que desde el principio, cuando aquí estábamos decidiendo si era extrema derecha, autócrata, derecha, extrema, autoritaria, ya hablaba de fascismo. Por eso no podemos paralizarnos, tenemos que seguir adelante, construir todas las organizaciones que quieran un espacio unitario que ofrezca a la sociedad española una esperanza de que no tiene por qué venir el fascismo. Y el que no quiera tendrá que responder o caerá también en el sumidero de la historia, como esperamos que caiga el fascismo. Maíllo, en la redacción de elDiario.es. ¿Y cómo ve una propuesta como la que lanzó el portavoz de Esquerra Republicana en el Congreso, Gabriel Rufián, de una candidatura muy amplia de izquierda, en la que esté también quizá la izquierda soberanista? El valor de las declaraciones de Gabriel Rufián, que es una persona muy respetada dentro de la militancia de Izquierda Unida, lo escuchan con mucha atención y respeto, es la virtud de decir 'oye, que esta gente como vengan van a arrasar con todo, vamos a buscar fórmulas que nos permitan combatirlo'. El nivel de concreción tiene la debilidad de que hablaba por él, no hablaba en nombre de las organizaciones. Y a las organizaciones políticas, sobre todo a las que uno pertenece, tienes que convencerlas primero para defender tu propuesta. Pero como aldabonazo de lo que nos estamos jugando, me parece que fue una respuesta interesante. La solución la veo más complicada porque no responde a tradiciones políticas como para plantear una traducción electoral, pero no hay que cerrarse a nada. Y una última pregunta también relacionada con cómo debe organizarse la izquierda. Andalucía seguramente será el primer test de cómo va a funcionar o de si va a existir la unidad de la izquierda. ¿Cómo están las cosas en Andalucía? ¿Hay diálogo con Podemos para poder hacer una candidatura conjunta? Izquierda Unida va a seguir adelante. Somos una organización seria que comprende los retos que hay y la demanda de la sociedad andaluza de izquierdas de un proyecto que sea alternativa al Partido Popular, que está arrasando con la sanidad pública y que no está acometiendo las grandes reformas estructurales andaluzas. Y desde esa construcción de responsabilidad política, un proyecto como es Por Andalucía, en el que está Izquierda Unida, en el que están todos. Si no van todos es que hay alguien que se sale. No estamos creando una cosa nueva. Pero todo proyecto que se precie y con las fechas que hay, tiene acuerdos, va a desarrollar sus primarias, que culminarán en septiembre, después se desarrollarán con el resto de organizaciones y abordarán lo que es más importante, un proyecto político para Andalucía que tiene que elaborarse colectivamente y que no puede esperar a última hora. Entrevista completa: Vídeo: Salvador Fenoll y Javier Cáceres.

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El asesinato de uno de los principales referentes del conservadurismo ultra en EEUU lleva la tensión aún más lejos en un país con problemas de armas y con numerosos antecedentes de magnicidios y ataques a políticos. Trump, por su parte, calienta aún más el ambiente al acordarse solo de los republicanos atacados al tiempo que lanza una cruzada contra la izquierda Detenido el sospechoso de asesinar a Charlie Kirk: Tyler Robinson, un joven de Utah de 22 años delatado por su familia Desde Abraham Lincoln a JFK. Desde Malcolm X a Martin Luther King. Y, más recientemente, desde la presidenta (demócrata) de la cámara legislativa de Minnesota al referente del conservadurismo ultra trumpista, Charlie Kirk, o el atentado fallido contra Donald Trump hace un año. La violencia política en EEUU, un país de democracia joven por mucho que su constitucionalismo arrancara en el siglo XVIII, en tanto que hasta mediados del siglo XX segregaba a la población afroamericana a la que se privaba de derechos civiles básicos, es una constante, con momentos más calientes y momentos más fríos. Hasta ahora, la década de 1960 había sido la más violenta en Estados Unidos, pero el país está experimentando en los últimos tiempos un resurgimiento de la violencia inédito desde entonces. El 10 de septiembre, a las 12.23, Charlie Kirk recibió un disparo mortal en el cuello mientras participaba en un acto público en la Universidad de Utah Valley. Y, a partir de ese momento, la Administración Trump entró en una nueva fase de acusaciones contra la izquierda cuando aún ni siquiera se sabía quién podía ser el asesino. Charlie Kirk, de 31 años, había creado Turning Point USA, un movimiento juvenil fundamental para la familia MAGA, hegemónica en el Partido Republicano actual. Su acceso a la Casa Blanca era total. Era uno de los suyos en el sentido más amplio y profundo de la palabra, y, además, les daba una conexión con una capa de votantes muy codiciada por los partidos: los jóvenes. Kirk llevaba el discurso trumpista –homófobo, xenófobo, machista, negacionista, ultra religioso, anti aborto, tránsfobo– a las nuevas generaciones, y participaba activamente en la elección de candidatos republicanos en primarias. Su muerte supone la pérdida de uno de los líderes sociales y mediáticos MAGA más populares. Y el presidente de EEUU no lo está aprovechando para rebajar la tensión política, sino para dirigirla contra su izquierda mientras sus seguidores alientan una “guerra” . Este mismo viernes, cuando comunicaba en la Fox que se había detenido a un sospechoso, Tyler Robinson, el presidente de EEUU decía : “Los radicales de izquierda son el problema, son crueles, horribles”. Y añadía: “Vamos a investigar a [George] Soros, porque creo que hay un caso RICO [Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act, ley federal de 1970 para combatir el crimen organizado, la mafia y la corrupción]. Porque esto es más que simples protestas. Es una verdadera agitación”. Sin embargo, el asesinato de Kirk no es un caso aislado, y tampoco todos los ataques son contra referentes conservadores. Paul Pelosi, el marido de la dirigente demócrata Nancy Pelosi, una de las personas más odiadas por Trump, fue atacado en su propia casa en octubre de 2022 . En diciembre pasado, el director ejecutivo de UnitedHealthcare, Brian Thompson, fue asesinado a tiros en una acera de Manhattan, presuntamente por un hombre indignado por la política sanitaria. A principios de este año, un hombre fue acusado de provocar incendios en un concesionario de Tesla y en la sede del Partido Republicano en Nuevo México. . Al mismo tiempo, Trump sobrevivió a un intento de asesinato en un mitin en Butler, Pensilvania, el verano pasado ; en la primavera, un pirómano prendió fuego a la residencia del gobernador demócrata de Pensilvania, Josh Shapiro ; en Minnesota, durante el verano, un hombre fue acusado tras acosar a demócratas y asesinar a la presidenta de la Cámara de Representantes del estado, Melissa Hortman , y a su esposo. Y, el mes pasado, un hombre armado disparó más de 180 balas contra la sede de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), responsables del asesoramiento en política sanitaria y convertidos en blanco de teorías de la conspiración sobre la vacunación en pandemia, matando a un policía. Previamente, el representante Steve Scalise (republicano por Luisiana) recibió un disparo y resultó gravemente herido en 2017. Tres años después, un grupo de hombres intentó secuestrar a la gobernadora demócrata de Michigan, Gretchen Whitmer. Cada caso es único, pero muestra un contexto sobre el clima político en EEUU, un país en el que hay más armas que habitantes . Y en el que la tensión no ha dejado de crecer desde la derrota de Donald Trump en noviembre de 2020, que sigue sin aceptar cinco años después, y el subsiguiente asalto al Capitolio –cuyos participantes fueron indultados por el presidente nada más volver a la Casa Blanca–, ha ido escalando desde el golpismo, la violencia verbal y, también, la física. Y la violencia verbal del presidente del país, Donald Trump, es permanente, constante, culpando a la izquierda del asesinato de Kirk. “Durante años, la izquierda radical ha comparado a estadounidenses maravillosos como Charlie con nazis y los peores asesinos en masa y criminales del mundo. Este tipo de retórica es directamente responsable del terrorismo que presenciamos hoy en nuestro país”, dijo Trump el 10 por la noche: “Desde el atentado contra mi vida en Butler, Pensilvania, el año pasado, la violencia política de la izquierda radical ha herido a demasiadas personas inocentes y se ha cobrado demasiadas vidas”. Trump ni siquiera mencionó el asesinato en Minnesota de la representante de ese estado y su marido , ambos demócratas a principios del verano. Y cuando una periodista preguntó entonces a Trump si había llamado al gobernador de Minnesota, Tim Walz, compañero de partido, además, de las víctimas del atentado, su respuesta fue: “La verdad es que no le he llamado. Creo que el gobernador de Minnesota está tan desquiciado que no le voy a llamar. ¿Por qué iba a llamarle? Podría llamarlo, saludarlo y preguntarle cómo está. El tipo no tiene ni idea, es un desastre. Podría ser amable y llamarlo, pero ¿por qué perder el tiempo?” Al mismo tiempo, los golpistas del 6 de enero que asaltaron el Capitolio fueron indultados por Trump nada más regresar a la Casa Blanca . Es decir: en el Despacho Oval hay una violencia que se condena, otra que se olvida y otra más que se ampara. Barbara Walter, de Asuntos Internacionales en la Escuela de Política y Estrategia Global de la Universidad de California en San Diego, escribía en Poltico : “La violencia política no es aleatoria. Las investigaciones demuestran que se vuelve mucho más probable en cuatro circunstancias: cuando la democracia está en rápido declive, cuando las sociedades están divididas por raza, religión o etnia, cuando los líderes políticos toleran o fomentan la violencia, y cuando los ciudadanos tienen fácil acceso a las armas. Estados Unidos cumple con estos cuatro requisitos y ninguno está mejorando. Si los legisladores estuvieran dispuestos a frenar los algoritmos que amplifican las teorías conspirativas, la desinformación y el odio, podrían debilitar el canal que alimenta el extremismo violento. Tras el asesinato de Charlie Kirk, esa podría ser la palanca más inmediata que queda por accionar. La pregunta es si Estados Unidos tiene la voluntad de accionarla antes de que la violencia empeore. Una encuesta realizada en febrero por Bright Line Watch , un grupo de politólogos que analiza las normas e instituciones democráticas, reveló que, si bien solo el 2% de los demócratas y el 3% de los republicanos apoyan la violencia contra los líderes de los partidos de oposición en general, esta cifra se eleva a aproximadamente el 10% en el caso de los líderes de partidos de oposición que implementan políticas perjudiciales. “Estamos atravesando lo que yo llamo una era de populismo violento”, afirmó Robert Pape, director del Proyecto Chicago sobre Seguridad y Amenazas de la Universidad de Chicago, en The Washington Post . “Es una época históricamente alta de asesinatos, intentos de asesinato y protestas violentas. Esto va mucho más allá del habitual flujo y reflujo de violencia de las milicias que hemos visto en 20 años. Este es un nivel diferente, un período histórico diferente de violencia política, y eso es lo que se ve. Es demostrable. Cuanto más apoyo hay a la violencia política, más se hace común la violencia política real. Les da un manto de legitimidad a individuos que pueden ser volátiles o tener sus propias razones psicosociales para descontrolarse”. “A veces, de cosas realmente malas, pueden suceder cosas que pueden ser buenas”, ha dicho Trump este viernes en Fox después de anunciar la persecución judicial contra referentes del mundo progresista sin demostrar su conexión con nada de lo que está pasando. Y después de que su equipo esté amenazando con echar del país a los extranjeros que rebajen la importancia del asesinato de Kirk y de que se esté despidiendo a personas de sus trabajos por hacer lo mismo. El asesinato de Charlie Kirk ha escalado la violencia política en EEUU a un nuevo estadio. En un momento en el que la desinformación, los bulos, los insultos y la manipulación no sólo vuelan, sino que se emiten desde las más altas instituciones del país, en grandes medios y por parte de comentaristas con millones de seguidores.

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Ayuso carga contra la Agencia Tributaria tras conocer los audios de la inspectora de su pareja: “Es una máquina de expulsar fortunas, inversiones y propiedad” ¡

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Anderson entrega los premios y una doña con pintas de jefa controla el cotarro; un cotarro consistente en nosotros, sentados sobre un tapiz de cartones caducados y medio centenar de personas que se toma todo esto de la suerte mucho más en serio de lo que conviene Al otro lo llamé Ramón y el tipo sería maño y estaba gordo como una catástrofe aérea. No recuerdo bien sus gafas, si eran redondas o cuadradas o si no las llevaba puestas, pero recuerdo su camisa de rayas horizontales grises, blancas y negras; un arcoíris del siglo pasado. Cantaba los números y los premios y anunciaba a bombo y platillo cada cosa que sucedía como un narrador en off , como un hiperobjeto omnisciente de lo explícito, pero lo llamé Ramón porque no me quise molestar en molestarle para preguntar su nombre. Todavía no lo sabemos, pero estamos a punto de perder otra partida y el secretario aparece entre la muchedumbre repartiendo más cartones gratis mientras Ramón charra por el altavoz que a las doce de la noche el premio va a ser una moto, “la moto, la moto, la moto, la moto, yo todo lo hago en mi moto”, o un patín eléctrico sobre el que no ha compuesto canción alguna. Esta es la feria de Murcia, no hemos venido a ganar. Anderson entrega los premios y una doña con pintas de jefa controla el cotarro; un cotarro consistente en nosotros, sentados sobre un tapiz de cartones caducados y medio centenar de personas que se toma todo esto de la suerte mucho más en serio de lo que conviene. Difícil de describir sin caer en prejuicios. Luego recogen su air fryer o el ventilador portátil con la alegría del que va a recoger una multa, pero asisten a la homilía de Ramón igual de convencidos que yo de que van a salir de allí con un dron con cámara. La diosa Fortuna nos iguala sin miramientos en la genuflexión y la súplica. Me quedan por desprender las pestañas troqueladas del 41 y el 23, pero antes de hacerlo otra voz apagada grita ‘bingo’ y mis sueños se despedazan. No es suficiente tragedia para hundir mi autoestima, ya que venía de hacerlo excepcionalmente bien en los coches de choque y también bien aunque de una manera más honesta en la barraca de tiro; la cosa es que yo necesitaba papel de liar y estaba disparando a un librito de OCB justo en la balda de debajo. Le estaba dando, pero como esas cosas están trucadas solo lo desplazaba hacia atrás unos centímetros. Al segundo tiro le dije al tipo “eh” y me preguntó que a qué apuntaba. Le dije que al papel, cosa que era cierta, y me lo dio. La ambición es enemiga del éxito. Podría haberle dicho que quería esa navaja mariposa tan chula, aunque con la tendencia de las fuerzas del orden a requerir mis pertenencias tan de a poco no era la opción más óptima. A medianoche la luna remolonea sobre la noria y el aire huele a azúcar quemado y los altavoces siguen sonando como una lata bendita y el Anderson levanta una nevera portátil igual que un trofeo de barrio, y la jefa asiente a todo, contable del milagro de la suerte. Noto su pierna rozando la mía en el suelo. Pierdo el hilo y los siguientes números por estar distraído mirándola destroquelar los suyos y podría ir por delante pero qué más da, si solo es un juego. Aparece en el cotarro un niño con mechas; cada vez hay menos. En mis tiempos era muy habitual, como mi amigo Koki o como otros tantos chavales de Alcantarilla y que casi todos siguen viviendo en el pueblo por lo que sea. Pero ese niño es el elegido, tiene que ser él. Lo tiene todo para llevarse la motillo de gasolina, “de gasolina, gasolina, gasolina” según Ramón, “moto de gasolina”: un polo blanco y pantalones blancos, camiseta blanca y el moreno justo para que las mechas rubias dibujen un contraste más dosmilero todavía. Y canta Ramón el veintisiete, y luego el doce, y después el treintaytrés. Y el niño canta bingo, pero quiso el patinete. La narrativa se llevó por delante al azar. Ramón sigue a través del altavoz repitiendo las cien palabras que conoce hasta convertirlas en un estribillo de verbena y la jefa levanta la barbilla para certificar que el milagro ha tenido lugar. Vocal, secretario y notario, el trío burocrático del buen fario. El brillo de neón brilla de un puesto a otro formando una redecilla de cuerdas luminosas sobre el cielo, anexo a nuestra idea de lo posible; hay quien aplaude al chaval porque cómo no vas a aplaudir al destino cuando hace bien su trabajo. Los perdedores esperamos sin romper el cartón a que el bingo se confirme, recogemos los restos con parsimonia, como esperando un último giro final que nos dé por vencedores, un premio secreto reservado para los que nunca ganamos nada. El secretario se alza sobre todos nosotros con otro lote de cartones listo para vender; Anderson descansa los brazos porque levantar los premios desgasta más que merecerlos. Pronto empezará otra ronda; alguien preguntará la hora, alguien, yo, encenderá un pitillo, la jefa volverá a bajar la barbilla y contará de nuevo premios con los ojos a la espera de que otro chiquillo financiado por un padre ludópata y sus mil cartones derribe los límites de lo probable. Algo tiene este juego, ya sea por Ramón o por el propio juego, por la jefa o por Anderson y el secretario, que cuanto más pierdes más te permite quedarte dentro; lo mismo es porque de vez en cuando te regalan un cartón. La derrota compartida galvaniza una alianza transmutada en un dogma de los que aún no creen. No me he llevado el dron, pero su pierna ha vuelto a rozar la mía y por un instante veo brillar el mundo entero y los neones morir sobrepasados por la luz de mi propia suerte; no me ha tocado nada hoy salvo la certeza que con estar aquí ya lo tengo todo.

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¿Qué sentido tiene seguir sosteniendo, como hacen algunos dirigentes europeos, que solo es aceptable una paz justa, que implicaría lógicamente la retirada de las fuerzas rusas de todo el territorio ucraniano, incluida Crimea? Nadie en su sano juicio puede pensar que esto va a suceder en un futuro previsible El incidente de los drones rusos que llegaron a Polonia –probablemente a causa de interferencias en su guiado por satélite– ha mostrado lo fácil que puede ser que un error o un incidente no controlado, en el aire o en el mar, desemboque en una escalada bélica cuyas consecuencias serían impredecibles, pero en todo caso trágicas. Esta puede ser la principal razón, junto con el dinero que la guerra le ha costado hasta ahora a EEUU, por la que su presidente, Donald Trump, ha intentado, desde el comienzo de su segundo mandato, alcanzar la paz en Ucrania. Los europeos parecen bastante más belicosos, partidarios de imponer duras condiciones a Rusia, como si no les preocupara tanto la extensión del conflicto, aunque ellos serían, lógicamente, los primeros afectados Trump no ha conseguido que la paz avance porque sus iniciativas han sido volubles y erráticas, como siempre, amenazando sobre todo al presidente ucraniano, Volodímir Zelenski –al que llegó a acusar de provocar la invasión–, pero también al ruso, Vladímir Putin, con anuncios de sanciones en plazos que se han ido cumpliendo sin que pasara nada. El presidente estadounidense se resiste a presionar más a Putin porque quiere llegar a acuerdos políticos, económicos y comerciales con él, incluida la explotación conjunta de minerales en la zona de Ucrania que ocupa, que pueden reportar grandes beneficios a EEUU, e intenta alejarle de China, su único rival estratégico. Por eso consiente que el presidente ruso ignore una y otra vez sus propuestas, como cuando se encontraron el 15 de agosto en Alaska, y Putin rechazó, una vez más, el alto el fuego inmediato que le pedía el presidente estadounidense. Y por eso cuando se reunió tres días después con Zelenski y los dirigentes europeos que le acompañaban –decepcionados porque Trump no hubiera mantenido la exigencia de alto el fuego– no pudo ofrecerles ningún resultado positivo, ni siquiera fue claro en las garantías de seguridad que daría a Ucrania después de la paz, sino solo el proyecto de una reunión directa entre Putin y Zelenski –a la que seguiría otra trilateral con él mismo– que no se ha producido ni tiene por ahora perspectivas de hacerlo. Putin se siente fuerte y no tiene prisa, ha declarado que si Zelenski está preparado puede ir a rendirle pleitesía a Moscú. Rusia rechaza un alto el fuego incondicional porque favorece a Ucrania, que está en un momento de severa debilidad y podría aprovecharlo para reponer armamento y munición, dar descanso a sus desgastadas tropas, y recuperarse, todo ello sin haber comprometido ni su renuncia a integrarse en la OTAN ni la cesión de ninguna parte de su territorio. El interés de Rusia es justamente el contrario, sus fuerzas están ganando terreno, pueden seguir avanzando –aunque con muchas bajas–, y la continuación de las operaciones daña más a Ucrania. Por eso solo lo admitiría si Kiev se comprometiera a desmilitarizarse, no recibir más ayuda militar de occidente, y renunciar a a la OTAN definitivamente. Como esto no va a suceder, Putin prefiere negociar la paz, incluido el futuro de los territorios que ocupa, antes de acceder a detener las operaciones militares. El primer obstáculo para la paz, el más difícil de superar, es la cuestión territorial. Rusia ocupa algo más del 19% del territorio ucraniano, incluida Crimea, que se anexionó en 2014, y parte de las provincias de Luhansk, Donetsk, Zaporiya y Jerson, que fueron declaradas parte de la Federación en octubre de 2022, de las cuales controla alrededor del 80%, con diferencias entre unas y otras, pero ninguna en su totalidad. Zelenski se niega a ceder formalmente cualquier parte de Ucrania, basándose en que su Constitución lo prohíbe. Un alto el fuego mantendría de facto la situación como está, pero un tratado de paz tendría que decidir sobre ella de iure, y con el acuerdo de ambas partes. Por eso Kiev solo quiere un alto el fuego, que le permitiría ganar tiempo, y el 18 de agosto, en Washington, la cuestión territorial ni siquiera se trató. Pero si Putin insiste en negociar antes de detener las operaciones militares, es precisamente porque quiere la resolución definitiva de este asunto, que, junto con la neutralidad de Ucrania, es para él una condición irrenunciable para la paz, y que antes o después tendrá que ser abordado Parece que Trump ha asumido que es inevitable que Ucrania pierda parte de su territorio. También algunos dirigentes europeos, aunque no lo expresen abiertamente. Pero muchos otros, incluida la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, declaran indignados que no se puede consentir una modificación de fronteras por la fuerza. Esto es cierto, claro, pero también se les podía haber ocurrido cuando consintieron, incluso propiciaron, la ruptura por la fuerza de Yugoslavia, y llegaron a bombardear Belgrado causando víctimas civiles –sin respaldo del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas– para forzar la secesión de Kosovo, lo que evidentemente modificaba las fronteras de Serbia. Incluso ahora, podían aplicar el mismo criterio a Israel, que se ha anexionado ilegalmente los altos del Golán y Jerusalén Este, sin que nadie en Europa haya tomado la mínima acción en contra, y amenaza con hacer lo mismo con el resto de los territorios palestinos. O a Marruecos que se ha anexionado el Sahara Occidental, en contra de las resoluciones de Naciones Unidas, con la aprobación o el consentimiento de casi todos los que se rasgan las vestiduras ante la posibilidad de que Rusia se quede con parte del territorio ucraniano. De todas formas, unas injusticias flagrantes no pueden justificar otras igual de deplorables. Defender la integridad territorial de Ucrania, y en general la inviolabilidad de las fronteras reconocidas internacionalmente, es sin duda una causa justa, respaldada por numerosos tratados internacionales como la Carta de las Naciones Unidas (1945), el Acta Final de Helsinki (1975), o la Carta de París (1990). Y en el caso concreto de Ucrania por el Memorando de Budapest (1994) y el Tratado de Amistad, Cooperación y Asociación entre Rusia y Ucrania (1997), que Ucrania rescindió unilateralmente en 2018 después de que Rusia se anexionara Crimea. Ambos acuerdos reconocían las fronteras de Ucrania y garantizaban su inviolabilidad. Fueron firmados por Rusia en la época de Boris Yeltsin, ciertamente cuando su país estaba en sus horas más bajas, aunque eso, por supuesto, no cambia su carácter vinculante que Putin no ha respetado. Pero la cuestión no es si Ucrania tiene derecho a conservar todo su territorio –esto es algo que admite poca discusión–, sino cómo podría recuperar el que en estos momentos está ocupado por las tropas rusas o quién se lo va a devolver, porque ya es evidente que el ejército ucraniano no está en condiciones de revertir la situación, ni siquiera con la ingente ayuda militar y económica que ha recibido, por importe de unos 300.000 millones de euros hasta hora. Y si nadie más se va a involucrar directamente para echar a los rusos de allí, seguir defendiendo que Ucrania tiene que mantener su integridad territorial no es más que un brindis al sol que por sí solo poco va a ayudar a los ucranianos. ¿Cómo conseguir que Rusia ceda? Probablemente, este mes la UE aprobará un nuevo paquete de sanciones, el 19º desde que empezó la guerra, pero no hay ninguna garantía de que vaya a tener más éxito que los dieciocho anteriores en disuadir a Moscú, ni parece posible que la población rusa se vaya a movilizar contra la guerra o contra la cúpula política del país, la última posibilidad en la que algunos basaban sus esperanzas. ¿La situación va a ser más favorable para Kiev dentro de un año o dos? Más bien parece lo contrario, lo más probable es que siga perdiendo terreno, incluso la resistencia ucraniana puede estar próxima al colapso si no se alcanza pronto un alto el fuego. Es cierto que Rusia está sufriendo por los ataques a sus infraestructuras energéticas y por las sanciones también, pero todo indica que Ucrania no va a resistir lo suficiente para que la economía rusa se deteriore hasta el punto de que no pueda continuar la guerra. En este escenario, ¿qué sentido tiene seguir sosteniendo, como hacen algunos dirigentes europeos, que solo es aceptable una paz justa, que implicaría lógicamente la retirada de las fuerzas rusas de todo el territorio ucraniano, incluida Crimea? Nadie en su sano juicio puede pensar que esto va a suceder en un futuro previsible. Lo que nos lleva a plantearnos la espinosa cuestión de si los países europeos que siguen empujando a Ucrania a resistir, los que rechazan una paz realista coherente con la situación sobre el terreno, lo hacen para ayudar a los ucranianos o solo para utilizar a su país como un escudo en el que se estrelle Putin, y así evitar que tenga otras tentaciones, limitándose ellos a poner el dinero y las armas, mientras los que mueren son los ucranianos. Convendría que estos belicistas vieran la encuesta realizada por Gallup en julio de este año, según la cual solo el 24% de los ucranianos apoyaban continuar la guerra hasta la victoria, mientras el 69% eran favorables a negociar su fin tan pronto como sea posible. La cuestión territorial se envenena aún más porque Putin, además de exigir quedarse con el territorio que ocupa, pretende que Ucrania le entregue graciosamente la parte del Donbás que aún no controla, que es una mínima parte de Luhansk, pero en Donetsk se trata de más de 6.000 kilómetros cuadrados, incluyendo las importantes ciudades de Kramatorsk y Sloviansk, donde Ucrania tiene instalado su principal sistema defensivo. Hay que recordar que una de las causas, que no razones, de la invasión rusa, fue la guerra interminable de baja intensidad, entre 2014 y 2022, entre fuerzas ucranianas y los voluntarios prorrusos que habían proclamado dos repúblicas independientes en esas provincias, con la ayuda logística, económica y militar de Moscú. La tesis de Putin es que todo el Donbás es ruso, y como su ejército va a ser capaz de conquistar, antes o después, esa zona, si se la dan ahora parará, pero si no seguirá hasta que lo consiga. Cuando Trump habla de un “intercambio de territorios” se refiere tal vez a que Rusia podría devolver a Ucrania las pequeñas zonas que ocupa en las provincias de Járkov, Sumí, y Dniepropetrovsk, que solo sumarían en total unos 750 kilómetros cuadrados, y renunciaría a las partes que no controla de Zaporiya y Jerson, que de todas formas no son suyas, así que ese pretendido intercambio no pasa de ser una falsedad. Moscú podría hacer otras concesiones, como entregar la administración de la central nuclear de Zaporiya a EEUU, para que suministre energía ambas partes, o incluso ceder, para reconstruir Ucrania, las reservas de su banco central que estaban depositadas en bancos occidentales y fueron bloqueadas cuando comenzó la guerra, por valor de más de 400.000 millones de dólares. Hasta ahora solo se han empleado los intereses de ese dinero para preservar la seguridad jurídica de los depósitos internacionales, pero eso podría cambiar y en todo caso es muy difícil que Rusia lo recupere, así que cederlo solo sería un signo de buena voluntad, y Putin podría usarlo en la mesa de negociaciones Nada de esto puede compensar a Ucrania de la pérdida de casi una quinta parte de su territorio, y mucho menos la entrega sin combatir de la zona de Donetsk aún en manos ucranianas, que tiene un enorme valor estratégico y psicológico. Zelenski no puede aprobar esa entrega de ninguna manera, sería su muerte política, y una tragedia para todo el país, pues la población ucraniana jamás entendería que todos los que han muerto para defenderlo no hayan servido para nada. La solución de la cuestión territorial parece, por tanto, tan complicada, que amplios sectores de Ucrania y de sus apoyos occidentales prefieren no abordarla por ahora. Pero eludirla no va a resolver el problema, ni va a conducir al fin de las hostilidades. De hecho, solo cuando haya un acuerdo entre ambas partes en esta cuestión, se logrará una paz mínimamente estable y duradera. Si no, solo habrá como mucho una pausa en la guerra, y bastante frágil. Por supuesto, no se debe excluir la posibilidad de tratar con Rusia, en el marco de las negociaciones de paz, el futuro de las zonas ocupadas. Excluyendo, desde luego, Crimea, que para Rusia no está en discusión, se podría proponer para el resto de los territorios una transición en varias fases, que incluyera la vuelta de todos los refugiados y, después de un tiempo, la celebración de un referéndum en cada una de las provincias – en su totalidad -, bajo supervisión internacional, que incluyera como una de las opciones el mantenimiento de la soberanía ucraniana con autonomía muy amplia, que permitiera relaciones especiales con Rusia, algo bastante parecido a lo que Moscú reclamaba para el Donbás antes de la invasión, en el marco de los acuerdos Minsk II. Será muy difícil que Putin acepte esta solución, o cualquier otra que le haga perder parte de lo conquistado, sobre todo después de que la anexión formal de estas provincias haya sido aprobada por el legislativo ruso. Pero en política internacional hay pocas cosas definitivas o inamovibles. Todo puede depender de que se le ofrezcan estímulos suficientes en otros aspectos también muy importantes para él en un escenario de paz, como son el futuro de Ucrania y sus garantías, o el papel que podría tener Rusia en una futura arquitectura de seguridad europea y en la defensa de sus propios intereses. Todo está interrelacionado y todo debe discutirse a la vez. Siempre bajo la premisa de que, en ocasiones como esta, una mala solución puede ser mejor que ninguna. O, dicho de otro modo, la pérdida de territorios es reversible, tal vez, algún día. La pérdida de vidas humanas no lo es, se trata del máximo sacrificio que, si no va a alcanzar el objetivo que pretende, o bien sirve a intereses espurios o bien se convierte en inútil y absurdo.

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De todos los países de la Eurozona, Finlandia ha sido el que más ha elevado su deuda pública desde el año 2019. Es la historia de siempre y está más que estudiada: la austeridad sólo empeora la actividad económica y la calidad de vida de los ciudadanos Finlandia siempre ha sido un ejemplo de país con un Estado del bienestar muy potente, llegando a servir de inspiración a multitud de partidos socialdemócratas europeos. Sin embargo, en la actualidad dicho modelo social está siendo salvajemente destrozado por las políticas de austeridad que lleva años aplicando el gobierno de coalición formado por conservadores y ultraderechistas. Unas políticas que están siendo espoleadas por la propia Comisión Europea y que tratan de dar respuesta a una crisis económica que generó la ruptura comercial con Rusia, un país del que era tremendamente dependiente. La invasión de Ucrania por parte de Rusia en febrero de 2022 supuso un punto de inflexión para toda Europa, pero especialmente para Finlandia, un país pequeño que siempre ha tenido intensos lazos comerciales y económicos con el gigante euroasiático, especialmente en materia energética. De hecho, justo antes de la invasión, el 80% de todo el petróleo crudo y el 75% de todo el gas natural que importaba Finlandia provenía de Rusia. En el caso del carbón, el combustible nuclear y la madera, las proporciones eran del 52%, 35% y 25%, respectivamente. Es más, incluso el 51% de la electricidad neta provenía del país vecino. No hace falta ser economista para saber cuán graves pueden ser las consecuencias de interrumpir súbitamente buena parte del comercio, justo tal y como ocurrió tras la invasión de Ucrania, un fenómeno que desde el Estado finlandés denominaron “Russit” (haciendo alusión al “Brexit”). Las exportaciones y las importaciones a y desde Rusia se hundieron de golpe, alcanzando unos niveles ínfimos que no se registraban desde antes de la Segunda Guerra Mundial. Los hidrocarburos baratos que antes provenían de Rusia tuvieron que ser sustituidos por otros más caros provenientes de otras regiones, como ocurrió con el gas natural licuado de Estados Unidos (el gran ganador de este suceso). Y no sólo más caros, sino también más volátiles, pues los contratos que antes firmaba Finlandia con la empresa rusa Gazprom eran a medio plazo y otorgaban estabilidad y cierta protección frente a la especulación financiera sobre este tipo de productos energéticos. Las consecuencias económicas no se hicieron esperar. El PIB, que venía recuperándose tras superar lo peor de la pandemia, volvió a caer en 2022 y desde entonces mantuvo una tendencia negativa, que sería agravada por las políticas del próximo gobierno como veremos enseguida. La tasa de desempleo, que también se estaba recuperando en 2021 tras el batacazo de la pandemia, se disparó tras el Russit y no ha hecho otra cosa que crecer a ritmos acelerados. Algo parecido ocurrió con la tasa de pobreza, que aunque siga siendo relativamente baja (del 12,5%), viene aumentando desde el 11% que llegó a tener antes de la invasión rusa de Ucrania. Cuando una economía entra en recesión, como le ocurrió a Finlandia a partir de 2022, suelen ocurrir dos cosas. La primera es que la indignación que siente una ciudadanía que pierde calidad de vida se puede traducir en el apoyo electoral a cualquier opción política que prometa resolver los problemas económicos, por muy disparatadas y reaccionarias que sean sus propuestas. La segunda es que las cuentas públicas se deterioran, porque, por un lado, la recaudación impositiva desciende al haber menos actividad económica, mientras que, por otro lado, el gasto en prestaciones por desempleo y otras ayudas sociales aumentan. Justamente esas dos cosas ocurrieron en Finlandia, generando un cóctel explosivo. Lo primero que hizo el gobierno de coalición formado por conservadores y ultraderechistas a mitad de 2023 fue aplicar un duro recorte en las cuentas públicas con el objetivo de reducir el déficit y la deuda, todo ello con el beneplácito de la Comisión Europea, que estaba a punto de reactivar las reglas fiscales que habían sido suspendidas durante la pandemia. Se trataba, obviamente, de una receta inadecuada y de un mal diagnóstico: el déficit público no se debía a una mala gestión del presupuesto, sino a la crisis económica originada por el Russit. Entre las medidas aplicadas para recortar las cuentas públicas destacan una fuerte elevación del IVA desde el 21 al 25,5%, un aumento de las cotizaciones sociales a la Seguridad Social por enfermedad, un recorte en las prestaciones sociales y una mayor restricción en el acceso a los servicios de salud y asistencia social (el coste en atención primaria ha aumentado un 22,5% y en atención especializada un 45% en sólo un año). Además, el gobierno finlandés está presionando a los organismos públicos autónomos responsables de la organización de los servicios sanitarios, sociales y de emergencia para que eliminen un déficit de 2.700 millones de euros, lo que se ha traducido ya en cierre de hospitales y centros de salud. Según estimaciones del Ministerio de Asuntos Sociales y Salud , se prevé que las reformas lleven a 100.000 personas por debajo del umbral de la pobreza. Y, a pesar de ello, el gobierno está preparando nuevos recortes a la seguridad social. Ahora bien, están recortando en todo menos en el gasto militar: Finlandia ha pasado de tener en 2019 un gasto militar próximo al 1,5% sobre el PIB, a tenerlo en 2024 de casi el 2,5%. Este es el programa típico de la ultraderecha: recortar en lo social y en lo sanitario y reforzar lo militar. Toda esta austeridad no ha hecho sino empeorar todavía más la actividad económica, como veníamos señalando antes. El indicador del PIB per cápita lo revela claramente: hubo un punto de inflexión tras los recortes aplicados en 2023, que han aumentado la brecha que hay entre Finlandia y el resto de países europeos, que no están gobernados por la ultraderecha ni están aplicando fuertes recortes en el presupuesto. Lo peor de todo es que estos ajustes ni siquiera le están sirviendo para mejorar las cuentas públicas, porque, como es ya bien sabido, la austeridad empeora la economía y el déficit público vuelve a aparecer. De hecho, de todos los países de la Eurozona, Finlandia ha sido el que más ha elevado su deuda pública desde el año 2019. Es la historia de siempre y está más que estudiada: la austeridad sólo empeora la actividad económica y la calidad de vida de los ciudadanos. El único motivo por el que la aplican es porque reduce lo público y da alas a lo privado, logrando una redistribución de la renta y de la riqueza más favorable a las minorías privilegiadas. Eso es lo único que persigue la ultraderecha y los economistas liberales, que desgraciadamente están arruinando uno de los mejores modelos que existían de Estado del Bienestar.

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